Lava Jato en Argentina: las constructoras sospechadas ganaron contratos con sobreprecios de US$ 300 millones

Son cuatro empresas brasileñas que obtuvieron una decena de obras casi siempre con el apoyo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. El monto total de lo que ganaron fue US$ 9600 millones. Equivale a más del 40% de la red vial de la Argentina.

por Federico Poore y Matías Di Santi
Chequeado, 11-10-2017


Llegaron, prometieron, ganaron. Casi siempre cobraron. No siempre cumplieron. Durante los últimos 12 años, las empresas brasileras involucradas en la Operación Lava Jato -la enorme investigación de corrupción que se lleva adelante en Brasil y que persigue el pago de coimas y sobornos para ganar licitaciones en obra pública en distintos países del mundo, incluyendo la Argentina-, obtuvieron obras en el país por al menos US$ 9.600 millones, el equivalente a más de 17 mil kilómetros de ruta repavimentados, es decir, el 43% de la red vial total de la Argentina.

Impulsadas en muchos casos por el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), las constructoras de origen brasilero se alzaron con algunos de los contratos locales de obra pública más importantes de los últimos tiempos en medio de sospechas de cartelización, sobreprecios y coimas.

Entre 2005 y 2017, estas empresas ganaron 11 obras en la Argentina, siete de las cuales ofrecieron financiamiento del BNDES. En ellas hubo un sobreprecio promedio de US$ 322 millones, de acuerdo con el relevamiento y el cálculo realizado por Chequeado para esta investigación. Además, varias de ellas (cinco) no han sido terminadas.

“Esto es algo que atraviesa a toda la última década de la política argentina: una gran obra pública, por un gran monto, con un gran plazo, que luego de firmarse da inicio a las famosas adendas. Es decir que lo que valía 10 termina valiendo 30 y la foto final nunca es la del inicio”, dimensionó ante este medio el fiscal federal Federico Delgado.

“Lo que se observa, por ejemplo, en las obras de Odebrecht es un sistema para conseguir contratos” utilizando al BNDES como financista, explicó Delgado, y agregó: “El soterramiento del Sarmiento es el caso paradigmático: que voy, que vengo, y al final la obra la termina financiando el gobierno nacional”.

Resulta difícil combatir estas prácticas con la legislación vigente. Natalia Volosin, abogada especializada en temas de corrupción y máster en Derecho de la Universidad de Yale, de los Estados Unidos, recordó que la Argentina tiene uno de los regímenes de compras y contrataciones “más antiguos de América Latina y el Caribe”. La Ley de Obra Pública, por ejemplo, data del año 1947.

“Las posibilidades que da el régimen de compras para inflar los costos son enormes. Así, una empresa que en un momento apareció como la mejor oferente puede dejar de serlo sin que reciba sanción alguna”, destacó la especialista en corrupción, quien agregó que tampoco existen consecuencias claras para aquellas empresas que se demoran o no cumplen con los trabajos.

Para esta investigación, Chequeado analizó las obras a cargo de las constructoras Andrade Gutierrez SA, Camargo Correa SA, Norberto Odebrecht SA, OAS Limitada y Queiroz Galvao SA, incluyendo las firmas subsidiarias y las uniones transitorias de empresas (UTE) que conformaron junto con otras compañías. Todas estas empresas brasileras poseen directivos involucrados en la Operación Lava Jato.

Si bien no todas estas obras están sospechadas por jueces y fiscales, varias comparten un patrón común. Primero, una constructora brasilera se asocia con una o más empresas argentinas y se presenta a la licitación ofreciendo el precio más bajo y financiamiento del BNDES. Luego, la obra sufre “redeterminaciones de precios” y se firman adendas que van aumentando su valor. En algunos casos, mientras los trabajos se demoran, el banco brasilero se retira y el Estado argentino se ve obligado a buscar fuentes alternativas de financiación. Sea como fuere, la obra casi nunca se termina en tiempo y forma y sale más caro de lo previsto inicialmente.

“Lo que se ve es un modus operandi, que no es propio únicamente de las obras de Brasil sino el modo en el que funcionan las contrataciones de obra pública en la Argentina”, explicó Volosin. Y agregó: “El sistema no está pensado para la eficiencia ni para la transparencia de los procesos. Lo que hacen los funcionarios generalmente es aprovechar los agujeros en cada una de las etapas, desde la determinación de la necesidad de la obra hasta la ejecución de los trabajos”.

Odebrecht fue la gran beneficiaria entre las empresas brasileras: obtuvo contratos que le proporcionaron al menos US$ 7.075 mil millones, un 74% del total. Le siguieron la constructora OAS Limitada, con más de US$ 1.806 millones. Detrás quedan Queiroz Galvao SA (US$ 557 millones) y Camargo Correa SA (US$ 167 millones). En total, estas empresas ganaron 11 obras. El sobreprecio promedio de las obras analizadas fue de US$ 322 millones.


El “beneficio desmedido” de Odebrecht

“Los elementos de prueba reunidos permiten tener por acreditado que, en el marco de los concursos privados llevados a cabo por las empresas (…) Transportadora de Gas del Norte -TGN- y Transportadora de Gas del Sur -TGS-, se instrumentó una maniobra mediante la cual los funcionarios públicos intervinientes perjudicaron los fondos del fideicomiso creado para la realización de las obras allí comprometidas, beneficiando ilegítimamente a las firmas Skanska SA, Techint SA, Contreras Hermanos SA, BTU SA y Odebrecht SA”. La conclusión del entonces juez federal Norberto Oyarbide quedaría perdida entre las mil hojas de su fallo de 2010 si no fuera porque siete años después, según reveló el diario La Nación, el ex ejecutivo de Odebrecht, Márcio Faria da Silva, confesó ante la Justicia de Brasil que la compañía pagó US$ 25 millones en sobornos para obtener la ampliación de esa obra.

Era la primera vez que la Justicia argentina ponía la mira en la constructora líder de América Latina, según el ranking de ventas anuales elaborado por la consultora especializada Structuralia. El fiscal federal Carlos Stornelli investigaba el “caso Skanska” por el Gasoducto del Norte y se topó con una adjudicación millonaria sin licitación pública y con sobrecostos inexplicables: el Gasoducto del Sur. Las obras -sobre todo, extensión de cañerías y construcción de plantas compresoras- se encontraban bajo la órbita del entonces secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, y del interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Fulvio Madaro, ambos funcionarios de extrema confianza del ministro de Planificación Federal durante los tres gobiernos kirchneristas, Julio De Vido.

La sociedad mixta TGS había estimado inicialmente el monto de la extensión de la red en US$ 76,3 millones con el impuesto IVA incluido, pero todas las ofertas que le llegaron fueron superiores y en diciembre de 2004 Jorge García, apoderado de TGS, informó al secretario Cameron que la licitación quedaría desierta. La misma fue abierta semanas después, pero las cotizaciones de las empresas que ofertaron (Odebrecht y el consorcio Camargo Correa-IECSA, compañía que hasta 2017 perteneció al primo del presidente de la Nación, Angelo Calcaterra, y que este año adquirió el empresario Marcelo Mindlin) continuaban por encima de lo previsto. Aún así, TGS contactó a Odebrecht para solicitarle una mejora de sus precios, pedido que no le hizo a su competidor, según señala el fallo citado.

Finalmente, en 2005 la compañía brasilera firmó un contrato por US$ 117,5 millones con IVA incluido, un valor US$ 41,1 millones mayor al presupuesto inicial. García dijo haber hecho “todas las evaluaciones, gestiones y negociaciones a su alcance para lograr una mejora sustancial de la oferta” y consideró “haber logrado el mejor precio posible”.

Odebrecht se comprometió a tramitar un préstamo del BNDES, que finalmente obtuvo en febrero de 2005. Parte del financiamiento provendría, además, del fideicomiso del Banco Nación (Nación Fideicomisos SA -NAFISA-). Pero el trabajo finalmente quedó a cargo de Techint, del empresario Paolo Rocca; la sueca Skanska; y Contreras Hermanos, del empresario Juan Touceda, compañías que fueron subcontratadas por Odebrecht.

Según argumentó la empresa brasileña en ese momento, los millones de dólares de sobrecostos se explicaban por complicaciones en la construcción, retenciones por el impuesto a las Ganancias e impuestos para conseguir el financiamiento del banco brasilero. Sin embargo, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sostiene que en el acta de apertura del concurso privado no se incluyeron los detalles de las ofertas presentadas ni un informe técnico “que justifique la elección de (…) Odebrecht SA”. Además, señalaron: “Si bien el ente regulador [Enargas] recomendó la aprobación de la contratación por el plazo de la construcción del gasoducto, no consta la existencia de un informe circunstanciado que avale la razonabilidad del incremento del costo de la obra”. El resultado: el Enargas “permitió la asunción de una obligación abusiva (…) que conllevó a la obtención de un beneficio desmedido por parte de las empresas contratadas”.

Según la empresa TGS, la extensión de los gasoductos fue finalizada en 2008, y un documento publicado por el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la Universidad de Buenos Aires (UBA) señala que la obra permitió aumentar la capacidad de transporte de la red operada por TGS en 2,9 millones de metros cúbicos de gas por día. Casi una década después de su finalización, US$ 117,5 millones es el último valor oficial que se conoce del Gasoducto del Sur. A pesar del paso del tiempo, estos montos quedaron bajo la lupa del fiscal Stornelli, quien luego de una investigación preliminar realizó una denuncia penal que recayó en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado.

Las tareas de Odebrecht en torno al sistema de gas argentino no terminaron ahí. Mientras emprendía las obras de extensión, la empresa participó y quedó a cargo de las tareas de ampliación de los gasoductos Norte y Centro Oeste (a cargo de TGN) y Sur y Neuba II (TGS). Esa es la obra por la que se habrían pagado US$ 25 millones en sobornos, según reveló La Nación. En la práctica, se trataba de la colocación de loops o cañerías paralelas a lo largo de 15 provincias para llevar el gas desde el norte y sur del país hasta la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

En 2005, a pedido de De Vido, TGN y TGS lanzaron concursos abiertos para elegir a los constructores. Ya desde el cálculo inicial hubo problemas. Según el dictamen del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa por supuestos sobreprecios que tramita en el juzgado de Rafecas, TGS señaló que “los costos correspondientes al montaje de cañerías fueron determinados en función de los valores ofertados por el contratista de la expansión del Gasoducto San Martín del año 2005 [N. de la R: Odebrecht] que fueron superiores a los acordados con dicho proveedor”. Es decir, los valores ya venían inflados y se volverían a inflar.

Resultaron ganadoras las empresas Albanesi SA (privada) y Cammesa SA (compuesta por el Estado nacional y cuatro asociaciones del sector privado), en el norte y sur, respectivamente. Las compañías, sin embargo, prefirieron dejar las tareas en manos de otra empresa y volvieron a llamar a concursos abiertos. La ganadora de ambos fue Odebrecht, que aplicó el mismo modus operandi que con la obra de extensión: consiguió el respaldo financiero del BNDES y subcontrató a un grupo de firmas locales para la construcción: Techint, Contreras Hermanos SA, Esuco SA (del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, Carlos Wagner) y BTU SA (del empresario Carlos Mundín), en este último caso con una pequeña participación. El monto final del contrato, según el peritaje de la Corte, fue por US$ 2.266 millones con IVA incluido.

Sin embargo, según el mismo documento y la denuncia de Stornelli, el monto inicial establecido en los concursos para la obra denominada “Ampliación gasoductos TGN y TGS 2006-2008” había sido menor (US$ 1.677 millones con IVA), es decir, una diferencia de US$ 588,4 millones sobre el valor final. “No se observa una debida justificación técnica y económica que respalde la razonabilidad o probabilidad de dicha variación o desvío presupuestario”, destacó el fiscal en su investigación preliminar.

Chequeado contactó a todas las empresas argentinas involucradas en este contrato. Desde Contreras Hermanos, empresa que fue subcontratada por Odebrecht en la obra de extensión y en la de ampliación de gasoductos, argumentaron ante este medio que el “precio inicial y precio final son el mismo, salvo ajustes por inflación”. Sin embargo, y para evitar el impacto inflacionario en los precios, este medio calculó el aumento de las obras antes señalado en dólares y no en pesos.

Aunque el nombre de la obra indica el año 2008 como fecha de finalización, más de una década después de la firma del contrato la ampliación de los cuatro gasoductos aún no se completó. No sólo eso: en 2012, la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que con la documentación aportada por NAFISA (Nación Fideicomisos SA, la administradora de los recursos para obra) “no pudo validarse el avance físico de la obra informado por Enargas, como así tampoco pudo verificarse las demoras generadas sobre las habilitaciones de obra”.

A fines de 2016, casi un año después de que Mauricio Macri llegara a la Presidencia, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación pidió a la Justicia federal que investigue el informe de la AGN e instruyó, a través de Cammesa, a Nación Fideicomisos SA “para que proceda en forma inmediata a tomar todas las medidas necesarias para rescindir el contrato” con Odebrecht. La Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de la ex diputada del PRO Laura Alonso, solicitó, además, ser parte querellante en la causa para investigar las irregularidades detectadas. Consultada por Chequeado para esta nota, desde Odebrecht se limitaron a decir que la compañía “es prestadora de servicios” y “que las informaciones que ustedes necesitan deben ser facilitadas por nuestros clientes [N. de R.: empresas subcontratadas]”.

El 6 de octubre de 2017, De Vido fue citado a indagatoria por esta causa. La decisión del juez federal Daniel Rafecas también alcanzó a Cameron; al ex subsecretario de Energía Eléctrica, Bautista Marcheschi; y al ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar. “Existió una tendencia beneficiante por parte de funcionarios públicos de la órbita del ex Ministerio de Planificación en miras a que fuera la constructora Odebrecht la que asumiera la ejecución de las obras de los gasoductos”, destacó el magistrado en el llamado a indagatoria.


El extraño caso de las licitaciones mellizas

Una planta potabilizadora, 40 kilómetros de acueductos, la toma de agua en el río Paraná de las Palmas y un túnel de casi 15 kilómetros de extensión: el Sistema de Potabilización del Área Norte, ubicado en el Municipio de Tigre, en la Provincia de Buenos Aires, es una de las obras de infraestructura más ambiciosas de las últimas décadas. También, una de las más sospechadas.

En marzo de 2008, la empresa estatal AySA realizó un llamado a licitación para la construcción y puesta en marcha de la planta y sus obras anexas, para lo cual estimó un presupuesto de US$ 595,4 millones, IVA incluido. Hubo dos ofertas: la primera, de un consorcio integrado por Construcciones y Comercio Camargo Correa SA y Esuco SA; la segunda, de una UTE compuesta por Odebrecht, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA.
El Sistema de Potabilización del Área Norte: una planta potabilizadora, 40 kilómetros de acueductos, la toma de agua en el río y un túnel de casi 15 kilómetros. Crédito: Odebrecht.

Antes de avanzar con la adjudicación, AySA pidió a la UTE integrada por Odebrecht que mejorara su oferta. La empresa respondió que esto era imposible, pero a cambio ofreció un incremento en el financiamiento del BNDES. Luego, como explica este informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), AySA ajustó el presupuesto a US$ 869,8 millones sin que mediara modificación alguna en el pliego de condiciones. Finalmente, la obra fue adjudicada al consorcio integrado por Odebrecht por US$ 880,4 millones, un valor incluso superior al presupuesto ajustado.

Según informaron a Chequeado desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), un órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción que depende de la Procuración General de la Nación y que está a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, desde el llamado a licitación para la megaobra en Paraná de las Palmas hasta el plazo límite para presentar las ofertas habían pasado apenas tres semanas.

Poco después comenzaron las obras, que en teoría debían estar terminadas para enero de 2012. Sin embargo, informa la AGN, “la ausencia de una adecuada planificación” generó demoras en la ejecución de los trabajos. “Un pequeño atraso en las obras es siempre justificable”, dijeron los auditores, pero en este caso “los atrasos, a criterio de esta auditoría, excedieron largamente lo justificable”. Estas demoras, naturalmente, terminaron afectando el valor final de la obra.

¿Cómo se plasmaron estos aumentos? Mediante adendas y actas acuerdo. Por ejemplo, la adenda Nº 9 de noviembre de 2013 agregó la construcción de un acueducto en Escobar por US$ 140,2 millones, mientras que la Nº 11 le sumó al “combo” obras de pavimentación por US$ 22,7 millones. Para entonces, la obra ya había superado la barrera de los mil millones de dólares y sus costos sumaban US$ 1.043,9 millones. La cifra posiblemente sea mayor ya que falta agregar otros adicionales detectados por la auditoría del Centro Argentino de Ingenieros, cuyos montos se desconocen.

Pero hay más. Mientras la UTE liderada por Odebrecht se adjudicaba la construcción de esa planta, otro consorcio integrado por la brasileña Camargo Correa y la empresa argentina Esuco SA se quedaba con un contrato para la construcción de una planta cloacal en Berazategui, ubicada también en la Provincia de Buenos Aires en paralelo al Río de la Plata y la Autopista Buenos Aires-La Plata. Según publicó el diario La Nación, el encargado de organizar el reparto de estas obras era el dueño de la constructora Esuco, Carlos Wagner, nexo entre los funcionarios de Planificación Federal, a cargo de De Vido, y los ejecutivos de Odebrecht para el pago de sobornos.

Como si se tratara de un juego de espejos, esta obra también sufrió aumentos llamativos en sus costos. El monto inicial de la planta se calculó en US$104,5 millones, aunque pronto comenzaron los incrementos. Dos empresas presentaron ofertas para la planta de Berazategui: Electroingeniería (grupo liderado por los empresarios Gerardo Ferreyra y Osvaldo Costa, cercano al anterior gobierno y que también incursionó en el mercado de los medios de comunicación) y la UTE integrada por Camargo Correa y Esuco. AySA aceptó la propuesta de esta última, incluyendo una “mejora de oferta” que en realidad era una propuesta de financiación por medio del BNDES. El contrato de adjudicación fue por US$ 145,9 millones, IVA incluido.

Sin embargo, y repitiendo el esquema de Paraná de Las Palmas, se firmaron al menos dos adendas con “redeterminaciones de precios” que llevaron su costo a US$ 167,3 millones. “Sorprende que rubros de alto costo unitario tengan incrementos muy elevados”, sostuvieron los auditores del CAI, quienes agregaron: “Llama la atención que en algunos ítems se duplique, triplique y más las cantidades que se calcularon para la oferta”.

“En Berazategui, el contrato sufrió un fuerte impacto debido a correcciones inflacionarias que ya estaban previstas (en el contrato), ampliadas por adendas que extendieron el plazo del contrato, sin ninguna irregularidad”, fue la explicación de Camargo Correa.

El caso de las licitaciones mellizas terminó en la Justicia y el 1° de septiembre de 2017, el juez federal Sebastián Casanello ordenó la declaración indagatoria del ex presidente de AySA, Carlos Ben; su mano derecha, Raúl Biancuzzo; y representantes de Odebrecht, Camargo Correa, Benito Roggio, Esuco, Supercemento y José Cartellone Construcciones, entre otros. Casanello consideró que las licitaciones que terminaron en ambas adjudicaciones fueron direccionadas de antemano para que el consorcio liderado por Odebrecht ganara la obra de Paraná de Las Palmas y el otro liderado por Camargo Correa obtuviera la obra de la planta de líquidos cloacales en Berazategui.

Según el informe que el fiscal federal Sergio Rodríguez hizo llegar al juez de la causa, Odebrecht conocía el lugar, la fecha y los detalles técnicos del financiamiento para la construcción de la planta en Paraná de las Palmas casi medio año antes de que AySA hiciera público el llamado a licitación. Intercambios entre el BNDES y el consorcio liderado por Camargo Correa revelan que esta empresa también supo mucho antes sobre la construcción de la planta de Berazategui. “Esto evidencia acuerdos preexistentes y desnuda el montaje de la licitación pública como una mera puesta en escena”, sentenció el juez Casanello al firmar el llamado a indagatoria.

A fines de septiembre, el diario La Nación reveló que Odebrecht está próxima a vender su parte en la obra a Roggio, Cartellone y Supercemento, sus socios locales. Así y todo, falta acordar una solución para un planteo de la empresa brasilera, que reclamara una millonaria compensación por supuestos incumplimientos de AySA vinculados con el pago en tiempo y forma por las obras realizadas.


“Trabaja bien y cobra barato”

En esta trama no sólo está involucrado el anterior gobierno nacional. Entre 2008 y 2009, el Gobierno de Córdoba llamó a una licitación internacional para la construcción de los gasoductos troncales de la provincia, estableciendo que los oferentes debían proveer el financiamiento de al menos el 75% del precio de la obra. La ganadora fue una UTE conformada por la brasilera Andrade Gutierrez SA, y las argentinas IECSA SA y Britos SA, que ofreció hacer el trabajo por US$ 220 millones y propuso el financiamiento del BNDES.

Los contratos se firmaron en 2009, durante el primer mandato de Juan Schiaretti (PJ), y pronto comenzaron los trámites ante el Ministerio de Economía de la Nación “para tornar operativo” el crédito del banco brasilero. La obra estuvo varios años paralizada hasta que en marzo de 2015, durante la gestión de Juan Manuel de la Sota, la provincia anuló los contratos dado que las empresas oferentes no contaban con el financiamiento. Así y todo, el Gobierno provincial terminó pagándoles $ 35,3 millones en concepto de “tareas preliminares” de la obra que nunca se hizo.

Mientras tanto, el presidente de Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, fue condenado por la Justicia brasilera y llegó a un acuerdo para reducir su pena a cambio de suministrar información, lo que en Brasil se conoce como “delación premiada”.

Entre 2015 y 2016, ya con Schiaretti nuevamente al frente del gobierno provincial, la provincia relanzó la licitación, ahora con 500 kilómetros más de obra. Odebrecht resultó adjudicataria de seis de los diez tramos de gasoductos troncales, a pesar de que para entonces la empresa brasileña ya era investigada tras haber confesado el pago de sobornos. En julio de 2016 estos seis tramos se adjudicaron por US$ 147 millones, monto que seis meses más tarde se actualizó a US$ 179 millones. Fuentes de la Gobernación de Córdoba confirmaron a Chequeado que todos los trabajos se iniciaron este año, con avances que van del 14,9% (Punilla II) al 87,3% (Sistema Regional Ruta 2).

¿Por qué la provincia eligió a Odebrecht a pesar de ya estaba siendo investigada por corrupción en el Lava Jato? Porque “trabaja bien, rápido y cobra barato”, argumentó Schiaretti en mayo de este año durante un encuentro con periodistas. En agosto le volvieron a preguntar: ¿Cómo puede ser que Odebrecht haya coimeado en todos lados y en Córdoba no? “Porque no lo dejamos. Es muy simple”, dijo. Algunos de los miembros del gabinete cordobés no ayudan a disipar las sospechas: Fabián López, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos provincial, será indagado en diciembre por su rol como número dos de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación durante el kirchnerismo en el caso de las licitaciones mellizas y los sobreprecios por las obras de AySA. Su jefe era José López, el hombre que la madrugada del 14 de junio de 2016 fue filmado mientras tiraba bolsos con plata en un monasterio y ahora está detenido y procesado por el delito de enriquecimiento ilícito.


El soterramiento infinito

El 13 de septiembre de 2017, las oficinas de Odebrecht en la Argentina fueron allanadas en la causa que investiga supuestas coimas de la empresa brasilera para que se le asignaran las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. La orden librada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi fue, hasta ahora, el último capítulo de la saga que comenzó hace más de una década, durante la Presidencia de Néstor Kirchner, con un llamado a licitación de la Secretaría de Transporte de la Nación a cargo de Ricardo Jaime.

La UTE conformada por Odebrecht, IECSA SA, COMSA SA y Ghella SA fue una de las dos que presentó ofertas (la otra fue un consorcio compuesto por Isolux-Esuco) y la que finalmente se adjudicó la obra por US$ 889 millones. Un decreto, primero, y diferentes adendas, después, fueron elevando los costos del primer tramo, que hacia principios de 2011 ya rondaba los US$ 1.483 millones.

Esta cifra no sería la última: en noviembre de 2013 el consorcio liderado por Odebrecht informó -como señaló el diario Perfil- que el directorio del BNDES había aprobado un crédito de US$ 1.508 millones por el 50% del monto contractual aproximado, es decir que para entonces el costo de la obra ya ascendía a US$ 3.016 millones. La cifra podría aumentar aún más si se considera que el presidente Macri decidió en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 797/2016 proyectar desembolsos en los próximos tres años por un total de $45 mil millones para completar la obra.

El 28 de junio de 2017, Odebrecht presentó ante el Ministerio de Transporte de la Nación una “modificación accionaria” que le permitió salir del proyecto. La propuesta consistió en venderle su parte del consorcio a la italiana Ghella, que ya cuenta con una participación en la obra. La propuesta fue aceptada y la salida de Odebrecht del Sarmiento es un hecho, confirmaron a Chequeado desde el Ministerio que conduce Guillermo Dietrich.

Ese mismo día, el Ministerio de Transporte creó una comisión para revisar las irregularidades en el soterramiento, por lejos la obra con mayor sobreprecio de las que integran esta investigación. La empresa que avanza con la obra ahora se llama Consorcio G&S (Ghella y SACDE, siendo Sacde la continuadora de IECSA), ya que COMSA SA también salió del proyecto este año, confirmaron a Chequeado voceros de la compañía. A la fecha, la máquina tuneladora lleva excavados y ensamblados 1.579 metros de túnel, apenas el 17% de la primera etapa.


OAS, “la Odebrecht del Norte”

Pocos grupos empresarios brasileños tuvieron un ascenso tan vertiginoso y controvertido como el que experimentó OAS, grupo que hoy conforman 12 empresas. Creado más de tres décadas después de la aparición de Odebrecht, el conglomerado bahiano se ubicó en 2015 en la segunda posición del ranking de constructoras latinoamericanas con mayor volumen de ventas anuales. En la Argentina, una de sus primeras incursiones se daría en 2009, pero lo más curioso sucedió en 2015.

Mientras en Brasil la Operación Lava Jato sumaba denuncias de corrupción contra ejecutivos de OAS, en la Argentina Cristina Fernández de Kirchner -que atravesaba el último año de su segundo mandato- decidió otorgarle un préstamo por US$ 964 millones para el proyecto hidroeléctrico Los Blancos, en Mendoza. Esta obra había sido preadjudicada en 2012 a la UTE conformada por Cartellone Construcciones Civiles (propiedad de la familia mendocina Cartellone) y la sucursal argentina de OAS por un monto de US$ 1.426 millones con IVA incluido.

OAS se había comprometido a obtener más de la mitad del costo de la obra con financiamiento del BNDES como parte de su oferta, pero el crédito nunca se concretó. De allí el anuncio de Fernández de Kirchner de junio de 2015 de que el Estado nacional terminaría cubriendo hasta el 65% del total. Esto modificaba el criterio señalado en la resolución por la cual se preadjudicó la obra y en documento de manifestación de interés, donde se acordaba que la inversión necesaria sería obtenida mayormente por la empresa.

“La oferta se ajustaba a lo largo de las fechas por el Decreto N° 1295/02 que verifica la posibilidad de ajustar el precio de una obra mediante la redeterminación de precios en los contratos de obra pública, por lo que al momento del cambio de gestión se hicieron las posibles previsiones de montos necesarios para atender la obra”, recordó a Chequeado Rolando Baldasso, ex ministro de Infraestructura durante la gestión de Francisco Pérez, sobre un monto final que hoy se desconoce.

Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería de Mendoza de la gestión actual de Alfredo Cornejo (UCR), señaló a este medio que “dentro de las condiciones de la licitación estaba la provisión de parte del financiamiento por parte del BNDES”.“Al OAS entrar en problemas financieros -explicó el funcionario-, el financiamiento no se concretó por lo que la adjudicación definitiva no se realizó y, por ende, los trabajos aún no se han iniciado”.

Respecto del estado actual de la obra, Guiñazú subrayó: “Hoy el proceso se encuentra en stand by a la espera de una definición respecto al perfeccionamiento del financiamiento del consorcio adjudicado”.

Como se dijo, una de las primeras incursiones de OAS fue en 2009. Ese año, el Gobierno de Chaco llamó a licitación para construir el “Segundo Acueducto para el Interior” que, según el anuncio, beneficiaría a 26 localidades y al 50% de la población provincial. El presupuesto oficial de la obra era de US$ 300 millones con los impuestos incluidos, según datos oficiales del Ministerio de Infraestructura provincial. Cuatro meses después, el gobernador y ex jefe de gabinete de la Nación de Fernández de Kirchner, Jorge Capitanich, realizó la apertura de sobres y las cuatro oferentes fueron Techint SA y tres UTE, entre ellas la que estaba conformada por OAS Limitada, Supercemento SA y Rovella Carranza SA.

En febrero de 2011, el Gobierno provincial concedió la obra a la UTE conformada por la brasilera OAS, a pesar de que su oferta había sido más elevada que las demás, según señaló el diputado provincial Livio Gutiérrez (UCR) en una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a la que Chequeado tuvo acceso.

La obra, explicó el gobierno provincial, se realizaría con recursos nacionales, fondos de la provincia de Chaco (a través del Fondo Federal Solidario) y financiamiento internacional proveniente del BNDES obtenido por OAS. En julio de 2011, Capitanich se reunió con representantes de la UTE “para definir detalles sobre la ejecución”. Los trabajos comenzaron en agosto de aquel año, con un plazo de construcción de 36 meses.

La explosión del Lava Jato cambió todo. “En marzo de 2015, cuando se conoció el caso, la empresa OAS proveedora de caños paralizó la entrega y el BNDES suspendió los desembolsos del endeudamiento que había tomado la provincia por unos US$160 millones, (…) y sólo desembolsó US$116 millones”, señaló a este medio el diputado Gutiérrez, quien agregó que, a pesar de que se hicieron redeterminaciones y la fecha de finalización era 2014, el acueducto no se terminó. Un video institucional de la empresa provincial Sameep publicado en octubre de ese año aseguraba que la obra se encontraba ejecutada en un 67 por ciento.

El gobierno anunció que el acueducto iba a estar terminado en septiembre de 2014, pero a la fecha aún no fue finalizado.

El préstamo otorgado por el BNDES expiró en septiembre de 2015, por lo que Capitanich viajó a Río de Janeiro y acordó una prórroga del contrato. Sin embargo, en enero de 2017 el banco brasileño informó que no retomaría el financiamiento. Un mes más tarde, el flamante gobernador chaqueño, Domingo Peppo (PJ), firmó un convenio con la Nación por $ 2.500 millones que reemplazan el crédito internacional con el BNDES y para finalizar el 34% restante del acueducto. En esta nueva etapa, OAS fue reemplazada en la UTE por la empresa CPC.

Si se suman todos los recursos gastados y presupuestados, el valor final del acueducto se estima en al menos US$ 380,3 millones, una diferencia de US$ 48,6 millones con respecto al monto inicial. “OAS es la Odebrecht del norte”, comparó Gutiérrez y dimensionó: “En esta obra, en pesos, se gastó más de cuatro veces de lo que estaba previsto y todos los plazos están vencidos. Pero, por sobre todas las cosas, el acueducto no fue finalizado”, concluyó.



Esta investigación contó con la colaboración de Ariel Riera, miembro del equipo de Redacción de Chequeado. Se trata de un trabajo en conjunto entre Armando Info de Venezuela y Chequeado de la Argentina, que también fue publicado por el diario Folha de San Pablo y Agencia Lupa en Brasil.

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El nuevo negocio de los satélites privados y extranjeros

por Federico Poore
Revista Noticias, 22-08-2017

Una carta de intención disparó la polémica. En total sigilo, el gobierno nacional se comprometió a crear una empresa para construir y gestionar el ARSAT-3, que pasará a estar controlada en un 51 por ciento por la estadounidense Hughes Network Systems. Las noticias sobre estos planes de un “modelo mixto” para el tercer satélite geoestacionario argentino llegan en medio de una oleada de autorizaciones a operadores privados. ¿Qué está pasando en el mercado de satélites en Argentina?

“Con las autorizaciones que la administración argentina ha venido concediendo en los últimos meses para que nuevos satélites comerciales puedan operar en su territorio, Argentina se aproxima al modelo seguido por la mayoría de las naciones del mundo y por casi todas las de América Latina”, celebra Ignacio Sanchis, director de Negocio de Hispasat. La empresa española cuenta con cuatro satélites con derechos para transmitir en el país y este año se asoció con el Grupo Boldt, la compañía argentina que explota el Casino de Tigre, para comercializar la capacidad de uno de ellos, el Amazonas-3, y brindar Internet satelital a tres millones de hogares. En junio obtuvieron la luz verde.

Desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, el gobierno nacional autorizó la operación de 14 satélites extranjeros (en los doce años previos apenas se habían autorizado seis). El ritmo de estas aprobaciones preocupa a los especialistas que en noviembre de 2015 apoyaron la ley de Desarrollo de la Industria Satelital, la cual delineaba un plan para el diseño, construcción y operación de satélites geoestacionarios y reforzaba la presencia estatal en el área prevista por una resolución de la ex Secretaría de Comunicaciones de 1999. Con esta nueva orientación pro-mercado, argumentan, varios de estos nuevos jugadores pasarán ofrecer servicios en banda Ka (la porción del espacio radioeléctrico de mejor frecuencia y ancho de banda), es decir, a competir con Arsat.

Según Hispasat, estas aprobaciones se otorgaron “en virtud de los acuerdos bilaterales firmados anteriormente con terceros países”, un argumento que también utilizó el presidente de Arsat, Rodrigo de Loredo, cuando dijo que el ingreso de satélites extranjeros obedecía a tratados que el país firmó en su momento con Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y España. “Para nosotros implica un desafío comercial más complejo porque vienen otros satélites a competir que tienen más capacidad, pero estoy de acuerdo con la política del gobierno porque una mayor oferta va a redundar en una baja del precio de conectividad que debe pagar el usuario final”, asegura el yerno del ahora ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

Los pasos en esta dirección entusiasman a las empresas de bandera extranjera. “La industria satelital apoya los esfuerzos para adoptar una política de cielos abiertos más que sostener un sistema de uso preferencial”, dice Jason Bates, gerente de Comunicaciones de la norteamericana Intelsat. “Nuestra misión es asegurarnos de que los argentinos accedan a estos servicios al igual que en otros países de la región”.

Fundada en 1964, Intelsat opera 13 satélites en Argentina, de los cuales 10 son propios y tres gestionados por su subsidiaria Southern Satellite Corporation. La empresa asegura que no existe una única tecnología capaz de atender todas las demandas de banda ancha y wireless en la región, lo que explica la popularidad de las redes híbridas que combinan adaptabilidad y performance.

¿Cielos no tan abiertos?
Pero mientras los críticos de la apertura aseguran que el ingreso de jugadores privados dañará el desarrollo de la industria satelital local, algunas compañías aseguran por el contrario que el gobierno de Macri aún no encaró una política real de cielos abiertos.

New Skies Satellites, la empresa controlada por la europea SES que opera 3 satélites geoestacionarios en territorio argentino, “no apoya las regulaciones satelitales recientemente propuestas que limitan el acceso al mercado y le otorgan prioridad al operador satelital nacional Arsat”, dice Jurandir Pitsch, vicepresidente de Ventas de SES para América Latina y el Caribe.

Pitsch reconoce a Arsat, Intelsat, Hispamar y la francesa Eutelsat como sus principales competidores a nivel local y reclama “replantear” la actual regulación que favorece a la empresa operada por el Estado. Abrir los cielos “no hará más que favorecer a todos los players del ecosistema satelital”, dice, y cita estudios que aseguran que un incremento del 10 por ciento en penetración de banda ancha en países de ingresos bajos y medios redundará en un crecimiento del PBI del 1,38 por ciento.

Como en otras áreas, el dilema parece ser privilegiar la soberanía tecnológica nacional o poner el foco en los usuarios. Hasta ahora, el gobierno de Cambiemos optó por lo segundo, avanzando con Hughes para la explotación conjunta del ARSAT-3 y autorizando el ingreso de nuevos satélites privados. Lo que se dice un verdadero cambio de paradigma.

¿Qué fue del Plan Conectar Igualdad?

El proyecto local -que siguió el camino de otros proyectos OLPC en la región, como Ceibal en Uruguay- se relanza con algunas diferencias: se mantiene el doble booteo y se bajan los costos pero resignando desarrollos locales.

por Federico Poore
Information Technology, julio 2017

Más económico pero menos nacional. Así es la versión 2017 del plan Conectar Igualdad, que luego de un período de transición volvió a tomar fuerza en mayo con las entregas de netbooks a estudiantes de colegios secundarios. En el interregno, el hermetismo sobre el futuro del proyecto fue total pero, aun así, se puede dibujar una radiografía del programa que, a simple vista, presenta cambios con la versión anterior.
Primer dato saliente: el organismo encargado de su implementación ya no es más la Anses sino Educ.ar, una sociedad del Estado que depende del Ministerio de Educación. El traspaso de un organismo a otro (según el gobierno, “para articular mejor este programa con otros proyectos de tecnología educativa”) incluyó despidos en el área y estuvo acompañado por la preocupación de sectores vinculados al movimiento de software libre de que el Estado abandonara el menú de doble booteo. Sin embargo, esta opción—si es que existió— fue descartada, según confirmó la máxima autoridad del área. “Las netbooks seguirán incluyendo el doble booteo con Windows y Huayra tal como se viene realizando hasta ahora”, explica a INFOTECHNOLOGY Guillermo Fretes, titular de Educ.ar.
Desde sus inicios en 2010, la versión local del proyecto One Laptop Per Child (OLPC) ya otorgaba la opción de elección de sistema operativo. De hecho, el stock de netbooks que el Estado estuvo entregando hasta hace poco incluía Windows 8.1 y Huayra 2. ¿Cuál es la novedad? Que a partir de este año los equipos van a venir con Windows 10 y Huayra 3 (GNU/Linux Huayra basado en Debian 8 para 64 bits), según confirmó uno de los encargados del programa. En la nueva tanda de netbooks se reemplaza el disco mecánico por uno de estado sólido.
Los proveedores, en su mayoría, seguirán siendo los mismos que acompañaron el último tramo de la gestión anterior: Newsan, BGH, Novatech y Agen S.A. (empresa de Eduardo Wasi, dueño de Dinatech). La licitación fue liderada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). “A pesar de ser un producto de similares características al anterior, los equipos presentan algunos cambios”, explica Fernando Villanueva, gerente de Informática de Grupo Newsan. “Esta versión cuenta con una pantalla más grande — en el modelo anterior era de 10,1 pulgadas, hoy es de 11,6— y tiene un procesador superior.” De un Celeron N2808 Bay Trail se pasó a un Celeron N3010 Cherry Trail, un chip de Intel con mayor performance gráfica.
Entre el resto de los proveedores consultados impera el secretismo. Alejandra Pirozzo, directora de Corporativo y Gobierno en Novatech, explicó a esta revista que de momento no pueden dar detalles sobre su involucramiento en el programa debido a un acuerdo de confidencialidad.

Menor costo, ¿menos funciones?
Fretes asegura que para esta nueva etapa del plan, el Estado logró bajar los costos de manera espectacular. “Hemos mejorado el proceso de compra, llevando el precio promedio de US$ 500 por netbook a US$ 233 aproximadamente, sosteniendo el ensamblado local. Es decir, hemos generado un ahorro superior al 50 por ciento”, asegura el titular de Educ.ar. De manera similar se expresó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que en su informe a la Cámara de Diputados a fines de mayo habló de “sobreprecios” durante la anterior gestión.
No todos comparten esta mirada. Vladimir Di Fiore, ex jefe del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Libres (Cenital), encargado del desarrollo de Huayra Linux, argumenta en conversación con INFOTECHNOLOGY que los mejores precios para 2017 se obtuvieron limitando el alcance de las garantías.
“Parte del problema de los costos es que esas máquinas salían con un seguro bastante importante. En los últimos años, esta garantía se había modificado de manera tal que las netbooks con problemas se repararan sin darle espacio al proveedor para que hable de un ‘mal uso’ por parte del estudiante y eso, naturalmente, subía el costo de los equipos”, dice Di Fiore.
Durante el gobierno anterior, parte del aumento de los costos (y de las demoras en las entregas en las netbooks) tenía que ver con que ante cada nueva licitación a los proveedores se les exigía que fueran agregando algún desarrollo local nuevo. El camino ahora parece ser el inverso. “El nuevo pliego dejó de exigir un alto porcentaje de componentes de origen nacional, por lo cual las baterías, los cargadores, los cables de alimentación, las memorias, las carcasas plásticas, pasaron a ser importados”, explica Villanueva. “También hay una reducción en el costo de fabricación debido a que el nuevo pliego no exige que la placa madre sea de origen local.” A esto hay que agregar que la empresa pudo pasarla oferta en pesos a dólares.
Desde Newsan confirman que el período de servicio técnico de los productos se acortó de 24 a seis meses y que la nueva versión de los equipos no cuenta con placa sintonizadora de TV, como sí tenían los modelos anteriores. Así y todo, el representante de la empresa asegura que la principal causa de la baja del precio está relacionada con la eliminación del arancel de importación del 14 por ciento promedio a los componentes para fabricación, resultado del decreto 117/17.

Más que fierrros
Sea como fuere, y como siempre se encargan de subrayar los expertos en tecnología, un programa OLPC implica mucho más que entregar netbooks: es un plan de integración de TIC que reúne elementos a menudo dispersos (infraestructura, equipamiento, conectividad, producción de software educativo, capacitación docente) en una política de Estado. Y en ese sentido, si bien la continuidad del programa es una buena noticia, aún queda mucho por delante.
Un problema sustancial, dice Fretes, es la falta de conectividad en la escuela y en el aula. “Esto es importante porque permite una mejor gestión del soporte y mantenimiento, pudiendo actuar de manera remota para actualizaciones y desbloqueos”, asegura el funcionario de Educ.ar, y da un ejemplo de cómo una mejora en la conexión en los centros educativos puede mejorar este proceso cuando un equipo falla o se rompe. “Anteriormente, ante cualquier inconveniente se enviaba el equipo a un centro de soporte en Buenos Aires. Ahora estamos lanzando un 0-800 que permitirá resolver inconvenientes de manera remota, y lanzando una licitación donde vamos a federalizar el soporte técnico.” (Fretes aclara que las piezas sí quedarían centralizadas en ciudad de Buenos Aires por un tema de eficiencia de inventario).
Otro desafío recurrente es el hecho de que muchos maestros hoy no están preparados para operar los equipos ni para dictar contenidos especiales que aprovechen al máximo la potencialidad de las netbooks. Para encarar este problema, el gobierno actual prometió llevar adelante programas de formación docente en educación digital “para fomentar el uso cotidiano de los equipos”, algo que —insiste Di Fiore y otros ex encargados del plan—ya se venía realizando.
Algunas experiencias aisladas muestran el potencial de este tipo de trabajo en clase. En Mendoza, la Escuela de Comercio Martín Zapata de la Universidad Nacional de Cuyo ofrece por segundo año consecutivo el taller de Robótica y Programación para los estudiantes de la orientación en Informática. El programa Scratch provisto en las netbooks les permite trabajar de manera modular y, al final del curso, diseñar un robot a control remoto.
Claro que para muchas instituciones esta posibilidad es apenas un sueño. En febrero, el gobierno lanzó el Plan Nacional de Conectividad Escolar, comenzando por escuelas rurales de Jujuy y Corrientes. Las cifras oficiales asustan: a principios de este año,sólo un 12 por ciento de las escuelas cuenta con internet para uso pedagógico.

Zona de promesas

Bill Clinton dijo alguna vez que era “el lugar más tenebroso de la Tierra”. La ciudad de Paju, frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, asusta a cualquiera. Ahí no hay retorno y la paz huele a alambre de púas y pólvora a punto de explotar: en cualquier momento todo puede salir mal.

por Federico Poore
Playboy Argentina, julio 2017

PAJU, Corea del Sur – El micro se detiene en lo que parece una casilla de peaje. Se sube un soldado joven con cara seria y la bandera de Corea del Sur en la insignia de su brazo. Dice algo en coreano y ante la duda, aclara en inglés: passports.

El guía que nos acompaña sugiere que tengamos nuestro pasaporte preparado y abierto en la página con foto. David –así se llama– sabe que nos tomó toda la mañana viajar casi cien kilómetros desde Seúl hasta la frontera con Corea del Norte y no quiere que nada salga mal. El soldado comienza a revisar, uno por uno, los papeles de todos los pasajeros. Luego avanza hacia el fondo del micro, adonde estamos nosotros. Le entrego el pasaporte argentino. Lo mira, me mira, me lo devuelve, next. La colega china sentada al lado mío duda un segundo antes de alcanzarle el documento. El recluta (que pesa apenas sesenta kilos, pero que con armas y escudos debe andar por los ochenta) hojea el pasaporte, la mira a ella, mira de vuelta el pasaporte, pasa las páginas. Dice algo en coreano que no alcanzamos a entender, pero se lo nota enojado y la tensión se adivina en el aire. Luego de unos segundos que parecen años, la china se recupera del estado dubitativo y responde las preguntas en perfecto coreano. Entuerto superado, todo en orden. El soldado se baja. Seguimos.

Contrariamente a lo que su nombre indica, la zona desmilitarizada (DMZ, por sus siglas en inglés) es una de las fronteras más militarizadas del planeta. Sus torres de vigilancia, barricadas, alambres de púa y minas antipersonales conforman un ambiente bien distinto al de la Corea más amable que conocemos, hecha de Gangnam Style, máscaras faciales y telenovelas. Los orígenes de la DMZ se remontan a la Guerra de Corea, que enfrentó a occidentales y comunistas a mediados del siglo XX, y al cese del fuego ordenado en 1953, que resultó en la división del país en una traza que acompaña al paralelo 38°. Hoy la zona desmilitarizada ocupa 250 kilómetros de largo por cuatro de ancho y es, en palabras del expresidente norteamericano Bill Clinton, “el lugar más tenebroso de la Tierra”.

Lo tenebroso, claro, no es la presencia de un tanque más o menos, sino la locura que acompaña a este tipo de enfrentamientos y que puede resumirse en una historia. El 18 de agosto de 1976, un grupo de trabajadores surcoreanos, escoltado por tropas de Naciones Unidas, llegó al llamado Puente de No Retorno con órdenes de talar un árbol que le estaba bloqueando la visual a un puesto militar de la ONU. La operación se complicó cuando entraron en escena quince soldados norcoreanos, que reclamaron a los gritos que la acción no se realizara. Ante la negativa, atacaron a todos con machetes, matando a dos soldados. La respuesta no se hizo esperar. Tres días más tarde, un total de 813 hombres, incluyendo fuerzas especiales de Corea del Sur y de los Estados Unidos, regresaron al lugar con el apoyo de helicópteros y bombarderos B-52 y entre todos cortaron el maldito árbol ante la atenta mirada de las tropas enemigas.

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Es, sin embargo, una mañana primaveral y soleada en el mirador Dora, un puesto de observación desde el cual se divisa, a lo lejos, la misteriosa Corea del Norte. Reconvertido en atracción turística, es lo más cerca que estaremos del país gobernado por Kim Jong-un, adonde con restricciones y permisos especiales, ingresan no más de 5000 turistas occidentales por año, casi en su totalidad, a través de China (a la Corea del Sur ingresaron 17 millones de turistas en 2016). ¿Qué se ve desde el mirador? Una sinuosa área divisoria pelada de vegetación que hace las veces de frontera y, al fondo, la ciudad de Gaeseong, la más austral del país comunista. Allí funcionó durante un tiempo un complejo fabril operado conjuntamente entre las dos Coreas (los del sur aportaban el management; los del norte, la fuerza de trabajo) hasta que nuevas provocaciones de Pyonyang terminaron con la suspensión del proyecto. No faltan las disputas sin sentido, típicas de la Guerra Fría. Los surcoreanos instalaron su bandera en un imponente mástil de 98 metros de altura, pero en Corea del Norte no quisieron ser menos y enfrente plantaron la suya sobre un asta de 160 metros. Solo la bandera pesa 270 kilos: es tan pesada que los días de lluvia la tienen que bajar porque, si no, la torre que la sostiene se viene abajo.

Pero hay más. La tranquilidad de la mañana se ve interrumpida por exclamaciones ensordecedoras provenientes del altoparlante del mirador. David nos explica que se trata de propaganda surcoreana. Les están diciendo a los del otro lado de la frontera: “Vengan a este gran país, todo aquí es maravilloso”, cosas así. La guerra de altoparlantes, con uno y otro bando pasando marchas militares a todo volumen, se había cancelado en 2004 y parecía que el asunto ya era cosa del pasado. Pero hace poco volvieron los misiles de Kim Jong-un, y con ellos este show propagandístico de uno y otro bando. Todo está ahí para recordarnos que lo firmado en la década del cincuenta no fue el fin de la guerra sino apenas un cese del fuego.

Desde 1948 hasta 1994, el Líder Supremo de Corea del Norte fue Kim Il-sung, el abuelo de quien hoy es la máxima figura del país. En términos económicos, se podría decir que le tocó gobernar en las buenas: al inicio de su mandato, el PBI per cápita de las dos Coreas era idéntico y la República Popular Democrática de Corea contaba con el apoyo irrestricto de China y de la Unión Soviética. Pero en la década del setenta, el Norte fundió el motor con su modelo de autosuficiencia, que terminó de explotar tras el colapso del comunismo ruso.

Luego de su muerte, el poder pasó a manos de su hijo, Kim Jong-il (a quien muchos en Occidente recuerdan por haber sido parodiado en la película Team America), otro dirigente reñido con los derechos humanos que desarrolló la filosofía Juche, una doctrina estalinista armada a medida de la realidad del país. La dinastía Kim es tan fuerte que uno no puede sino pensar que Jong-il gobernó poco: apenas 17 años. El infarto que sufrió en 2011 terminó con su vida y desde entonces Corea del Norte quedó a merced de uno de los líderes más impredecibles y temidos en Occidente: el joven Kim Jong-un.

En los últimos meses, la tensión generada por su figura (siempre rodeada por mitos y leyendas, alimentadas por la falta de información confiable sobre lo que sucede en su país) escaló hasta límites impensados. Desde Corea del Sur aseguraron que el próximo paso de la bravuconada bélica de Kim es desarrollar un arsenal nuclear de alcance intercontinental. Estados Unidos, un aliado histórico de Seúl, respondió a la supuestas provocaciones enviando un portaaviones a la península. Donald Trump dijo que existe la posibilidad de terminar en un “gran, gran conflicto” con los norcoreanos, que se abrazan a la fuerza militar como carta de negociación. ¿Nuevos tambores de guerra? Difícil sentar a las partes en una mesa de negociación (mejor dicho, difícil que siquiera exista una) cuando los líderes en cuestión son caprichosos, iracundos, antojadizos.

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De vuelta a la casilla, el mirador, la bandera gigante: todo queda en el condado surcoreano de Paju, que recién en 1997 obtuvo estatus de ciudad. Son constantes los intentos del gobierno por lograr que más gente se mude a este lugar. Desde el cambio de siglo, además, se comenzó a explotar el turismo ligado a la DMZ, y hace no mucho se sumó a la lista de atracciones el llamado Túnel Número 3, uno de los pasillos subterráneos que, según los surcoreanos, el Norte cavó décadas atrás con la intención de invadir el país por tierra. Las fotos están prohibidas: los visitantes debemos dejar nuestras pertenencias en un locker y ponernos cascos protectores amarillos antes de caminar, en fila india, por un sendero estrecho que hace una pendiente descendiente. Sumado al techo irregular y bajísimo (un metro cincuenta), el túnel es la peor pesadilla de los claustrofóbicos.

De regreso a la superficie, entramos a algunas de las casas que rodean el paraje, en las que se ofrecen productos típicos de la zona: ginseng, caramelos de uva, porotos de soja cubiertos de chocolate. Los vendedores (o vendedoras: casi todas son mujeres de mediana edad) sonríen y observan amablemente, las manos cruzadas detrás de la espalda. Un hombre de chaleco camuflado y cara curtida ofrece pines de Corea del Norte. No hay edificios, semáforos ni paneles luminosos: todo es modesto y rural, como si la amenaza de extinción tornara inútil todo intento de ir más allá de lo estrictamente funcional. La excepción es una mansión rosa que se alza entre las colinas y los campos de arroz. ¿Su dueño? La primera persona que se mudó a esta zona de Paju. El colono, el pionero. El primer coreano con huevos que un día agarró sus cosas y se vino a vivir a la frontera más caliente del mundo.

El sol sigue arriba en el cielo despejado. Un contingente de turistas norteamericanos y australianos hace fila para regresar al micro que los llevará de vuelta a Seúl. Absortos en sus folletos informativos o revisando sus cuentas de Instagram, no parecen registrar que en algún lugar de esta península del tamaño de la provincia de Chubut hay un millón ochocientos mil soldados esperando una orden de ataque. La tensa calma promete, por lo pronto, una temporada más de venta de souvenirs.

Todo está muy rápido acá


Corea del Sur llegó tarde al capitalismo pero lo abrazó con pasión. En Seúl se mezclan las fábricas de K-pop con la sobreoferta de productos de belleza.

por Federico Poore
La Agenda, 04-07-2017

SEÚL, Corea del Sur - La chica de ojos rasgados se abraza a la foto de su ídolo musical. Coreana y bajita, celular Samsung en mano, es la última de una fila interminable de fans que da vuelta a toda la tienda. Estamos en el tercer piso de SM Town, un “centro de entretenimiento” dedicado al K-pop que se alza en la misma calle que el monumento al "Gangnam Style” en Seúl.
Pausa. Tiempo fuera. ¿Monumento al “Gangnam Style”? Si en el capitalismo “todo lo sólido se desvanece en el aire”, ¿por qué a alguien se le ocurriría inmortalizar algo tan efímero como el baile del caballo de Psy? ¿Se puede homenajear en bronce al “primer video en la historia en recibir mil millones de visitas en YouTube”? Primera lección a extraer de Gangnam, el barrio de moda al sur del río Han: todo vale.
De vuelta a la fila. Una empleada, apenas más adulta que el promedio de clientes que atiborran el local, anuncia megáfono en mano que por la tarde estará firmando autógrafos el integrante de una boy band local. Hay aplausos de aprobación entre la concurrencia, algún gritito emocionado. El cálculo a ojímetro indica mayoría de chicas, pero también un número nada despreciable de muchachos, que pronto se llevarán a casa un recuerdo de su paso por el templo laico del pop coreano: el pochoclo oficial de BTS o la barra de cereal de Super Junior.
Los seis pisos de SM Town incluyen un teatro, una cafetería y un puñado de locales especializados (aquí, la venta de remeras; allá, la venta de pósters; en todos lados, la venta) donde el consumidor adolescente podrá reafirmar su sentido de pertenencia por la nada módica suma de 18.000, 23.000 o 45.000 won según el caso (1.000 won son poco menos de un dólar).
Al edificio lo administra SM Entertainment, una poderosa fábrica de producción de contenidos liderada por un hombre llamado Lee Soo-man. En 1996, este manager de bandas quedó fascinado con el impacto que causaron los Backstreet Boys en su paso por Seúl y decidió que iba a armar su propio centro de manufactura de grupos de pop coreano. Según cuenta John Seabrook en La fábrica de canciones: cómo se hacen los hits, Lee Soo-man llevó al estrellato a innumerables bandas jóvenes y, en el camino, publicó una biblia del marketing que explica en detalle cómo se crea un grupo pop exitoso, desde qué progresiones de acordes utilizar en cada país hasta el color exacto de sombra de ojos que un artista debe llevar según si está en China, Malasia o Japón. Atrás quedaron los tiempos en los que la mercadotecnia en la música popular estaba puesta al servicio de una pretendida espontaneidad. No podríamos decir si esto es mejor o peor. Por lo pronto, es más transparente: a esta fábrica sin chimeneas la conducen managers y al final del día lo que quedan son productos.
Los seis niveles del SM Town de Gangnam no son nada si los comparamos con otro edificio vecino, la Lotte World Tower. Inaugurada hace apenas dos meses, esta megatorre es el edificio más alto de Corea. Tiene 123 pisos (trece más que las Torres Gemelas) y un pico tipo Torre de Saurón que le da un aire siniestro. Lotte es uno de los chaebols o conglomerados coreanos más conocidos del país y, como tantas otras empresas en su tipo, tiene presencia en muchísimos sectores de la economía. Samsung, Hyundai o LG son también ejemplos de estos imperios familiares que crecieron al amparo del Estado y que hoy controlan buena parte de la producción en la península. En palabras de Park Jesong, investigador del Korean Labor Institute: “En Corea del Sur vos nacés en una maternidad que pertenece a un chaebol, vas a una escuela chaebol, recibís un sueldo chaebol -porque casi todas las pymes dependen de ellos- y hasta tu ocio será gestionado por un chaebol”.

***

Todo pasa demasiado rápido. Hacia mediados del siglo pasado –luego de haber sufrido la ocupación japonesa y una sangrienta guerra civil– Corea del Sur era una zona pobre, reventada. Pero en las décadas siguientes, el país al sur del paralelo 38° se industrializó en tiempo récord a pura sangre, sudor y lágrimas y para mediados de los ‘90 ya había sacado carnet de miembro en la OCDE, el club de los países desarrollados.
En ese lapso, la capital, Seúl, se convirtió en una megápolis con todas las de la ley. No por nada una de las frases más escuchadas en distritos como Dongdaemun o Insadong es “pali pali” (rápido, rápido). Obtener un título, conseguir un buen trabajo, mantener a los padres cuando envejezcan: para un coreano, los mandatos sociales pesan como en casi ningún otro lado. Uno de ellos es la cosmética.
En Corea todos están obsesionados por la belleza. Todos. En las calles de Myeongdong, las vendedoras atacan al transeúnte con las últimas ofertas de máscaras faciales: lleve dos pague una, lleve seis pague cinco, lleve once pague diez. (Sus carteles fluorescentes se superponen con gigantografías del Papa Francisco y puestos callejeros de venta de medias de Hello Kitty: el kitsch modelo siglo XXI.) En la zona de compras de Dongdaemun, la sobreoferta de esencias, cremas de ojos, exfoliantes y limpiadores es un atentado al bolsillo. La compra, siempre al por mayor, termina en bolsitas con nombres de marcas en inglés aspiracional –mi favorita es la del shopping Good Morning City–, típico de los países que entraron al capitalismo a los 43 minutos del segundo tiempo.
Hay más. En marzo de este año, las jóvenes integrantes de un grupo de K-pop llamado Six Bombs lanzaron “Getting Pretty After”, un video mostrando el antes y después de sus cirugías estéticas. En 2006, el reconocido director coreano Kim Ki-duk estrenó El tiempo, sobre una chica que se opera al mango para gustarle a su novio. Ejemplos sobran.
Los hombres no se quedan atrás. Que un joven de estos pagos se compre cremas no es raro ni de metrosexual: los coreanos son considerados los hombres más lindos de Asia y es posible que se sientan en la obligación de mantener la punta del campeonato. A los que tenemos la piel más como la de Danny Trejo, toda esta situación nos pone un poco incómodos.
Un viaje corto en la línea ocre del subte de Seúl nos lleva a Digital Media City, un complejo hi-tech de 570 mil metros cuadrados plagado de edificios vidriados y espejados. Ubicado a siete kilómetros del centro, es un cluster audiovisual donde se alzan las oficinas de los principales conglomerados de medios y entretenimiento del país, una movida típica de la era post-industrial que ya ensayaron ciudades como Barcelona, Berlín y Helsinki.
Es sábado al mediodía y casi no hay empleados, lo que nos deja prácticamente solos en la explanada entre rascacielos. Mientras caminamos entre esculturas posmodernas (que de noche se iluminan con luces de led), pasamos frente a un Burger King, galerías de arte, un Domino’s Pizza, el Korean Film Archive, un 7-Eleven. De regreso al centro histórico, el mapa indica que estamos cerca de las torres uno y dos de Daewoo Trump World, los condominios marca Trump que el ahora presidente norteamericano vino a promocionar en 1999.
El capitalismo es como el blanco: combina con todo.

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A Kim, nuestra guía, le gusta que la llamen por el apellido. Tiene 32 años, pelo corto castaño y ojos chiquitos, y no está casada ni tiene novio. Para ella, la incomodidad de la situación es evidente.
“Siendo mujer, a esta edad ya sos vieja”, me cuenta en perfecto inglés mientras se sirve café en un hotel en Muju, ciudad turística ubicada dentro del Parque Nacional Deogyusan, a unos 180 kilómetros de la capital. “Ya hay quienes me dicen que me debería contratar servicios de matchmaking”.
Al sur de la península coreana, el tema no se aborda simplemente con sitios clásicos de búsqueda de pareja. La empresa Duo, por ejemplo, se enorgullece en conseguir 17 mil uniones por mes usando algoritmos que estudian cuestiones como la ocupación, el ingreso anual y el tipo de auto de los pretendientes. Como un Tinder con Veraz, se propone armar parejas apoyándose en las reglas de la gestión de riesgos financieros.
No todos están de acuerdo, en especial entre los millennials. “En Corea todo es: estudiá rápido, conseguí trabajo rápido, casate rápido. Y no todos queremos hacer eso”, me dice una coreana de 24 años que hace unos meses vive y trabaja en Argentina. Es una respuesta cada vez más común al mandato de sus padres y abuelos, que en medio siglo convirtieron un país pobre del tamaño de Catamarca en el quinto exportador mundial (con la ayuda del gobierno autoritario pero industrialista del militar Park Geun-hye) y que ahora esperan que las próximas generaciones imiten su sacrificio.
Lo cierto es que a varios coreanos jóvenes, sobre todo los que alguna vez viajaron, no les atrae –por no decir que les asusta– la idea de pasar sus años mozos trabajando 12 horas por día en un chaebol o en una multinacional. Ellos prefieren divertirse, conocer el mundo, bajarse un par de botellitas de soju en un norebang (la versión coreana del karaoke) o ir con sus parejas a poner candados del amor en las rejas de la Torre Namsan. Nada más alejado del “vive rápido y deja un bonito cadáver”, el mandato de época que baja desde las luces de neón de Seúl.

Los detectives electorales

En un viejo edificio del siglo XIX, a metros de Casa Rosada, un grupo de auditores investiga los números de recaudación y gasto de los partidos políticos. La lucha contra el desinterés y la falta de apoyo en el país de la subdeclaración de ingresos.

por Federico Poore
Playboy Argentina, diciembre de 2016

“Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave”. Sergio Tomás Massa canta mientras se baja de un avión en el Aeropuerto de Santiago del Estero junto a un grupo de colaboradores. Corre octubre de 2015 y faltan apenas unos días para las elecciones generales. Massa -si bien ahora no lo parece porque canta Abel Pintos a viva voz- es un político en campaña: sabe que esta parte de su gira por el norte del país es muy importante, tanto que un resultado exitoso podría llevarlo al balotaje por la presidencia. El avión que lo trajo es muy real, incluso se conoce el modelo: Learjet 60. Mide 18 metros de largo y en algún momento del trayecto, mientras atravesaba las nubes del norte argentino, alcanzó su velocidad crucero de 778 km/h.Sin embargo, para la justicia electoral, esta visita nunca tuvo lugar. El motivo es muy sencillo: el entonces candidato del Frente Renovador jamás incluyó este vuelo entre los gastos de campaña que su partido presentó ante la Cámara Nacional Electoral.

El avión fantasma de Massa está lejos de ser la excepción a la regla. La subdeclaración de ingresos y de gastos durante la campaña electoral se convirtió en una práctica tan alevosa que no hay partido grande en Argentina que pueda afirmar estar libre de pecado. Los números son elocuentes: la alianza Cambiemos, de Mauricio Macri, declaró haber gastado 150 millones de pesos; el Frente para la Victoria de Daniel Scioli, 110 y el Frente Renovador de Massa, 57. Todo indica que se quedaron más que cortos: los especialistas en la materia dicen que el costo real de una campaña presidencial en Argentina ronda los 1.000 millones de pesos. Lo reportado, entonces, es apenas la punta del iceberg.

Como si esto fuera poco, y como a toda declaración impositiva de cualquier hijo de vecino, a los gastos subdeclarados, le corresponden ingresos subdeclarados. La campaña “en blanco”, la que los partidos dicen que gastaron durante la campaña 2015, se justifica, en parte, con los aportes que el Estado hace a los partidos políticos y, en parte, con donaciones particulares. El problema es que el blanco tampoco cierra: funcionarios que figuran en un listado sin saberlo, directivos de empresas contratistas, gente sin la capacidad económica para hacer los aportes que declaran. Prestanombres, qué tanto.

Pero estas maniobras, por más vox populi que sean en el ambiente político, necesitan ser probadas en la justicia. Ése es el trabajo de hormiga de los auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral.

Las personas encargadas de auditar las elecciones trabajan en un edificio de aspecto señorial ubicado sobre la avenida Leandro N. Alem, a dos cuadras de Casa Rosada. “Es un lugar grande, nos las arreglamos bastante bien”, dice uno de los secretarios.

Al Cuerpo de Auditores se llega subiendo por una escalera de mármol o tomando un ascensor antiguo hasta el tercer piso. Girando a la derecha se encuentra la puerta del despacho. No bien se abre, el papel lo invade todo: olor a papel, ruido de papeles que se rozan, las interminables pilas de fotocopias, folios, carpetas, membretes. Excepto por los monitores de las computadoras, nada parece indicar que corre el año 2016.

En este ecosistema se desarrolla el trabajo de hormiga de los auditores, uno de los cuales consiste en analizar los 3.727 informes financieros que los partidos políticos han presentado el año pasado. A esta tarea ciclópea están dedicados apenas siete auditores y un coordinador. En Alem 232, el reclamo es siempre el mismo:

—Siete tipos para controlar los balances de 650 partidos políticos, incluyendo las primarias, las generales y todas las categorías de cargos. Por más que usemos tecnología, así no hay cuerpo de auditores que aguante.

¿Y cómo se controlan los gastos de una elección? Antes que nada, a partir de lo efectivamente presentado. ¿Esta cena de recaudación de Scioli en Costa Salguero no salió sospechosamente barata? ¿Quién es esta persona que puso un millón y medio de pesos para la campaña de Macri? Hay que dudar de todo, o de casi todo. Leer entrelíneas, buscar movimientos sospechosos, hacer llamados.

—Buenos días, me comunico de la Cámara Nacional Electoral. Quería saber si me podría escanear la factura del vuelo privado que Sergio Massa contrató el 10 de octubre.

Los auditores saben que toda elección supone ingentes gastos en publicidad y logística: desde cartelería hasta pauta en medios; desde traslados y alojamientos hasta actos masivos en estadios de todo el país. Sin olvidarse, por supuesto, del día donde todo tiene que salir bien, cuando los partidos no pueden darse el lujo de regalar ni un voto. Lo repite cualquier referente “territorial”: sin transporte y vianda para los miles de fiscales no hay jornada cívica posible. Ellos son el aceite del motor, la música de la fiesta de la democracia.

Por eso, la fase dos de la auditoría es aún más difícil: detectar qué les faltó declarar a los partidos. Pequeños grandes detalles, como diez carteles gigantes en la Ruta 2, entre los kilómetros 37 y 116, con la cara de Daniel Scioli, o el cierre de campaña de Macri en el Centro Asturiano de Vicente López, de lo que nada figura en los registros.

A veces, los auditores contadores —cuyas edades van de los 30 a los 57 años— se ponen a tono con el zeitgeist tecnológico y cuelan en sus informes la respuesta que recibieron de gigantes tecnológicos como Google y Facebook. Así descubren, por ejemplo, “una diferencia de casi 900 mil pesos” entre los gastos que reportó el Frente Renovador en el programa Adwords y lo que Google informa que Massa le pagó a la compañía para promocionar su candidatura. Todo suma a la hora de juntar pruebas.

ALGO ESTÁ PASANDO ACÁ
La estrepitosa derrota del kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2009, aquella de las candidaturas testimoniales y los nombres Kirchner, Scioli y Massa encabezando la misma boleta, fue precedida por la reforma electoral más importante en la Argentina desde la Constituyente del 94. La Ley Electoral 26.571 traía consigo la creación de las PASO y algo quizás más inadvertido: la modificación de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, que desde entonces prohibió tajantemente las “contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas”. Aquel principio de prolijidad republicana pareció haber sido olvidado por el futuro presidente Macri, quien recibió para su última campaña tres millones de pesos de gerentes y empleados de empresas contratistas del Gobierno de la Ciudad y administraciones provinciales. Más que un mero conflicto de interés. Como publicó el sitio Chequeado, se trata de al menos 33 gerentes de agencias de publicidad, 20 de empresas de seguridad privada, siete de una constructora y cuatro de una empresa de higiene urbana. Todas contratistas de la gestión porteña o, en su defecto, del gobierno de Córdoba.

Para colmo, estas donaciones -casi el 10 % del total de aportes individuales declarados por la fórmula Macri-Michetti- fueron hechas a título individual, pero en efectivo y en un mismo día. La maniobra era evidente: esconder un aporte empresarial.

Así dicho, ese dato no está en ningún lado. Hubo que construirlo. La materia prima no podía ser más básica: un archivo pdf con una interminable lista de nombres y números de CUIT. Lo que hacen los auditores -y los buenos periodistas, que también pueden si quieren-  es cruzar esos datos. ¿Cómo? Ingresando cada uno de esos nombres y números de DNI (que se deducen del CUIT) en las bases de datos de la AFIP y la ANSES, para ver qué información “salta” sobre cada uno de los generosos donantes. Son miles. Solo en las primarias, el PRO presentó 849 nombres y el FPV, 1.616. Revisar cada uno de ellos es un trabajo de data entry perfectamente compatible con el síndrome de túnel carpiano.

Algunas irregularidades son evidentes a simple vista —por caso, José Manuel de la Sota declaró cinco millones de pesos de un único donante, identificado como “NN”— mientras que otros no ameritan mayores observaciones. En el medio, los grises: el joven de 26 años que aparece donando $ 95.000 para la campaña del PRO; los 204 nombres que desaparecieron del primer listado presentado por la fórmula Scioli-Zannini solo para ser reemplazados por otros 213.

La pregunta, entonces, sobre si se trata de delitos, se envuelve en la voz rasposa de Bob Dylan que oprime como una pesadilla el cerebro de los auditores:

—Porque algo está pasando acá pero no sabes qué es, ¿verdad, Mr. Jones?

LO MENOS TRUCHO POSIBLE
Después de leer cuatro carpetas y trece biblioratos con documentación respaldatoria, el contador León Derhovsepian entrega su informe de 29 páginas sobre el estado financiero de la campaña del FPV.

A Derhovsepian—un viejo lobo que ya le había encontrado irregularidades a la campaña que llevó a Hermes Binner a la gobernación de Santa Fe— no se le escapan los aportantes fantasma de Scioli. Más aún: en su reporte, revela que tres funcionarios de la agencia de recaudación ARBA se presentaron ante la Cámara para decir: yo nunca puse esa plata que dicen que puse (en lenguaje legal, claro). El auditor se interesa particularmente por el efectivo que circuló durante el fundraising sciolista en Parque Norte y la cena de gala kirchnerista en Costa Salguero. Una de las cosas que observa es que, si las crónicas periodísticas no mintieron, el dinero blanqueado en aquella cena fue notoriamente inferior al efectivamente recaudado. En otras palabras: subdeclaración de ingresos a la vista.

A Carmen de Las Heras, en cambio, le toca bailar con Cambiemos. Arquea las cejas cuando advierte que Orlando “Orly” Terranova, creador del portal MDZ online y gran beneficiario de la pauta publicitaria porteña, aparece poniendo plata junto a su hermana María. Para colmo, también advierte la presencia de una tercera Terranova en el listado: Marcela, integrante del directorio de Publicidad Sarmiento, empresa que ganó la licitación del mobiliario urbano porteño y que hoy opera el negocio de carteles en vía pública y paradas de Metrobús.

Su informe incluye otras delicias del prestanombrismo, como monotributistas categoría B (gente que declara ingresos anuales de $ 48 mil) poniendo 20, 30, 40 y hasta 50 mil en efectivo para la campaña amarilla. Estas irregularidades, sumadas al hecho de que el PRO no informó ningún tipo de pago a fiscales durante las agitadas jornadas electorales, es demasiado para Carmen de Las Heras. “No puedo aconsejar la aprobación del informe final”, escribe, “hasta tanto no sean subsanadas las observaciones formuladas”.

De nada sirve el descargo periodístico del apoderado del PRO, José Torello, que al ser confrontado con las irregularidades del informe financiero de su partido, protestó los requisitos de la ley y dijo en su defensa:

—Nosotros tratamos de ser lo menos trucho posible.

Pero, ¿qué pasa si Torello tiene razón? ¿Qué pasa si la letra de ley está pidiendo algo tan imposible que empuja a todos los partidos a dibujar su contabilidad?

Desde hace un tiempo, legisladores oficialistas y opositores discuten cambios a la ley electoral. En el macrismo proponen que las empresas puedan volver a aportar. No son los únicos. “Estoy de acuerdo en que se permita a las personas jurídicas poner plata para las campañas”, sostiene el ex director nacional electoral Alejandro Tullio. “Hay que sincerar los ingresos de campaña, manteniendo la prohibición del anonimato y bancarizando todo”.

Claro que también existe el riesgo de que este sinceramiento derive en una mayor desigualdad y, en ese sentido, el recuerdo de la campaña multimillonaria de Francisco de Narváez es aún muy reciente. Según la regulación post-Alica Alicate, el Estado hace un aporte en dinero a los partidos y regula la publicidad televisiva, algo valorado por politólogos y expertos. Avanzar en la dirección opuesta, recortando los topes de aportes y volviendo a permitir la donación empresaria en época de campaña, podría expandir el ya famoso “gobierno de los CEOs” al financiamiento político. Partidos como el Frente de Izquierda denuncian que la  movida es un paso hacia la “plutocracia” y reclaman una campaña “cien por ciento estatal”, sin aportes privados.

Ente un extremo y otro, entre lo existente y lo deseable, se encuentran las soluciones más sensatas, una caja de herramientas para quienes busquen reescribir las reglas de juego de la competencia democrática.

MEJOR NO HACER CIERTAS COSAS
Los auditores tienen dos grandes enemigos. Uno es la falta de recursos. El otro, el desinterés. En 2002, los jueces Rodolfo Munne, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera le pidieron a la Corte Suprema “la provisión de los medios necesarios” para poder tener “un plantel de al menos 15 contadores públicos nacionales”. No hubo respuesta. Seis años más tarde, el tono de la Cámara Nacional Electoral ya rozaba la desesperación. “Esta Cámara ha agotado ya todas las vías —formales y oficiosas— para expresarle a las autoridades competentes la necesidad de fortalecer la composición del Cuerpo de Auditores Contadores”, escribieron. Al día de la fecha el número de personas encargadas de controlar las cifras de las elecciones sigue sin superar la decena. (Existe un proyecto, impulsado por el oficialismo, para ampliar el Cuerpo como parte del paquete de reforma electoral; pero incluso si pasa, faltaría que la Corte Suprema lo apruebe).

Muchos informes, también, quedan en la nada. El mecanismo establecido por la ley argentina es claro: los auditores tienen siete meses para analizar los números de los partidos políticos y enviar su informe. A partir de ahí, la decisión de avanzar o no con la investigación pasa al área de Control Patrimonial de la Secretaría Electoral de la Capital Federal, es decir, a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.

Servini suele tomarse su tiempo. Para muestra, un botón: la jueza aún no decidió si aprobar o rechazar las cuentas de la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos tras las elecciones del 28 de octubre de 2007. Esto a pesar de que el listado que lleva la firma del recaudador Héctor Capaccioli incluye nombres como Gabriel Brito y Néstor Lorenzo y dinero que, más de uno sospecha, proviene de la mafia de los medicamentos y la famosa ruta de la efedrina. Para la jueza, no es posible tomar una decisión hasta tanto no se resuelvan las causas penales en la que se investiga el origen de esos fondos. En la Cámara discuten esta lectura. A punto de ingresar en 2017, dicen, las “cuestiones electorales” de una campaña tan vieja ya deberían estar resueltas.

Pero, ¿cómo se “resuelve” un caso? ¿Cómo se castiga a los responsables de haber omitido o fraguado información sobre ingresos y gastos en una elección? La mayor parte de las veces, la justicia electoral sanciona al partido infractor privándolo de ingresos estatales para la próxima campaña. Pueden ser tres o cuatro millones de pesos. Son muy pocos los casos en los que el castigo recae sobre el candidato que financiado. Al neuquino Jorge Sobisch, por ejemplo, le prohibieron volver a presentarse a una elección, pero la medida fue anulada más adelante. Y la opción de ir tras los responsables económicos tampoco parece ser la solución: en la última campaña, las encargadas de responder ante la Justicia por las irregularidades en los informes del PRO fueron dos jubiladas de 68 y 82 años que ni siquiera estaban enteradas de su rol partidario.

Pero las auditorías se hacen igual y ahí están, disponibles para todo aquel que quiera conocer cómo se financia la política en Argentina. A pesar de su bajo perfil, los auditores encaran día a día un trabajo más que necesario en los tiempos que corren. Les toca controlar, nada menos, que a los candidatos no los esté financiando el juego, la prostitución o el narcotráfico. Son los protagonistas improbables de una película donde los malos casi siempre ganan.

Entrevista a Fernando Rosso

por Federico Poore
Buenos Aires Herald, 26-07-2016

A 25 años de la última experiencia de un medio de izquierda con pretensiones masivas en Argentina, un portal de noticias comandado por el Partido de los Trabajadores Sociales (PTS) está retomando la posta. El contexto es radicalmente otro, pero el periodista Fernando Rosso — director de La Izquierda Diario — apuesta al profesionalismo y el manejo de las nuevas tecnologías para encarar el desafío.
En un café en el barrio porteño de Congreso a metros de su redacción, Rosso narra el crecimiento del portal desde su creación en 2014 y explica las razones detrás del éxito del ciclo “Conversaciones sobre la transición argentina”.

¿En qué momento deciden armar un medio masivo y por qué?
Se da como parte del crecimiento político y sindical de la izquierda. Uno de los motivos detrás de la decisión fue no tener que depender de las campañas electorales, momento en el que hay algún tipo de concesiones a los partidos políticos. Tratamos de mantener una voz propia que vaya más allá de los vaivenes de las elecciones: el objetivo es dar una pelea ideológica más permanente y ampliar el público al que llega la izquierda. Desde que Lenin dijo “lancemos un periódico nacional” como la expresión más avanzada de aquel momento, bueno, hoy lo más avanzado es Internet y las redes sociales. Ahora pasamos a 90,000 visitas diarias, un crecimiento muy importante. Tenemos, además, un montón de corresponsalías espontáneas.

¿Cómo hacen para combinar las corresponsalías con cierto nivel de profesionalismo?
Eso fue — y es — un aprendizaje. En el terreno periodístico y en el terreno de las redes sociales buscamos asesorías, hacemos capacitaciones periodísticas... Fuimos mejorando el nivel. Hay todo un sector al interior de la redacción, pero también del partido, que trabaja para darle un nivel periodístico a las denuncias que recibimos en las fábricas y en los lugares de trabajo, para lograr un producto de calidad.

¿En qué espejo se miran? Se me ocurren tres ejemplos históricos de intentos por hacer medios masivos de izquierda en Argentina: el diario Noticias en la década del ‘70, el diario La Voz allá por 1982-83, y el diario Nuevo Sur que editaba el PC en 1989-90.
Conocemos esas experiencias. Tienen puntos de contacto en cuanto al intento de hacer una experiencia más periodística, pero también tenemos diferencias.

¿Cuáles?
Las mayores diferencias tienen que ver en cuanto a la época, lo decía (Manuel) Gaggero a propósito de otra de estas experiencias — el diario El Mundo del ERP-PRT — sobre la cantidad de gente que se necesitaba, los problemas técnicos que tenían... Ahora con las redes sociales hay mucha gente que escribe espontáneamente, y entonces la profesión del periodista está “acompañada”, por así decirlo. Tomamos el espíritu de estas experiencias, pero también nos hacemos de las últimas técnicas disponibles para darle una voz mucho más potente a la izquierda. Estamos publicando unas 2,000 noticias mensuales, pero queremos llegar a las 3,000. También queremos dialogar con los grandes diarios, de allí los “Diálogos sobre la transición Argentina”, para lo cual entrevistamos a (Carlos) Pagni (de La Nación), (Horacio) Verbitsky (de Página/12), Julio Blanck (de Clarín) para brindar a los lectores una mirada más amplia de lo que se permite ver en sus columnas, ver de lo que dicen de la izquierda, y hacerle las preguntas que nosotros, desde la izquierda, les queremos hacer. O sea que el objetivo no es hacer solo una cosa “desde abajo” sino también desde arriba, que tenga una visibilidad mediática.

¿Hasta dónde llega la pretensión generalista del medio?
Deportes y Espectáculos no son las secciones más fuertes, pero hay noticias. Si es por pretensiones, queremos expandir Ciencia, Tecnología, Sociedad... Hay temas que son más espinosos para tratar desde el punto de vista de la izquierda, como Género y Sexualidades; un análisis crítico de cómo lo tratan los otros medios.

¿Cómo combinan el tema del online con el impreso? ¿Qué está incluido en la edición impresa?
La impresa es un semanario y hoy sale específicamente apuntado al público obrero, a trabajadores de la fábrica. Son dos redacciones distintas.

¿Qué tan grande es la redacción de La Izquierda Diario?
Hasta hace unas dos semanas, había unas 20 personas fijas, incluyendo la parte de redes sociales. Ahora implementamos tres actualizaciones diarias y buscamos colaboradores entre los miembros del partido — tenemos unos 2,500 a nivel nacional — para que manden noticias, con seis personas a la mañana, seis a la tarde y un poco más a la noche.

¿Hay gente rentada?
Sí, hay unas diez, doce personas rentadas en el diario. Pero el grueso es militante, sino no se podría sostener.

¿Cómo explicás el crecimiento de la página?
Estamos pensando cuánto tuvo que ver el fin de la luna de miel de la población con el gobierno de Macri. Las entrevistas también sumaron, vamos a ver si se mantienen.

¿De dónde sacan ideas para secciones? ¿Toman buenas ideas de medios comerciales para hacer más atractivo al sitio?
Hay un equipo técnico que trabaja en eso. Para el diseño de la página contratamos a un diseñador profesional, eventualmente buscamos asesores que manejan redes sociales para que manejen alguna campaña... Para las entrevistas, nos pareció interesante el formato “Conversaciones” de La Nación y las entrevistas que hizo la revista Crisis. Nos gustó la idea de que la izquierda “dura” dialogue con los principales editorialistas de la derecha, buscar un equilibrio periodístico para que eso sea atractivo. Vamos mirando permanentemente lo que hacen el resto de los grandes medios; ellos lo utilizan para sus intereses políticos y comerciales y nosotros no nos vamos a quedar afuera porque sea “burgués”, nos vamos a apropiar de todos los avances posibles.

En términos políticos, da la impresión que muchos en el PTS han armado un frente común con el kirchnerismo, o con militantes kirchneristas, para oponerse al gobierno de Macri. ¿Tienen lectores kirchneristas?
Acá hay que hacer un análisis político. Por un lado, buena parte del sistema de medios que armó el kirchnerismo entró en default por el fin de la pauta oficial. Por otro lado — y de la misma manera que paramos junto con la dirigencia sindical porque teníamos problemas comunes — para enfrentar al gobierno de Macri nos hemos unido a los cacerolazos que los grandes medios llamaron, despectivamente, “los cacerolazos del kirchnerismo y de la izquierda.” Pero entre los militantes kirchneristas hay una crisis de representación. El peronismo está girando a la derecha. Hoy vemos una idea de peronismo más moderado alentado por los medios (Randazzo, Massa, Bossio), y el kirchnerismo está quedando marginado por su rol en las causas de corrupción. Y como el kirchnerismo no arma un movimiento consecuente y sigue pegado al peronismo, creemos que hay muchos militantes que pueden encontrar ideas consecuentes en la izquierda.

¿Qué piensan sus socios en el Frente de Izquierda, en especial el Partido Obrero, sobre esta apertura?
Veo mucho conservadurismo político en el PO, ellos siguen sacando su semanario pero de a poco están renovando su página web. Leí una columna de (Jorge) Altamira y algunos comentarios de gente del PO diciendo que La Izquierda Diario es un diario muy generalista, que pone en la tribuna a los kirchneristas. Nuestra consigna en las elecciones en las que Nicolás Del Caño les ganó a Altamira fue “renovar y fortalecer el Frente de Izquierda.” Una izquierda que no se renueva en todos los terrenos es una contradicción de términos. Cuando lo sacamos dijeron que iba a ser como todos los proyectos editoriales de la izquierda, que no íbamos a poder sostener un ritmo diario y que íbamos a morir al poco tiempo, pero fuimos creciendo y hoy mucha gente lo sumó a su rutina informativa, está entre los portales que lee todos los días. Hoy lo más avanzado es estar en Internet, no sacar un diario impreso en un momento cuando todos los obreros tienen Facebook o está en grupos de Whatsapp.

¿Tienen pensado hacer traducciones de notas de afuera?
Todavía no lo hemos podido hacer, pero sería un servicio al público de izquierda en Argentina. Estamos por ejemplo pensando en traducir notas de la New Left Review.

¿Cómo ves a la izquierda de cara a las elecciones de 2017?
Dos datos. Uno: son legislativas y le dan más libertad al votante. A la izquierda le suele ir mejor en elecciones legislativas. Dos: el kirchnerismo está en crisis. Salvo que se arme un partido nuevo que tome las banderas del kirchnerismo, tenemos un espacio de gente que ha simpatizado con esa corriente que quiera votar a la izquierda.