Meter el juego en la campaña

por Federico Poore
El Diario del Juego, 04-03-2015

El titular del Frente Renovador Sergio Massa parece decidido a colar el tema del juego en la agenda electoral.

"Si se animan a los ferrocarriles estatales, ¿por qué no se animan a la estatización del juego? Necesitamos a los chicos en la escuela y en el deporte y no tirados en una esquina", dijo Massa ayer durante la inauguración de un jardín de infantes en Hurlingham.

No es la primera vez que lo sugiere: ya había lanzado idéntica propuesta el domingo pasado en su cuenta de Twitter, en lo que fue leído como una especie de chicana o contrapropuesta al anuncio de Cristina Kirchner sobre la estatización del servicio ferroviario.

No obstante, a pesar de los anuncios, Massa está lejos de tener un proyecto propio.
"Es algo que estuvimos discutiendo", dijo a este cronista el diputado massista Ignacio De Mendiguren. "Lo que busca Sergio es la opinión de los demás (líderes opositores)".

Ayer por la tarde, el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) lamentó que esta movida mayormente política haya tenido "menor impacto al esperado" y cuestionó al jefe de gobierno porteño y candidato del PRO Mauricio Macri por su silencio.

"Necesitamos saber quién está a favor y quién no. Pero evidentemente algunos macristas son muy cercanos al juego".

Graciela Camaño, también diputada del Frente Renovador, explicó a este cronista que la idea de traer el tema a debate era una manera de exponer tanto al PRO como al Frente para la Victoria (FpV) ya que tanto la Ciudad como el gobierno nacional han firmado contratos directos o indirectos con operadores de juegos de azar.

"Deberías preguntarle a Macri sobre los contratos", dijo Camaño refiriéndose a la adenda del convenio mediante los cuales la ciudad recibe parte de las ganancias del casino flotante de Puerto Madero y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo.

La jugada es más política que legal o legislativa. A diferencia de Macri o del gobernador bonaerense Daniel Scioli, sus principales rivales en la carrera presidencial, el ex intendente de Tigre podrá jactarse en público de no haber permitido nuevas salas mientras estuvo en el poder. La oposición le apuntará al Trilenium, el casino de Tigre, pero lo cierto es que la sala fue inaugurada en 1999 por Ricardo Ubieto, es decir que el casino ubicado entre el Tren de la Costa y el Puerto de Frutos ya llevaba ahí ocho años para cuando Massa llegó al municipio. (Por otra parte, como es sabido, la facultad de terminar o extender contratos con las salas de juego es facultad exclusiva de las provincias.)
Camaño justificó la propuesta de Massa sugiriendo que los casinos en Argentina alguna vez apelaron a un público de clase alta y tuvieron por objetivo distribuir sus beneficios a la ayuda social, pero que en los últimos años han aparecido un sinnúmero de las salas de bingo dedicadas a "esquilmar a los más pobres". Esta situación, argumentó, pide a los gritos la intervención del Estado.

Una movida difícil

Walter Martello, el ex titular de la Coalición Cívica (CC) en provincia de Buenos Aires y ahora parte del armado massista, admitió que impulsar la estatización del juego en Argentina es algo muy complejo.

"El tema es resolver la cuestión federal", dijo Martello, horas antes de asistir al programa Intratables para agitar el tema en televisión.

El juego es una de las facultades no delegadas de las provincias al poder central. El único ámbito donde existe una regulación federal es en el caso de las apuestas en el fútbol, el famoso juego de Pronósticos Deportivos (Prode). Esto significa que el Congreso de la Nación, donde revisten Camaño, De Mendiguren y el propio Massa, sólo pueden aprobar leyes que modifiquen el juego del Prode.

"Y esa es la parte más chica del negocio", dice Martello, que sugirió en cambio generar "un ente distinto" a Lotería Nacional.

Sin embargo, esto solo tendrá lugar "después de las presidenciales" en caso de que Massa sea electo, concluyó.

Chequeado a Santilli

Santilli: “El juego no lo maneja la Ciudad, nosotros no somos parte [del acuerdo firmado por Ibarra]”

por Federico Poore
Chequeado.com, 25-02-2015

El senador por el PRO aseguró que el juego no es competencia del Gobierno porteño. Sin embargo, la Ciudad es parte del acuerdo firmado con el Gobierno nacional en 2003, que fue sucesivamente renovado por la actual gestión.

Durante el programa “Intratables” emitido el 1° de febrero, el senador por el PRO, Diego Santilli, sugirió que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tenía control alguno de los juegos de azar en territorio porteño. “¡Si el juego no lo maneja la Ciudad! ¡El juego no lo maneja la ciudad! Hay un convenio que viene de la época del jefe de gobierno [Aníbal] Ibarra, que sigue vigente, y es lo que está vigente… nosotros no somos parte [de ese acuerdo]”, dijo durante un intercambio con los panelistas del programa.

Sin embargo, la afirmación es falsa. La administración de juegos de azar es una facultad que la Ciudad reservó para sí en su Constitución. Además, existe (y funciona) un Instituto de Apuestas de la Ciudad creado por iniciativa de la Legislatura porteña. Si bien en 2003 un convenio firmado entre Lotería Nacional y el entonces jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, negoció el destino de lo producido por el juego, con el objetivo de ponerle fin a una guerra entre jurisdicciones que data de los primeros intentos de Ciudad de instalarse como ciudad autónoma, el macrismo nunca denunció ese acuerdo y hasta aprobó uno propio en diciembre de 2013.

El artículo 50 de la Constitución de la Ciudad aprobada en 1996 especifica que “la Ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión salvo en lo que se refiera a agencias de distribución y expendio. Su producido es destinado a la asistencia y al desarrollo social”. De hecho, el Gobierno local maneja su propio Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad, creado por la Legislatura en 2002 y que hoy dirige Néstor García Lira. Las atribuciones y funciones del organismo pueden consultarse en su sitio web.

Es cierto, como señala Santilli, que Ibarra firmó un convenio con Lotería Nacional para comenzar a recibir al menos una parte de lo que Nación recauda por el juego en territorio porteño. No menos cierto es que aquel acuerdo se hubiera caído si el macrismo lo hubiera denunciado, algo que no sucedió y podría haber pasado.

“Es muy simple. El convenio se renueva automáticamente cada cuatro años. Si una de las partes no quiere continuarlo, debe notificarlo fehacientemente a la otra con 120 días de antelación. A raíz de esto se desprende que el Gobierno de la Ciudad no ha tenido vocación de rescindirlo en más de una oportunidad desde que comenzó el actual mandato”, explicó a Chequeado Juan José Marc, director del sitio especializado El Diario del Juego.

Durante los dos mandatos del macrismo en la Ciudad se sucedieron hechos concretos en relación al juego que desmienten la frase de Santilli. En 2008, y como recuerda el propio Macri, el PRO impulsó la Ley 2.997 con el objetivo de comenzar a cobrar Ingresos Brutos al juego en territorio porteño. Los empresarios del juego fueron entonces a la Justicia, para litigar el cambio de condiciones en su actividad. La disputa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2011 falló a favor de la Ciudad.

Cinco años más tarde, tras una propuesta del entonces líder de la bancada de legisladores PRO Cristian Ritondo, la Legislatura porteña aprobó una adenda al convenio vigente con los operadores de juego.

Macri argumentó entonces que a pesar del fallo de la Corte Suprema, una serie de cautelares le impedían el cobro efectivo del impuesto, por lo que era más conveniente arreglar un acuerdo por un monto menor, 3% de lo producido, pero que pudiera efectivamente recaudarse (ver acá y acá).

“Lo que hicieron Cristóbal López y [Federico de] Achával es decir: yo te pago voluntariamente un 3 por ciento de lo producido si me perdonás los ingresos brutos de todo lo producido hacia atrás, mientras que la Ciudad tampoco me cobra Ingresos Brutos hacia adelante mientras se mantengan las cautelares” que frenan el cobro, explica Andrés Gil Domínguez, que denunció el convenio en una causa que tramita la jueza Elena Liberatori.

En respuesta, Liberatori -titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 4- congeló la cláusula 3.2, apartado en el que el Gobierno porteño renunciaba a cobrar Ingresos Brutos al Casino Flotante y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo. Sin embargo, la Sala I revocó la cautelar y hoy el convenio promovido por el Gobierno de la Ciudad está plenamente vigente, por lo que renunció a la potestad de cobrar los ingresos brutos.

En conversación con Chequeado, Santilli explicó que se había querido referir a las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo y no a todo el juego en la Ciudad. “Yo no quiero juego en la Ciudad, pero esa es mi posición personal. Yo estoy en contra del juego”, afirmó.

“No tuve tiempo de explicarlo en el programa -dijo el senador PRO-. A lo que me quise referir, que no estaba bien explicado, es que la Ciudad tiene un convenio que no nos está permitiendo cobrarle ingresos brutos. Es un tema complejo. La Ciudad tiene una pseudo-coparticipación, que entra como compensación [a que el juego en la Ciudad es manejado por Lotería Nacional]. Y lo que planteamos con [el entonces presidente del bloque de la Coalición Cívica en la Legislatura Enrique] Olivera para subsanar [esta situación] era cobrar ingresos brutos”.

Judge kicks Media Law to next gov’t

por Federico Poore
Buenos Aires Herald, 05-02-2015

Media group’s star journalist get key injunction buying time for conglomerate, this time for good

It’s over. President Cristina Fernández de Kirchner will not be able to split up the Clarín Group before she steps down from office.

Judge Pablo Cayssials yesterday issued an injunction freezing the forced divestment of the country’s largest media conglomerate, as ordered in October by the AFSCA media watchdog, following a claim by a number of the group’s journalists.

The judge even resorted to biological imagery to stress that the legal feud between the government and the country’s largest media conglomerate is only getting started, saying the case was still in the “larval stage.”

The AFSCA, led by Martín Sabbatella, “began the forced divestment process... without a previous notice that would have allowed the affected group to comment on it,” the judge said. That means resolution 1121/14 “may affect the freedom of expression” of the journalists who filed the lawsuit requesting the injunction.

This is the second preliminary injunction granted to the media group led by CEO Héctor Magnetto: a similar one was issued in November by Civil and Commercial Judge Horacio Alfonso. Both measures make clear that AFSCA will not be able to move forward with the appraisal of Clarín’s licences and the call for tenders for its excess licences.

“Anyone following the case would have been able to see, from the very day Sabbatella told reporters he was moving forward with the forced divestment of Clarín, that this would lead to a long legal battle,” media expert Martín Becerra told the Herald.

The ruling

The first thing Judge Cayssials did was to accept Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Lanata, Magdalena Ruiz Guiñazú and other popular Clarín Group journalists as plaintiffs. It was a controversial move, because they were calling to suspend the media watchdog’s resolution on the grounds that the media outlets they work for could change hands. But as AFSCA had argued in its response to the original demand, the law does not grant the right “to choose a specific employer.”

“What’s interesting about this is that these journalists base their case on defending the legitimacy of the Media Law, saying the government is violating its spirit... when we all believed that they — Magdalena (Ruiz Guiñazú) for example — were actually against the very letter of the law,” Becerra said.

The judge also pointed out yesterday that the media watchdog appeared to change its mind half-way through Clarín’s voluntary divestment process — which in turn had begun after the Supreme Court deemed the Media Law constitutional in October 2013.

Even though at first AFSCA “acknowledged it was trying to favour the implementation of the voluntary (divestment) plans... it began the forced divestment process” of Clarín’s excess licences on October 8, 2014 without proper notice, the ruling explained.

His preliminary injunction, the magistrate concluded, seeks to avoid the “irreversible harm” that would result from selling Clarín’s licences, whether one counts the 237 that AFSCA claims the conglomerate holds or the 158 the group recognizes as its own. The move — a logical part of the forced divestment process as set by the law passed in 2009 — includes taking the case to the National Appraisal Tribunal (in order to put a value on the affected assets) and a call for tenders for the excess licences.

What’s Next?

Hours after the ruling was known, the media watchdog issued a news release in which Sabbatella spoke about the historical perspective, seemingly acknowledging the case would be long.

“History will remember (the judges who provided the injunctions) as employees of political and media powers who used twisted legal arguments to guarantee impunity and privilege to media monopolies,” the AFSCA chief said.

The national government may now call to join two cases together as it challenges the preliminary injunction — but the last stop of this train is the Supreme Court.

In other words, yesterday’s decision was the last nail in the coffin for those who wished to witness a quick implementation of the anti-trust mandates of the Broadcast Media Law.

The president’s anti-trust dreams — shared by many non-Kirchnerite activists — have come to an end, this time for good. At least for her administration.

Cambios en inteligencia: antigua deuda

Overhauling spies: long overdue

por Federico Poore
Buenos Aires Herald, 27-01-2015

Proposed overhaul comes after incomplete 2001 law and several failed attempts

The all-out intelligence war that has plagued the country over the past few weeks has led President Cristina Fernández de Kirchner to call for a wholesale reform of the secret services.

For many this reform is long overdue. Over the past few days, the Herald has talked to experts about the issue, who explained possible reasons for the lack of concrete action on this matter and emphasized that it is essential to differentiate between a mere shakeup of top leaders and a comprehensive, democratically minded reform of the intelligence sector.

“Since its origin, the Intelligence Secretariat has been linked to military power. In fact, the agency strengthened with each military dictatorship,” sociologist and National Scientific and Technical Research Council (Conicet) researcher Paula Canelo told the Herald.

It was Juan Domingo Perón who created the relatively small State Intelligence Coordination (CIDE), but dictators Pedro Aramburu — head of the “Revolución Libertadora,” the military government that overthrew Perón in 1955 — and Juan Carlos Onganía expanded its objectives and personnel, renaming it the State Intelligence Secretariat (creating the now-famous acronym SIDE), a structure that lasted until 2001.

Canelo, one of the country’s foremost experts on military issues, said the turning point was the 1976 coup d’état, after which the spy agency became one of the major limbs of the repressive regime led by Jorge Rafael Videla.

When democracy returned to the country and Raúl Alfonsín took office in 1983 there was an authoritarian character to much of the intelligence arm of the government.

Under Alfonsín, the SIDE remained one of the few areas that was granted a confidential budget, able to spend money at will without oversight, Canelo recalled. The intelligence agent Raúl Guglielminetti, for instance, was even part of the presidential security detail.

“Starting in 1984, the government tried to purge the SIDE, sweeping aside high-ranking officials from the secretariat, because it knows the intelligence agency is one of the offices still dominated by the Armed Forces.”

Their response was almost immediate.

“The level of political dispute, attacks and internal upheaval was very acute. It was quite clear that Alfonsin’s effort to purge the agency had resulted in a dramatic increase of the so-called ‘unemployed workforce’ of former spies,” the expert added. “This is one of the keys as to why governments would not dare to implement reforms of the intelligence system.”

Too many powerful people without jobs.

An incomplete ‘basic consensus’

The intelligence system during the conservative government of Peronist leader Carlos Menem was further damaged by the 1994 bombing of the AMIA Jewish community centre as the SIDE played a major role in the cover-up of the case, said Paula Litvachky, director of the justice and security area of the CELS human rights organization.

Former car dealer Carlos Telleldín was illegally paid US$400,000 by former federal judge Juan José Galeano to provide a false statement to implicate Buenos Aires province policemen in the attack — money that came directly from the SIDE coffers.

“In the AMIA case this was pretty clear, when we note the relationship between special prosecutor Alberto Nisman and some areas of the Intelligence Secretariat. The very Judge (Rodolfo) Canicoba Corral talked about these ties,” Litvachky added.

But before purging the SIDE, democratic governments faced another titanic task: creating a single, national intelligence system, because “the partial reforms that took place during these years were the result of immediate political needs,” Canelo said.

The National Defence Law was approved in 1988, following the Carapintada Army mutiny led by Aldo Rico. The Domestic Security Law came next, approved in 1991, in the midst of the attack on the La Tablada barracks. And then there was the National Intelligence Law that had been quickly approved in November 2001 during the administration of Fernando De la Rúa — and was widely seen as a direct regulatory response to the September 11 terrorist attacks.

According to the Conicet expert, one of the greatest achievements of that legislation — which transformed the former SIDE into the Intelligence Secretariat, or SI — was preventing the military from taking part in domestic security affairs. Other than that, it failed, stopping short of the most important task.

“It was a national intelligence system that was based on a basic consensus. But it was not thought of as the legal framework for democratic governance of intelligence.”

Association for Civil Rights (ADC) Access to Information Director Ramiro Álvarez Ugarte agreed with Canelo’s main premise.

“It was a good law, and it meant a step forward because it explicitly forbid anti-democratic practices such as domestic espionage,” Álvarez Ugarte told the Herald.

However, he said, one of the problems with the law is that it concentrates the capacity to wiretap private communications inside the Judicial Observations Office (DOC), referring a department working for the courts best known as the “Ojota.” (Fernández de Kirchner called for the dissolution of this department last night as part of her broad intelligence overhaul).

“This concentration means that no security force is — theoretically — able to intercept private communications and that any judge who wants wants to authorize a wire-tap must do it through the Intelligence Secretariat, an organism that is controlled by the Executive Branch.”

Small problem, big problem

The ADC expert brought up the issue of the internal intelligence rift, that not only includes veteran spy Antonio “Jaime” Stiusso, a high-ranking intelligence official who has outlasted all the administrations since the early 1970s — including 12 years of Kirchnerite governments.

This battle also involves Army Chief César Milani, a former head of military intelligence, who’s reportedly more trusted by the president than the SI itself. It may also explain the intelligence shake-up of last December, when SI’s chief Héctor Icazuriaga and his number two, Francisco Larcher lost their positions.

“In our last reports we talked about cases of abuse involving former SI agents that have become part of a network of self-employed spies, as well as (cases of abuse) by Border Guards and the Federal Police,” Álvarez Ugarte said.

The problem goes beyond the SI and also includes security forces and the Armed Forces, he concluded.

In that sense, Canelo says it’s necessary to distinguish between two problems.

“One thing is to clean up the mess, to conduct a sweeping purge (of the agency). But there’s another level that involves creating a democratic national intelligence system.”

Enlace

Entrevista a Martín Sabbatella

"La obligación es tratar los otros planes en forma igualitaria, no en forma simultánea"

por Federico Poore

El 8 de octubre se aprobó la adecuación de oficio de Clarín. ¿Cómo sigue esto?
Ahora hay que llevar el caso al Tribunal Nacional de Tasación para que tase [las licencias]. Después AFSCA determina qué es lo que se concursa, y las licencias se ponen a concurso público.

O sea que no hay forma de que Clarín pueda volver al camino de la adecuación voluntaria.
No, la adecuación voluntaria está finalizada. Clarín intentó hacer trampa, el Estado detectó la trampa y suspensión la adecuación voluntaria. El AFSCA les dio todas las posibilidades. Primero le permitió sumarse a la adecuación voluntaria presentada por su socio el 5 de diciembre [de 2012], luego recibió un plan de adecuación en noviembre [de 2013] y para febrero ya había admitido ese plan. Propone dividirse en seis unidades, y esas unidades cumplen con los requisitos de la ley: ninguna de ellas está excedida de los límites. Pero en el siguiente paso, cuando traen los nombres –y AFSCA obviamente tiene que investigar si no hay vínculos societarios– nos damos cuenta que existe esa trampa. Por lo cual es mentira lo que dijo el Grupo Clarín de que hemos aprobado un plan que después le desaprobamos. Lo que aprobamos es una estructura de cómo iba a quedar conformado el grupo, sin nombres. También es mentira que no le informamos y que no respondieron. Le informamos sobre los vínculos societarios que estaban teniendo.

Se refiere a la famosa Nota 640, cuestionada por los directores por la oposición.
Ahí dijimos: ustedes dicen que se dividen, pero los fiduciarios de los fideicomisos que administran las Unidades 1 y 2 son socios de estudios jurídicos cruzados. Ellos contestan que no, que no hay vínculo societario, que si lo hubiera estarían violando el Artículo 48 [de la Ley de Medios]. Reconocen que tienen que ser independientes. Pero los propios vínculos con su estudio ya son una sociedad comercial. No son dos médicos que comparten un consultorio: son dos médicos que abrieron una clínica. De hecho, esos abogados son socios en otras empresas, por fuera del famoso estudio jurídico. Pero aún sacando los abogados, Ernestina, Magnetto, Aranda y Pagliaro tienen sociedades cruzadas en Argentina, Panamá, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Marcelo Stubrin y Gerardo Milman sostienen que AFSCA no pidió la opinión de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (CNDC).
En el Artículo 48 la ley establece que antes de autorizar [la transferencia de licencias] el AFSCA tiene que evaluar estos cruces. La CNDC debe evaluar que las empresas no se cartelicen o lleven a cabo prácticas desleales, pero después de que estén constituidas las empresas.

Clarín y los representantes de la oposición argumentan que el Grupo no tuvo tiempo para defenderse.
Es también es falso. Sabían que el cruce entre sociedades estaba prohibido y lo escondieron. La principal preocupación que debe tener el directorio de este organismo es si las empresas de medios cumplen o no con la ley. Es mentira que el miércoles 8 tenían que estudiar el expediente. Lo que no sabían es que yo iba a tratar el dictamen sobre tablas, pero eso está dentro de las facultades de cualquier director.

Si Milman o Stubrin agarraban el expediente en septiembre, ¿podían encontrarse con todo lo que se le planteó a Clarín? ¿No hubo varios elementos nuevos el 8 de octubre?
Las condiciones [impuestas] a las señales ya estaban en el expediente. Los vínculos societarios en relación a Nueva Zelanda o Panamá, [no]... pero los vínculos entre los estudios jurídicos sí. Hubo muchas cosas nuevas, pero si mirás el acta del directorio no hubo ningún pedido de cuarto intermedio. La otra cosa es que ya pasaron quince días.

¿En qué sentido?
[Milman y Stubrin] estudiaron y leyeron el dictamen. ¿Y entonces? ¿Se puede o no se puede tener empresas cruzadas en Panamá, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos? Suponete que no les gustó votar sobre tablas. Quince días después, ¿Milman y Stubrin respondieron a mi pregunta? ¿A Milman le parece razonable que se le dé una señal [a otro licenciatario] sin perder el control [sobre esa empresa]?

¿Se va a mantener el esquema original de las seis empresas?
Puede ser que sea sobre la misma lógica de lo que se aprobó. No estamos obligados, pero puede ser. Mantener la misma estructura [que presentaron en noviembre de 2013] es una posibilidad.

¿Le van a dejar a Clarín la Unidad 1, la que tiene TN y Radio Mitre?
Clarín no puede tener la Unidad 1 y la Unidad 2. O mantiene la 1 o mantiene la 2. Veremos cuál es el plan del concurso.

LOS OTROS GRUPOS
¿Qué pasa con los planes de adecuación de Telefónica, Telecentro, Prisa...?
Hay tres planes que no se trataron: Telefé, Prisa y [los medios de Raúl] Moneta. Hay 40 planes de adecuación. Se trataron 37. Tres, no. La obligación es tratarlos en forma igualitaria, con la misma vara, no en forma simultánea. Las prioridades las establece el AFSCA y sus equipos y ya se trataron 37 de 40 expedientes.

El único plan grande es el del Grupo Ick.
Se trató DirecTV, Supercanal, Telecentro, el Grupo Índalo... Ojo, no están terminados. Se admitió su plan de adecuación, no están "cerrados". Cerrados hay siete. [Planes] clausurados, de los [grupos] grandes no hay ninguno.

Hace un año su argumento era "no podemos desconcentrar a los más chicos sin desconcentrar primero al más grande porque en tal caso agudizaríamos la concentración". Luego, el argumento de AFSCA fue que todos los planes iban a ir "al ritmo de Clarín". La pregunta es, ahora que se trató el plan de Clarín, si hay alguna fecha para tratar estos otros planes.
No sabemos una fecha, pero vamos a tratar todos los planes. La intención del organismo es no agudizar un problema que teóricamente tiene que venir a resolver. Nuestra función es combatir la concentración mediática, sea con la empresa que sea.

¿Hay chances de que algún otro grupo se le aplique la adecuación de oficio?
Cualquiera que esté en un proceso de adecuación voluntaria e intente hacerle trampa a la ley puede correr la misma suerte e ir a la adecuación de oficio. Todos tienen las mismas exigencias. A todos se les dio mucho tiempo, pero una cosa es usar el tiempo para cumplir con la ley –no es fácil vender– pero otro es usar el tiempo para hacer trampa.

El 10 de octubre se cumplen cinco años de la ley de medios. ¿Qué éxitos y fracasos acumuló en este tiempo?
El primer año la ley estuvo parada totalmente. Y en cuatro de esos cinco años, también estuvo frenada la adecuación. Es decir que en materia de adecuación la ley solo estuvo vigente un año... Y a pesar de eso hago un balance muy positivo. Pero vimos una profunda transformación, un anclaje federal que rompió la lógica del área metropolitana de Buenos Aires. La ley ha hecho que en muchas ciudades del interior esté la primera radio, la primera señal [de TV] o la primer productora audiovisual. Hay cientos de nuevas radios y canales en todo el país. La exigencia de contenidos locales e independientes ha logrado 6.000 horas de contenidos nuevos. Hay 160 cableoperadores nuevos en el país, muchos de ellos cooperativas. Hay radios y canales de pueblos originarios, de universidades, de escuelas...

No mencionó ningún fracaso.
Hubo concursos que tuvimos que hacer de vuelta. Fue un proceso de ensayo y error, porque la ley es nueva. Quizás los precios de los pliegos [para participar de concursos para otorgar nuevas licencias] para las organizaciones populares y sin fines de lucro hacían justamente que estas organizaciones no pudieran participar. Los fondos del Fomeca se podrían haber puesto antes... Pero insisto: no es una ley que se pudo aplicar tranquila desde el primer día.

Ir hacia una adecuación de oficio, ¿no favorece la judicialización del proceso de desconcentración de Clarín?
¿Qué pueden ir a decir a la justicia? "¿Quisimos hacer trampa y nos descubrieron?"

Bueno, en 2009 encontraron jueces amigos.
Eso puede pasar. Pero lo cierto es que el AFSCA no puede aprobar un plan que viole la ley. "Che, para que no vayas a la justicia, aprobémosle este mamarracho". La ley hay que cumplirla.

La oposición argumenta que hubo una orden política para avanzar con la adecuación de oficio.
No hubo ninguna orden política. La única directiva que me dio la presidenta fue hacer cumplir la ley, sin excepciones para nadie. Nunca hablamos de un expediente en particular.

¿No cree que la aplicación accidentada o fallida de la Ley de Medios le da letra a quienes quieren cambiar o derogar la ley?
Los que quieren derogar la ley lo quieren hacer porque son representantes de esos intereses corporativos. No creo que haya una aplicación fallida de la ley. Todo lo contrario: hay quienes intentan violarla y nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer.


Una versión en inglés de esta entrevista se publicó en la edición impresa del Buenos Aires Herald del 28 de octubre de 2014. 

Entrevista a Alfredo Pucciarelli y Paula Canelo

"Cada vez que la protesta crece, reaparecen los intentos de militarizar la seguridad interior"

por Federico Poore











Los tiempos de la política argentina son tan veloces que a veces resulta difícil zambullirse en el zeitgeist de hace 14 años, cuando la teoría de los dos demonios hacía escuela, aún estaban vigentes las llamadas Leyes del Perdón y el ministro de Defensa era Ricardo López Murphy.
Los sociólogos Alfredo Pucciarelli y Ana Castellani recogen el guante en Los años de la Alianza, libro que analiza los vertiginosos acontecimientos de la etapa 1999-2001. Uno de sus principales capítulos, escrito por la investigadora Paula Canelo, estudia los vaivenes de las Fuerzas Armadas en el marco del gobierno de Fernando De la Rúa.
Pucciarelli y Canelo reciben a Viernes en un bar de Caballito y reconstruyen el rol indefinido de las fuerzas armadas y las tensiones con el área seguridad, un dilema que tiene puntos de contacto con el presente.

¿Cómo definirían la situación en las fuerzas armadas en aquel entonces?
Paula Canelo: La cuestión militar era una herencia pesada para el gobierno de la Alianza por tres motivos. Primero, por la reapertura en el frente de derechos humanos (que se había mantenido en estado de hibernación durante los primeros noventa), incluyendo la aparición de una organización como H.I.J.O.S. y la apertura de causas que pedían la extradición de militares argentinos en Italia y España. Luego está la reconfiguración internacional de las Fuerzas Armadas con la aparición de las llamadas nuevas amenazas, riesgos vinculados a fenómenos muy difusos como el narcotráfico, las guerrillas o los movimientos indigenistas. A pesar de que por ley tenían prohibida la intervención en seguridad interior, comienzan a ver en estas amenazas la posibilidad de darse un nuevo rol. En tercer lugar, la cuestión presupuestaria, con Menem profundizando la línea de reformas iniciada por Alfonsín ya que consideraba a las Fuerzas Armadas como parte del aparato estatal que había que achicar. Pero detrás de todos estos problemas hay un gran tema.

¿Cuál?
P.C.: La incapacidad de los gobiernos civiles post-dictadura para otorgarle a las fuerzas armadas un rol consistente en democracia, más allá de tenerlas apartadas de la seguridad interior. Y el gobierno de la Alianza no tiene políticas que puedan revertir esta situación porque el problema militar era un problema secundario frente a otros, como el problema económico o la pérdida del poder político.

¿Cuál era el perfil de Ricardo Brinzoni, a quien De la Rúa nombró jefe del Estado Mayor del Ejército?
P.C.: Tanto su nombramiento como el de Ricardo López Murphy en Defensa son señales claras. Se buscaba llevar tranquilidad.
Alfredo Pucciarelli: Parte de un pacto de no agresión.
P.C.: Recordemos que las fuerzas armadas venían de las autocríticas de (Martín) Balza y otros pronunciamientos sobre la necesidad de abrir una nueva etapa en la historia de las fuerzas. La designación de Brinzoni busca clausurar estos episodios de autocrítica. En cuanto a López Murphy, es un radical de larga data, con perfil técnico, tenía posgrados en el exterior... era lo que podríamos decir un ministro técnico.

Hay una paradoja con López Murphy. Estaba muy alineado con el discurso político de la “reconciliación”, pero económicamente era uno más de los ministros ajustadores. De hecho, es quien termina llevando el presupuesto de Defensa a mínimos históricos.
P.C.: En ese momento todos los militares estaban recluidos en su resistencia frente a nuevos achiques, salvo Brinzoni, que se dedicó a reunificar a la gran familia militar. Pero Brinzoni y López Murphy forman una dupla sólida al frente del binomio Defensa/Fuerzas Armadas. El ajuste se compensa con la promesa de no profundizar cuestiones vinculadas a los derechos humanos.

¿Qué sucede en marzo de 2001 cuando se declara la inconstitucionalidad de las leyes del perdón?
P.C.: Mirando las declaraciones de militares del período, la sensación es que están al borde del abismo, que la desintegración está a un paso. Aunque lo más interesante es ver no lo que hacen los militares en actividad (que tienen ciertas responsabilidades) sino los retirados, que en ese momento se agrupan en distintas asociaciones cívico-militares y que tienen más posibilidad de hablar. Además tienen sus propios medios de comunicación, como el diario La Nación, que les dio mucho espacio para hablar sobre cuestiones como las hipótesis de conflicto, la pérdida de autoridad del gobierno y el avance de la protesta social. Son los mismos militares que en los noventa habían sido opositores acérrimos de Balza. Y muchos de ellos, como (Reynaldo) Bignone, eran procesistas.

¿De dónde vienen los intentos de aquellos años por llevar las fuerzas armadas a nuevos roles en seguridad interior?
P.C.: Los límites entre estos bandos son muy difíciles de establecer. Por un lado están los partidarios de la militarización, que apoyan la intervención en la lucha contra el narcotráfico y el control de la protesta social, por el otro aquellos que (Marcelo) Saín llamó defensores del consenso básico en materia de seguridad. Pero los bandos se entrecruzan: en el primer grupo hay jefes de Estado Mayor, senadores, diputados, altos funcionarios... pero en el otro grupo también. El bando de los opositores a la militarización se activa sobre todo a nivel parlamentario (piden informes al Ministerio de Defensa sobre planes que especulan en torno a estas "nuevas amenazas"). Resulta interesante cruzar esta agenda con la de la protesta social, porque cada vez que la protesta crece, aparecen intentos institucionales de avanzar en la militarización de la seguridad interior. Es decir que avanzan juntos.
A.P.: Esta búsqueda de volcar hacia la derecha la agenda de seguridad termina neutralizada porque hay una situación de empate. Cada una de estas fuerzas tiene la capacidad de bloquear el desarrollo de los proyectos del oponente pero no la capacidad de imponer el suyo propio.

Después de López Murphy viene Horacio Jaunarena. ¿Qué cambia con él?
P.C.: Jaunarena es un ejemplo muy particular dentro de la historia de la defensa de los últimos cincuenta años. Nombrado por Alfonsín luego de la muerte de dos de sus ministros de defensa, por entonces era prácticamente desconocido, de hecho había ocupado una concejalía en Pergamino y nada más. Pero llega y se queda en un contexto que habría justificado la salida de 14 ministros. Toda la era carapintada Jaunarena la sobrevive y se transforma en uno de los funcionarios más importantes de Alfonsín. En la época delarruísta, es convocado por su pertenencia política a la parte más conservadora de la Unión Cívica Radical y por su experiencia en el área de defensa, una de las cualidades menos habituales en todos los ministros de defensa argentinos.

Con el recrudecimiento de las protestas a mediados de 2001 reaparecen dos áreas, una que habla de infiltrados y pide la presencia del Ejército y otra más dialoguista entre las que se destaca Juan Pablo Cafiero. ¿Cómo se dan estos cruces al interior del gobierno?
P.C.: Todas las agendas se vieron bloqueadas por este enfrentamiento permanente entre las dos almas del gobierno de De la Rúa: una muy vinculada a la represión de las protestas sociales, con (Juan Pablo) Baylac, Patricia Bullrich, y un ala más moderada que se va a ir retirando progresivamente. Pero me parece que la imagen de Juampi Cafiero yendo a dialogar a Salta (N.d.R.: en medio de los cortes de ruta en Mosconi) es más bien un manotazo de ahogado del gobierno de la Alianza. Pero también hay algo para aprovechar: la protesta se va institucionalizando, con lo cual aparecen interlocutores, actores con los que hablar. El problema en diciembre de 2001 es que desaparecen los interlocutores.
A.P.: Para entender este conflicto hay que analizar también el rol ambiguo del alfonsinismo. Alfonsín apoya la línea de oposición, pero cuando el conflicto crece reaparece el síndrome Illia, el fantasma de lo que (Ricardo) Balbín le hizo a (Arturo) Illia, y entonces retrocede. Los conflictos aparecen, crecen, y se congelan dentro de la Alianza pero se aíslan para mantener una mítica unidad alrededor de una coalición que ya no sirve más.

Para sorpresa de muchos, una vez que el gobierno colapsa los militares no actúan como partido militar ni produce un golpe. ¿Esto tiene que ver con la disgregación de las fuerzas?
P.C.: Recordemos que los militares ya habían pasado por un momento de crisis fundamental en el cual no intervinieron, que es 1989. Hay una postura muy decidida en los estados mayores de no intervención, dado que posibilidad de proyectar el futuro de las fuerzas implica la no intervención en conflictos políticos. Muchos podrán argumentar que las fuerzas armadas temían sanciones. De hecho, mucha de la literatura que ha intentado explicar el posicionamiento militar después del Juicio a las Juntas lo explica en ese sentido. Pero para mí no es solamente el miedo a la sanción sino también una política institucional muy clara: la de reconciliarse con la sociedad.
A.P.: Visto desde los años posteriores, está claro que en la región habían cambiado los modos de resolver los conflictos entre los distintos sectores sociales. Esto se instaló, más que por virtudes propias de las clases gobernantes, por el defecto de haber manejado indiscriminadamente la presión militar para resolver problemas sociales. Las clases altas o los sectores empresarios, que siempre habían apelado a este recurso, empezaron a diseñar un cambio de estrategia, lo que también terminó influyendo en el cambio de perspectiva de los propios militares.


LAS FUERZAS DESPUÉS DE GARRÉ
Es brutalmente honesta la frase de Eduardo Duhalde que abre el capítulo: "Nuestras Fuerzas Armadas existen, pero no sabemos para qué". ¿Se revierte esto a partir del nombramiento de Nilda Garré?
P.C.: Garré es la primera mujer que llega al cargo de ministro de Defensa en toda la historia argentina. Es a partir de su gestión donde se sientan las bases de aquello que los especialistas llaman una agenda de la defensa. Los gobiernos anteriores habían hecho reformas –muchas muy profundas, como cuando Alfonsín modificó su diseño orgánico– pero no había una mirada integral sobre las fuerzas. Y en este sentido, los intentos de "privación" sin el otorgamiento de un rol consistente no hizo más que agravar la situación. Hay que recordar que el gobierno de (Néstor) Kirchner comenzó con la gestión de (José) Pampuro, una persona de confianza de Duhalde, cuyo objetivo fue pilotear los malestares. Durante los primeros años se produjo un descabezamiento de las cúpulas, pero esta política inédita no fue acompañada por una política de defensa. Cuando llega Garré comienza una un proceso de autonomización de la agenda militar como problema de la agenda pública. (Arturo) Puricelli y (Agustín) Rossi han continuado esa línea.

¿Existe en la actualidad un intento de colocar a las Fuerzas Armadas más allá de lo que indica la Ley de Seguridad Interior? Sobre todo con el operativo Escudo Norte o el nuevo rol de Gendarmería.
P.C.: No. Rossi tiene una visión muy consistente acerca de que las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con lo que sucede en el ámbito de la seguridad interior. Hay, sí, una nueva mirada sobre la cuestión de la seguridad a partir de la creación del ministerio, que cristaliza una agenda con problemas. Lo que sí me parece ambiguo es el pase de Garré y Puricelli, que han salido de Defensa y pasado a Seguridad. Eso admite dos lecturas. Una es más promisoria, y es que en el país existen cuadros con capacidad técnica y política para manejar a las fuerzas del orden. Pero la otra sostiene que esta migración de funcionarios marca ciertas continuidades entre las dos áreas. Es precisamente esto lo que estamos viendo en estas semanas. En el futuro se verá si se ha superado esta unión o si todavía encontramos problemas para separar los actores y agendas de ambas áreas.
A.P..: Todavía existe una zona gris de intercambios e influencias, y el mejor ejemplo es el rol ambiguo de Gendarmería y de (Sergio) Berni.

Si uno mira a los ministros de Seguridad federales, de Garré a María Cecilia Rodríguez, da la impresión de que el gobierno tiene una política clara de seguridad. Pero en la práctica la figura de Berni termina siendo más fuerte. No sólo ha sobrevivido el último recambio ministerial sino que a los ojos de muchos es quien dirige el ministerio...
A.P..: Para mí el gobierno produce la salida de Garré para no avanzar demasiado en esa línea. Instalar un mojón pero no profundizar, una característica del kirchnerismo que le puede terminar costando muy caro porque abre un espacio de confrontación y después no construye una plataforma sólida para sostener el conflicto. Berni atenúa el modo en que Garré consideraba la relación entre estas dos fuerzas y la Policía Federal.
P.C.: La figura de Berni es un liderazgo político que se construye sobre su carisma y sus apariciones en los medios. Tiene llaves que abre muchas puertas. El tema es que él habla como lo haría el comandante de una fuerza: "vengo a conducir a mis hombres".
A.P.: Berni es una concepción pre-Garré.

Lo que uno se pregunta es por qué un gobierno que está a quince meses de irse no va más a fondo en determinadas reformas. Al menos para que a su sucesor le cueste más marcha atrás con estos cambios.
A.P.: La respuesta, creo yo, es que el gobierno tiene abierto demasiados frentes. La aparición de los fondos buitre le abre una batalla enorme, que desborda su capacidad política de enfrentar otras cuestiones. De hecho el gobierno presentó la Ley de Abastecimiento al mismo tiempo que la Ley de Pago Soberano. Al gobierno le han robado la capacidad de manejar los tiempos.

Una versión editada de esta entrevista se publicó en la edición impresa de Ámbito Financiero del 19 de septiembre de 2014.

City TV, radio advertising benefits allies

Following the pattern seen with newspapers, Clarín Group is the top recipient

by Federico Poore
Buenos Aires Herald, 07-05-2014

A media outlet from the Mendoza province linked to a former PRO candidate in Mendoza was the third-largest recipient of official advertising from Buenos Aires City in the first half of 2013, according to official figures.

Following up on yesterday’s Herald report on the way the City government has favoured certain media groups with its advertising largesse, a deeper analysis on ads placed on radio, TV stations and websites receiving public advertising by the PRO administration led by City Mayor Mauricio Macri reveal that Radio Mitre and La 100, both owned by media giant Clarín Group, topped the chart after receiving almost 1.5 million pesos during the first half of 2013.

Other popular conglomerates, including the Indalo Group led by casino mogul Cristóbal López and a group of radios owned by businessman Sergio Spolszki — Metro, Rock and Pop, FM Blue and Splendid — also benefited from the City government. The former received 1.27 million pesos in the first half of 2013, while the latter got 1.07 million pesos during the same period.

But the most surprising presence in the ranking was that of Mendoza’s MDZ FM 105.5, which ended up receiving a little over 992,000 pesos for its radio station in addition to 240,000 pesos for its Internet site — a total of 1,232,590 pesos, two and a half times more than the amount received by Los 40 Principales and Continental, the flagship radio stations of the popular Prisa Group.

“Despite the existence of a law regulating official advertising in the City — that included several articles, including the one forbidding the use of partisan colours for official communications, which were vetoed by Macri — there are no clear criteria yet by which public advertising is allocated, and it’s even less clear why some media outlets are excluded from those funds,” media expert Santiago Marino told the Herald.

“You may say that one criterion to allocate public advertising would be to do it in the most popular radios, such as Mitre and FM 100 (owned by the Clarín Group) and the radios belonging to the Indalo Group, such as FM Pop, Mega and Vale,” Marino added.

“What surprises me is that the third company in the list is a radio station and a web site from Mendoza, linked to the Terranova family, which has a member — rally driver Orlando Terranova — who used to be the best-known face of the PRO party in Mendoza.”

MDZ’s Internet site is run by journalist Christian Sanz, who regularly shows ties to intelligence and police sources.

One of the figures who most benefited from the City’s policy regarding ads was radio host Mario Pergolini, whose Radio Vorterix (linked, in turn, to Spolszki) was granted 1.14 million pesos during the first six months of last year, if funds received by its Internet site are also taken into account.

These figures cannot be annualized, as advertising soared during the second half of last year, when the PASO primaries were held.

TV outlets

As the Herald reported yesterday, the Clarín conglomerate was the biggest recipient of funds after receiving 17 percent of the total funds spent by the City in advertising during the first six months of 2013.

Clarín’s flagship broadcast TV station, Channel 13, received 10.57 million pesos if all affiliates throughout the country are taken into account — a little more than Telefe, owned by the Spanish group Telefónica.

The rest of the media outlets are far behind (América TV with 3.63 million pesos and Channel 9 with 2.09 million pesos), but the most shocking figure is the one granted to state-run Channel 7, also known as TV Pública, as it only received 12,000 pesos (some US$ 1,500) during that semester.

Years ago, in a landmark report for NGO Poder Ciudadano, media expert Martín Becerra had revealed the City had placed almost no advertising on Channel 9 and Channel 7, which regularly criticize Macri’s administration, following a pattern set by President Cristina Fernández de Kirchner administration, who has long failed to allocate a reasonable amount of resources to Clarín-owned Channel 13 and Todo Noticias (TN).

Cable TV

A review of the available data suggests that much like the trends seen in print media, Buenos Aires City heavily favoured cable TV channels that fall under the control of the Clarín Group. City advertising received by the group’s nine channels more than doubled the second-largest recipient of public funds, with the flagship TN channel receiving 1.23 million of the group’s take of 3.56 million pesos.

The FOX group, a member of the Rupert Murdoch global multimedia conglomerate Newscorp, was the next-largest recipient of City funds, mostly by way of its various sports channels.

The Vila-Manzano group, second-largest in the country, received more than one million pesos in the first six months of 2013 by way of its various regional affiliates concentrated in the Cuyo region.

In March, the Herald published that the Macri administration had more than doubled its advertising budget during 2013, according to a report by the non-profit Argentine Association of Budget and Public Finance Administration (ASAP).

This staggering 110.8 percent yearly hike resulted from comparing the 548.4 million pesos the City government spent in advertising during 2013 to the 260.1 million from the previous year.

That same month, the national government published a report that indicated the Fernández de Kirchner administration had increased official advertising spending by 45 percent in the first six months of 2013, compared to a year earlier.

The report was released following a freedom of information request filed by a number of local NGOs.

Additional reporting by Tomás Brockenshire

Enlace