Entrevista a Roy Hora, autor de Historia del turf argentino

por Federico Poore

En Historia del turf argentino (Siglo XXI, 2014), el historiador Roy Hora estudió la manera en la que cambió el lugar de los poderosos en Argentina a través del prisma del mundo burrero. Pero la premisa llevó a un trabajo, por momentos, inesperado. A diferencia de la corriente académica en boga, Hora decidió colocarse lejos de lo que llama "prejuicios ideológicos de la izquierda o de lo nacional-popular". ¿El resultado? Una obra exhaustiva, que apela al académico pero también al estudioso público de las carreras, ese aficionado o apostador a mitad de camino entre el mundo de elite del siglo XIX (que el historiador desentrañó en trabajos anteriores) y el universo popular.

-¿Por qué un libro sobre turf?
-Es un tema importante en Argentina. Primero, porque este es el país del caballo, probablemente el país más ecuestre del mundo. Siempre hubo mucho interés por el caballo. A la vez, el turf es un lugar de encuentro de distintos universos sociales. Fue en el turf, en la pista, donde nació la figura del deportista profesional, mucho antes que en futbol. Entonces es un escenario interesantísimo porque tenés, por un lado, a las clases populares en un ámbito dominado por las clases altas y, a la vez, a las primeras estrellas populares de la sociedad de masas.

-Si bien el libro es crítico con ciertos rasgos elitistas que persistieron en el turf hasta bien entrada la década del  '30, usted también desecha las críticas moralistas. ¿Por qué adoptó esa línea de impugnar a aquellos que critican al juego "desde la moral"?
-Trato de no abrir un juicio moral. Lo que sí señalo es que el turf no fue analizado, en parte, por prejuicios ideológicos. Para los historiadores y para el mundo académico argentino de centroizquierda, izquierda o nacional-popular el turf es un problema... porque tenés a pobres y ricos, élites y masas bailando al mismo ritmo. Entonces la tentación primera de gente como nosotros es decir "no, las distintas clases populares no tienden a tener los mismos intereses y los mismos gustos ". Es siempre mucho más fácil mirar el conflicto que el encuentro. Después está la cuestión de la crítica moral. Ahí lo que detecto es que al comienzo prácticamente no hay impugnación moral porque el turf es parte de un proyecto civilizatorio. El turf nace para refinar a los caballos argentinos y eso forma parte de una ideología productivista más grande. Mejorar caballos no es trivial, no es solamente esta idea de que están para correr en una pista. Después, sí, se va a ir abriendo camino la idea de que sólo sirven para correr, pero la idea inicial del Jockey Club, su carta de fundación, es que tenemos que regenerar el caballo argentino. Por eso al principio es apoyado hasta por el Estado.

-Y por la Iglesia...
-Es que aquí tienen lugar dos grandes impugnaciones: la izquierda –los socialistas siempre lo impugnaron– y la iglesia. Pero la iglesia no levanta demasiado la voz porque los principales burreros son también grandes contribuyentes y el público que va también es muy católico. Entonces ¿cuándo surge la impugnación fuerte? Yo la vinculo con la consolidación de la presencia pública de las clases medias, y esto pasa más o menos en la década del '20 y del '30. Ahí es donde se consagra la figura del juego, uno lee la literatura de 1900 y aún no existían "jugadores". En los años '30 nace una crítica ya no desde el Estado, de si hay que mantener abierto el hipódromo, cuánto tiempo, cómo tiene que ser la apuesta. La impugnación en los barrios de clase media es más o menos así: "si alguien es jugador, en esa casa hay un problema". Ese es el argumento.

-Según cuenta, nunca fue muy burrero.
-No lo soy.

-¿Tiene amigos burreros? ¿Alguien al que le guste apostar?
-Mi suegro es burrero. Descubrí el tema por razones de la propia práctica profesional, pero también desde adentro a través de las cosas que me contaba mi suegro.

-¿Cuál es el propósito del libro? ¿Qué se propone, más allá de echar luz sobre este fenómeno?
-Una clave es quién lo va a leer. Sé que lo van a leer los académicos: están obligados, el mundo académico es muy chiquito. Después hay otros dos mundos más grandes, el de los burreros, y el de la gente que le interesa la historia del deporte, que no son los mismos.

-Casi que está fundando un mercado.
-Creo que sí. La gente del turf es muy intelectual. Estudia. Y sabe mucho, más que los futboleros, porque es fundamental para su hobby. El núcleo central de la apuesta gira en torno al cálculo de probabilidades, no es azaroso. Dignifico mucho a esa actividad popular, que siempre ha sido vista con desprecio, sobre todo desde la izquierda. Los apostadores ponen en juego destrezas intelectuales en un mundo popular.

Entrevista a Margarita Stolbizer

Margarita Stolbizer, candidata presidencial de SurGen
"Estaría bueno sacar 12, 15 por ciento en agosto"
por Federico Poore
Buenos Aires Herald, 23-04-2015

La candidatura de Margarita Stolbizer viene a ocupar un lugar vacío ante la ausencia de candidatos no peronistas de centroizquierda. A medida que se acercan las elecciones de octubre, los votantes progresistas empiezan a quedarse sin opciones, ya que los principales candidatos son todos de centroderecha. Y algunos comenzaron a pensar que Stolbizer podría ser una alternativa a Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa.
En una entrevista con el Herald en su local partidario, a metros del Congreso, la diputada del GEN dice que espera recibir el apoyo de kirchneristas desencantados y radicales opuestos al acuerdo UCR-PRO.


¿Cómo tomó el resultado de las primarias en Santa Fe?
Se trataba justamente de una elección interna, si bien terminó siendo la encuesta más firme, donde el candidato que apoyamos en el Frente Progresista, Miguel Lifschitz, ganó 70 a 30 por ciento la interna. Esto no implica no desconocer que, en la competencia candidato a candidato, Lifschitz queda por debajo de Miguel Del Sel, lo cual es un elemento preocupante. No sólo porque no nos va lo bien que pensamos que nos iba a ir, sino porque la posibilidad de que Del Sel pudiera ganar [la gobernación] sería un retroceso para la provincia. Pero hay otro aspecto que nadie ha señalado hasta ahora.

¿A saber...?
Los votos que saca [Antonio] Bonfatti. Es un dato muy relevador porque los que intentan analizar el otro resultado hablan de un desgaste de la gestión, hay un voto castigo... Pero si uno mira la boleta de Bonfatti estaba integrada por el gobernador, el segundo es su vicegobernador Jorge Henn, el tercero su ministro de gobierno Rubén Galassi. Es el gabinete. Y esa boleta saca 445 mil votos -sumados a los demás candidatos del Frente, 641 mil–... ¡y el PRO saca 188 mil! La diferencia es muy grande. Esto obviamente va a modificar nuestra estrategia de campaña: nuestra idea va a ser pegar a Lifschitz a Bonfatti para mostrar que es el heredero natural del gobernador.

Su argumento es que la buena elección a gobernador de Del Sel se apoya más que nada en su figura.
Totalmente. El voto es un voto a él. Hay que pensar también en el sistema electoral de Santa Fe, donde se destaca la fotito del candidato y el votante va detrás de la foto que conoce. Eso explica lo de Del Sel y también lo de Bonfatti, tiene que ver con sus niveles de popularidad. Lifschitz tiene niveles altos de desconocimiento sobre todo en la zona norte de la provincia, donde la diferencia [con Del Sel] se hizo más grande.

¿Espera brindarle un apoyo más explícito a Lifschitz de aquí a las generales?
Por supuesto, todo lo que esté a mi alcance. Pero el principal apoyo lo tiene que dar Bonfatti, el gran ganador de la elección de Santa Fe. No es tanto colgarse de ningúna otra figura presidencial.

Su lanzamiento se demoró unos días mientras se negociaron condiciones para que no pasara lo mismo que con UNEN. ¿Qué condiciones les planteó a los demás integrantes del frente?
Lo único que planté es que esto no es ni una candidatura de tipo personal ni dos espacios que se juntan. Es un grupo de referentes de la política, de la cultura, de la intelectualidad. Espero que eso se vea reflejado cuando se armen las listas. La gente necesita una opción progresista de centro-izquierda.

Además de centroizquierda su candidatura se ubica en el amplio espectro del no-peronismo. ¿O cree que hay votantes peronistas que pueden llegar a votarla?
Creo que puedo tener votantes peronistas. Lo especifico un poco más: hay gente progresista que en 2011 acompañó el proyecto de Cristina Kirchner y que hoy no se siente representado por Scioli como candidato. Pero incluso antes de Scioli ya había muchos defraudados: los que se emocionaron cuando Kirchner bajó el cuadrito de Videla en la ex ESMA no pueden compartir el manejo de la SIDE, la ley antiterrorista, o con Milani como jefe del ejército. Esperamos tener muchos de esos votantes.

Deme un anticipo de sus temas distintivos de campaña.
Vamos a intentar eludir aquellos temas en los que coincidan tres principales candidatos y tratar, en su lugar, otros temas. Hoy aparecen propuestas muy demagógicas y superficiales, desde el levantamiento del cepo hasta el cambio del impuesto a las ganancias. Necesitamos una reforma del sistema impositivo y un sistema de impuestos progresivos. Pero antes de discutir el destino de los recursos hay que discutir cómo hacer más justa la contribución.

Sergio Massa dijo que si es elegido presidente los sueldos de menos de 26.500 pesos no van a pagar Ganancias. ¿Está de acuerdo?
Hay que modificar el mínimo no imponible... pero yo estoy conceptualmente de acuerdo con el impuesto a las Ganancias. Hay que gravar más al que más tiene. No se pueden analizar medidas aisladas sino el sistema en su conjunto, analizando la posibilidad de imponer un impuesto a la herencia o a la renta financiera.

¿Qué piso espera tener en agosto?
Si estuviéramos en un 12, 15 por ciento estaría bien, pensando en crecer hacia octubre.

¿Ya pensó en alguien para candidato a vicepresidente?
No, pero me gustaría que fuera alguien que me complete desde afuera de la política. Por supuesto que hubo mucha especulación...

Se habló de Beatriz Sarlo...
No, nunca se me ocurrió ni jamás lo conversé con ella. No es bueno que sea una mujer porque no sería complementaria a mi candidatura.

¿Por qué cree que fracasó UNEN?
Se presentó demasiado prematuramente, sin haberlo madurado. Hubo un error en la estrategia: UENN se focalizó mucho en los cinco candidatos presidenciales, una cosa muy fotográfica con poco contenido. Por otra parte, veo una progresiva pérdida de convicciones, si un dirigente del GEN puede irse al PRO, da la impresión de que vale todo.

Luego del experimento fallido de UNEN, ¿no cree que está de vuelta en el punto de partida de cuatro años atrás? Una alternativa progresista, la del Frente Amplio Progresista, paralela a una alianza radical-conservadora...
Sí, pero nuestro compromiso frente a la derechización del sistema político es que la alternativa socialdemócrata se prolongue en el tiempo.

Incluso si no ganan este año.
Exactamente. Hay que plantar una bandera.

Enlace
Crédito de la foto: Mariano Fuchila 

Meter el juego en la campaña

por Federico Poore
El Diario del Juego, 04-03-2015

El titular del Frente Renovador Sergio Massa parece decidido a colar el tema del juego en la agenda electoral.

"Si se animan a los ferrocarriles estatales, ¿por qué no se animan a la estatización del juego? Necesitamos a los chicos en la escuela y en el deporte y no tirados en una esquina", dijo Massa ayer durante la inauguración de un jardín de infantes en Hurlingham.

No es la primera vez que lo sugiere: ya había lanzado idéntica propuesta el domingo pasado en su cuenta de Twitter, en lo que fue leído como una especie de chicana o contrapropuesta al anuncio de Cristina Kirchner sobre la estatización del servicio ferroviario.

No obstante, a pesar de los anuncios, Massa está lejos de tener un proyecto propio.
"Es algo que estuvimos discutiendo", dijo a este cronista el diputado massista Ignacio De Mendiguren. "Lo que busca Sergio es la opinión de los demás (líderes opositores)".

Ayer por la tarde, el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) lamentó que esta movida mayormente política haya tenido "menor impacto al esperado" y cuestionó al jefe de gobierno porteño y candidato del PRO Mauricio Macri por su silencio.

"Necesitamos saber quién está a favor y quién no. Pero evidentemente algunos macristas son muy cercanos al juego".

Graciela Camaño, también diputada del Frente Renovador, explicó a este cronista que la idea de traer el tema a debate era una manera de exponer tanto al PRO como al Frente para la Victoria (FpV) ya que tanto la Ciudad como el gobierno nacional han firmado contratos directos o indirectos con operadores de juegos de azar.

"Deberías preguntarle a Macri sobre los contratos", dijo Camaño refiriéndose a la adenda del convenio mediante los cuales la ciudad recibe parte de las ganancias del casino flotante de Puerto Madero y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo.

La jugada es más política que legal o legislativa. A diferencia de Macri o del gobernador bonaerense Daniel Scioli, sus principales rivales en la carrera presidencial, el ex intendente de Tigre podrá jactarse en público de no haber permitido nuevas salas mientras estuvo en el poder. La oposición le apuntará al Trilenium, el casino de Tigre, pero lo cierto es que la sala fue inaugurada en 1999 por Ricardo Ubieto, es decir que el casino ubicado entre el Tren de la Costa y el Puerto de Frutos ya llevaba ahí ocho años para cuando Massa llegó al municipio. (Por otra parte, como es sabido, la facultad de terminar o extender contratos con las salas de juego es facultad exclusiva de las provincias.)
Camaño justificó la propuesta de Massa sugiriendo que los casinos en Argentina alguna vez apelaron a un público de clase alta y tuvieron por objetivo distribuir sus beneficios a la ayuda social, pero que en los últimos años han aparecido un sinnúmero de las salas de bingo dedicadas a "esquilmar a los más pobres". Esta situación, argumentó, pide a los gritos la intervención del Estado.

Una movida difícil

Walter Martello, el ex titular de la Coalición Cívica (CC) en provincia de Buenos Aires y ahora parte del armado massista, admitió que impulsar la estatización del juego en Argentina es algo muy complejo.

"El tema es resolver la cuestión federal", dijo Martello, horas antes de asistir al programa Intratables para agitar el tema en televisión.

El juego es una de las facultades no delegadas de las provincias al poder central. El único ámbito donde existe una regulación federal es en el caso de las apuestas en el fútbol, el famoso juego de Pronósticos Deportivos (Prode). Esto significa que el Congreso de la Nación, donde revisten Camaño, De Mendiguren y el propio Massa, sólo pueden aprobar leyes que modifiquen el juego del Prode.

"Y esa es la parte más chica del negocio", dice Martello, que sugirió en cambio generar "un ente distinto" a Lotería Nacional.

Sin embargo, esto solo tendrá lugar "después de las presidenciales" en caso de que Massa sea electo, concluyó.

Chequeado a Santilli

Santilli: “El juego no lo maneja la Ciudad, nosotros no somos parte [del acuerdo firmado por Ibarra]”

por Federico Poore
Chequeado.com, 25-02-2015

El senador por el PRO aseguró que el juego no es competencia del Gobierno porteño. Sin embargo, la Ciudad es parte del acuerdo firmado con el Gobierno nacional en 2003, que fue sucesivamente renovado por la actual gestión.

Durante el programa “Intratables” emitido el 1° de febrero, el senador por el PRO, Diego Santilli, sugirió que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tenía control alguno de los juegos de azar en territorio porteño. “¡Si el juego no lo maneja la Ciudad! ¡El juego no lo maneja la ciudad! Hay un convenio que viene de la época del jefe de gobierno [Aníbal] Ibarra, que sigue vigente, y es lo que está vigente… nosotros no somos parte [de ese acuerdo]”, dijo durante un intercambio con los panelistas del programa.

Sin embargo, la afirmación es falsa. La administración de juegos de azar es una facultad que la Ciudad reservó para sí en su Constitución. Además, existe (y funciona) un Instituto de Apuestas de la Ciudad creado por iniciativa de la Legislatura porteña. Si bien en 2003 un convenio firmado entre Lotería Nacional y el entonces jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, negoció el destino de lo producido por el juego, con el objetivo de ponerle fin a una guerra entre jurisdicciones que data de los primeros intentos de Ciudad de instalarse como ciudad autónoma, el macrismo nunca denunció ese acuerdo y hasta aprobó uno propio en diciembre de 2013.

El artículo 50 de la Constitución de la Ciudad aprobada en 1996 especifica que “la Ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión salvo en lo que se refiera a agencias de distribución y expendio. Su producido es destinado a la asistencia y al desarrollo social”. De hecho, el Gobierno local maneja su propio Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad, creado por la Legislatura en 2002 y que hoy dirige Néstor García Lira. Las atribuciones y funciones del organismo pueden consultarse en su sitio web.

Es cierto, como señala Santilli, que Ibarra firmó un convenio con Lotería Nacional para comenzar a recibir al menos una parte de lo que Nación recauda por el juego en territorio porteño. No menos cierto es que aquel acuerdo se hubiera caído si el macrismo lo hubiera denunciado, algo que no sucedió y podría haber pasado.

“Es muy simple. El convenio se renueva automáticamente cada cuatro años. Si una de las partes no quiere continuarlo, debe notificarlo fehacientemente a la otra con 120 días de antelación. A raíz de esto se desprende que el Gobierno de la Ciudad no ha tenido vocación de rescindirlo en más de una oportunidad desde que comenzó el actual mandato”, explicó a Chequeado Juan José Marc, director del sitio especializado El Diario del Juego.

Durante los dos mandatos del macrismo en la Ciudad se sucedieron hechos concretos en relación al juego que desmienten la frase de Santilli. En 2008, y como recuerda el propio Macri, el PRO impulsó la Ley 2.997 con el objetivo de comenzar a cobrar Ingresos Brutos al juego en territorio porteño. Los empresarios del juego fueron entonces a la Justicia, para litigar el cambio de condiciones en su actividad. La disputa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2011 falló a favor de la Ciudad.

Cinco años más tarde, tras una propuesta del entonces líder de la bancada de legisladores PRO Cristian Ritondo, la Legislatura porteña aprobó una adenda al convenio vigente con los operadores de juego.

Macri argumentó entonces que a pesar del fallo de la Corte Suprema, una serie de cautelares le impedían el cobro efectivo del impuesto, por lo que era más conveniente arreglar un acuerdo por un monto menor, 3% de lo producido, pero que pudiera efectivamente recaudarse (ver acá y acá).

“Lo que hicieron Cristóbal López y [Federico de] Achával es decir: yo te pago voluntariamente un 3 por ciento de lo producido si me perdonás los ingresos brutos de todo lo producido hacia atrás, mientras que la Ciudad tampoco me cobra Ingresos Brutos hacia adelante mientras se mantengan las cautelares” que frenan el cobro, explica Andrés Gil Domínguez, que denunció el convenio en una causa que tramita la jueza Elena Liberatori.

En respuesta, Liberatori -titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 4- congeló la cláusula 3.2, apartado en el que el Gobierno porteño renunciaba a cobrar Ingresos Brutos al Casino Flotante y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo. Sin embargo, la Sala I revocó la cautelar y hoy el convenio promovido por el Gobierno de la Ciudad está plenamente vigente, por lo que renunció a la potestad de cobrar los ingresos brutos.

En conversación con Chequeado, Santilli explicó que se había querido referir a las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo y no a todo el juego en la Ciudad. “Yo no quiero juego en la Ciudad, pero esa es mi posición personal. Yo estoy en contra del juego”, afirmó.

“No tuve tiempo de explicarlo en el programa -dijo el senador PRO-. A lo que me quise referir, que no estaba bien explicado, es que la Ciudad tiene un convenio que no nos está permitiendo cobrarle ingresos brutos. Es un tema complejo. La Ciudad tiene una pseudo-coparticipación, que entra como compensación [a que el juego en la Ciudad es manejado por Lotería Nacional]. Y lo que planteamos con [el entonces presidente del bloque de la Coalición Cívica en la Legislatura Enrique] Olivera para subsanar [esta situación] era cobrar ingresos brutos”.

Judge kicks Media Law to next gov’t

por Federico Poore
Buenos Aires Herald, 05-02-2015

Media group’s star journalist get key injunction buying time for conglomerate, this time for good

It’s over. President Cristina Fernández de Kirchner will not be able to split up the Clarín Group before she steps down from office.

Judge Pablo Cayssials yesterday issued an injunction freezing the forced divestment of the country’s largest media conglomerate, as ordered in October by the AFSCA media watchdog, following a claim by a number of the group’s journalists.

The judge even resorted to biological imagery to stress that the legal feud between the government and the country’s largest media conglomerate is only getting started, saying the case was still in the “larval stage.”

The AFSCA, led by Martín Sabbatella, “began the forced divestment process... without a previous notice that would have allowed the affected group to comment on it,” the judge said. That means resolution 1121/14 “may affect the freedom of expression” of the journalists who filed the lawsuit requesting the injunction.

This is the second preliminary injunction granted to the media group led by CEO Héctor Magnetto: a similar one was issued in November by Civil and Commercial Judge Horacio Alfonso. Both measures make clear that AFSCA will not be able to move forward with the appraisal of Clarín’s licences and the call for tenders for its excess licences.

“Anyone following the case would have been able to see, from the very day Sabbatella told reporters he was moving forward with the forced divestment of Clarín, that this would lead to a long legal battle,” media expert Martín Becerra told the Herald.

The ruling

The first thing Judge Cayssials did was to accept Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Lanata, Magdalena Ruiz Guiñazú and other popular Clarín Group journalists as plaintiffs. It was a controversial move, because they were calling to suspend the media watchdog’s resolution on the grounds that the media outlets they work for could change hands. But as AFSCA had argued in its response to the original demand, the law does not grant the right “to choose a specific employer.”

“What’s interesting about this is that these journalists base their case on defending the legitimacy of the Media Law, saying the government is violating its spirit... when we all believed that they — Magdalena (Ruiz Guiñazú) for example — were actually against the very letter of the law,” Becerra said.

The judge also pointed out yesterday that the media watchdog appeared to change its mind half-way through Clarín’s voluntary divestment process — which in turn had begun after the Supreme Court deemed the Media Law constitutional in October 2013.

Even though at first AFSCA “acknowledged it was trying to favour the implementation of the voluntary (divestment) plans... it began the forced divestment process” of Clarín’s excess licences on October 8, 2014 without proper notice, the ruling explained.

His preliminary injunction, the magistrate concluded, seeks to avoid the “irreversible harm” that would result from selling Clarín’s licences, whether one counts the 237 that AFSCA claims the conglomerate holds or the 158 the group recognizes as its own. The move — a logical part of the forced divestment process as set by the law passed in 2009 — includes taking the case to the National Appraisal Tribunal (in order to put a value on the affected assets) and a call for tenders for the excess licences.

What’s Next?

Hours after the ruling was known, the media watchdog issued a news release in which Sabbatella spoke about the historical perspective, seemingly acknowledging the case would be long.

“History will remember (the judges who provided the injunctions) as employees of political and media powers who used twisted legal arguments to guarantee impunity and privilege to media monopolies,” the AFSCA chief said.

The national government may now call to join two cases together as it challenges the preliminary injunction — but the last stop of this train is the Supreme Court.

In other words, yesterday’s decision was the last nail in the coffin for those who wished to witness a quick implementation of the anti-trust mandates of the Broadcast Media Law.

The president’s anti-trust dreams — shared by many non-Kirchnerite activists — have come to an end, this time for good. At least for her administration.

Cambios en inteligencia: antigua deuda

Overhauling spies: long overdue

por Federico Poore
Buenos Aires Herald, 27-01-2015

Proposed overhaul comes after incomplete 2001 law and several failed attempts

The all-out intelligence war that has plagued the country over the past few weeks has led President Cristina Fernández de Kirchner to call for a wholesale reform of the secret services.

For many this reform is long overdue. Over the past few days, the Herald has talked to experts about the issue, who explained possible reasons for the lack of concrete action on this matter and emphasized that it is essential to differentiate between a mere shakeup of top leaders and a comprehensive, democratically minded reform of the intelligence sector.

“Since its origin, the Intelligence Secretariat has been linked to military power. In fact, the agency strengthened with each military dictatorship,” sociologist and National Scientific and Technical Research Council (Conicet) researcher Paula Canelo told the Herald.

It was Juan Domingo Perón who created the relatively small State Intelligence Coordination (CIDE), but dictators Pedro Aramburu — head of the “Revolución Libertadora,” the military government that overthrew Perón in 1955 — and Juan Carlos Onganía expanded its objectives and personnel, renaming it the State Intelligence Secretariat (creating the now-famous acronym SIDE), a structure that lasted until 2001.

Canelo, one of the country’s foremost experts on military issues, said the turning point was the 1976 coup d’état, after which the spy agency became one of the major limbs of the repressive regime led by Jorge Rafael Videla.

When democracy returned to the country and Raúl Alfonsín took office in 1983 there was an authoritarian character to much of the intelligence arm of the government.

Under Alfonsín, the SIDE remained one of the few areas that was granted a confidential budget, able to spend money at will without oversight, Canelo recalled. The intelligence agent Raúl Guglielminetti, for instance, was even part of the presidential security detail.

“Starting in 1984, the government tried to purge the SIDE, sweeping aside high-ranking officials from the secretariat, because it knows the intelligence agency is one of the offices still dominated by the Armed Forces.”

Their response was almost immediate.

“The level of political dispute, attacks and internal upheaval was very acute. It was quite clear that Alfonsin’s effort to purge the agency had resulted in a dramatic increase of the so-called ‘unemployed workforce’ of former spies,” the expert added. “This is one of the keys as to why governments would not dare to implement reforms of the intelligence system.”

Too many powerful people without jobs.

An incomplete ‘basic consensus’

The intelligence system during the conservative government of Peronist leader Carlos Menem was further damaged by the 1994 bombing of the AMIA Jewish community centre as the SIDE played a major role in the cover-up of the case, said Paula Litvachky, director of the justice and security area of the CELS human rights organization.

Former car dealer Carlos Telleldín was illegally paid US$400,000 by former federal judge Juan José Galeano to provide a false statement to implicate Buenos Aires province policemen in the attack — money that came directly from the SIDE coffers.

“In the AMIA case this was pretty clear, when we note the relationship between special prosecutor Alberto Nisman and some areas of the Intelligence Secretariat. The very Judge (Rodolfo) Canicoba Corral talked about these ties,” Litvachky added.

But before purging the SIDE, democratic governments faced another titanic task: creating a single, national intelligence system, because “the partial reforms that took place during these years were the result of immediate political needs,” Canelo said.

The National Defence Law was approved in 1988, following the Carapintada Army mutiny led by Aldo Rico. The Domestic Security Law came next, approved in 1991, in the midst of the attack on the La Tablada barracks. And then there was the National Intelligence Law that had been quickly approved in November 2001 during the administration of Fernando De la Rúa — and was widely seen as a direct regulatory response to the September 11 terrorist attacks.

According to the Conicet expert, one of the greatest achievements of that legislation — which transformed the former SIDE into the Intelligence Secretariat, or SI — was preventing the military from taking part in domestic security affairs. Other than that, it failed, stopping short of the most important task.

“It was a national intelligence system that was based on a basic consensus. But it was not thought of as the legal framework for democratic governance of intelligence.”

Association for Civil Rights (ADC) Access to Information Director Ramiro Álvarez Ugarte agreed with Canelo’s main premise.

“It was a good law, and it meant a step forward because it explicitly forbid anti-democratic practices such as domestic espionage,” Álvarez Ugarte told the Herald.

However, he said, one of the problems with the law is that it concentrates the capacity to wiretap private communications inside the Judicial Observations Office (DOC), referring a department working for the courts best known as the “Ojota.” (Fernández de Kirchner called for the dissolution of this department last night as part of her broad intelligence overhaul).

“This concentration means that no security force is — theoretically — able to intercept private communications and that any judge who wants wants to authorize a wire-tap must do it through the Intelligence Secretariat, an organism that is controlled by the Executive Branch.”

Small problem, big problem

The ADC expert brought up the issue of the internal intelligence rift, that not only includes veteran spy Antonio “Jaime” Stiusso, a high-ranking intelligence official who has outlasted all the administrations since the early 1970s — including 12 years of Kirchnerite governments.

This battle also involves Army Chief César Milani, a former head of military intelligence, who’s reportedly more trusted by the president than the SI itself. It may also explain the intelligence shake-up of last December, when SI’s chief Héctor Icazuriaga and his number two, Francisco Larcher lost their positions.

“In our last reports we talked about cases of abuse involving former SI agents that have become part of a network of self-employed spies, as well as (cases of abuse) by Border Guards and the Federal Police,” Álvarez Ugarte said.

The problem goes beyond the SI and also includes security forces and the Armed Forces, he concluded.

In that sense, Canelo says it’s necessary to distinguish between two problems.

“One thing is to clean up the mess, to conduct a sweeping purge (of the agency). But there’s another level that involves creating a democratic national intelligence system.”

Enlace

Ley de medios uruguaya: ¿modelo para la región?

Uruguay media law: a better model for the region?
Experts challenge NGO report, say Argentine regulation was tailored from the same patterns

por Federico Poore
Buenos Aires Herald, 19-01-2015

The nonprofit Reporters Without Borders (RSF) has said that the Audiovisual Communication Services Law approved by Uruguay’s Congress in December “could become even more of a regional model” than the one approved by the Argentine Congress in December 2009.

Experts consulted by the Herald, however, aren’t so sure.

The nonprofit Reporters Without Borders (RSF) seems to think so, noting in a recent document that the Uruguayan anti-trust regulation “could become even more of a regional model of broadcasting regulation” than the one approved by the Argentine Congress in December 2009.

Experts consulted by the Herald, however, aren’t so sure.

“The two laws are very much alike,” said media expert Martín Becerra. “They were even inspired by the same document — the Doctrine of the Inter-American Court of Human Rights regarding Freedom of Expression.”

This puts the Uruguayan and Argentine media regulations in the same basket, far from the more controversial regulation passed in Venezuela and Ecuador in the last few years, Becerra explains.

Guillermo Mastrini, a communications professor at the Buenos Aires and Quilmes universities, said that the politically costly debate over the Broadcast Media Law in Argentina was necessary for the Uruguayan experience.

“If you see the arguments the proponents of the new regulations in Uruguay faced, you’ll see that they’re the exact same claims brought up by the opposition when the law was discussed here,” Mastrini told the Herald.

A close look at the laws, however, does reveal a few key differences.

URUGUAYAN LAW ‘MORE GRADUAL’

Becerra explained that lawmakers from the ruling Broad Front (FA) clearly tried to learn from the most problematic aspect of the Argentine regulation: divestment.

“The law passed across the River Plate is more gradual,” the expert — who works as an adviser to Marcelo Stubrin, an opposition representative at the AFSCA media watchdog — said.

While in Argentina the infamous Article 161 provided a time frame of one year for divestment of excess licences, Article 160 of the Uruguayan law says big media outlets will be given “five years since the law enters into effect to complete the transfer” of excess licences to new owners.

Once it was approved in 2009, media giant Clarín Group challenged the Argentine regulation — and one of the things the firm led by CEO Héctor Magnetto argued was that the time frame outlined in the law violated key principles of legal certainty.

Another key aspect of the law passed by the administration of President José “Pepe” Mujica is that it forces cable TV operators to include at least three Uruguay-based TV stations in its grid.

“This will result in a de facto creation of three new television channels, because these outlets will not be created through a bidding process,” Becerra said.

Becerra agreed with Mastrini though that this concession to local big business “did not prevent the attacks against the anti-trust regulation.”

ARGENTINE REGULATION ‘MORE COMPREHENSIVE’

Santiago Marino, Communication professor at the universities of Buenos Aires and Quilmes, is also sceptical about the claim that the Uruguayan law is a better model for the region.

“For starters, Uruguay has passed a specific regulation for non-commercial media... and I believe one comprehensive law is better than two complementary regulations.”

In the case of Uruguay, Marino said, the original enforcement regulator was a body led by the Industry, Mining and Energy Ministry — that is, the Executive branch. (The parliamentary debate created an Audiovisual Communication Council, allowing members of Congress into the regulatory body).

The Argentine Media Law, on the contrary, “is much more clear and specific in terms of participation of members of Congress in both the media watchdog and the state-owned media,” he argued.

There are, however, some small parts in which the regulation passed by the Mujica administration could be seen as an improvement on the 2009 Media Law.

“It’s more comprehensive when definining the object of regulation. And in article 12 it declares a guarantee of universal access to radio and TV,” Marino said.

The Uruguayan law also defines some references to journalists’ rights, which the Argentine law does not because it already has its own Journalist Statutes enacted in 1944 and last amended in 1975.

As Daniel Lema, president of the Uruguayan Press Association, told the Herald earlier this month, lawmakers of his country included a “conscience clause” for the first time.

“It says that while exercising their profession journalists have the right to deny the use of their image, voice or name to contents originally of their authorship that have significantly been changed without their consent,” Lema explained.