Radiografía de las armas en Argentina

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas hasta 2019. ¿Cuántas armas legales hay, quiénes las tienen y cuáles son las falencias del sistema?

por Federico Poore
Chequeado, 23-11-2017

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó hoy la ley que establece la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de diciembre de 2019. La iniciativa permite la entrega anónima de armas a cambio de una suma de dinero (alrededor de $1000) y tiene como objetivo desarmar a la sociedad.

Pero, ¿cuál es la situación de las armas hoy en la Argentina?

En nuestro país rige desde 1973 la Ley Nacional de Armas y Explosivos. Allí se detallan las diferentes categorías de armas de fuego, que pueden ser utilizadas con ciertos permisos, y se prohíben las automáticas para el uso de civiles. La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) -un ente descentralizado que funciona desde 2015 enel ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, también conocido como el ex RENAR- se encarga de aplicar y fiscalizar el cumplimiento de esta ley.

Actualmente existen en nuestro país 1.562.332 armas registradas ante la ANMaC, de las cuales el 84% pertenecen a civiles, según datos oficiales. No existen estadísticas sobre la cantidad de armas ilegales que circulan, pero -según una investigación publicada por Chequeado– la propia Agencia estima que en el mercado negro hay otro millón y medio de armas. Evaluaciones del sector civil dicen que hay cuatro millones.

De acuerdo con un trabajo del politólogo Diego Sanjurjo, investigador predoctoral del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, el arsenal civil de armas pequeñas en la Argentina asciende a 3.600.000 armas de fuego, lo cual da una tasa de posesión civil de 8,8 armas cada 100 habitantes, superior a la de Brasil (8,6) y Bolivia (2,5) aunque sorprendentemente inferior a la de Uruguay (32,6) y Chile (10,2).

¿Quiénes manejan estas armas?

Para poder tener un arma de manera legal se debe tramitar ante la ANMaC la Credencial de Legítimo Usuario (CLU), una suerte de carnet. El costo de este trámite arranca en los $800: la licencia demora entre 60 y 90 días y tiene una validez de cinco años. La credencial es obligatoria para aquellos que realicen actividades vinculadas con disciplinas de tiro (deportivo o de caza) y para todas aquellas personas que, aún sin poseer un arma propia, manejen armas de terceros.

Para obtener la CLU, se debe cumplir con los siguientes requisitos: no tener antecedentes penales, acreditar un medio lícito de vida, presentar un certificado de aptitud de tiro, otro de aptitud física y obtener un certificado de aptitud psicológica.

En 2016, según los últimos datos oficiales disponibles, había en la Argentina 989.993 usuarios legalmente registrados. Se trata de un aumento del 2% con respecto a 2015, mientras que en los dos períodos anteriores (2015-2014 y 2014-2013) la suba había sido aún mayor, de 14 y 9%, respectivamente.

“Somos muy restrictivos”, dijo a Chequeado Natalia Gambaro, directora ejecutiva de la ANMaC desde que Mauricio Macri llegó a la Presidencia. “En 2016 se emitieron 73 permisos de portación de armas de fuego que tienen un año de vigencia, es decir, una vez finalizado, si quien solicita la portación quiere renovar la autorización debe presentar nuevamente ante la Comisión de portaciones los motivos que justifican que tenga la habilitación para portar un arma”. En años anteriores, según cifras oficiales de la ANMaC, se habían emitido cifras mucho mayores.

Vale la pena destacar que, a diferencia de la tenencia, los permisos de portación permiten “disponer, en un lugar público o de acceso público, de un arma de fuego cargada, en condiciones de uso inmediato”, de allí que este tipo de autorizaciones sean de carácter restrictivo.


En lo que va de 2017, y según datos del Portal de Datos Abiertos del Gobierno nacional, la ANMaC recibió 28.533 solicitudes de autorización de portación. El mes con menos solicitudes fue febrero (1.865 pedidos), mientras que el máximo se registró en agosto (4.202). No existen datos oficiales de este tipo para los años anteriores.

Gambaro agregó que se puede denunciar en forma anónima los motivos por los cuales un solicitante no debería recibir la autorización (llamando al 0-800-666-4378) y precisó que existen convenios con los Ministerios Públicos Fiscales de varias provincias para restringir el acceso a las armas a aquellas personas involucradas en procesos penales relacionados con violencia de género.

“La afirmación de que los requisitos para ser legítimo usuario, tenedor o portador, de armas de fuego es bastante restrictivo es relativa a con qué se la compare”, explicó a Chequeado Tobías Schleider, investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). “En nuestra región, los requisitos deberían ser aún más restrictivos por varias razones. La principal, porque la primera fuente de aumento de la porción ilegal del mercado de armas es la porción legal: la casi totalidad de las armas de fuego tienen un origen dentro de las normas y una parte de ese conjunto se desvía a la ilegalidad por negligencia, corrupción o contrabando”.

Psicofísicos

En mayo de este año, efectivos de la Policía Bonaerense y de la Ciudad allanaron la lujosa casa en Nordelta de Alejandro Radetic, un piloto que había corrido picadas a 240 kilómetros por hora por la Avenida 9 de Julio. Como en el caso del arsenal encontrado en un supermercado del empresario Alfredo Coto en Caballito o en el ex director de Inspecciones del Municipio de Malvinas Argentinas, Néstor Berardozzi -quien fue detenido luego de que se le encontraran más de 90 armas en la casa de su madre-, el operativo derivó en el hallazgo de pistolas, fusiles y hasta réplicas de ametralladoras. El dato más alarmante fue que todas estaban inscriptas de manera legal. ¿Cómo? En 2006, un deportólogo (sic) había certificado su aptitud psicológica para manejar armas.

Tras detectar “una enorme cantidad de irregularidades que incluyeron denuncias penales
y certificados apócrifos”, la ANMaC anunció que avanzaría con un nuevo sistema en el que las únicas instituciones a cargo de los estudios psicológicos sean empresas de medicina laboral autorizadas por el Estado nacional. El sistema también prevé la identificación biométrica del postulante y la creación de un registro de inaptitud, con inhabilitación para volver a tomar el examen por seis meses a quienes no lo hayan superado.

“El Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos ya se encuentra funcionando en Capital, en la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las provincias con mayor cantidad de usuarios y armas”, dijo a este medio Gambaro, y agregó: “La implementación se continuará haciendo de forma progresiva hasta tener total cobertura geográfica nacional a fines de este año”.

Schleider, quien además es consultor internacional en seguridad ciudadana, sostuvo que incluso si el apto médico no se falseara en ningún caso, los controles actuales distan de ser suficientes. “En los sistemas comparados más serios, los requisitos son mucho más estrictos, porque se entiende que tener un arma (aún para los miembros de las fuerzas de seguridad) es una facultad extraordinaria que sólo en casos excepcionales puede concederse a ciertas personas que justifiquen su necesidad y su capacidad especial a esos efectos”, concluyó.

Kirchnerites, the Judiciary and the balance of power

Over the past 18 months, a number of high-profile officials from Kirchnerite administrations have found themselves passing through the doors of the Comodoro Py federal courthouse. Warrants and arrest orders now being issued by the dozens, often on cases that have laid dormant for years. But why is the Judiciary only picking up the pace now? Why has it taken so long? And what does this say about Argentina’s justice system?

por Federico Poore
Buenos Aires Times, 18-11-2017


The picture of a nine-storey building sums it all up. The federal courthouse, located on Comodoro Py Avenue near the port area of Buenos Aires, is for many the symbol of impunity and shady dealings.
Over the last year and a half, a number of high-profile officials from the Kirchnerite administrations that ruled the country for 12 years have found themselves passing through its doors. Some of them – including vice-president Amado Boudou and Julio De Vido, the powerful Federal Planning minister from 2003 to 2015 — have been arrested on corruption and embezzlement charges.
Many of the cases that have brought these figures before the courts had laid dormant for years, however. So why are they only picking up speed now? With arrest orders against officials and figures linked to former president Cristina Fernández de Kirchner being issued by the dozens, the obvious question emerges: is the Judiciary only rolling into gear because of the new political winds of Argentina?
“The Comodoro Py courthouse has always moved against officials who had already left their posts,” Natalia Volosin, a J.S.D. candidate at Yale Law School, told the Buenos Aires Times. “They do so because they lack institutional incentives to act otherwise.” Volosin sees problems in the system that sparks such actions. “The way judges and prosecutors are appointed, the way they’re removed from their posts, the lack of real-time control — none of this encourages them to investigate powerful politicians and business leaders,” she said.
At the moment, there are almost no open cases against officials of the ruling Cambiemos (Let’s Change) coalition. In April, Federal Judge Sebastián Casanello closed the money-laundering investigation derived from the Panama Papers revelations into President Mauricio Macri. A month later, an appeals court cleared the head of the Federal Intelligence Agency (AFI), Gustavo Arribas, from all charges after he was accused of having received some US$600,000 via middlemen linked to the disgraced Brazilian construction firm Odebrecht.
A study by fact-check website Chequeado, based on 59 corruption cases involving government officials who served from 1995 to 2016, revealed that almost 60 percent had been indicted or sentenced. But in an overwhelming majority of cases (91 percent), a sentence was imposed only after the official has left his position.
The report was based on informationby the Centre for Judicial Information (CIJ) and the Civil Association for Equality and Justice (ACIJ). The latter last year launched an “Observatory for Corruption Cases” that helps to point out the “lack of progress in the Judiciary” regarding cases of misconduct and fraud.
Fernando Bracaccini, who coordinates the Strengthening of Democratic Institutions area at ACIJ, said there is evidence of “collusion between political power and federal judges,” a relationship mediated by the shadowy world of the intelligence services.

THE WHEAT FROM THE CHAFF
Gustavo Arballo, a constitutional law professor at the University of La Pampa, told the Times that judges are not always to blame for this situation.
“Judges can only move forward once they receive a complaint or that evidence shows up, and sometimes these accusations appear only once the person has stepped down from office,” he said.
But even when a magistrate is undoubtedly acting to adapt to the new political landscape, one needs to determine which kind of “error” is it.
“A ‘false positive’ mistake would imply that judges are now wrong because they’re deciding on cases without sufficient evidence, a move we would typically call a ‘witch hunt,’” Arballo said. “On the other hand, a ‘false negative’ would imply that judges were wrong before, when they failed to move forward with cases despite strong evidence, but that now they’re simply doing the right thing.”
Of course, it is possible that both mistakes can be present at the same time: deliberate delays in order not to take on a powerful government, followed by overreactions to make up for those omissions. “In this sense, today’s hyperactivity can be the consequence of yesterday’s inaction,” he added.
His definition seems like an accurate description of how Comodoro Py works. A prime example is what happened with Boudou: the case against him was opened in 2012, but there were no major developments over five years until this month Judge Ariel Lijo suddenly decided the former official was a flight risk and ordered his arrest.
That same week, the conservative City Bar Association (CACBA) had accused Lijo of “excessive delays” in his cases.

SOURCE OF THE BRIBES
A second issue, as important as the first, has to do with the fact that while several former Kirchnerite officials are being arrested for corruption, little is being said about the business people who bribed them.
“There are tools set by law to take action against corrupt companies but they are not taken into account,” Volosin points out.
The expert, who specialises in political corruption, gave the example of asset recovery. “In cases of drug-trafficking or money-laundering, the Penal Code allows judges to forfeit property linked to crime that benefits a company linked to the person being prosecuted. But judges aren’t keen on adopting such measures,” she said. “They simply act as if the law didn’t exist.”
Arballo concedes that the private sector’s motivations for corruption is under less scrutiny and that the question of who paid for the bribes is often left unanswered. But he finds structural reasons that help to explain the fixation on the officials accused of wrongdoing.
“In some corruption schemes, a case is opened under illicit enrichment (enriquecimiento ilícito), which focuses on an increase in the wealth of a public official and not on the illicit origin of those funds,” the lawyer said. “It may seem practical and convenient to avoid investigating the person who paid the bribe and to focus on the official who received it.”
There are cases, however, in which businessmen have sat in the dock or were sentenced to prison (apart from the case of public works tycoon Lázaro Báez, a staunch Kirchnerite). In late 2015, Claudio Cirigliano, the businessman who used to run the concession for Trenes de Buenos Aires (TBA), was sentenced to nine years in jail in the trial for the 2012 Once railway station tragedy that killed 50 people and a pregnant woman. Last month, Roberto Dromi, a former Carlos Menem-era official, was called in for questioning for his role as business consultant in a case that investigates illegal maneouvres for the importing of natural gas.
Also this year, executives of Brazilian giants Odebrecht and Camargo Correa as well as representatives of Argentine construction firms Roggio, Esuco, Supercemento and Cartellone Construcciones were called to give testimony before Judge Casanello in a fraud case involving the expansion of a water treatment plant and the construction of a water purifying plant in Greater Buenos Aires. The scandal is one of the reverberations from the Lava Jato investigation that began in Brazil, where the rewards for whistleblowing include sharply reduced the prison sentences for businessmen.
Last year, the Argentine Congress approved a law which allows a sentence reduction negotiated by the prosecutor with the “repentant” individual in exchange for relevant information regarding corruption cases.
While the “repentant” figure already existed in some statutes for a few crimes, the law — a nod to the OECD, which the country wants to join — made it a part of the Criminal Code and extended it to corruption related offences such as bribery.
Since its entry into force is still very recent, the value of this law is yet to be seen.
Be that as it may, the system still needs a reform.
“It’s not that we have bad judges and prosecutors. The problem is that under this model, not even the independence of ‘honest’ magistrates is guaranteed,” Volosin concluded.

El negocio de vender comida a clientes preocupados por precio y salud

Comida saludable y barata es el lema de la disputa entre Unilever, Nestlé y Mondelez.

por Federico Poore
Revista Noticias, 17-11-2017

Que la reactivación no llegó a todos los sectores es algo sabido en los círculos empresarios. Sin embargo, el desafío es particularmente agudo para las grandes empresas de alimentos, que desde hace un año y medio están lidiando con uno de las categorías que más cayó desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia: el consumo masivo.

El quiebre de tendencia parece haber sido entre agosto y septiembre pasados. Según datos de la consultora Kantar WorldPanel, los supermercados y autoservicios cerraron el tercer trimestre del año con una suba del 1%, lo que desaceleró la caída en las cifras de consumo masivo que se ubicó en torno al 2% en los primeros nueve meses del año. ¿Los motivos? Un combo de mejores expectativas económicas, desaceleración de los precios (aunque en estado de alerta tras las preocupantes cifras de inflación de septiembre y octubre) y acciones fuertes por parte de supermercados y marcas.

“Empezamos a ver, dependiendo de las categorías, un quiebre de tendencia en la segunda mitad del año”, explica Jorgelina Racciatti, vicepresidente de marketing de alimentos y bebidas de Unilever para el Cono Sur. “En nuestros negocios tomamos los cambios en el consumo como una oportunidad para hacer relevantes nuestros portfolios de marcas para estimular el consumo en los diferentes segmentos”.

La empresa angloholandesa detrás de marcas como Hellmann’s, Knorr, Lipton, Savora y Cica no la tiene fácil: enfrente tiene a un nuevo perfil de consumidor argentino “hiperracional, que compra lo estrictamente necesario, prioriza el precio, no desperdicia, camina, compara, adquiere nuevas marcas si son más económicas y no se deja engañar por ofertas”, según definió en septiembre pasado la consultora BACanal en un informe privado.

Pero Raciatti no se deja asustar: “Tenemos varias crisis en nuestro haber, entre ellas, la más profunda, en 2001. Nuestra estrategia frente a los contextos complicados para los consumidores es la de adaptarnos muy rápido, y utilizar el portfolio completo de marcas con las que Unilever cuenta en cada categoría, para poder estimular el consumo en las distintas partes de la pirámide”. Unilever no ceja en atender las necesidades del consumidor en los segmentos donde el precio es una variable sensible y dice tener la habilidad para ecualizar cada una de las marcas para salir más fortalecidos de los momentos de nivel bajo de consumo como el actual.

Mondelez, compañía norteamericana responsable de marcas como Milka, Oreo, Cerealitas y Club Social, también viene siguiendo de cerca este nuevo perfil de compradores. “Somos conscientes de que el consumidor es más racional y no por eso cambia las marcas que eligió toda la vida, sino que, por el contrario, exige más de ellas”, dice Sebastián Delgui, director de asuntos corporativos y gubernamentales de Mondelez para el Cono Sur. “Ante esta tendencia, desde Mondelez International nos enfocamos en potenciar la fortaleza de nuestras marcas para que los consumidores nos sigan eligiendo, más allá de las promociones, ofertas o segundas marcas”, detalla.

La empresa con sede en Illinois, que el año pasado facturó 660 millones de dólares en el Cono Sur, también empieza a ver la luz al final del túnel recesivo en el consumo argentino. “En la segunda mitad del año hemos identificado un repunte general de las ventas que está repercutiendo positivamente”, dice Delgui.

En la suiza Nestlé son aún más optimistas. Leandro Bel, gerente de comunicaciones externas y asuntos públicos, cree que si bien algunas categorías presentan un mayor crecimiento que otras, en líneas generales la empresa está transitando “un buen 2017” y aumentando market share a nivel nacional en un mercado que en buena parte se reparten gigantes como las locales Arcor y Molinos, Unilever, Nestlé y Mondelez.

Vida sana
Incluso en contextos de crisis, la competencia entre marcas no es solo por mejores precios. En el caso de este sector, asegura Bel, parte de las nuevas exigencias del consumidor tienen que ver con la buena alimentación. “Hay tendencias claras como mirar cada vez más las etiquetas y estar atento a los ingredientes que componen el producto”, dice el representante de Nestlé. “Este año lanzamos Nesquik 25% menos azúcar, barras de cereal Nesfit, con cereal integral como primer ingrediente, y Nido deslactosada, la primera propuesta 0% lactosa, un segmento en pleno crecimiento.”

La gran apuesta para 2018 es desarrollar un portfolio sustentable, algo que está en los planes de muchos de los gigantes de la alimentación. “Estamos introduciendo los caldos Knorr con 25% de reducción de sodio, algo que requirió un gran desarrollo de la receta para no afectar el sabor”, explica Raciatti, y agrega: “Es un paso más en un camino sustentable que venimos transitando desde 2009”.

Por medio de estas estrategias, Unilever espera tener un año “establemente positivo” en la Argentina con un ojo puesto en la frecuencia en el uso de los productos, mientras que en Mondelez se muestran optimistas de que los niveles de consumo sigan mejorando como en la segunda mitad de 2017. Para Nestlé, se trata de un contexto cada vez más desafiante, a tono con el informe de BACanal que detalla un consumidor argentino que “hace cuentas, prueba marcas, anota los gastos de manera minuciosa y se considera mejor administrador por buscar la opinión y la recomendación de otros”.

Qué hizo Corea del Sur para impulsar a Samsung y LG

El país, conocido por sus emprendimientos tecnológicos, no logró reconocimiento de la noche a la mañana: cuál fue el camino que recorrió y en qué invirtió

por Federico Poore
Information Technology, octubre de 2017

A metros del Estadio Mundialista de Seúl, en algún lugar entre los rascacielos y los espacios verdes de la capital surcoreana, se encuentra uno de los distritos de negocios más florecientes de Asia. Su nombre es Digital Media City y es mucho más que un polo tecnológico. Construido sobre un antiguo vertedero de desechos al oeste de Seúl, Digital Media City (o DMC) es un claro ejemplo de renovación urbana pero es, además, un caso de éxito de distritos de innovación que otros países pueden imitar.

“Se trata de ofrecer un buen ambiente para vivir y trabajar que sea atractivo a los jóvenes talentos, que después de todo son el verdadero recurso de cualquier ciudad”, dice a INFOTECHNOLOGY Dennis Frenchman, director del Master en City Planning de Massachusetts Institute of Technology (MIT). Frenchman fue parte del comité de asesores que a fines de los noventa comenzó a trabajar junto al entonces vice alcalde de Seúl, Hong Bin Kang, para pensar un modelo de ciudad alejado de las “ciudades científicas” de décadas anteriores y más a tono con lo que serían las ciudades del 2020.

“Trabajamos de manera muy dedicada para crear una calle — Digital Media Street—y una serie de espacios públicos temáticos que funcionen como locaciones icónicas para empresas de medios, instituciones, productoras e institutos de investigación”, explica Frenchman.“Esta calle es vehicular y peatonal a la vez, con restaurantes, hoteles y galerías. Está pensada con la escala de una ciudad en ebullición.”

También se pensó en sumar viviendas residenciales para que las calles estén llenas y sus habitantes puedan caminar al trabajo, un modelo bien distinto al de Silicon Valley. Un dato central a la hora de planificar este tipo de áreas—algo que también tuvieron en cuenta ciudades como Medellín o Manchester, que hace poco lanzó MediaCityUK, el nuevo enclave de la BBC— fue el perfil de compañías que se buscó atraer.

En el caso de DMC, los responsables del proyecto trabajaron mucho a la hora de pensar el mix adecuado de compañías tecnológicas y creativas, que en este caso incluyó grandes medios de comunicación, empresas de gaming y hasta startups de tecnología médica. El distrito, construido sobre un terreno de 570.000metros cuadrados, hoy cuenta con su propia estación de subte, la Digital Media City Station de la línea 6, que permite llegar desde el centro histórico de Seúl en menos de cuarenta minutos. A lo largo de sus anchos bulevares se alzan las oficinas de la agencia nacional de promoción de la industria IT y del Seoul Media Institute of Technology (SMIT), pero también los estudios de los principales canales de medios, como la Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), la Seoul Broadcasting System(SBS) y el Korean Broadcasting System (KBS). “Como parte del plan para hacer Digital Media City, la ciudad de Seúl vendió los terrenos a precios más bajos. Y nosotros aprovechamos eso”, explica a INFOTECHNOLOGY Moon So

Young, gerente de la Korea Electronics Association (KEA), una organización que ofrece apoyo a 200 pequeñas y medianas empresas surcoreanas en temas como exportaciones, marketing y disputas legales por el uso de patentes. “Este cluster es realmente de mucha ayuda ya que aglutina en un mismo lugar a varias empresas de la misma industria”, dice Moon. “Las ventajas económicas están más que probadas.”

POLINIZACIÓN CRUZADA
La idea es ambiciosa, pero del decir al hacer siempre hay un largo trecho. Más allá de los consabidos beneficios fiscales, las instituciones o empresas que la ciudad intenta atraer pueden terminar no viniendo, hiriendo de muerte al proyecto.

¿Cómo evitar que esto pase? Michael Joroff es investigador del programa de planeamiento y diseño urbano del MIT y trabajó codo a codo con Frenchman en el diseño de esta “ciudad del futuro”. En conversación telefónica con INFOTECHNOLOGY,Joroff dice que detrás de todo caso exitoso hay, ante todo, coherencia e ideas claras. “La primera tarea es tener una visión o narrativa de lo que se busca lograr. No se trata únicamente de ‘sumar’ innovaciones. En el caso de Corea del Sur, ya en 1999 se sabía que los medios digitales y las empresas IT eran parte de los desarrollos del futuro, y eso es lo que se intentó promover”, explica el consultor. “La segunda parte fue atraer personas con autoridad y poder para lograr que se comprometan con el proyecto. La tercera fue unir a los grupos de interés en torno a objetivos comunes y a una estrategia que se mantuviera por 15 o 20 años.”

Para Joroff, la diferencia entre los polos científicos del pasado y proyectos como el de Seúl es que mientras que los primeros simplemente agrupan empresas de la misma industria (como el Digital Media City de Mumbai), espacios al estilo del DMC apuntan a funcionar como un verdadero cluster donde coexisten elementos de “creación, captura y aplicación de conocimiento”. Para ilustrar su punto, usa un ejemplo proveniente de la biología. “La proximidad física ayuda, por supuesto. Pero lo que tiene que lograrse en un proyecto de estas características es la polinización cruzada de ideas”, asegura el investigador del MIT. Su colega Frenchman explica por qué un modelo así tiene altas chances de funcionar en Seúl. Los coreanos, dice, “tienen un estilo de vida rápido y digital, son abiertos a la experimentación y la innovación, en especial entre la generación Millennial”.

Aunque también existe una explicación más cultural: “Los surcoreanos hace tiempo que están viviendo al límite. Se arriesgan y son increíblemente emprendedores. Tal vez tenga que ver con la situación política en la península coreana, pero tengo la sensación de que existen raíces mucho más profundas que explican su tenacidad y persistencia”.

DESAFÍOS
Sin embargo, la propia sociedad coreana también impone sus limitaciones. Joroff dice que está satisfecho “en un 85 por ciento” con el proyecto de DMC y cuando se le pregunta por qué su felicidad no es total, responde: “Lo que aún no ocurrió es la relación entre las grandes compañías y las empresas más pequeñas”. En otras palabras, la sinergia existente en este distrito le sirvió mucho más a Samsung, LG y varios poderosos canales de televisión que a las Pyme. El motivo es claro. “A diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos o en el Reino Unido, la cultura coreana estuvo históricamente dominada por las grandes compañías”, sostiene el profesor.

En efecto, el sorprendente crecimiento de Corea del Sur, el último país en unirse al club de los países ricos de la OCDE, vino motorizado por los “chaebols”, como llaman ellos a las grandes empresas y que incluyen, además de las mencionadas, Hyundai, Kia y Lotte. Son compañías híper diversificadas que hoy están presentes en todos los aspectos de la vida surcoreana y que el nuevo presidente Moon Jae-in prometió “reformar” durante su discurso inaugural. Mientras tanto, este escenario de fuerte concentración económica le plantea más de un desafío a quienes apuestan por el distrito. “Las pequeñas y medianas empresas están ahí, pero están creciendo a un ritmo más lento”, dice Joroff. Tensiones propias de este work in progress concebido hace veinte años y que aún está en constante evolución.


RECUADRO: LEJOS DE SILICON VALLEY
En 2014, los investigadores de la Brookings Institution Bruce Katz and Julie Wagner publicaron “The Rise of Innovation Districts”, un trabajo en el que definieron las características de los nuevos epicentros urbanos de innovación. De acuerdo con esta investigación, lo que está cambiando es la geografía de la innovación.

Los distritos de innovación, más compactos y concentrados, están reemplazando progresivamente a regiones como Silicon Valley, un modelo de corredores suburbanos donde se concentran sedes corporativas aisladas, solo accesibles por auto y con poco énfasis en la calidad de vida o en integrar trabajo y alojamiento. En el caso del Digital Media City de Seúl, por ejemplo, los amenities y el entretenimiento (sin ir más lejos, los fanáticos del cine coreano pueden darse una vuelta por el Korean Film Museum) ya son parte del paisaje.

La asociación público-privada, palpable en el WiFi gratuito pero también en la excelente red de transportes, es otra característica de este proyecto que pone a DMC más cerca del modelo europeo que del estadounidense. De hecho, Barcelona, Berlín, Londres, Manchester, Medellín y Estocolmo, por citar algunos ejemplos, ya han trabajado estos modelos de distritos de innovación, impulsados en muchos casos por planes de rehabilitación de antiguas áreas industriales. Estas nuevas estrategias parten de la siguiente idea: más que comenzar de cero en alguna zona alejada del centro, las compañías intensivas en conocimiento eligen ubicarse cerca de otras empresas, centros de investigación o universidades. ¿El objetivo? Intercambiar ideas y apostar por esquemas de innovación abierta.

Macri stronger than ever as troubled Peronists ponder the road ahead


Despite the victory, there’s a huge challenge ahead for the Macri government, which can be summarised in one phrase: with great power comes great responsibility.

por Federico Poore
Buenos Aires Times, 29-10-2017

One week on from his impressive win in the midterm elections, President Mauricio Macri finds himself in a position of strength.

As the celebratory balloons fell on the stage of his party’s bunker in Costa Salguero, in the early hours of Monday morning, the president could survey a political landscape much more to his liking.

Voters had handed him a new mandate that will help his coalition pass its pro-market agenda in Congress and the president is well-positioned to run for re-election in 2019, while facing an opposition that’s far from unified.

The ruling Let’s Change (Cambiemos) coalition emerged victorious after taking 13 of the country’s 24 provinces, including nine of the 10 most populous districts.

But while most eyes were set on former president Cristina Fernández de Kirchner — who lost the key senatorial race in Buenos Aires province to Macri’s ally Esteban Bullrich — the big losers of the night were the Peronists as a whole. Fiercely split over what to do next, analysts believe they need a debate about how to renew the party, or else abandon all hopes of governing the country in the near future.

“With these results, Let’s Change confirms and extends its success as an electoral coalition,” political consultant Enrique Zuleta Puceiro told the Times. “This represents substantial progress toward strengthening the coalition’s institutional identity, although to achieve that they’ll still need to perfect their negotiating skills in Congress.”

For the head of the OPSM consultancy firm, the challenge now for Macri is to give his political allies a greater role in the decision-making process.

The centennial Radical (UCR) party, for instance, played an important role in Cambiemos’ electoral victory in several provinces and “will demand more than just seats in public office,” Zuleta Puceiro believes.

Until now, UCR leaders have only been given a handful of key ministries and secretariats — but now that the “critical stage” has passed, they have renewed their demand of participating in the day-to-day decisions. Those normally fall with the domain of the president’s inner circle or to a group of ministers aligned with Cabinet Chief Marcos Peña. The same applies to Elisa Carrió’s Civic Coalition (CC).

But there’s another huge challenge ahead for the Macri government, which can be summarised in one phrase: with great power comes great responsibility.

“From now on, Let’s Change will be the sole recipient of all social and political demands,” María Esperanza Casullo, who holds a PhD in Government from Georgetown University, told the Times. “The coalition’s task is to establish a new set of rules through the passing of new laws.”

According to Zuleta Puceiro, new legislation could include a much-discussed labour reform, a revision of the tax system and the government’s proposal to gradually increase the retirement age.

The tools are already there. After receiving 40 percent of the nationwide vote on Sunday, Macri and its allies won nine senators and 21 national lawmakers at the Lower House. They still haven’t got a majority of their own in Congress, but they’re pretty close to start their own debates and passing several bills is possible by attracting support from moderate Peronists.

To this end, the president has invited governors, union leaders, businessmen and Supreme Court justices to a meeting on Monday to explain the main tenets of his proposed reforms. 


RISING FROM THE ASHES?
So who are the Peronists in Congress and why are they so important? First of all, it should be noted that they are a very diverse group of lawmakers.

Some are staunch Kirchnerites who are likely to form their own caucus in both houses (they more more numerous in the Lower House than in the Senate), others — like Senator Miguel Ángel Pichetto from Río Negro, who parted ways with Fernández de Kirchner following the 2015 elections — are centre-right leaders opposed to the Macri administration but open to negotiations on a number of bills. Then there’s Sergio Massa, a moderate Peronist and former presidential candidate who lost several lower house seats in this year’s midterms.

Peronist governors play a very important role, too. In August, Macri said he was willing to negotiate with leaders such as Juan Manuel Urtubey of Salta and Sergio Uñac of San Juan. But now that the elections have passed, governors are facing very different realities.

Urtubey, for instance, saw his presidential hopes go down the drain after losing heavily to Let’s Change in his native province. The same happened to Córdoba Governor Juan Schiaretti, whose Peronist front Unión por Córdoba (Union for Córdoba, UPC) suffered a crushing defeat at the polls. Analysts believe their “soft” opposition line did little to attract voters.

“Voters have punished the ‘Macri-friendly’ Peronists, from Urtubey to (Tierra del Fuego Governor) Rosana Bertone. I don’t think that strategy is the path to renewal,” said Casullo.

“How do you express opposition today in Argentina? Well, first and foremost, you must convince yourself that you’re part of it,” politologists Martín Rodríguez and Pablo Touzon wrote on Monday.

For Zuleta, this is a similar scenario to that seen in 1985, when UCR leader Ricardo Alfonsín — who was elected president two years earlier — obtained a resounding victory in the midterms. “Back then, the results led some people to believe it was the beginning of a new historical movement (led by non-Peronists),” said the pollster. “The opposition, however, was experiencing a silent, internal revolution and in 1987 emerged as a ‘renewed’ [form of] Peronism, putting an end to the wishes of those who thought Peronism was over.”

In 1989, Alfonsín resigned amid hyperinflation and Peronist Carlos Menem was elected president, serving through to 1999.

The protagonists in the years to come will be governors, mayors and political leaders under 50 years old, Zuleta believes. “None of those new leaders have ruled out reaching agreements with the national government. Their ideas about what needs to be done in the country don’t differ that much to those at Casa Rosada,” he added. (Unlike Rodríguez and Touzon, Zuleta seems to believe that there is future in moderation.) Does this mean Peronism has a future, in a world without Fernández de Kirchner?

On Tuesday, Uñac hosted a meeting with Tucumán Governor Juan Manzur. Both provincial leaders were among the few Peronist leaders who won their districts in the midterms and they used the photo-op to send a clear message to fellow party members: we want to lead the renewal of the Peronist Party.

“Cristina (Fernández de Kirchner) has formed a new party (i.e., Unidad Ciudadana), and Peronism should renew itself from the inside out, not as an appendix,” sources close to the governors told reporters, after the leaders shared a lunch of empanadas and wine in the Cuyo region.

A day later, lawmakers aligned with Uñac voted in favour  of stripping the congressional immunity of former Kirchnerite minister Julio De Vido, a decision that effectively sent the 67-year-old to prison.

At this point, Fernández de Kirchner’s figure still remains a challenge: measured in votes, she is the de facto leader of the opposition, but her negative public image is likely to ruin her chances of winning the next elections.

“What we will see at the end of this discussion is a different Peronism, with little or no regard for the insistent calls for ‘unity,’” Zuleta said. “There will be no clear, unifying leadership — but that’s not something we would expect, either.”

Casullo remains pessimistic about the possibilities ahead for Peronists to solve this issue in the near future.

“Even if Fernández de Kirchner did not exist, I still don’t think all the other leaders will be able to put aside their personal ambitions and join forces in less than a year” before the unofficial start of the next presidential campaign, she said. “Except maybe for a case of an economic crisis, I believe Let’s Change has an open road ahead of it for 2019.”

Enlace

Crunch time for Cristina as midterm vote draws near

A few months ago, former president Cristina Fernández de Kirchner was odds-on to win the senatorial race in Buenos Aires province. Now, as a string of headlines deliver positive news for the Mauricio Macri administration and her legal woes mount up, her candidacy looks to be staggering toward the finish line. With just a week to go until voters go to the polls, can she deliver the victory needed to reignite her political career?

by Federico Poore
Buenos Aires Times, 14-10-2017

When it comes to elections, it is often said that Buenos Aires province is “the mother of all battles.” Maybe this time around those uttering such declarations are right. Not only is Argentina’s largest district home to almost 40 percent of the country’s voters, the August primaries in the senatorial race produced an exciting 34-to-34 percent practical tie between former president Cristina Fernández de Kirchner and President Mauricio Macri’s chosen candidate, Esteban Bullrich.

The controversy over who ‘won’ in BA province — technically, both Fernández de Kirchner and Bullrich were running unopposed, but the vote still pitted candidates against each other — marred the weeks after the so-called PASO primaries. Fernández de Kirchner, heading the Unidad Ciudadana (Citizens’ Unity) ticket, celebrated the results of the final vote count, which saw her win slimly by 34.27 percent against 34.06 percent for Bullrich, the candidate of the ruling Cambiemos (Let’s Change) coalition. But that doesn’t necessarily mean the former president has a good chance of emerging triumphant in the October 22 midterm vote.

“We used to have a golden rule in Argentine elections: that the candidate who wins the primaries also wins the election. But this is no longer the case,” pollster Analía del Franco told the Times. “The day of the primaries, it appeared as if the government had won the election: their candidates were celebrating their victory in several provinces, we saw constituency maps painted in yellow [the colour of Macri’s PRO party]... if Cambiemos can hold onto this difference in their favour, they will win the race for the Senate.”

The former president’s wafer-thin victory was a disappointment for her team; she had been predicted to win by at least a few percentage points. As a result, a narrative formed after the election that the results read more like a defeat than a victory.

Has the tide turned? Can Fernández de Kirchner win this crucial race this time around?

THE WALKING DEAD. Some compared the former president’s situation to that of Schrödinger’s cat: the results of the primaries showed that her political career is both alive and dead at the same time. Anti-Kirchnerites who wanted a disastrous outcome were surely disappointed by the results, but so were CFK’s supporters, who had hoped for a six-point difference that ended up narrowing down to just a handful of votes. The former president won the August elections, but ever since the beginning of campaigning it has seemed as though she has been coming from behind.

“In order to win, Fernández de Kirchner needs to focus on attracting ‘new’ voters and people with little money in their pockets — especially those who voted for (non-Kirchnerite Peronist contenders) Florencio Randazzo or Sergio Massa in the primaries,” politologist Nicolás Tereschuk told the Times.

Massa, the ex-president’s former Cabinet chief, broke away from the then-ruling Victory Front (FpV) in 2013 and has sold himself ever since as a third way between Kirchnerism and Macri. He obtained 15 percent of the vote in the PASO. Randazzo, another former Kirchnerite official (he served as CFK’s Interior and Transport minister until the very last day of her presidency in late 2015) failed to reach a deal with the former president, confronting her in the primaries and receiving a disappointing six percent while running on his own ticket.

“If you take a map of Buenos Aires province showing the breakdown of the results of the PASO, you would see that this is quite a challenge,” said Tereschuk. “Most people know support for Cambiemos is strong in high-income areas and weak in low-income areas. But Macri’s coalition somehow manages to ‘connect’ with the poor more than CFK with those better off.”

The attempts by the former head of state to attract those voters have taken on the form of a newfound openness. This week, the 64-year-old political leader headed a press conference (for the first in years), during which she criticised federal judge Claudio Bonadio’s decision to summon her to testify over her role in the alleged cover-up of the investigation into the 1994 bombing of the AMIA Jewish community centre. There, she also spoke about her electoral strategy.

“It’s quite clear that two out of three voters in Buenos Aires province are opposed to Cambiemos,” Fernández de Kirchner told a gathering of local and foreign reporters. “I stand by this definition and I will use this ‘card’ until October 22.”

However, most experts believe that those who voted for Massa and Randazzo last time out will not be easily wooed by the former president.

“Many Massa’s voters are angry at him. They believe he has over-promised and under-delivered and some are switching their vote — but to Cambiemos,” said del Franco, who conducted a province-wide poll two weeks ago and is preparing a new one to be released just prior to the election.

Randazzo, for his par t, doesn’t appear to be losing votes among his small, “loyal” electoral base. “Randazzo’s voters are neither anti-Peronists nor anti-Kirchnerites. They want to change Peronism from the inside out. I think he’ll keep most of his votes,” she added.

Political expert Santiago Rodríguez Rey, who holds a MA in Political Communication from University of São Paulo (USC), says that the former president is slowly acknowledging that “the fountains of votes to drink from are dry.” He added that while it is true that two-thirds of the electorate has failed to support the government’s austerity measures at the polls, the same proportion of citizens are not voting for her either.

A first reading of the results of the primaries appeared to indicate that some of Massa’s votes could go to Bullrich and that some of Randazzo’s voters could switch to CFK in a polarised scenario. Rodríguez Rey challenges this view. Many of the votes for the former Interior and Transport minister, he explained, are coming from the province’s interior “and Cristina’s campaign is mostly focused on Greater Buenos Aires.” dialogue of the deaf, so to speak.

A QUESTION OF STRATEGIES. This week’s press conference at Instituto Patria in downtown Buenos Aires was the last in a series of efforts by Fernández de Kirchner to show herself as a more “humane” candidate. The plan included some marketing moves, like the visual impact of her political rallies, aimed at showing that she’s closer to the people, something which drew comparisons to Macri’s depoliticised way of appearing before audiences. And of course, in recent weeks, the former president has shown a renewed passion for interviews with journalists who were repeatedly denied a one-on-one question and answer session with the political leader during the time she was president.

“In the primaries, Cristina’s campaign was tidy and focused, but now she’s taking risks and going off-script,” Tereschuk said. “But it should be noted too that the media and judicial attacks against Kirchnerism have also intensified.”

The political scientist and editor of the Artepolítica website noted that the presence of CFK’s Unidad Ciudadana is “under-represented” if one takes into account the fact that the party is set to receive at least 30 percent of all voting preferences. “At the same time, Randazzo, Massa and even the left appears to be over-represented in radio, TV and even outdoor advertising.”

The ruling party, in contrast, is not taking any chances.

“Cambiemos’ campaign ahead of the primaries was not so good. Back then, the government exhibited its candidate way too much and (former Education minister) Esteban Bullrich doesn’t seem to fare too well in campaigning,” said Tereschuk.

During the last part of the electoral cycle, the ruling coalition used its trump card. Buenos Aires province Governor María Eugenia Vidal stepped in, leading from the front and Bullrich was kept away from the limelight. “So the campaign seems to be going just fine” for Cambiemos, added Tereschuk.

For Rodríguez Rey, this move goes to show that Cambiemos’ campaign in the province works on several levels, from the traditional “timbreo” (doorbell-ringing walks) to the inauguration of public works.

“They have several candidates and non-candidates for different moments of the campaign. It is clear that for Cambiemos, ‘the candidate is political project’ [tactic is what] they have for the province and its centre is Vidal,” he argued.

This is a clear advantage for the ruling party, as the BA province governor — who defeated staunch Kirchnerite Aníbal Fernández in the 2015 elections — is widely regarded as the most popular active politician in the country.

Last week, a poll by the Poliarquía consultancy firm indicated that Bullrich was set to receive between 39 and 42 percent of the votes in the general election, against 36 to 38 percent of Fernández de Kirchner. This “vote projection” was calculated by including an estimation of what would undecided citizens do on October 22.

Does this mean that the former president should take more risks and multiply her public appearances ahead of the crucial vote? Del Franco has her doubts.

“Voters link her televised appearances to the much criticised national broadcasts [cadena nacional] that marked her administration,” said the pollster. “I believe the key has more to do with the territorial campaign and with her walking the province.”

This week, electoral strategists from both sides ruled out a televised debate between the two top candidates in the province. It’s a missed opportunity for the former president, who insisted on holding the debate at a national university and not in a TV studio owned by Clarín Group’s Todo Noticias news channel. Pollsters have repeatedly pointed out that Bullrich — who made a series of spectacular verbal gaffes during the campaign — had more to lose.

What’s at stake? First of all, the winner of the election will get two senatorial seats, while the runner-up wins the minority seat. Fernández de Kirchner is a shoe-in to win a seat, but there’s a more important meaning behind this election: the few votes separating first from second may mean the world for the former president’s political career, a politician who marked the last decade and a half of political life in Argentina, in the years to come.

We’re just days away from knowing.

Lava Jato en Argentina: las constructoras sospechadas ganaron contratos con sobreprecios de US$ 300 millones

Son cuatro empresas brasileñas que obtuvieron una decena de obras casi siempre con el apoyo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. El monto total de lo que ganaron fue US$ 9600 millones. Equivale a más del 40% de la red vial de la Argentina.

por Federico Poore y Matías Di Santi
Chequeado, 11-10-2017


Llegaron, prometieron, ganaron. Casi siempre cobraron. No siempre cumplieron. Durante los últimos 12 años, las empresas brasileras involucradas en la Operación Lava Jato -la enorme investigación de corrupción que se lleva adelante en Brasil y que persigue el pago de coimas y sobornos para ganar licitaciones en obra pública en distintos países del mundo, incluyendo la Argentina-, obtuvieron obras en el país por al menos US$ 9.600 millones, el equivalente a más de 17 mil kilómetros de ruta repavimentados, es decir, el 43% de la red vial total de la Argentina.

Impulsadas en muchos casos por el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), las constructoras de origen brasilero se alzaron con algunos de los contratos locales de obra pública más importantes de los últimos tiempos en medio de sospechas de cartelización, sobreprecios y coimas.

Entre 2005 y 2017, estas empresas ganaron 11 obras en la Argentina, siete de las cuales ofrecieron financiamiento del BNDES. En ellas hubo un sobreprecio promedio de US$ 322 millones, de acuerdo con el relevamiento y el cálculo realizado por Chequeado para esta investigación. Además, varias de ellas (cinco) no han sido terminadas.

“Esto es algo que atraviesa a toda la última década de la política argentina: una gran obra pública, por un gran monto, con un gran plazo, que luego de firmarse da inicio a las famosas adendas. Es decir que lo que valía 10 termina valiendo 30 y la foto final nunca es la del inicio”, dimensionó ante este medio el fiscal federal Federico Delgado.

“Lo que se observa, por ejemplo, en las obras de Odebrecht es un sistema para conseguir contratos” utilizando al BNDES como financista, explicó Delgado, y agregó: “El soterramiento del Sarmiento es el caso paradigmático: que voy, que vengo, y al final la obra la termina financiando el gobierno nacional”.

Resulta difícil combatir estas prácticas con la legislación vigente. Natalia Volosin, abogada especializada en temas de corrupción y máster en Derecho de la Universidad de Yale, de los Estados Unidos, recordó que la Argentina tiene uno de los regímenes de compras y contrataciones “más antiguos de América Latina y el Caribe”. La Ley de Obra Pública, por ejemplo, data del año 1947.

“Las posibilidades que da el régimen de compras para inflar los costos son enormes. Así, una empresa que en un momento apareció como la mejor oferente puede dejar de serlo sin que reciba sanción alguna”, destacó la especialista en corrupción, quien agregó que tampoco existen consecuencias claras para aquellas empresas que se demoran o no cumplen con los trabajos.

Para esta investigación, Chequeado analizó las obras a cargo de las constructoras Andrade Gutierrez SA, Camargo Correa SA, Norberto Odebrecht SA, OAS Limitada y Queiroz Galvao SA, incluyendo las firmas subsidiarias y las uniones transitorias de empresas (UTE) que conformaron junto con otras compañías. Todas estas empresas brasileras poseen directivos involucrados en la Operación Lava Jato.

Si bien no todas estas obras están sospechadas por jueces y fiscales, varias comparten un patrón común. Primero, una constructora brasilera se asocia con una o más empresas argentinas y se presenta a la licitación ofreciendo el precio más bajo y financiamiento del BNDES. Luego, la obra sufre “redeterminaciones de precios” y se firman adendas que van aumentando su valor. En algunos casos, mientras los trabajos se demoran, el banco brasilero se retira y el Estado argentino se ve obligado a buscar fuentes alternativas de financiación. Sea como fuere, la obra casi nunca se termina en tiempo y forma y sale más caro de lo previsto inicialmente.

“Lo que se ve es un modus operandi, que no es propio únicamente de las obras de Brasil sino el modo en el que funcionan las contrataciones de obra pública en la Argentina”, explicó Volosin. Y agregó: “El sistema no está pensado para la eficiencia ni para la transparencia de los procesos. Lo que hacen los funcionarios generalmente es aprovechar los agujeros en cada una de las etapas, desde la determinación de la necesidad de la obra hasta la ejecución de los trabajos”.

Odebrecht fue la gran beneficiaria entre las empresas brasileras: obtuvo contratos que le proporcionaron al menos US$ 7.075 mil millones, un 74% del total. Le siguieron la constructora OAS Limitada, con más de US$ 1.806 millones. Detrás quedan Queiroz Galvao SA (US$ 557 millones) y Camargo Correa SA (US$ 167 millones). En total, estas empresas ganaron 11 obras. El sobreprecio promedio de las obras analizadas fue de US$ 322 millones.


El “beneficio desmedido” de Odebrecht

“Los elementos de prueba reunidos permiten tener por acreditado que, en el marco de los concursos privados llevados a cabo por las empresas (…) Transportadora de Gas del Norte -TGN- y Transportadora de Gas del Sur -TGS-, se instrumentó una maniobra mediante la cual los funcionarios públicos intervinientes perjudicaron los fondos del fideicomiso creado para la realización de las obras allí comprometidas, beneficiando ilegítimamente a las firmas Skanska SA, Techint SA, Contreras Hermanos SA, BTU SA y Odebrecht SA”. La conclusión del entonces juez federal Norberto Oyarbide quedaría perdida entre las mil hojas de su fallo de 2010 si no fuera porque siete años después, según reveló el diario La Nación, el ex ejecutivo de Odebrecht, Márcio Faria da Silva, confesó ante la Justicia de Brasil que la compañía pagó US$ 25 millones en sobornos para obtener la ampliación de esa obra.

Era la primera vez que la Justicia argentina ponía la mira en la constructora líder de América Latina, según el ranking de ventas anuales elaborado por la consultora especializada Structuralia. El fiscal federal Carlos Stornelli investigaba el “caso Skanska” por el Gasoducto del Norte y se topó con una adjudicación millonaria sin licitación pública y con sobrecostos inexplicables: el Gasoducto del Sur. Las obras -sobre todo, extensión de cañerías y construcción de plantas compresoras- se encontraban bajo la órbita del entonces secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, y del interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Fulvio Madaro, ambos funcionarios de extrema confianza del ministro de Planificación Federal durante los tres gobiernos kirchneristas, Julio De Vido.

La sociedad mixta TGS había estimado inicialmente el monto de la extensión de la red en US$ 76,3 millones con el impuesto IVA incluido, pero todas las ofertas que le llegaron fueron superiores y en diciembre de 2004 Jorge García, apoderado de TGS, informó al secretario Cameron que la licitación quedaría desierta. La misma fue abierta semanas después, pero las cotizaciones de las empresas que ofertaron (Odebrecht y el consorcio Camargo Correa-IECSA, compañía que hasta 2017 perteneció al primo del presidente de la Nación, Angelo Calcaterra, y que este año adquirió el empresario Marcelo Mindlin) continuaban por encima de lo previsto. Aún así, TGS contactó a Odebrecht para solicitarle una mejora de sus precios, pedido que no le hizo a su competidor, según señala el fallo citado.

Finalmente, en 2005 la compañía brasilera firmó un contrato por US$ 117,5 millones con IVA incluido, un valor US$ 41,1 millones mayor al presupuesto inicial. García dijo haber hecho “todas las evaluaciones, gestiones y negociaciones a su alcance para lograr una mejora sustancial de la oferta” y consideró “haber logrado el mejor precio posible”.

Odebrecht se comprometió a tramitar un préstamo del BNDES, que finalmente obtuvo en febrero de 2005. Parte del financiamiento provendría, además, del fideicomiso del Banco Nación (Nación Fideicomisos SA -NAFISA-). Pero el trabajo finalmente quedó a cargo de Techint, del empresario Paolo Rocca; la sueca Skanska; y Contreras Hermanos, del empresario Juan Touceda, compañías que fueron subcontratadas por Odebrecht.

Según argumentó la empresa brasileña en ese momento, los millones de dólares de sobrecostos se explicaban por complicaciones en la construcción, retenciones por el impuesto a las Ganancias e impuestos para conseguir el financiamiento del banco brasilero. Sin embargo, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sostiene que en el acta de apertura del concurso privado no se incluyeron los detalles de las ofertas presentadas ni un informe técnico “que justifique la elección de (…) Odebrecht SA”. Además, señalaron: “Si bien el ente regulador [Enargas] recomendó la aprobación de la contratación por el plazo de la construcción del gasoducto, no consta la existencia de un informe circunstanciado que avale la razonabilidad del incremento del costo de la obra”. El resultado: el Enargas “permitió la asunción de una obligación abusiva (…) que conllevó a la obtención de un beneficio desmedido por parte de las empresas contratadas”.

Según la empresa TGS, la extensión de los gasoductos fue finalizada en 2008, y un documento publicado por el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la Universidad de Buenos Aires (UBA) señala que la obra permitió aumentar la capacidad de transporte de la red operada por TGS en 2,9 millones de metros cúbicos de gas por día. Casi una década después de su finalización, US$ 117,5 millones es el último valor oficial que se conoce del Gasoducto del Sur. A pesar del paso del tiempo, estos montos quedaron bajo la lupa del fiscal Stornelli, quien luego de una investigación preliminar realizó una denuncia penal que recayó en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado.

Las tareas de Odebrecht en torno al sistema de gas argentino no terminaron ahí. Mientras emprendía las obras de extensión, la empresa participó y quedó a cargo de las tareas de ampliación de los gasoductos Norte y Centro Oeste (a cargo de TGN) y Sur y Neuba II (TGS). Esa es la obra por la que se habrían pagado US$ 25 millones en sobornos, según reveló La Nación. En la práctica, se trataba de la colocación de loops o cañerías paralelas a lo largo de 15 provincias para llevar el gas desde el norte y sur del país hasta la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

En 2005, a pedido de De Vido, TGN y TGS lanzaron concursos abiertos para elegir a los constructores. Ya desde el cálculo inicial hubo problemas. Según el dictamen del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa por supuestos sobreprecios que tramita en el juzgado de Rafecas, TGS señaló que “los costos correspondientes al montaje de cañerías fueron determinados en función de los valores ofertados por el contratista de la expansión del Gasoducto San Martín del año 2005 [N. de la R: Odebrecht] que fueron superiores a los acordados con dicho proveedor”. Es decir, los valores ya venían inflados y se volverían a inflar.

Resultaron ganadoras las empresas Albanesi SA (privada) y Cammesa SA (compuesta por el Estado nacional y cuatro asociaciones del sector privado), en el norte y sur, respectivamente. Las compañías, sin embargo, prefirieron dejar las tareas en manos de otra empresa y volvieron a llamar a concursos abiertos. La ganadora de ambos fue Odebrecht, que aplicó el mismo modus operandi que con la obra de extensión: consiguió el respaldo financiero del BNDES y subcontrató a un grupo de firmas locales para la construcción: Techint, Contreras Hermanos SA, Esuco SA (del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, Carlos Wagner) y BTU SA (del empresario Carlos Mundín), en este último caso con una pequeña participación. El monto final del contrato, según el peritaje de la Corte, fue por US$ 2.266 millones con IVA incluido.

Sin embargo, según el mismo documento y la denuncia de Stornelli, el monto inicial establecido en los concursos para la obra denominada “Ampliación gasoductos TGN y TGS 2006-2008” había sido menor (US$ 1.677 millones con IVA), es decir, una diferencia de US$ 588,4 millones sobre el valor final. “No se observa una debida justificación técnica y económica que respalde la razonabilidad o probabilidad de dicha variación o desvío presupuestario”, destacó el fiscal en su investigación preliminar.

Chequeado contactó a todas las empresas argentinas involucradas en este contrato. Desde Contreras Hermanos, empresa que fue subcontratada por Odebrecht en la obra de extensión y en la de ampliación de gasoductos, argumentaron ante este medio que el “precio inicial y precio final son el mismo, salvo ajustes por inflación”. Sin embargo, y para evitar el impacto inflacionario en los precios, este medio calculó el aumento de las obras antes señalado en dólares y no en pesos.

Aunque el nombre de la obra indica el año 2008 como fecha de finalización, más de una década después de la firma del contrato la ampliación de los cuatro gasoductos aún no se completó. No sólo eso: en 2012, la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que con la documentación aportada por NAFISA (Nación Fideicomisos SA, la administradora de los recursos para obra) “no pudo validarse el avance físico de la obra informado por Enargas, como así tampoco pudo verificarse las demoras generadas sobre las habilitaciones de obra”.

A fines de 2016, casi un año después de que Mauricio Macri llegara a la Presidencia, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación pidió a la Justicia federal que investigue el informe de la AGN e instruyó, a través de Cammesa, a Nación Fideicomisos SA “para que proceda en forma inmediata a tomar todas las medidas necesarias para rescindir el contrato” con Odebrecht. La Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de la ex diputada del PRO Laura Alonso, solicitó, además, ser parte querellante en la causa para investigar las irregularidades detectadas. Consultada por Chequeado para esta nota, desde Odebrecht se limitaron a decir que la compañía “es prestadora de servicios” y “que las informaciones que ustedes necesitan deben ser facilitadas por nuestros clientes [N. de R.: empresas subcontratadas]”.

El 6 de octubre de 2017, De Vido fue citado a indagatoria por esta causa. La decisión del juez federal Daniel Rafecas también alcanzó a Cameron; al ex subsecretario de Energía Eléctrica, Bautista Marcheschi; y al ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar. “Existió una tendencia beneficiante por parte de funcionarios públicos de la órbita del ex Ministerio de Planificación en miras a que fuera la constructora Odebrecht la que asumiera la ejecución de las obras de los gasoductos”, destacó el magistrado en el llamado a indagatoria.


El extraño caso de las licitaciones mellizas

Una planta potabilizadora, 40 kilómetros de acueductos, la toma de agua en el río Paraná de las Palmas y un túnel de casi 15 kilómetros de extensión: el Sistema de Potabilización del Área Norte, ubicado en el Municipio de Tigre, en la Provincia de Buenos Aires, es una de las obras de infraestructura más ambiciosas de las últimas décadas. También, una de las más sospechadas.

En marzo de 2008, la empresa estatal AySA realizó un llamado a licitación para la construcción y puesta en marcha de la planta y sus obras anexas, para lo cual estimó un presupuesto de US$ 595,4 millones, IVA incluido. Hubo dos ofertas: la primera, de un consorcio integrado por Construcciones y Comercio Camargo Correa SA y Esuco SA; la segunda, de una UTE compuesta por Odebrecht, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA.
El Sistema de Potabilización del Área Norte: una planta potabilizadora, 40 kilómetros de acueductos, la toma de agua en el río y un túnel de casi 15 kilómetros. Crédito: Odebrecht.

Antes de avanzar con la adjudicación, AySA pidió a la UTE integrada por Odebrecht que mejorara su oferta. La empresa respondió que esto era imposible, pero a cambio ofreció un incremento en el financiamiento del BNDES. Luego, como explica este informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), AySA ajustó el presupuesto a US$ 869,8 millones sin que mediara modificación alguna en el pliego de condiciones. Finalmente, la obra fue adjudicada al consorcio integrado por Odebrecht por US$ 880,4 millones, un valor incluso superior al presupuesto ajustado.

Según informaron a Chequeado desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), un órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción que depende de la Procuración General de la Nación y que está a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, desde el llamado a licitación para la megaobra en Paraná de las Palmas hasta el plazo límite para presentar las ofertas habían pasado apenas tres semanas.

Poco después comenzaron las obras, que en teoría debían estar terminadas para enero de 2012. Sin embargo, informa la AGN, “la ausencia de una adecuada planificación” generó demoras en la ejecución de los trabajos. “Un pequeño atraso en las obras es siempre justificable”, dijeron los auditores, pero en este caso “los atrasos, a criterio de esta auditoría, excedieron largamente lo justificable”. Estas demoras, naturalmente, terminaron afectando el valor final de la obra.

¿Cómo se plasmaron estos aumentos? Mediante adendas y actas acuerdo. Por ejemplo, la adenda Nº 9 de noviembre de 2013 agregó la construcción de un acueducto en Escobar por US$ 140,2 millones, mientras que la Nº 11 le sumó al “combo” obras de pavimentación por US$ 22,7 millones. Para entonces, la obra ya había superado la barrera de los mil millones de dólares y sus costos sumaban US$ 1.043,9 millones. La cifra posiblemente sea mayor ya que falta agregar otros adicionales detectados por la auditoría del Centro Argentino de Ingenieros, cuyos montos se desconocen.

Pero hay más. Mientras la UTE liderada por Odebrecht se adjudicaba la construcción de esa planta, otro consorcio integrado por la brasileña Camargo Correa y la empresa argentina Esuco SA se quedaba con un contrato para la construcción de una planta cloacal en Berazategui, ubicada también en la Provincia de Buenos Aires en paralelo al Río de la Plata y la Autopista Buenos Aires-La Plata. Según publicó el diario La Nación, el encargado de organizar el reparto de estas obras era el dueño de la constructora Esuco, Carlos Wagner, nexo entre los funcionarios de Planificación Federal, a cargo de De Vido, y los ejecutivos de Odebrecht para el pago de sobornos.

Como si se tratara de un juego de espejos, esta obra también sufrió aumentos llamativos en sus costos. El monto inicial de la planta se calculó en US$104,5 millones, aunque pronto comenzaron los incrementos. Dos empresas presentaron ofertas para la planta de Berazategui: Electroingeniería (grupo liderado por los empresarios Gerardo Ferreyra y Osvaldo Costa, cercano al anterior gobierno y que también incursionó en el mercado de los medios de comunicación) y la UTE integrada por Camargo Correa y Esuco. AySA aceptó la propuesta de esta última, incluyendo una “mejora de oferta” que en realidad era una propuesta de financiación por medio del BNDES. El contrato de adjudicación fue por US$ 145,9 millones, IVA incluido.

Sin embargo, y repitiendo el esquema de Paraná de Las Palmas, se firmaron al menos dos adendas con “redeterminaciones de precios” que llevaron su costo a US$ 167,3 millones. “Sorprende que rubros de alto costo unitario tengan incrementos muy elevados”, sostuvieron los auditores del CAI, quienes agregaron: “Llama la atención que en algunos ítems se duplique, triplique y más las cantidades que se calcularon para la oferta”.

“En Berazategui, el contrato sufrió un fuerte impacto debido a correcciones inflacionarias que ya estaban previstas (en el contrato), ampliadas por adendas que extendieron el plazo del contrato, sin ninguna irregularidad”, fue la explicación de Camargo Correa.

El caso de las licitaciones mellizas terminó en la Justicia y el 1° de septiembre de 2017, el juez federal Sebastián Casanello ordenó la declaración indagatoria del ex presidente de AySA, Carlos Ben; su mano derecha, Raúl Biancuzzo; y representantes de Odebrecht, Camargo Correa, Benito Roggio, Esuco, Supercemento y José Cartellone Construcciones, entre otros. Casanello consideró que las licitaciones que terminaron en ambas adjudicaciones fueron direccionadas de antemano para que el consorcio liderado por Odebrecht ganara la obra de Paraná de Las Palmas y el otro liderado por Camargo Correa obtuviera la obra de la planta de líquidos cloacales en Berazategui.

Según el informe que el fiscal federal Sergio Rodríguez hizo llegar al juez de la causa, Odebrecht conocía el lugar, la fecha y los detalles técnicos del financiamiento para la construcción de la planta en Paraná de las Palmas casi medio año antes de que AySA hiciera público el llamado a licitación. Intercambios entre el BNDES y el consorcio liderado por Camargo Correa revelan que esta empresa también supo mucho antes sobre la construcción de la planta de Berazategui. “Esto evidencia acuerdos preexistentes y desnuda el montaje de la licitación pública como una mera puesta en escena”, sentenció el juez Casanello al firmar el llamado a indagatoria.

A fines de septiembre, el diario La Nación reveló que Odebrecht está próxima a vender su parte en la obra a Roggio, Cartellone y Supercemento, sus socios locales. Así y todo, falta acordar una solución para un planteo de la empresa brasilera, que reclamara una millonaria compensación por supuestos incumplimientos de AySA vinculados con el pago en tiempo y forma por las obras realizadas.


“Trabaja bien y cobra barato”

En esta trama no sólo está involucrado el anterior gobierno nacional. Entre 2008 y 2009, el Gobierno de Córdoba llamó a una licitación internacional para la construcción de los gasoductos troncales de la provincia, estableciendo que los oferentes debían proveer el financiamiento de al menos el 75% del precio de la obra. La ganadora fue una UTE conformada por la brasilera Andrade Gutierrez SA, y las argentinas IECSA SA y Britos SA, que ofreció hacer el trabajo por US$ 220 millones y propuso el financiamiento del BNDES.

Los contratos se firmaron en 2009, durante el primer mandato de Juan Schiaretti (PJ), y pronto comenzaron los trámites ante el Ministerio de Economía de la Nación “para tornar operativo” el crédito del banco brasilero. La obra estuvo varios años paralizada hasta que en marzo de 2015, durante la gestión de Juan Manuel de la Sota, la provincia anuló los contratos dado que las empresas oferentes no contaban con el financiamiento. Así y todo, el Gobierno provincial terminó pagándoles $ 35,3 millones en concepto de “tareas preliminares” de la obra que nunca se hizo.

Mientras tanto, el presidente de Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, fue condenado por la Justicia brasilera y llegó a un acuerdo para reducir su pena a cambio de suministrar información, lo que en Brasil se conoce como “delación premiada”.

Entre 2015 y 2016, ya con Schiaretti nuevamente al frente del gobierno provincial, la provincia relanzó la licitación, ahora con 500 kilómetros más de obra. Odebrecht resultó adjudicataria de seis de los diez tramos de gasoductos troncales, a pesar de que para entonces la empresa brasileña ya era investigada tras haber confesado el pago de sobornos. En julio de 2016 estos seis tramos se adjudicaron por US$ 147 millones, monto que seis meses más tarde se actualizó a US$ 179 millones. Fuentes de la Gobernación de Córdoba confirmaron a Chequeado que todos los trabajos se iniciaron este año, con avances que van del 14,9% (Punilla II) al 87,3% (Sistema Regional Ruta 2).

¿Por qué la provincia eligió a Odebrecht a pesar de ya estaba siendo investigada por corrupción en el Lava Jato? Porque “trabaja bien, rápido y cobra barato”, argumentó Schiaretti en mayo de este año durante un encuentro con periodistas. En agosto le volvieron a preguntar: ¿Cómo puede ser que Odebrecht haya coimeado en todos lados y en Córdoba no? “Porque no lo dejamos. Es muy simple”, dijo. Algunos de los miembros del gabinete cordobés no ayudan a disipar las sospechas: Fabián López, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos provincial, será indagado en diciembre por su rol como número dos de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación durante el kirchnerismo en el caso de las licitaciones mellizas y los sobreprecios por las obras de AySA. Su jefe era José López, el hombre que la madrugada del 14 de junio de 2016 fue filmado mientras tiraba bolsos con plata en un monasterio y ahora está detenido y procesado por el delito de enriquecimiento ilícito.


El soterramiento infinito

El 13 de septiembre de 2017, las oficinas de Odebrecht en la Argentina fueron allanadas en la causa que investiga supuestas coimas de la empresa brasilera para que se le asignaran las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. La orden librada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi fue, hasta ahora, el último capítulo de la saga que comenzó hace más de una década, durante la Presidencia de Néstor Kirchner, con un llamado a licitación de la Secretaría de Transporte de la Nación a cargo de Ricardo Jaime.

La UTE conformada por Odebrecht, IECSA SA, COMSA SA y Ghella SA fue una de las dos que presentó ofertas (la otra fue un consorcio compuesto por Isolux-Esuco) y la que finalmente se adjudicó la obra por US$ 889 millones. Un decreto, primero, y diferentes adendas, después, fueron elevando los costos del primer tramo, que hacia principios de 2011 ya rondaba los US$ 1.483 millones.

Esta cifra no sería la última: en noviembre de 2013 el consorcio liderado por Odebrecht informó -como señaló el diario Perfil- que el directorio del BNDES había aprobado un crédito de US$ 1.508 millones por el 50% del monto contractual aproximado, es decir que para entonces el costo de la obra ya ascendía a US$ 3.016 millones. La cifra podría aumentar aún más si se considera que el presidente Macri decidió en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 797/2016 proyectar desembolsos en los próximos tres años por un total de $45 mil millones para completar la obra.

El 28 de junio de 2017, Odebrecht presentó ante el Ministerio de Transporte de la Nación una “modificación accionaria” que le permitió salir del proyecto. La propuesta consistió en venderle su parte del consorcio a la italiana Ghella, que ya cuenta con una participación en la obra. La propuesta fue aceptada y la salida de Odebrecht del Sarmiento es un hecho, confirmaron a Chequeado desde el Ministerio que conduce Guillermo Dietrich.

Ese mismo día, el Ministerio de Transporte creó una comisión para revisar las irregularidades en el soterramiento, por lejos la obra con mayor sobreprecio de las que integran esta investigación. La empresa que avanza con la obra ahora se llama Consorcio G&S (Ghella y SACDE, siendo Sacde la continuadora de IECSA), ya que COMSA SA también salió del proyecto este año, confirmaron a Chequeado voceros de la compañía. A la fecha, la máquina tuneladora lleva excavados y ensamblados 1.579 metros de túnel, apenas el 17% de la primera etapa.


OAS, “la Odebrecht del Norte”

Pocos grupos empresarios brasileños tuvieron un ascenso tan vertiginoso y controvertido como el que experimentó OAS, grupo que hoy conforman 12 empresas. Creado más de tres décadas después de la aparición de Odebrecht, el conglomerado bahiano se ubicó en 2015 en la segunda posición del ranking de constructoras latinoamericanas con mayor volumen de ventas anuales. En la Argentina, una de sus primeras incursiones se daría en 2009, pero lo más curioso sucedió en 2015.

Mientras en Brasil la Operación Lava Jato sumaba denuncias de corrupción contra ejecutivos de OAS, en la Argentina Cristina Fernández de Kirchner -que atravesaba el último año de su segundo mandato- decidió otorgarle un préstamo por US$ 964 millones para el proyecto hidroeléctrico Los Blancos, en Mendoza. Esta obra había sido preadjudicada en 2012 a la UTE conformada por Cartellone Construcciones Civiles (propiedad de la familia mendocina Cartellone) y la sucursal argentina de OAS por un monto de US$ 1.426 millones con IVA incluido.

OAS se había comprometido a obtener más de la mitad del costo de la obra con financiamiento del BNDES como parte de su oferta, pero el crédito nunca se concretó. De allí el anuncio de Fernández de Kirchner de junio de 2015 de que el Estado nacional terminaría cubriendo hasta el 65% del total. Esto modificaba el criterio señalado en la resolución por la cual se preadjudicó la obra y en documento de manifestación de interés, donde se acordaba que la inversión necesaria sería obtenida mayormente por la empresa.

“La oferta se ajustaba a lo largo de las fechas por el Decreto N° 1295/02 que verifica la posibilidad de ajustar el precio de una obra mediante la redeterminación de precios en los contratos de obra pública, por lo que al momento del cambio de gestión se hicieron las posibles previsiones de montos necesarios para atender la obra”, recordó a Chequeado Rolando Baldasso, ex ministro de Infraestructura durante la gestión de Francisco Pérez, sobre un monto final que hoy se desconoce.

Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería de Mendoza de la gestión actual de Alfredo Cornejo (UCR), señaló a este medio que “dentro de las condiciones de la licitación estaba la provisión de parte del financiamiento por parte del BNDES”.“Al OAS entrar en problemas financieros -explicó el funcionario-, el financiamiento no se concretó por lo que la adjudicación definitiva no se realizó y, por ende, los trabajos aún no se han iniciado”.

Respecto del estado actual de la obra, Guiñazú subrayó: “Hoy el proceso se encuentra en stand by a la espera de una definición respecto al perfeccionamiento del financiamiento del consorcio adjudicado”.

Como se dijo, una de las primeras incursiones de OAS fue en 2009. Ese año, el Gobierno de Chaco llamó a licitación para construir el “Segundo Acueducto para el Interior” que, según el anuncio, beneficiaría a 26 localidades y al 50% de la población provincial. El presupuesto oficial de la obra era de US$ 300 millones con los impuestos incluidos, según datos oficiales del Ministerio de Infraestructura provincial. Cuatro meses después, el gobernador y ex jefe de gabinete de la Nación de Fernández de Kirchner, Jorge Capitanich, realizó la apertura de sobres y las cuatro oferentes fueron Techint SA y tres UTE, entre ellas la que estaba conformada por OAS Limitada, Supercemento SA y Rovella Carranza SA.

En febrero de 2011, el Gobierno provincial concedió la obra a la UTE conformada por la brasilera OAS, a pesar de que su oferta había sido más elevada que las demás, según señaló el diputado provincial Livio Gutiérrez (UCR) en una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a la que Chequeado tuvo acceso.

La obra, explicó el gobierno provincial, se realizaría con recursos nacionales, fondos de la provincia de Chaco (a través del Fondo Federal Solidario) y financiamiento internacional proveniente del BNDES obtenido por OAS. En julio de 2011, Capitanich se reunió con representantes de la UTE “para definir detalles sobre la ejecución”. Los trabajos comenzaron en agosto de aquel año, con un plazo de construcción de 36 meses.

La explosión del Lava Jato cambió todo. “En marzo de 2015, cuando se conoció el caso, la empresa OAS proveedora de caños paralizó la entrega y el BNDES suspendió los desembolsos del endeudamiento que había tomado la provincia por unos US$160 millones, (…) y sólo desembolsó US$116 millones”, señaló a este medio el diputado Gutiérrez, quien agregó que, a pesar de que se hicieron redeterminaciones y la fecha de finalización era 2014, el acueducto no se terminó. Un video institucional de la empresa provincial Sameep publicado en octubre de ese año aseguraba que la obra se encontraba ejecutada en un 67 por ciento.

El gobierno anunció que el acueducto iba a estar terminado en septiembre de 2014, pero a la fecha aún no fue finalizado.

El préstamo otorgado por el BNDES expiró en septiembre de 2015, por lo que Capitanich viajó a Río de Janeiro y acordó una prórroga del contrato. Sin embargo, en enero de 2017 el banco brasileño informó que no retomaría el financiamiento. Un mes más tarde, el flamante gobernador chaqueño, Domingo Peppo (PJ), firmó un convenio con la Nación por $ 2.500 millones que reemplazan el crédito internacional con el BNDES y para finalizar el 34% restante del acueducto. En esta nueva etapa, OAS fue reemplazada en la UTE por la empresa CPC.

Si se suman todos los recursos gastados y presupuestados, el valor final del acueducto se estima en al menos US$ 380,3 millones, una diferencia de US$ 48,6 millones con respecto al monto inicial. “OAS es la Odebrecht del norte”, comparó Gutiérrez y dimensionó: “En esta obra, en pesos, se gastó más de cuatro veces de lo que estaba previsto y todos los plazos están vencidos. Pero, por sobre todas las cosas, el acueducto no fue finalizado”, concluyó.



Esta investigación contó con la colaboración de Ariel Riera, miembro del equipo de Redacción de Chequeado. Se trata de un trabajo en conjunto entre Armando Info de Venezuela y Chequeado de la Argentina, que también fue publicado por el diario Folha de San Pablo y Agencia Lupa en Brasil.

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