678: la Intifada permanente




La trinchera oficialista en la TV pública promete seguir la batalla. Un programa que quedó rehén de su propio formato, pese a que el escenario cambió hace tiempo. Un escenario que, según tirios y troyanos, el propio “678” ayudó a modificar. Aunque legisladores kirchneristas ven un “ciclo cumplido”, sus productores van por más y anuncian un 2013 “fuerte”, con más de lo mismo.

por Federico Poore
Ambito Financiero, 28-12-2012

"¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!", grita Sandra Russo. Sentada en el panel, la cronista se toma la cabeza y hace muecas de fastidio. Los televidentes no pueden verla ni oírla: lo que está al aire -provocando la furia de la columnista- es un informe hecho por la producción de 678 en el que un periodista increpa a Jorge Lanata por supuestos datos falsos que el conductor dio sobre Diego Gvirtz y otras aparentes contradicciones en las que habría incurrido la estrella de Canal 13. Ante cada pregunta, el exdirector de Crítica respondía un salmo: "Gvirtz es un chorro". El efecto era de por sí cansador, pero la edición en loop de la pieza lo estaba llevando a niveles insostenibles. "Gvirtz es un chorro, Gvirtz es un chorro, Gvirtz es un chorro". "¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!".

Vuelta a estudios. "Por fin terminó ese informe", exclama Russo, ahora al aire. Lo dice como si se sacara un peso de encima. "Yo hice zapping", se suma Nora Veiras, que durante el tape había aprovechado para revisar los mensajes en su teléfono celular. Las cámaras evitan a la tribuna, que esta noche no brilla por su masividad ("Tenemos seis tipos. Y uno tiene un sombrero de cowboy", señala una de las jóvenes productoras). Dos muchachos con barba y morrales cruzados llegan antes del final del primer bloque. Ahora son ocho.

¿Qué pasa con 678, el programa insignia del kirchnerismo? ¿Qué cambió desde el bienio 2009-2010, cuando era un fenómeno social, con un grupo de seguidores en Facebook que lograron convocar quince mil personas al Obelisco en defensa de la ley de medios? Los antiguos aliados buscan despegarse de su sesgo hiperoficialista y otros dejaron de aceptar invitaciones. "Ya no lo veo", reconoce un diputado del Frente para la Victoria. "Debería abrirse un poco más", admite un senador kirchnerista. Ninguno se anima a decirlo on the record -más de una vez estuvieron en el programa y cada tanto regresan-, pero ambos piensan que la emisión "cumplió un ciclo".


***

Por los pasillos del estudio cinco de Canal Siete camina a paso ligero Fernando Agejas, productor ejecutivo de 678. "El formato no se agota porque el resultado de una elección haya sido contundente (se refiere a la reelección de Cristina) y en contra de los deseos de los medios privados concentrados. Su margen para operar sigue siendo igual de fuerte", opina durante una de las tandas. ¿No se modificó un ápice el rol del programa después de tantos años de discusión acerca del lugar que ocupan las empresas de medios? "Lo único que cambió es que aquello que era de sentido común para la mayoría se dividió un poco: alguna gente ya no compra lo que dice un medio como la verdad revelada o una objetividad pura y casta".

Ese aporte a la desacralización del lugar del periodismo puede contarse como el principal activo del programa. Incluso sus detractores reconocen que, en sus inicios, supo captar un clima de época. Las primeras emisiones de Seis en el Siete a las Ocho tuvieron lugar al calor del adelantamiento de las elecciones legislativas de 2009, la psicosis por la gripe A y las candidaturas testimoniales. La derrota del kirchnerismo le dio un carácter resistente, casi de trinchera. En el segundo semestre de ese año, se transformó en la única tribuna de la televisión abierta (y en gran medida, de la televisión a secas, incluido el cable) donde en plena discusión por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se repitió y justificó la frase oficial que decía que "Clarín miente", y donde se les dio espacio a los académicos que apoyaban la nueva legislación para que explicaran en un marco cordial la norma propuesta.

Por aquellos meses, la emisión logró captar a una audiencia relativamente amplia y movilizada, y se colocó como el segundo programa más visto de la Televisión Pública, por detrás del entonces recién estrenado Fútbol Para Todos. Pero los tiempos vertiginosos de la política argentina hacen que los casi cuatro años que transcurrieron desde entonces -recordemos: Néstor Kirchner vivía y el oficialismo recién comenzaba su pelea con el Grupo Clarín- parezcan décadas. Después de todo, no es lo mismo un Gobierno herido tratando de pasar algunas leyes agradables al paladar progresista en un Congreso dominado por la oposición triunfante, que la situación que se dio post 54% de los últimos quince meses (aunque las cifras de rating se mantienen). Como sentenció alguna vez la ensayista Beatriz Sarlo, los Kirchner libraron una batalla cultural y la ganaron.

En este contexto, algunos panelistas pugnan por mostrar una mayor variedad ideológica de la que el programa propone. "Más de una vez hicimos sugerencias sobre invitados que al final quedaron en agua de borraja. Tanto la línea de los informes como los invitados los maneja la productora. Ni los panelistas ni el conductor tenemos incidencia sobre ella", cuenta Veiras.

La exconductora María Julia Oliván confirma en su libro 678, la creación de otra realidad, que escribió junto al sociólogo Pablo Alabarces, que las decisiones sobre los invitados las toma la productora Pensado Para Televisión (PPT). "Los demás sólo pueden contradecir o adherir lo que dice la línea editorial. Es como si los periodistas llegaran a la redacción de un diario que ya está escrito, pero al que le pueden agregar comentarios al margen", ilustra.



***

Roberto Guareschi, miembro de la Academia Nacional de Periodismo y director de la redacción de Clarín entre 1990 y 2003, entiende que esta fórmula aún es eficaz: "Es una herramienta del kirchnerismo para combatir al periodismo de los medios masivos, para desprestigiarlo y sacarlo del trono de la verdad, justo en un momento histórico que lo facilita".

No obstante, se apura a aclarar que, para él, 678 "no hace periodismo, sino activismo". "A diferencia del periodismo militante, que se dirige a sus compañeros para darles identidad y unidad pero también a los neutrales y opositores (a los que busca conmover y convencer), '678' sólo hace contrapeso político al interior del kirchnerismo. Sólo se dirige a 'los compañeros'. A veces lo veo por mi oficio y porque me divierte y me enoja. Diría que es una versión deformada de aquello que hace el periodismo opositor, algo que sería inocuo si no se transmitiera por un canal estatal tomado por el Gobierno pero pagado por todos", sentencia Guareschi.

Para Guillermo Mastrini, titular de la cátedra Políticas y Planificación de la Comunicación en la UBA y especialista en Derecho a la Información, el objetivo inicial de la emisión -deconstruir el mensaje de los medios masivos- era loable. El tema, sostiene, es que esta tarea no se hace de forma ecuánime y diversa. De acuerdo con el investigador, al principio el programa mostraba cierto alineamiento con el Gobierno, pero también permitía la presencia de voces políticas y sociales disonantes. "No era la situación extrema a la que hoy se asiste, con una lógica de respuesta inmediata a la agenda cotidiana", dice.


***

Este sesgo monolítico del programa es combatido desde adentro por algunos columnistas. El conductor que acaba de dejar el ciclo, Luciano Galende, a menudo relativizaba los informes de la factoría Gvirtz, como cuando cuestionó el modus operandi que se usó para cubrir el cacerolazo de junio (los cronistas, en vez de ir identificados con el logo de 678, habían ido con un cubo de la CNN).

"En el panel hay... no diría una interna, pero sí debates implícitos entre nosotros acerca del rol del periodismo. Ese debate pasa por si '678' es una herramienta del Gobierno para comunicar o un ejercicio de periodismo que debe incluir críticas. Y yo estoy más cerca de ese segundo discurso", dice Cynthia García, una de las incorporaciones 2012 del ciclo. Nora Veiras, que tampoco formó parte del plantel inicial, recuerda la entrevista que mantuvo con Diego Gvirtz, allá por 2010: "Le dije que quería participar del ciclo, pero le advertí que por ahí no tenía el nivel de convicción de algunos de los panelistas".

Desde la producción aseguran que la intención es abrir el espectro y multiplicar las emisiones de 678: El debate que estrenaron en 2012 con Roberto Gargarella, Ricardo López Murphy, Rogelio Frigerio y Sergio Bergman. "El tema es que muy pocos opositores aceptan venir porque piensan que les vamos a hacer alguna zancadilla. Pero si uno ve los debates, queda claro que esto no es así", dice Agejas, quien revela que entre las personas que declinaron la invitación se encuentran Ricardo Kirschbaum, Santiago Kovadloff y Eduardo van der Kooy.

Otros disienten. Guareschi, por ejemplo, piensa que a esta altura del partido no hay reforma que valga. "Su activismo perdería filo: los militantes kirchneristas se sentirían traicionados y, peor aún, aburridos. Por otro lado, si decidieran incluir 'otras voces', ningún número y calidad serían suficientes para convencer a los de afuera de que su apertura es genuina y no un disimulo o una trampa. Una misión imposible", analiza.

Para Veiras, el sentido de barricada del programa "es funcional a la lógica de funcionamiento del kirchnerismo, un Gobierno que no está tranquilo en la tranquilidad y que genera permanentemente situaciones de polémica, a veces sin una evaluación previa de costo-beneficio". Así y todo, se muestra sorprendida por el uso que hace de la emisión la minoría intensa, en su mayoría de clase media, que apoya al kirchnerismo: "Es muy llamativo cómo mucha gente se identifica en el programa y encuentra en sus opiniones una forma de sostener las propias convicciones", señala.

Claro que entre sostener convicciones y confirmar prejuicios hay una línea muy delgada, que el programa tiende a desdibujar en consonancia con lo que ha ocurrido en el resto del mapa mediático. En el marco de la guerra discursiva y económica que el Gobierno libra contra Clarín en torno a la adecuación del conglomerado a la ley de medios, la primera víctima fue la calidad del periodismo vernáculo, resultado de la creciente polarización editorial: el apoyo acrítico o la oposición furibunda al Gobierno de Cristina de Kirchner. "Los dos bandos se abroquelaron en posiciones radicales. Esto hace que se pierda la posibilidad de ampliar más el espectro de discusión", se lamenta Veiras.

En 2013, adelantan los productores, habrá dos recambios de panelistas. Pero el corazón de la emisión continuará latiendo en los informes, aquella especialidad que Gvirtz perfecciona desde las épocas de Televisión Registrada (TVR), redundantes y didácticos como una suerte de evangelio oficialista, donde los zócalos seguirán contando la historia de un Gobierno valiente que resiste, día tras día, los injustos ataques de una serie de villanos claramente identificables (Magnetto, Cobos, Duhalde o Carrió), a menudo señalados como parte de un mismo complot o asociados mediante cadenas de equivalencias. Trazos gruesos en tiempos de sintonía fina. Como un programa que no puede abandonar la Intifada, un estilo que, vaya casualidad, también explica un rasgo esencial del kirchnerismo. Una Intifada permanente, algo así como un oxímoron.


***

De vuelta al tape. "Jorge, dijiste que la empresa Red Sea que tiene sede en Panamá es de Diego Gvirtz, ¿Podés ver una constancia de la AFIP donde figura que esa empresa es nacional?", insiste el cronista de Duro de Domar (otro de los ciclos de la productora). "Gvirtz es un chorro", responde Lanata. El segmento se extiende por varios minutos: es una respuesta punto por punto a un informe anterior de Periodismo Para Todos.

Al parecer, nadie tiene ganas de escuchar estas operaciones cruzadas de periodistas-empresarios, o las excusas sobre los domicilios legales y los posibles accionistas de la empresa del creador de 678. Mientras Gvirtz sigue ocupando minutos librando su guerra personal, Mariana Moyano, Cabito y el canciller Héctor Timerman se refugian en sus teléfonos celulares.

Entrevista a Martín Sabbatella

"Un testaferro violaría el espíritu de la ley"
El presidente de la Afsca analiza cómo será el nuevo mapa de medios tras la adecuación de los grandes grupos.

por Federico Poore
Debate, noviembre 2012

Un enjambre. Así es, por estos días, el sexto piso de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Prenseros que van y vienen, teléfonos que suenan varias veces y una lista interminable de personas que esperan para hablar con Martín Sabbatella, que en sus primeras semanas al frente del organismo mantuvo decenas de reuniones con dueños de canales, radios y cooperativas, representantes de cámaras empresarias, invitados internacionales y, por supuesto, la prensa.
“Todas las voces, todas”, dice Sabbatella entre risas, mientras recibe a Debate en su despacho durante un breve momento de calma. El presidente de la Afsca admite que en el corto plazo se está encargando de seguir de cerca la desinversión de los grupos excedidos y que “a mediano y largo plazo” se irán dando las demás misiones que establece la norma.

¿Qué debería pasar en diciembre?
El 7 de diciembre es la fecha tope que estableció la Corte para que todos los grupos presenten su plan de adecuación. Para la Corte, las cautelares deben tener un límite porque si no, terminan resolviendo la cuestión de fondo a favor de quien las presenta. Además, fue muy clara cuando dijo que no había ningún riesgo en torno al derecho a la información.

Pero, ¿qué implica, concretamente?
Que antes del 7 de diciembre todos los grupos económicos que superen los topes que la ley plantea -35 por ciento del mercado, 10 licencias de aire o 24 sistemas de cable- tienen que presentar un plan en Afsca.

¿En cuánto se excede Clarín de lo que indica la ley?
Según nuestras estimaciones, sujetas a revisión, Clarín tiene 266 licencias. Es el que más excede la Ley y el único que ha expresado la voluntad de no cumplirla. Pero unos veinte grupos están por encima del tope.

En las últimas semanas, mantuvo encuentros con distintos dueños de medios. ¿Qué se habló en esas reuniones?
A todos se les planteó lo mismo: que tenían hasta diciembre para presentar su plan. Algunos ya lo hicieron, otros lo están por hacer. Uno ya inició el proceso de transferencia. Todos contestaron los requerimientos y expresaron su voluntad de hacerlo. Y no quiere decir que tengamos de otra. Pero lo que queda claro es que la ley es pareja para todos.

Algunos comunicadores dicen que las licencias que Clarín debe vender van a terminar en manos de grupos afines al Gobierno.
Es un relato falso del grupo que no quiere cumplir con la ley. No se trata de si los grupos oficialistas esto o si los grupos opositores aquello. En Afsca no les preguntamos por la posición política: lo que miramos es si tienen más licencias de lo que la ley permite. Lo que pasa es que a ese grupo le cuesta buscar apoyos diciendo la verdad: que lo que quiere es sostener una situación de privilegio.

¿Cómo se puede llevar adelante esta venta de licencias? ¿Cuál es el límite entre el desmembrarse en sociedades y la aparición, lisa y llana, de testaferros?
Un testaferro viola el espíritu de la ley. Si un grupo es más grande de lo que la ley prevé, puede dividirse y transferir sus licencias, pero estas desvinculaciones tienen que ser serias. Dos socios pueden separarse y cada uno quedarse con una parte, pero no pueden funcionar como grupo. Deben tener su propio estudio, su propio móvil, sus propios técnicos... La separación deberá ser real y habrá que ver el origen del dinero, entre otras cuestiones. La ley no busca que algo deje de existir sino que aquello que existe no esté concentrado en un solo titular. Para que estemos todos hace falta que haya pequeños, medianos, grandes, pero no un gigante come-todo.

Los grupos en infracción dicen que la aplicación de la ley provocará despidos.
La ley no sólo tiene un profundo compromiso con la defensa de las fuentes de trabajo, sino que además potencia y amplía las opciones laborales.

¿De qué manera?
Habrá nuevas emisoras. Si antes un gigante tenía un solo móvil para todo, ahora se va a dividir en cuatro, cinco o seis, y cada uno deberá tener su propia estructura. La aplicación real de la ley defiende y multiplica las fuentes de trabajo.

El gerente de Comunicaciones del Grupo Clarín, Martín Etchevers, dijo que la empresa no va a presentar un plan de adecuación antes del 7 de diciembre.
¿Por qué alguien cree que tiene el privilegio de no cumplir con la ley? Determinados sectores corporativos de la Argentina siempre se creyeron por encima de la ley y la democracia. No están acostumbrados a competir en el mercado de la comunicación con reglas parejas para todos.

¿Qué hará el Gobierno si Clarín no presenta un plan?
Actuar de oficio. ¿Qué implica esto? Hacer cumplir la ley garantizando el servicio y los trabajos. Si sos titular de quince licencias de aire y podés tener diez, presentás tu plan antes de diciembre aclarando “me voy a desprender de estas cinco licencias”, Afsca lo aprueba y tenés un plazo de ejecución para hacerlo. Si no, Afsca seleccionará las cinco licencias que considera que tenés de más y las pondrá en concurso. El ciudadano va a tener el mismo universo para elegir. Sólo cambian los titulares.

Según la resolución 297/2010, Afsca otorgaba treinta días a los licenciatarios para presentar sus condiciones de adecuación. ¿Ese plazo está vencido?
Están todos los plazos vencidos. La ley tiene tres años y esos plazos se fueron venciendo.

El argumento de Clarín es que, al estar protegidos por una cautelar, el año de adecuación recién comienza a correr el 7 de diciembre.
No es así.

La ley persigue dos objetivos. Por un lado, un efecto antimonopólico; por el otro, la aparición de nuevas voces. En julio se suspendió la licitación para nuevos canales de televisión por defectos en la elaboración del plan técnico. ¿Qué va a pasar con eso?
Ese concurso tuvo algunas fallas técnicas. Habrá que aprender de lo que se hizo y corregirlo, pero la idea es avanzar, tanto con los concursos comerciales como con aquéllos para los sectores sin fines de lucro.

¿Hay una nueva fecha?
No la hemos establecido aún. En Afsca tenemos un plan de cortísimo plazo que tiene que ver con lo que ha establecido la Corte y otro a mediano y largo plazo relacionado con todas las misiones que la ley nos da en relación a contenidos, nuevas emisoras y el cumplimiento del 33 por ciento para los sin fines de lucro. Las cosas no empiezan cuando uno llega ni terminan cuando uno se va...

La norma marca una serie de obligaciones -cuotas de producción, por ejemplo- que les cuesta cumplir a los licenciatarios del interior. ¿Qué pasa con la sustentabilidad de estos medios?
El Incaa y el Ministerio de Planificación han tomado medidas de fomento. Se acordaron créditos con el Banco Nación para acompañar los primeros pasos de las emisoras y ayudarlas a cumplir con estas cuotas. Habrá que pensar mejores herramientas, pero las que se han puesto fueron importantes.

¿Cómo se imagina el mapa de medios argentinos de acá a tres años?
Tiene que reflejar lo plural y multicolor de la comunicación, emerger lo diverso. Hablo de nuevos emprendimientos privados y una articulación entre herramientas privadas, públicas y sin fines de lucro. Se habla de “desinversión”, pero la adecuación va a generar más inversión, porque la división de ese gigante va a permitir el crecimiento del resto.

El día después de mañana

Ley de Medios Audiovisuales
El día después de mañana
Los secretos detrás de la pelea por la plena aplicación de la Ley de Medios. Por qué el litigio promete extenderse más allá de diciembre.

por Federico Poore
Debate, noviembre 2012

Pese a los anuncios de uno y otro lado, la batalla abierta entre el gobierno nacional y el Grupo Clarín en torno a la aplicación de la Ley de Medios seguirá más allá de la fecha clave del 7D. Sin embargo, la estrategia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) –que los demás grupos presenten un plan antes de diciembre– buscará dejar solo a Clarín en el incumplimiento de la norma, y las chances del multimedios de conseguir una victoria total en la máxima instancia son cada vez menores.
Así lo confirman a Debate legisladores, constitucionalistas, funcionarios y especialistas en la materia cuando se les pide que piensen qué va a pasar no sólo en diciembre –cuando, de no mediar una prórroga, vencerá la cautelar que mantiene al Grupo Clarín a salvo del efecto desconcentrador de la 26.522– sino en los próximos años con respecto a la aplicación real de la norma aprobada en octubre de 2009.
Y si bien las dificultades que encuentra la ley para transformar el mapa de medios del país pueden dar la impresión de que “nada cambió” desde que fuera sancionada por amplias mayorías por el Congreso, dos claves recientes alumbran el largo y sinuoso camino hacia su plena aplicación.
“Por el fallo que la Corte emitió en mayo último, sería incoherente que se termine declarando inconstitucional lo que se inscribe dentro de los marcos constitucionales”, estima Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona. Discusiones aparte sobre el estilo florentino del máximo tribunal, la Corte estableció, sin medias tintas, que el 7 de diciembre la ley será aplicable al grupo “con todos sus efectos”. Conocida la resolución, el grupo que comanda Héctor Magnetto continuó denunciando que la Ley de Medios restringía “la pluralidad y la libertad de expresión”. En su edición del 2 de junio, esta revista explicó por qué era difícil –si no imposible– que las ventas comenzaran antes de fin de año, dado que el Grupo no había mostrado voluntad negociadora alguna y que parecía decidido a agotar la batalla judicial. Pero en estos últimos cinco meses hubo novedades en ambos bandos que acotan el abanico de posibilidades futuras.

Estrategias y cautelares
Hasta hace algunos meses, el discurso oficial justificaba las prórrogas a los demás grupos excedidos atentos a la cautelar de la que gozaba el Grupo Clarín. “Si no, obligaba a desinvertir a todos menos al grupo más grande”, explicó por entonces a esta revista el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López.
Pero ahora la estrategia es otra.
“Hubo un cambio trascendente con la plena integración de los dispositivos de control y aplicación de la ley (la Comisión Bicameral, el directorio de Afsca y el de RTA). Éste es un cambio significativo respecto de los primeros tres años de aplicación de la ley”, resume Martín Becerra.
A partir de la asunción de Martín Sabbatella, y cumplimentando una resolución de julio último, la Afsca comenzó a exigir al resto de los multimedios que presenten sus planes de adecuación antes del 7 de diciembre. Uno de los hitos en ese sentido fue la conferencia de prensa del 14 de noviembre en la Manzana de las Luces, donde el titular del organismo presentó el cuadro de situación de cada uno de los grupos excedidos, destacando las reuniones que mantuvo con varios de ellos y la voluntad de cumplir la ley que expresaron todos los conglomerados “salvo Clarín”. El objetivo es claro: que Clarín quede como el único conglomerado al margen de la ley. En otras palabras, dejarlo en offside.
El Grupo anunció que no hará nada por cumplir con la adecuación antes del 7D. En octubre, sin hacer demasiado ruido, solicitó una ampliación de su cautelar, con el argumento de que aún no se resolvió la cuestión de fondo, es decir, el reclamo por la supuesta inconstitucionalidad de los artículos 41 y 161 de la Ley de Medios. Antes de renunciar, el juez Raúl Tettamanti rechazó el pedido y al cierre de esta edición, el Grupo Clarín esperaba una respuesta por parte de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones.
Algunos entienden que la cautelar debe extenderse “todo lo que dure un proceso judicial”, tal como afirma a esta revista el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Otros disienten. “Es difícil que la Cámara haga lugar al planteo después del fallo de mayo sobre esa misma cautelar”, confía una de las personas que asesora al Estado en la batalla judicial. El expediente está en condiciones de pasar a sentencia, pero se demora por el número de jueces temporales que va teniendo la causa.
En la entrevista que acompaña esta edición, Sabbatella sostiene que en tal caso el 7 de diciembre habrán vencido “todos los plazos” para adecuarse y que si el multimedio no quiere que la Afsca actúe de oficio deberá presentar un plan antes de esa fecha. El gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín, Martín Etchevers, argumenta que a la empresa no le corresponde presentar plan alguno “porque la aplicación del artículo 161 está suspendida por la Justicia”.
Esta especie de punto muerto beneficia a Clarín, porque demora la aplicación efectiva de ley. Por eso, el oficialismo aprobó el 14 de noviembre el proyecto para reglamentar el mecanismo del per saltum, un trámite que había comenzado a acelerar cuando la Cámara –con el sospechado juez Francisco de las Carreras a la cabeza– estuvo a punto de concederle a la empresa la ampliación de la cautelar.

Hacer cumplir la ley
¿Qué hará el Gobierno mientras espera el fallo del máximo tribunal? Los detalles no están definidos, pero la respuesta corta es: una adecuación de oficio, prevista por la ley.
El argumento oficial para llevar esto adelante se apoya en el decreto reglamentario de la Ley de Medios, publicado en agosto de 2010. Allí, se establecen tres criterios para que los grupos excedentes puedan adaptarse a la nueva normativa: adecuación voluntaria, constatación de oficio y adecuación por transferencia de licencias.
El trámite de adecuación voluntaria se inicia mediante una declaración jurada, a través de la cual los licenciatarios proponen “la regularización de su situación”, según detalla el organismo en la resolución 297/2010. Esto es lo que –luego de dos prórrogas– el Gobierno comenzó a exigirles a los diferentes dueños de medios (entre ellos, representantes de los grupos Uno, Indalo, Prisa, Telecentro, Ick y Canal 9) durante las reuniones que mantuvieron con Sabbatella en la sede del organismo.
Si las empresas incumplen o no cumplen por completo con “la efectiva adecuación a las disposiciones del artículo 161”, la Afsca podrá llevar adelante una constatación de oficio. Antes deberá dictar un acto administrativo en el que se declara este incumplimiento, acción que deberá ser publicada en el Boletín Oficial. “Si sos titular de quince licencias de aire y podés tener diez, presentás tu plan antes de diciembre aclarando ‘me voy a desprender de estas cinco licencias’, Afsca lo aprueba y tenés un plazo de ejecución para hacerlo. Si no, Afsca seleccionará las cinco licencias que considera que tenés de más y las pondrá en concurso”, puntualiza Sabbatella.
Gustavo Bulla, docente de Políticas de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y ex funcionario de la Afsca, agrega que “no sólo se concursarán las señales ‘sobrantes’, sino también aquellos casos de incompatibilidad, como el caso de quienes tengan una empresa de cable y un canal de aire en una misma localidad”.
En la conferencia del 14 de noviembre, Sabbatella detalló que el criterio de licitación será el de concursar las licencias de menor valor para “causar el menor perjuicio económico” posible. Es un argumento atendible, aunque otros entienden que la idea de que el Estado seleccione a dedo las licencias excedentes es un error y que lo que se debería hacer es concursar todas las señales –manteniendo el servicio y garantizando las fuentes de trabajo, como sostiene Sabbatella– hasta ajustar al máximo de licencias permitido por la norma. “El criterio de selección debe ser transparente. Dado que la ley privilegia la televisión abierta, en caso de incompatibilidad o no cumplimiento, le licitaría sus empresas de cable en todos los lugares donde tiene señales abiertas”, detalla, en estricto off the record, una de las personas que participó en la redacción de la norma.
Un dato más. Entre la adecuación voluntaria y la de oficio existe un segundo paso, previsto por el propio decreto 297 y mencionado por Sabbatella en conferencia de prensa. “El Estado pone un tasador oficial, se evalúan todos los bienes concursables de la empresa, y se los somete a una oferta pública de adquisición (OPA). Una vez recibidas las ofertas, el grupo debe decidir si las acepta; si no, la opción se cae”, explica un integrante de la Procuración General. Por supuesto, nadie imagina un escenario en el cual el Grupo acepte –más cuando mantiene su pleito en la Justicia para no vender–, pero es un paso más previsto en la normativa que le otorgaría mayor transparencia a todo el proceso.

Más allá de diciembre
Cualquier medida que tome el Gobierno en torno a las licencias del multimedio puede detonar este nuevo escenario. “Sea la decisión que fuere, es probable que Clarín las impugne administrativa y judicialmente”, anticipa Gustavo Arballo, profesor de Derecho Público de la Universidad Nacional de La Pampa. La otra cosa que puede hacer la empresa, explica Arballo, “es sostener que existe cierta conexión entre esa medida y su causa en trámite para recurrir al mismo juzgado en el que obtuvieron la cautelar”. En otras palabras, el grupo podría pedir otra medida cautelar, más específica, contra el acto de rescisión de licencias.
“Supongamos que mágicamente hubiera un fallo, incluso de la Corte, que confirmara la constitucionalidad de la ley y que ordene al grupo a desinvertir. Esto no agota el repertorio de acciones que pueden intentar Clarín o cualquiera de los grupos afectados, sino que habrá una disputa mucho más fina sobre qué licencias le corresponden o no al grupo y finalmente sobre cómo se ejecuta esa desinversión”, sostiene el autor del blog Saber leyes no es saber derecho.
Sin embargo, en el Gobierno se muestran confiados en una victoria judicial a mediano plazo, algo que ilustran por la negativa. Así de taxativa es una de las espadas legales del kirchnerismo, que asegura que “no hay chances de que la Corte diga ‘esta ley es inconstitucional’”. Claro que para que eso ocurra, la causa por el fondo de la cuestión debería llegar lo antes posible al cuarto piso de Tribunales. La misma fuente confiesa que “la única manera de que esto funcione es que lo resuelva la Corte”. En otras palabras, nadie va a comprar una licencia judicializada.
En el Gobierno reclaman por la renuencia del máximo tribunal, pero saben que la sentencia final dependerá del clima político. “El fallo del 22 de mayo es cómo lee la Corte el resultado de las elecciones del 54 por ciento. Hoy Clarín está tratando de cambiar el humor de ciertos ejes de poder, entre ellos la Corte”, analizan cerca del ex titular de Afsca, Gabriel Mariotto.
Por eso, la apuesta de Clarín es una apuesta de tiempos, no tanto a las legislativas del próximo año –en las que el kirchnerismo renueva las bancas obtenidas en su magra performance de 2009– sino a 2015. ¿El kirchnerismo sobrevivirá al Grupo Clarín o el Grupo Clarín sobrevivirá al kirchnerismo?
“Todo el mundo imagina soluciones judiciales del tipo todo o nada, pero no hay que descartar la posibilidad de que aparezcan soluciones intermedias, que posiblemente sean leídas como una derrota para el Gobierno o para Clarín”, dice Arballo. Por ejemplo, un fallo de la Corte que establezca que es legal la cláusula de desinversión en la medida en que se le dé un mayor plazo al licenciatario para vender. O que diga que no existen motivos para limitar el número de licencias de cable siempre y cuando se den determinadas condiciones. Becerra completa este panorama al asegurar que se pasará de una batalla grande al “foquismo administrativo y judicial”, es decir, una “guerra de guerrillas”.
La nota que acompaña este informe revela que el Grupo Clarín incluyó en su balance semestral, por primera vez, un informe de peritos contables y económicos con “un cálculo de las eventuales pérdidas contables y de valor de compañía que sufriría la sociedad si se viera obligada a realizar desinversiones en el plazo perentorio de un año”. La clave es que, incluso obteniendo victorias parciales, al conglomerado le será imposible ganar nuevas licencias. La imagen del grupo es la de un gigante herido, que cede –eso sí– a un ritmo mucho más lento de lo que espera el kirchnerismo.

Sólo el software nos hará libres

INFORME ESPECIAL
Sólo el software nos hará libres
Para algunos referentes del Gobierno, los formatos abiertos llegaron para quedarse. Por qué cuesta implementarlos en la administración pública y cómo podría ser una transición posible hacia estos formatos.

por Federico Poore
Debate, octubre 2012

A principios de setiembre de 2010, Aníbal Fernández pronunció un discurso que sacudió a la comunidad informática local. “El software libre es política de Estado”, sentenció el entonces jefe de Gabinete, durante un encuentro en la Biblioteca Nacional que compartió junto al programador John “Maddog” Hall, uno de los cerebros de Linux. En aquella ocasión, Fernández reveló que el Estado había comenzado a diseñar políticas públicas de sistemas abiertos para que la administración dejara de pagar “productos enlatados ni pagarle ni un mango a ningún vivo”, en referencia al software propietario.
Casi dos años después, el Ejecutivo envió una señal en sentido opuesto: el jefe operativo de Microsoft, Kevin Turner, fue recibido por la presidenta Cristina F. de Kirchner en la residencia de Olivos, donde anunció un programa para atraer talentos “a la industria argentina del software”. La actividad no pasó inadvertida para la corriente dentro del kirchnerismo que apoya el software libre, que rápidamente le escribió una carta abierta a la mandataria en la que se recordó que este modelo informático “va exactamente en la misma dirección que esas políticas tan valientemente implementadas primero por el compañero Néstor Kirchner y luego por usted” y que su implementación permitiría obtener “la soberanía tecnológica necesaria para encarar este período de desarrollo nacional”.
El Gobierno, rápido de reflejos, reiteró su apoyo al código libre, esta vez por medio de la ministra de Industria, Débora Giorgi, quien días más tarde recibió a los integrantes de la agrupación Software Libre con CFK, autores de la carta. Durante la reunión, la funcionaria dejó abierta la posibilidad de que alguno de sus miembros presentara una ley que reglamentase su uso en el Estado, tal como hicieron otros países de América Latina.

Libertad, libertad, libertad
¿De qué hablamos cuando hablamos de software libre?
Ante todo, de la libertad que tienen los usuarios sobre el servicio que adquirieron. Esto lo diferencia del software propietario, que maneja un código cerrado, sólo conocido por el fabricante.
Con el objetivo de evitar malentendidos, los cultores de este modelo subrayan que la traducción del concepto de free software es “software libre” y no “software gratis”, como podría parecer según una de las acepciones del vocablo en inglés. Para ser considerado libre, un programa o aplicación debe cumplir con cuatro requisitos o “libertades”:

-Libertad de usar el programa con cualquier propósito.
-Libertad de estudiar cómo funciona el programa
y de modificarlo.
-Libertad de distribuir copias del programa.
-Libertad de mejorar el programa y hacer
públicas las mejoras de los demás.

“Son sistemas mucho más estables, donde se preservan mejor los datos”, dice Jorge Cabezas, coordinador del Proyecto Software Público Internacional en la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión. “Cualquier programador local puede tomar ese código, modificarlo, traducirlo. No dependemos de una corporación que todos los años nos pide que paguemos las actualizaciones de sus productos”, opina.
Vladimir di Fiore, jefe de proyecto del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Libres (Cenital), cree que la principal ventaja de los esquemas libres tiene que ver con la independencia tecnológica. “Si sos implementador de un software privativo, estás atadísimo a esa empresa, dependés de que te vendan los manuales y de que continúen actualizando el soft. En libre podés invertir mucho más porque tenés acceso todo el tiempo a toda la data de esa empresa”, explica di Fiore.
Son ejemplos de software libre el sistema operativo GNU/Linux o programas como LibreOffice, la versión de código abierto del popular suite de oficina. A diferencia de lo que ocurría una década atrás, cuando su principal ventaja eran los temas de costos y de seguridad, hoy aparecen nuevos argumentos a su favor, vinculados a las economías de escala y a la posibilidad de producir nuevas modificaciones o adaptaciones que generen mayor valor agregado.
“La venta de licencias por un año es un modelo que se está agotando, quieren vendernos barras de hielo cuando ya se inventó la heladera”, ilustra Javier Castrillo, secretario general de Software Libre con CFK. “Hoy existe una enorme demanda para soluciones de software libre. Su modelo de negocios es el propio desarrollo y, por supuesto, su implementación”, sostiene.
Por último, alentar este esquema tiene otra particular ventaja, teniendo en cuenta los desafíos económicos en el marco de una fuerte crisis internacional: permite disminuir la transferencia de utilidades al exterior en concepto de pago de licencias.

Anarquía en la administración pública
Hacia 2004, sólo dos puestos de frontera dependientes del Ministerio del Interior utilizaban Linux. El grueso de la administración pública nacional continuaba usando sistemas cerrados, por medio de acuerdos para el uso de licencias con empresas como Oracle o Microsoft.
En los últimos años se avanzó tibiamente hacia el uso de esquemas libres (es libre, por ejemplo, el software que usó el Ministerio del Interior para producir el pasaporte y el nuevo DNI), pero este desarrollo dependió del impulso que le diera el jefe de tecnologías de cada ministerio. “Hoy cada secretaría tiene su propio modelo”, dice Bernardo González, secretario de la Cámara Argentina de Empresas de Software Libre (Cadesol). Según explica, no se trata únicamente de falta de plata o de ganas y existe “todo un tema legal vinculado al manejo de datos”. Por ejemplo, la ley 11.723 de Propiedad Intelectual es un escollo normativo.
Frente a este dilema, la dinámica que encontró el Estado para empezar a usar códigos abiertos sin contradecirse con las leyes vigentes fue la firma de convenios “parte a parte” para compartir piezas de software. Pero son parches parciales, que no resuelven las cuestiones de fondo.
“Creo que estamos bastante atrasados”, opina Leandro Monk, referente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (Facttic). “Para que el Estado adopte software libre hacen falta fuertes decisiones políticas, una modificación integral de las normas vigentes y, sobre todo, cambiar la idea de producto por la de servicio”, agrega.
Monk integra la cooperativa Gcoop, que desde febrero de 2007 se especializa en CRM (Customer Relationship Management, la gestión de las relaciones con clientes) y “de a poquito” se anima con el software de gestión, todo bajo desarrollos libres. El integrante de Facttic cree que un apoyo explícito al software libre, comenzando por su uso hacia el interior del Estado podría beneficiar su trabajo y toda la cadena de la llamada “economía solidaria”.
Si bien no existen cifras oficiales sobre la tasa de penetración de estos esquemas en la administración pública, un informe publicado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Córdoba (UNC) destaca que prácticamente todos los repositorios documentales y manejadores de contenidos web del Estado corren bajo software libre. Una dinámica opuesta se observa en los antivirus y en las áreas de planeamiento de recursos, donde predominan las licencias propietarias.
De acuerdo con la investigación, para la cual se consultó a los encargados de informática de más de doscientos organismos públicos, el 42 por ciento de las dependencias de la APN planea migrar su software de escritorio a open source, una cifra que trepa al 48 por ciento para el software de servidores. Otro dato interesante es que el 61 por ciento de los encuestados cree que en su dependencia existen aplicaciones libres que podrían ser compartidas con otros ministerios. Entre ellos hay software de Mesa de Entradas, un sistema de control de accesos con control biométrico y hasta una versión del Boletín Oficial Electrónico. Está claro que queda mucho por hacer.

Posibles soluciones
La secretaría encargada de gestionar estos cambios es la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), dependiente de Jefatura de Gabinete. Su titular desde hace algunos meses, Pedro Janices, es un reconocido impulsor del software libre.
“Hoy existen sitios del Gobierno que obligan a usar un determinado navegador, como Internet Explorer, de Microsoft, o que ponen a disposición del público información con formatos cerrados, sólo compatibles con programas como Word y Excel”, explica uno de los funcionarios que trabaja a su lado en Jefatura de Gabinete. En este marco, agrega, lo primero que podría hacer el Estado es modificar los estándares que maneja la Administración Pública Nacional (APN).
“La clave es trabajar en cuestiones de interoperabilidad y cambiar las normas que ONTI define para la compra de software”, sostiene González. Aunque advierte que hay un paso previo. “Es difícil dejar una tecnología que venís usando hace años. Si pensás que de un día para el otro no vas a usar más Oracle, cerrás las oficinas del Gobierno. Mucha gente en La Plata estaba dando cursos con software de Microsoft. Cuando les preguntamos, nos dicen: ‘ante la falta de recursos, usamos algo que nos donaron’”, cuenta el titular de Cadesol.
Por eso, en paralelo, las organizaciones que alientan el desarrollo de esquemas free trabajaron en un borrador para regular el tipo de software a usar en la APN. “Como la ministra nos pidió acciones concretas, elaboramos un proyecto de ley que redactamos junto a cinco equipos de abogados. En esta primera etapa, vamos por el uso de estándares libres”, revela otro de los miembros de Software Libre con CFK.
Jorge Cabezas insiste en que no es posible, ni recomendable, copiar modelos de otros países, por más exitosos que sean, y que las decisiones en torno al uso o no de determinados formatos o esquemas las tendrá que tomar cada país de acuerdo a sus particularidades. Sin embargo, destaca el ejemplo de Brasil, pionero en el uso de tecnologías libres en el Estado.
“En Brasil existen leyes muy estrictas que obligan a consultar la base de datos de software público antes de efectuar una compra. Lo que hay ahí es un registro de prestadores avalado por el Gobierno”, explica Cabezas, que como coordinador de Software Público Internacional trabaja junto a otros países latinoamericanos en el armado de un repositorio de acceso público con herramientas y soluciones libres.

Dos desarrollos con sabor local
Una de las últimas acciones que el Gobierno tomó a favor del esquema libre fue el desarrollo de un sistema operativo especial para las netbooks del Plan Conectar Igualdad. El sistema, llamado Huayra (palabra guaraní que significa “viento”), es una distribución local de GNU/Linux elaborada con estándares de seguridad y desarrollo propios y que, según calcula el Ejecutivo, estará en todas las máquinas del programa que se entreguen a partir de marzo de 2013.
Javier Castrillo, quien además de integrar una de las agrupaciones que impulsa el tema dirige el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Libres (Cenital), brinda a esta revista algunos detalles de la interfaz que se verá en los secundarios de todo el país a partir del próximo ciclo lectivo. “Tiene un escritorio adaptado para las escuelas de modalidad especial, un sintonizador de televisión digital, e incorpora herramientas de robótica y programación”, explica.
Por lo pronto, las netbooks de Conectar Igualdad que se están entregando desde agosto arrancan por definición en Linux (antes lo hacían en Windows). Esta movida, sostiene Castrillo, implica desprenderse “de las corporaciones que hoy regalan sus programas, pero que en realidad están formando futuros consumidores de ese software”.
El titular de Cenital anticipa que Huayra será de descarga libre, y que cualquiera podrá bajarlo y usarlo en sus máquinas. La idea es que la plataforma sirva, además, para cualquier dependencia de la APN.
El otro proyecto local tiene que ver con el middleware que se usa en los decodificadores para ampliar las funciones de ciertos dispositivos. Se trata de un software interactivo para la televisión digital llamado Ginga.ar, desarrollado por investigadores del Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada (Lifia) de la Universidad Nacional  de La Plata.
Este sistema ya está disponible para descarga y es válido para los 1,2 millones de decodificadores distribuidos por el Gobierno. Además, las netbooks de Conectar Igualdad ensambladas a partir de 2013 también tendrán Ginga incorporado. “Estas máquinas podrán hacer un uso mucho más intensivo de lo que llegue por la señal de TV”, explica a esta revista Gabriel Baum, investigador de Lifia que trabajó junto a la Universidad Católica de Río de Janeiro en la adaptación local.
Esta capa de software permite, al menos de manera potencial, una mayor interactividad entre el aparato y el televidente. “Por ejemplo, una modalidad nunca publicitada del Fútbol Para Todos permite obtener información de cómo van los demás partidos de la fecha apretando un botón del control remoto”, revela Baum, quien admite que esta faceta interactiva está aún en estado embrionario.
En el futuro, muchos modelos podrían montarse sobre esta plataforma. El investigador ensaya ideas: “Si fuera una empresa, me asociaría con productoras, canales de televisión o empresas de entretenimiento para generar videojuegos o tener un mercado de servicios accesibles desde el televisor”.

Un cambio de paradigma
Baum cree que migrar la estructura informática del Estado puede llevar varios años, pero que este proceso podría acelerarse si recibe un impulso más sistemático desde ciertos sectores, por ejemplo, las universidades. “Hay ahí una mirada más bien laxa, con el viejo debate en torno a la ‘ciencia pura’. Deberían desarrollar tecnologías libres”, reclama.
Con respecto a las responsabilidades desde el área de gobierno, Bernardo González sostiene que aquellos que toman decisiones informáticas “están empezando a buscar que estos desarrollos sean propios, y si los tienen que comprar, que sean abiertos”, lo cual supone un buen primer paso. Faltará que se discuta el famoso anteproyecto de ley para ver si finalmente la Argentina se logra poner a tono con la mejor legislación informática de la región.

Los límites del control

PRIVACIDAD EN INTERNET
Los límites del control
Un informe propone hacer estudios de impacto para que los proyectos de regular contenidos en la web no terminen afectando derechos individuales.

por Federico Poore
Information Technology, octubre 2012

Las regulaciones en la web terminan donde empiezan los derechos de uno. Algo así sostiene Eduardo Bertoni, director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, que desde 2009 viene investigando diferentes propuestas para controlar los contenidos de la red y de qué manera pueden afectar las libertades ciudadanas.
En este marco, Bertoni cree que las iniciativas presentadas hasta ahora en nuestro país “dejan entrever un posible desconocimiento de parte de los legisladores de la manera como funciona Internet” y del impacto que puede tener una norma en los derechos de las personas, puntualmente, la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.
“Nuestra preocupación fue que en determinados proyectos, que pueden tener una inspiración absolutamente loable, se introducían mecanismos de ejecución un poco livianos”, opina el especialista, que entre 2002 y 2005 fue relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Uno de ellos, presentado por el diputado mendocino Enrique Thomas, busca detectar prácticas de cyberbullying por medio de la creación de un Observatorio de Redes Sociales, Correos electrónicos y Mensajes de Texto. Hoy circula en tres comisiones y, de aprobarse, comenzará a actuar con la intención de “preservar el ámbito de Internet de cualquier tipo de manifestación de violencia” en el marco del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi).
El informe de la Iniciativa por la Libertad de Expresión en Internet (iLEI) entiende que el verbo “detectar” en el texto del anteproyecto es, a primera vista, menos grave que si hablara de “bloquear” o “remover” contenidos. Sin embargo, el texto no deja de preguntarse qué implicancias tiene esta idea de “monitorear contenidos” en términos de libertades ciudadanas.
En el entorno del diputado Thomas desmienten que el proyecto avasalle algún tipo de derecho. “No lo vemos como un proyecto restrictivo porque no apunta a sanciones. Se trata de un observatorio que intenta hacer visibles determinados problemas. Es una herramienta más”, asegura uno de sus asesores.
Otra iniciativa lleva la firma de la senadora Liliana Fellner. Allí, directamente se obliga a los proveedores de Internet y a los comercios que ofrecen conexión a la web que filtren contenidos no aptos para menores de edad. Anticipando posibles conflictos, en los propios fundamentos se aclara que “no se trata ni de regular ni de restringir contenidos indiscriminadamente”, dado que “avanzar en esa dirección constituiría diferentes lesiones a derechos elementales”.
Bertoni rebate esta defensa. “No existe demasiada conciencia de lo que puede significar ‘detectar’ contenidos. Por lo que significa la propia infraestructura de la red, sugerir algo así abre la puerta a un monitoreo de todos los contenidos”.

Una humilde propuesta
Frente a esta tendencia, el CELE elaboró una serie de recomendaciones. La principal sugiere que cada vez que se vaya a presentar una propuesta vinculada a la regulación de contenidos en Internet se hagan estudios de impacto en derechos humanos  (ETIDH) “para que uno pueda saber cuál es la base técnica sobre la cual se plantea cada medida”.
El objetivo es que los ETIDH funcionen como una herramienta de “autocontrol” para los organismos regulatorios y sean el paso previo a la presentación formal de proyectos que, más allá de sus intenciones, puedan terminar siendo peligrosos para nuestras libertades. De esta manera, antes de realizar alguna propuesta deberá existir un ETIDH realizado por expertos o por organismos especializados.
¿Es posible hacer estudios de impacto en derechos humanos? “No es algo tan novedoso. De hecho, a nivel internacional ya existen estudios de impacto en privacidad”, dice Bertoni, citando el caso de los privacy impact assesment (PIA) que se exigen en distintas oficinas gubernamentales en el Reino Unido.
Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, también piensa que este mecanismo es una manera “viable” de cumplir con esta meta, planteada de manera inmejorable por la especialista en libertad de expresión Dawn Nunziato: “Si hay expresiones reguladas en cuanto al contenido, es preciso que estén identificadas, que los afectados sean notificados y que la estrategia de filtrado permita que los usuarios y proveedores de servicios puedan apelar tales decisiones”.


Los proyectos

S-0728/12
Autora: Liliana Fellner (PJ – Frente para la Victoria)
Fecha de ingreso: marzo de 2012
Objetivo: proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos considerados propios para su edad.
Medidas: los proveedores de Internet deberán brindar e instalar software específico con sistemas de filtro y bloqueo de contenidos no aptos para menores. Los establecimientos comerciales que brinden servicios de internet deberán instalar y activar software para bloquear este tipo de contenidos.
Organismo de aplicación: Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf)

1892-D-2012
Autor: Enrique Thomas (Frente Peronista – Peronismo Federal)
Fecha de ingreso: abril de 2012
Objetivo: combatir la discriminación y el cyberbullying
Medidas: las empresas de telefonía celular y las administradoras de redes sociales deberán publicar en sus páginas de inicio los datos de contacto del Observatorio de Redes Sociales, de Correos electrónicos y Mensajes de Texto para detectar y denunciar el acoso virtual.
Organismo de aplicación: Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi)


El caso británico
Tiempo atrás, algunas oficinas del gobierno del Reino Unido comenzaron a pedir evaluaciones de impacto en privacidad (PIA, por sus siglas en inglés) para ciertos proyectos. Como su nombre lo indica, el Privacy Impact Assesment es una herramienta que mide los riesgos para la privacidad de las personas en la recolección y el uso de determinada información; en el caso puntual de Internet, los PIA pueden servir para cotejar un anteproyecto de ley determinado con las leyes ya existentes en materia de derechos humanos, comunicaciones y protección de datos.

Lanata desde la tribuna

Uno es la estrella del show político de televisión más exitoso desde los tiempos de mayor repercusión de Bernardo Neustadt, hace dos décadas. El uruguayo, dueño de una voz potente, quemó las naves cuando vio aproximarse la ley de Medios y agita las mañanas radiales. Sus miradas contrapuestas sobre la puja entre Clarín y el Gobierno los arrojaron a las antípodas. Un cronista de VIERNES visitó ambas trincheras. Así lo cuenta.

[Nota publicada en tándem junto a Víctor Hugo desde la pecera


por Federico Poore
Ámbito Financiero, 12-10-2012

"Voy a abrir el programa desde el camarín, después vengo. No hagan quilombo", nos advierte Jorge Lanata. El reloj marca 21.40 y la tribuna de "Periodismo para todos" -unas ochenta butacas en el estudio D de Canal 13- está casi repleta. El conductor prende el primer Benson & Hedges de la noche, que saca del bolsillo de su traje de gamuza verde, y desaparece detrás de una puerta blanca.

En el piso suena INXS. Algunas de las personas del público matan el tiempo observando el televisor sobre sus cabezas, un 29 pulgadas de los viejos que muestra al humorista y conductor José María Listorti en el cierre de "Cantando por un sueño", que en su décima gala araña el millón de espectadores.

"Ahora ponemos música y levantamos un poco", promete Lucas, el coordinador de la tribuna. Acto seguido le ordena a un grupo de la tercera fila que se mueva un poco más allá, es decir, la punta izquierda de la tribuna, donde nace un espejo que -viejo truco televisivo- aumenta la sensación de profundidad. Cualquier pedido de disculpas por esta incomodidad es devuelto con una mirada cómplice.

Finalmente llega la música prometida. A volumen considerable, navega entre las décadas del ochenta y el noventa: Nirvana, el britpop de Blur, algo de Madonna. El clima se interrumpe porque el productor empieza a probar diferentes cortinas para abrir el programa. Finalmente, elige una melodía apagada, grave.

Dos franjas etarias sobresalen entre el público. Los "grandes" tienen entre 40 y 55 años, chaleco encima de la camisa celeste. Ineludible afinidad con los rostros de la protesta cacerolera. Entre el resto de la concurrencia encontramos a quienes podrían ser sus hijos, un público sub-23 que sin dudas existe, e insiste, más allá del discurso (antojadizo) que dice que la gran mayoría de los jóvenes son kirchneristas. Una de las chicas -tendrá unos dieciocho abriles- habla por celular y cuenta que hoy está sentada "más o menos por donde estuve la última vez". A simple vista, todas se alisaron el pelo, están maquilladas, ostentan ropa colorida y usan plataformas altas. Vinieron con amigas al programa. La escena, alegre, distendida, se parece bastante a ese ritual adolescente al que remiten ciertas publicidades de bebidas.

Más atrás, dos hombres que pasan la treintena hablan mal de Mauricio Macri. El primero cuenta que se cruzó al jefe de Gobierno en la calle y alcanzó a increparlo por el sistema de transportes. "¡Hiciste una bicisenda en Juncal!", dice que le reprochó. Su interlocutor prefiere apuntar los dardos al sindicalismo. "Conocí a un tipo que decía ser uno de los secretarios de la CGT, tenía una casa en el country donde vive mi papá. Un día vinieron a verlo. Esperaba un Fiat 600, pero todos venían en Audi", ilustra, antes de coronar su comentario con una sentencia: "Ese tipo tiene cara de tránsfuga, te das cuenta por el tamaño de la papada". Música para la tribuna de un programa que analiza a la clase política en clave de prontuario.

Entra al estudio Martín Bilyk, el imitador de Aníbal Fernández, disfrazado de boxeador. Tiene falsos auspicios de CN23 y Tiempo Argentino, la llamada "prensa oficialista". El público lo recibe con aplausos, pero Bilyk todavía no está metido en el personaje: ensaya junto a dos productores cómo entrar al ring de fantasía que prepararon para su sketch. Mientras tanto, otros empleados del canal acercan una gigantografía de Macri al estudio. Tal vez aparezca un informe contra el jefe del PRO. Pero no, sólo está ahí de punching-ball del senador del Frente para la Victoria.

Los críticos de Lanata yerran el tiro cuando buscan deslegitimar a su público por cómo se viste. Lejos de ser motivo de culpa, los patrones de consumo de este ABC1 multigeneracional son un lugar de resistencia, una oposición simbólica a las políticas económicas encaradas por el kirchnerismo. ¿Cómo decodificar la presencia de esos sweaters Tommy Hilfiger sin tener en cuenta que también están ahí para decir "tomá, esquivamos las trabas de Moreno"?

La imagen del exdirector de Crítica en su camarín se proyecta sobre el fondo del estudio vacío. Antes de salir al aire, este hombre de 52 años y barba canosa se limita a mirar fijo a la cámara, como quien desafía a un contrincante. Lo que en realidad espera, durante eternos diez minutos televisivos, es que Listorti cierre su concurso musical. Se sienta. Enciende el segundo Benson. Finalmente, la indicación en off. Diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos. Aire.

"Éste es mi camarín. Es un quilombo, estuvieron tratando de ordenarlo", fantasea. Su decisión de no abrir desde el estudio es una ruptura estilística. "Quería decirte algo muy importante", revela a sus televidentes. La idea de tutearlos así en un momento de supuesta solemnidad no hace más que dejar en evidencia lo artificial del recurso. "Quería hablarte del 7D".

El 7D es el 7 de diciembre, fecha en la que -según la Corte Suprema- finaliza la medida cautelar que el Grupo Clarín presentó para quedar exceptuada de la acción de la Ley de Medios Audiovisuales, norma que el propio Lanata había apoyado en 2009 desde su programa en Canal 26. El monólogo sigue y la tribuna escucha atenta comparaciones con las políticas encaradas por la Venezuela de Hugo Chávez.

A la vuelta del corte aparecen los primeros "fuck you". A esta altura son conocidos. Se trata de una sucesión de fotografías en las que distintas personas muestran el dedo mayor, acaso la contracara de los saludos y los dedos en V que practican los seguidores de "6,7,8". Hay algo lúdico en estas imágenes, sobre todo en los "fuck you". ¿Están dirigidos a Cristina? Sea como fuere, queda claro que la versión 2012 de este insulto no presenta la bronca moderna del "que se vayan todos". Es, antes que nada, una especie de saludo que se sirve con una canción de Lily Allen. Irónico, posmoderno. Cínico, tal vez.

La parte "fuerte" del programa, que periodistas y amigos se encargan de vender a lo largo de la semana, son los informes. Una de esas notas incluye partes de una entrevista al intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez. El programa acusa al jefe comunal de habilitar un emprendimiento privado sobre un predio que funcionó como centro clandestino de detención. Años atrás, en un famoso monólogo, el exdirector de Página/12 se había declarado "harto" de que el Gobierno hablara tanto de la última dictadura ("algo que pasó hace treinta y cuatro años").

Durante la pausa, el conductor recibe un llamado. Habla sentado en su escritorio, a media luz. Prende otro cigarrillo. Se saca los anteojos, lo maquillan, toma nota de algo que le cuentan. A la vuelta del corte anuncia, satisfecho, que Díaz Pérez está "desesperado" escribiendo tuits en su cuenta para desmentir el informe de hace un momento. La periodista que hizo la nota intenta aclarar cómo se procesó esa información. "Otra cosa que me parece importante, en pos de la edición...", comienza a decir. "No tenemos nada, no tenemos nada. Tenemos que cerrar", la interrumpe Lanata. La cronista sale de plano y las cámaras vuelven al conductor estrella, quien consigue treinta segundos para vender el show del próximo domingo, en el que estará "de compras con Cristina por la Quinta Avenida". Suena la canción de la película "Slumdog millionaire". Es el final.

Minutos antes, tras un chiste sobre la estética de sus cronistas, Lanata le había preguntando a la periodista en torno burlón. "¿Vos pensabas que eras periodista política?". "Periodista, quizás", respondió ella, con una sonrisa tímida. Lanata negó con la cabeza. "No, no. Estás en televisión".


Víctor Hugo desde la pecera

Uno es la estrella del show político de televisión más exitoso desde los tiempos de mayor repercusión de Bernardo Neustadt, hace dos décadas. El uruguayo, dueño de una voz potente, quemó las naves cuando vio aproximarse la ley de Medios y agita las mañanas radiales. Sus miradas contrapuestas sobre la puja entre Clarín y el Gobierno los arrojaron a las antípodas. Un cronista de VIERNES visitó ambas trincheras. Así lo cuenta.

[Nota publicada en tándem junto a Lanata desde la tribuna]

por Federico Poore
Ámbito Financiero, 12-10-2012

Fabiana Segovia empuja la puerta de las oficinas de radio Continental. Atraviesa la alfombra de la entrada con el logo del español Grupo Prisa y saluda al encargado del edificio mientras intenta hacer equilibrio con la pila de papeles y carpetas que carga en los brazos. Sube al ascensor y marca el tercer piso.

Faltan veinticinco minutos para las nueve de la mañana.

Doblando a la derecha, casi al fondo, está el estudio principal de la radio, lugar en el que transcurre el último tramo del programa de Magdalena Ruiz Guiñazú. Unos metros antes, en un cuarto minúsculo de paredes blancas, encontramos a Víctor Hugo Morales. Sentado con los pies apoyados en la pared, zapatos de gamuza con más de un hervor, el uruguayo apenas se mueve de su lugar para recibir la treintena de hojas impresas, con anotaciones en lapicera azul, que le entrega Segovia. En quince minutos arranca el programa y aún falta afinar el contenido.

Su tarea de "gatekeeper" es rápida, eficaz. El conductor nacido en Cardona desecha bloques, noticias y numerosos avisos parroquiales a un promedio de dos segundos por página. Por lo pronto, este hombre de camisa verde a cuadros sabe que deberá hablar del contrapunto verbal entre Cristina Fernández y el FMI, y que en algún momento conversará con el diputado kirchnerista Roberto Feletti. También piensa arrancar el programa hablando de las protestas en España contra el plan de ajuste, aunque aclara a sus colaboradores que las críticas no irán únicamente a Mariano Rajoy, sino también al exmandatario del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. "El 'que se vayan todos' también alude a estos pelotudos que se traicionaron", les comenta.

En el medio, despotrica con una gran editorial que, según calcula, le escamotea la cantidad de ejemplares vendidos de uno de sus libros. El sello le dice que vendió tres mil ejemplares. "¡Tres mil ejemplares! ¿Los habré dedicado a todos? Un día los voy a denunciar", promete. Acto seguido, les encarga a los productores unos audios sobre las supuestas amenazas del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Pide buscar la grabación que salió en "6,7,8" para compararla con la de Todo Noticias, uno de la decena de canales de TV del Grupo Clarín. La reunión final de producción duró menos de diez minutos y terminó justo a tiempo. Tira su vaso de café a la basura. Es hora de entrar al estudio.

A esta altura del partido, no hay "pase" radial que valga. A ochenta centímetros de Víctor Hugo, Magdalena recoge su abrigo y sus cosas. Se va. No se saludan. La imagen de la salida de la conductora y su equipo es la de una banda de rock que alquila un estudio por hora y al terminar su turno junta los instrumentos antes de cruzarse, de mala gana, con el próximo grupo.

Los conductores no se dirigen la palabra desde aquella entrevista conjunta al excandidato presidencial Ricardo Alfonsín. Las diferencias entre ambos llegaron a un punto de no retorno cuando la exintegrante de la Conadep lo increpó al aire. "¿Cómo se llama tu programa en Canal 9?", le espetó aquel jueves de octubre, intentando trazar un paralelismo entre el título -"Bajada de línea"- y la existencia de órdenes oficiales. El uruguayo, enojado, contraatacó apelando al fondo de la calma oriental. "Magda". Así la nombraba en pleno intercambio para guardar las formas ante una audiencia que pegaba la oreja al parlante ante ese choque de planetas. El cruce fue tan feroz que Alfonsín, el supuesto protagonista del reportaje, terminó como actor de reparto.

Nada de eso sucede esta mañana. El nuevo programa comienza a las 9 en punto, hablando de la situación en España. Víctor Hugo despliega su primer editorial en torno a los partidos de derecha, a los que acusa de no blanquear sus programas económicos. Su discurso tiene un tono amable, pero crítico. Como un ejemplo lúdico de su argumento, pone al aire un spot de campaña del Partido Popular español y otro -que le gusta particularmente- de Henrique Capriles, en el que el venezolano anuncia que su plataforma es parte del "autobús del progreso".

Satisfecho con el efecto producido, el conductor pide, fuera de micrófono, que lo pasen de nuevo. Hernán Abella, el operador desde la "pecera", así llamada por el vidrio rectangular que separa los controles del estudio, repite el audio. "¡Este es el autobús del progreso!", grita Capriles, fuera de sí. Víctor Hugo se ríe, los ojos se le hacen chiquitos. Está contento.

Entra el llamado de Feletti y el conductor le pregunta por las restricciones a la compra de dólares; luego lee un comunicado de Hebe de Bonafini en el que la titular de Madres acusa a José Manuel de la Sota de "miserable"; más tarde, pasa el audio de Moreno y ensaya una defensa del funcionario. La primera voz opositora, la diputada del FAP Victoria Donda, sale a las 10.17. Van 77 minutos de programa.

En el corte, una publicidad llama la atención dentro y fuera de la isla: un aviso, nuevo, del Gobierno de la provincia de Córdoba. Quien habla es De la Sota. El contraste con el comunicado de Hebe es inmediato. "La radio manda un aviso sobre estos tipos y nosotros justo nos metemos con esto", se lamenta Víctor Hugo, entre risas.

Del otro lado de la pecera, Segovia sonríe. Había empezado a trabajar a su lado en "Por deporte", un programa radial donde aparecían representantes de disciplinas poco difundidas en el país, como esquí o atletismo, y hace cinco años, cuando el relator ocupó la media mañana en Continental, decidió acompañarlo una vez más.

Al principio, cuando la programación de Continental cobró la forma actual, la relación de Víctor Hugo con el resto de las figuras era buena. Sin embargo, los roces no tardaron en aparecer. Tres años atrás, con Fernando Bravo se retiraron el saludo luego de que en "La mañana" pasaron un audio en el que el corredor Marcos Di Palma se despachaba contra la posición dominante de la productora Carburando, en parte propiedad de Clarín. "La pelea con Bravo también fue parte de su milonga con los monopolios", recuerda su productora. Por la tarde, el conductor de San Pedro entrevistó a un directivo de Carburando con agrios comentarios sobre la entrevista de la mañana a Di Palma. Fin de la relación.

El enfrentamiento con Clarín trasciende la guerra abierta que el grupo mantiene, desde 2008, con el Gobierno nacional. Ya es un asunto personal. Y aunque hoy el conductor aparezca estrechamente consustanciado con determinadas políticas kirchneristas, sus batallas personales exceden la posición favorable o contraria al Gobierno. Eso explica por qué le dedica, por ejemplo, varios minutos al conflicto que los canillitas mantienen con las grandes revistas, o por qué, antes de despedirse, les pide a sus oyentes que lean las notas de su página web personal, a la que llama "nuestra trinchera".

Su salida del estudio se produce a toda velocidad: tiene un compromiso en el teatro Gran Rex. Segovia le recuerda que es a cuatro cuadras, que le conviene ir caminando. El relator desobedece y a la salida para un taxi sobre Rivadavia. El chofer no le da importancia al hecho de estar llevando a un ícono de la radio argentina.

"Hoy no hubo casi críticas al Gobierno -admite Víctor Hugo mientras el taxi dobla por Carlos Pellegrini-. Pero alternamos. El otro día conté cinco o seis cosas con las que discrepo, y están expresadas con el tono habitual". ¿Cómo se siente frente a tanta exposición? "Tiene cosas maravillosas y otras un poco más tensas. Siempre aparece alguien que me dice alguna cosa (agresión), pero los comprendo por lo que le han hecho los medios tradicionales", explica. (Segovia contará que al principio sufría mucho. "Le molestaba que le dijeran 'uruguayo vendido'. Se hacía problema por cada comentario. Ahora está más acostumbrado").

Hay quienes sostienen que este escenario de fuerte polarización vuelve difícil el ejercicio del periodismo. Víctor Hugo no coincide. "Creo que es maravilloso lo que ha ocurrido, aunque algunos dejamos jirones en el camino. Hasta hace tres años y medio hacíamos periodismo como si estuviésemos en una cosa light. De pronto, cada palabra, cada idea, pasó a tener otro peso. Es cierto, estamos muy expuestos al abrir el micrófono y he tenido casos memorables de metidas de pata. Pero creo que es más lindo ahora que cada uno va mostrando de qué lado del mundo quiere estar".

Que no siempre gane la banca

Juegos de azar en la mira
Que no siempre gane la banca
Quiénes son los protagonistas detrás del negocio de las salas de juego en Argentina. Cuánto le ingresa al Estado por impuestos y por qué la provincia de Buenos Aires es el epicentro del debate sobre un nuevo marco regulatorio para la actividad.

por Federico Poore
Debate, 20-09-2012

“Escúcheme bien. Aquí hay setecientos florines; tómelos y gáneme la mayor cantidad que pueda a la ruleta. Necesito dinero inmediatamente, sea como fuere”, exclamó Paulina Alexandrovna. Paulina no existe: es uno de los personajes de El jugador, la novela que Fedor Dostoievski publicó en 1867 y que reflejaba su adicción al juego en una ciudad imaginaria a la que llamó Roulettenburgo. 
Un siglo y medio más tarde, mientras el fenómeno de los juegos de azar explota en la Argentina, son muchas las ciudades que hoy se disputarían el título de “Roulettenburgo de las Pampas”. Mar del Plata, Rosario, La Plata y, sobre todo, el conurbano bonaerense, son el escenario de un negocio multimillonario, que detrás del humo de cigarrillo y la sonrisa de los ganadores esconde una trama poco contada.
En nuestro país no existen cifras nacionales que especifiquen cuánto dinero mueve el negocio del juego. En 2006, la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA) calculó ingresos anuales por catorce mil millones de pesos, cifra que el diario español El Mundo actualiza a diez mil millones de euros por año. Sólo las utilidades brutas -ganancia luego del pago de premios- de los tragamonedas de la provincia de Buenos Aires alcanzaron durante 2011 la friolera de 6.400 millones de pesos, casi el doble de lo que la provincia presupuestó para todo el año en el área de Desarrollo Social.
“El fenómeno de la industria de los juegos de azar en la Argentina comenzó su cambio profundo con la puesta en marcha del sistema online de control para las máquinas tragamonedas en la provincia”, explica Nicolás Bondarovsky, jefe de redacción de Games Magazine, una de las principales revistas del sector. El periodista reconoce a la Argentina como la principal plaza de Latinoamérica y cree que en los próximos años el país seguirá la tendencia mundial de los llamados “centros de entretenimiento”.
Las ganancias son exorbitantes. Ángel Tabanelli, dueño de Boldt y operador de Trilenium, en 2011 reportó ganancias brutas de casi sesenta millones de pesos únicamente en el casino de Tigre. El año pasado, la española Codere (que opera sólo en provincia de Buenos Aires) reportó un beneficio bruto de explotación de 165 millones de euros. Cristóbal López recauda 1.000 millones de pesos anuales con las máquinas tragamonedas ubicadas en el Hipódromo de Palermo, según detalla el diputado provincial Walter Martello (CC-ARI), que hace siete años viene investigando el tema y publicó este año el libro No va más.

De Perón a Duhalde
A comienzos de la década del cincuenta, Juan Domingo Perón estatizó los casinos. Su idea fue limitar las salas de juegos a los lugares de veraneo, objetivo que acompañó con la creación de la Lotería de Beneficencia Nacional, y destinó a la acción social parte de los recursos generados por el sector.
Con el correr de los años, el sistema se distorsionó y la recaudación terminó desviándose hacia otros destinos. En los noventa, cuando se realizó el traspaso del control del juego del Estado nacional a las provincias, los gobernadores comenzaron a engrosar sus arcas con los recursos del juego.
En la provincia de Buenos Aires, la actividad estuvo hasta 1992 bajo la órbita de una simple dirección dependiente del Ministerio de Economía. El ex gobernador Eduardo Duhalde decidió expandir las facultades del organismo estatal con la creación del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, al tiempo que en el resto del mundo comenzaba a crecer el negocio de las máquinas electrónicas.
“Loterías” se montó a este nuevo fenómeno, exacerbando el potencial de los últimos desarrollos tecnológicos y poniendo en práctica las variantes más insólitas del juego, que quedaron en manos de empresas cuyo negocio consistía en estimular y masificar las apuestas electrónicas.
La comisión investigadora de lo actuado por el Instituto, conformada en la Cámara de Diputados bonaerense a finales de los noventa, condenó la situación al advertir que “en ningún país, salvo rarísimas excepciones, se deslocalizan los lugares de apuestas y se erigen innumerables bocas para tentar a los apostadores, tanto grandes como pequeños, o transeúntes”. Lejos quedaba la ley 4.588 de 1937, que indicaba que las salas debían situarse en ciudades balnearias “y a distancia no menor de 350 kilómetros de la Capital Federal”. El carácter ocasional o turístico del juego se había convertido en una tentación constante para los habitantes de la provincia.

De la captación de apuestas al megacasino de Tigre
Aquí entra en escena Boldt. Durante décadas, la empresa de Ángel Tabanelli se había limitado a brindar servicios de impresiones de seguridad para bancos, pero en mayo de 1993 un decreto de Duhalde la puso al frente de un programa de implementación de terminales online para el tipo de quiniela Club Keno Bonaerense.
Así, sin licitación pública y por medio de contratación directa, la empresa se hizo cargo de la captación de apuestas en más de tres mil quinielas de la provincia. Dos años más tarde, Duhalde amplió este acuerdo exclusivo para que la firma también instalara máquinas tragamonedas en los casinos bonaerenses y Boldt comenzó a llevarse hasta un cuarenta por ciento de las utilidades producidas por todos los slots de la provincia. “Adjudicar en forma directa es algo normal en el juego”, se defendió Ángel Tabanelli en una entrevista concedida semanas atrás a El Cronista Comercial.
Junto a la Sociedad Comercial del Plata (SCP), en 1999 inauguraron el Trilenium, “el casino más grande de Latinoamérica”. Ubicado en Tigre, arrancó con sesenta mesas de juego y 1.500 máquinas electrónicas. Según el acuerdo vigente, la recaudación de los juegos de paño iba para el Estado provincial pero el cincuenta por ciento de las utilidades brutas de las máquinas quedaban en la empresa.
El socio de Boldt en el Trilenium era Santiago Soldati, un ícono empresarial de la década menemista que había participado en varias privatizaciones y oficiaba de cara visible del Tren de la Costa. Juntos lograron una concesión por diez años y una cláusula de exclusividad en un radio de 150 kilómetros, con una empresa creada ad hoc que había presentado un capital inicial de sólo doce mil pesos.
Pero las desprolijidades no terminaban allí: el Instituto preveía para la empresa adjudicataria una rentabilidad de 75 millones de pesos anuales reconociendo una inversión total de setenta millones. Según estos cálculos, Boldt se embolsó en un año toda la inversión prometida y finalizó ese primer contrato con nueve años de ganancia pura.
Desde la empresa aseguran que no son “socios” de los gobiernos. “Las ganancias le corresponden en un ciento por ciento a los estados provinciales”, recuerda a Debate Juan Carlos Salaberry, director comercial de Boldt. Sin embargo, admite que su compañía se lleva un buen porcentaje de las ganancias de las máquinas. Pero en esos casos, insiste, “nos hacemos cargo de todas las inversiones y costos operativos”.

Cartón lleno
A la expansión desenfrenada de los casinos se le sumó la consolidación de los bingos oficiales, que habían desembarcado en territorio bonaerense gracias a la ley 11.018. Su supuesta “contribución” al bienestar social por la vía recaudatoria es al menos dudosa: de cada cien pesos que se juegan, sólo dos van a parar al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
En diciembre de 1998, ante una caída en el volumen de juego, una resolución de Loterías permitió instalar tragamonedas en los bingos, reconociéndolas como una “modalidad complementaria”. De manera escandalosa, la medida borraba con el codo lo que el propio Instituto había establecido seis meses antes en la resolución 1246, en la que prohibía el funcionamiento “de máquinas de habilidad o destreza”.
Ante la dificultad de controlar los slots, Loterías fijó un canon de entre 1.500 y 20.000 pesos por cada uno. El propio organismo estimaba que esa suma anual podría cubrirse con las ganancias de catorce días: el resto del año era pura utilidad para la empresa.
Según el diario Hoy de La Plata, las tres salas ubicadas en La Matanza generan 730 millones de pesos al año. Le siguen las de Quilmes (425 millones), San Martín (357 millones), Lanús (318 millones), Avellaneda (306 millones) y La Plata (304 millones). Hoy suman 46 en 32 municipios. Catorce de ellos son controlados por una sola empresa: Codere.

La Repsol de los juegos de azar
Compañía de Recreativos (Codere) es la principal operadora de apuestas deportivas en Madrid. Nació en 1980 tras la legalización del juego en España y cuatro años más tarde inició su desembarco en Colombia, México, Panamá, Uruguay, Brasil y, por supuesto, la Argentina, donde se concentró en la provincia de Buenos Aires. En una nota publicada por el semanario español Expansión, el presidente de la compañía, José Antonio Martínez Sanpedro, reconoció que el ochenta por ciento de las ganancias brutas del grupo estaba en territorio latinoamericano.
Al igual que con Boldt, la llegada al país de la firma ibérica contó con el visto bueno de Duhalde. No por nada la entidad de bien público que, en los papeles, explota los bingos de Temperley y Lomas de Zamora es el Club Atlético Banfield, equipo de los amores del ex presidente. Luego de que el “Taladro” obtuviera el Apertura 2009, la entonces presidenta de Codere Argentina, Beatrice Rangel, armó un agasajo en el que los jugadores le entregaron una camiseta encuadrada para ser exhibida en las oficinas de la compañía en Madrid.
Los negocios de Codere en el país resultaron fabulosos: según su último balance anual, la firma embolsó 186,4 millones de euros de ganancia bruta sólo en territorio bonaerense, contra 42,1 millones en su país de origen. La Argentina representó el 40,25 por ciento de sus ingresos mundiales.
En 2010, Rangel admitió que el grueso de su facturación está en las máquinas. “Las tragamonedas subsidian al bingo, los bingos tienen un margen mínimo”, le dijo al diario La Nación. Consultada por qué siguen manteniendo los cartones, respondió: “Es obligatorio. Por cada máquina debe haber dos puestos de bingo”, en relación a lo establecido desde 2003 por ley provincial. El año pasado, la ejecutiva fue reubicada en México y, en su lugar, la empresa nombró al peronista Héctor Luna, ex presidente de la Cámara Argentina del Bingo y hoy vicepresidente del grupo. Esta revista se contactó con Luna para una entrevista, pero el pedido fue derivado a su vocero, que días más tarde negó cualquier posibilidad de concretarla. “No estamos saliendo a hablar”, informó.

Orden en la sala
El primer intento regulatorio en torno al descontrol de los bingos tuvo lugar hace unos diez años, bajo la gestión de Felipe Solá. Acorralado por problemas de caja y la crisis económica que sacudía al país, Solá presentó un proyecto que legalizaba las tragamonedas en los bingos pero proponía que la provincia se alzara con un tercio de las ganancias. Luego de idas y vueltas, en junio de 2003 se aprobó la ley provincial 13.063, que establece:

- Al menos el 85 por ciento de la recaudación total de las tragamonedas debe destinarse al pago de premios.
- Del porcentaje restante (“utilidades brutas”), el 66 por ciento queda para las salas de bingo y el 34 para el estado provincial.
- Por cada máquina habilitada debe haber dos asientos para el juego de bingo.
- Debe haber al menos un puesto de trabajo por cada slot autorizado.

Una de las personas que colaboró con la redacción del texto recuerda: “Lo que planteamos fue el principio de un plan de transparencia. Nos hicimos cargo de una Lotería caótica, con una recaudación en concepto de tragamonedas de apenas dos millones y medio de pesos al año”. La fuente dice que el nuevo sistema arrancó el 6 de diciembre de 2002 y que hacia finales de mes el Estado llevaba recaudados 14,7 millones de pesos.
Esta nueva fuente de ingresos contribuyó a que el Estado se lanzara a promocionar la actividad: la unidad del negocio pasó de 385 millones de pesos en 2002 a casi 2.000 millones cuatro años más tarde. En 2006, un decreto de Solá renovó automáticamente y por quince años las licencias de las salas de juegos que habían desembarcado durante el gobierno de Duhalde.
Desde 2002, además, cada bingo es controlado por uno de los sistemas que proveen las empresas Boldt, Electrochance, Octavian o Sielcon. “Como en aquel momento no había tiempo para hacer una licitación internacional, armamos un modelo según el cual existen ciertos sistemas homologados por Loterías y el empresario puede elegir cuál va a controlarlo”, cuenta Juan José Marc, ex funcionario provincial y editor de El Diario del Juego. Este esquema es más confiable que el de otras provincias o, sin ir más lejos, que el propio control que el gobierno bonaerense tiene sobre las demás tragamonedas: de hecho, los 3.600 slots ubicados en los casinos de la provincia aún son controlados por Boldt. “Es un negocio de la época de Duhalde que nadie le tocó”, afirma uno de los principales jugadores de la industria.

El dueño del juego en Capital
Para entonces también funcionaban bingos en Capital gracias a una medida del ex presidente Menem, que había autorizado la apertura de salas en Lavalle, Congreso, Belgrano, Flores y Caballito. Los cuatro primeros pertenecían a un grupo liderado por Domingo Lacquaniti, que pronto comenzó a denunciar una situación de desventaja frente al nuevo protagonista del juego en la Ciudad: Cristóbal López.
La carrera de López como “zar del juego” comenzó en su Chubut natal bajo el gobierno del radical Carlos Maestro. Allí fundó Casino Club, firma que en 2001 consiguió sus primeros permisos para operar centros de juego de Santa Cruz. Más adelante, se firmó un convenio que permitió a la empresa instalar en el Hipódromo de Palermo el negocio de las máquinas tragamonedas (del que estaban excluidos los bingos porteños). Otro lugar codiciado por Cristóbal fue el “casino flotante” de Puerto Madero, que por entonces administraba la española Cirsa. El primer barco, Estrella de la Fortuna, se había instalado en tiempos de Menem: como la ley porteña prohibía los casinos, la argucia fue ubicar la sala en una embarcación que flotaba “en aguas nacionales”.
Tiempo más tarde, la Nación y el gobierno porteño aprobaron el funcionamiento de un segundo barco casino, el Princesa, y en 2007, aprovechando un extenso conflicto gremial y la mala situación financiera de Cirsa, Cristóbal López se alzó también con ese negocio.
El PRO no le puso obstáculos al empresario. En 2008, Mauricio Macri envió a la Legislatura un convenio suscripto entre el presidente de Lotería Nacional y el titular del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad en el que ambos se obligaban a respetar los términos “de las concesiones y permisos que amparen a los juegos existentes a la fecha, con sus ampliaciones y prórrogas”. Sólo dio marcha atrás luego de recibir presiones de la Iglesia.
El casino flotante siguió funcionando bajo jurisdicción federal gracias a una cautelar, hasta que el año pasado la Corte Suprema habilitó a la Ciudad a cobrarles impuestos a estos barcos, incluso de forma retroactiva. Macri podría haber tomado este precedente para reclamarle pagos a Cristóbal López por los slots en Palermo, pero hubo escasa voluntad del gobierno porteño para ejercer sus derechos. En su lugar envió 200 mil facturas de ABL a los vecinos de la Ciudad con incrementos de hasta un 300 por ciento.
La próxima adquisición de Cristóbal fue el bingo Los Polvorines, que le compró a Aurelio Serra. La sala no era precisamente el target de público al que venía acostumbrado: según temen otros empresarios, su objetivo es llegar con las tragamonedas al próspero Hipódromo de San Isidro. Dado que la ley 13.063 prohíbe abrir nuevos bingos sin cerrar otros, bastaría con una autorización de Scioli para trasladar la sala de Los Polvorines a Zona Norte.
Uno de los periodistas que mejor conoce la provincia resume el estado del arte: “Siempre cobraron todos y hubo un reparto equilibrado, pero ahora aparecieron otros jugadores”. En los últimos meses, numerosos sectores políticos y sociales comenzaron a reclamar un nuevo marco regulatorio para la actividad. La disputa está abierta. Todos hacen sus apuestas.


Esta es una versión resumida del informe que se publicó en la edición impresa de la revista Debate de setiembre de 2012.

Maestros en crisis

Maestros en crisis
La recuperación del salario docente es un paso necesario, aunque insuficiente, para jerarquizar el papel de los educadores argentinos. Las deudas pendientes

por Federico Poore
Debate, 03-08-2012

El ritual se repite cada comienzo del ciclo lectivo. Un acuerdo salarial se retrasa y los gremios amenazan con ir al paro; los contactos de último momento fracasan, la huelga se hace, los padres protestan; el Gobierno mejora su oferta, los maestros acuerdan. Se dice que este tira y afloje es una de las consecuencias lógicas de la reinstalación de las negociaciones paritarias; sin embargo, el esquema termina dejando de lado la discusión por otros temas, que exceden a los sueldos, y vuelve a la opinión pública en contra de los docentes. ¿Hasta qué punto se superó la crisis en el sector? ¿Cuáles son los nuevos desafíos a los que se enfrentan los educadores argentinos?
“La idea de que la educación está en crisis aparece en todos los discursos desde la década del sesenta y en algún punto tiene sentido, porque es cuando el sistema que se pensó durante la última parte del siglo XIX comienza a dar muestras de insuficiencia”, sostiene Myriam Southwell, coordinadora del Área Educación de Flacso y profesora de la Universidad Nacional de La Plata. Ensayando un balance más reciente, la investigadora reconoce que los salarios mejoraron en los últimos años y entiende que esa cifra, además, se ha ido blanqueando progresivamente. “Hoy existe un reconocimiento implícito de que las demandas no son tanto por un aumento o un incentivo, sino por otros temas de la agenda”, resume.
La titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Stella Maldonado, dice que el pico de la crisis fue entre 1996 y 2003, “cuando las escuelas se habían convertido casi en campos de refugiados y los docentes cobraban mal, tarde y con bonos”. “No estamos más en ese período donde los chicos venían descalzos a la escuela o se desmayaban en clase”, ilustra Maldonado, al tiempo que pide dirigir la atención hacia nuevos problemas, acaso menos urgentes pero no por eso menos importantes.

AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS
En las últimas semanas reapareció el discurso sobre la falta de maestros y se habló de una supuesta crisis vocacional. El ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, dijo que la caída en la matrícula para las carreras de formación docente estaba vinculada a que los docentes hoy pagan impuesto a las ganancias y pidió su eliminación. Eduardo López, de UTE, le salió al cruce y argumentó que si esto fuese así la falta de aspirantes “ocurriría en todas las jurisdicciones y en realidad en la provincia de Buenos Aires hay listas de espera para ingresar a la docencia”.
La polémica sigue abierta, pero los especialistas creen que no se trata solamente de un tema de ingresos. Ante todo, es importante tener en cuenta cómo es y cuánto dura la carrera que deben cursar aquéllos que buscan desempeñarse al frente del aula. Las fuentes consultadas consideran que el circuito de formación docente dura unos diez años -entre el profesorado y un cierto período de adaptación-, y que lo que se está viendo en los últimos tiempos son los efectos de una “fuerte restricción de ingresantes” a principios de la década pasada.
El investigador Ricardo Donaire, en tanto, cree que poner el acento en los ingresos trastoca el argumento. “¿Podemos afirmar linealmente que cuanto más ganan, mejor hacen su trabajo?”, se pregunta en el reportaje que acompaña esta edición. Incluso si así fuera, agrega Southwell, el imaginario social considera a la docencia no sólo como una profesión mal paga sino además como un trabajo con condiciones muy difíciles.
En ese sentido, uno de los temas menos tratados hasta ahora tiene que ver con la salud de los maestros. “Se habla mucho del ausentismo, pero nadie explica los efectos de trabajar con chicos ocho horas por día”, dice Maldonado. El gremio que conduce viene exigiendo desde hace años la firma de un acuerdo sobre salud laboral que incluya planes de prevención para las afecciones más recurrentes, entre las que se encuentran enfermedades de la voz y aquéllas causadas por una mala postura. Más aún: en mayo último, el ministro de Educación Alberto Sileoni reveló que los padecimientos por largo tratamiento -aquéllos que más ayudan a explicar el fenómeno del ausentismo docente- son mayormente de índole psiquiátrica, lo que lleva a otro fenómeno con el que los educadores deben lidiar a diario: la sobrepoblación en las aulas. La titular de Ctera explica que durante la década del noventa había muchos cursos con cuarenta chicos y que, si bien la cifra disminuyó en los últimos tiempos, quedan algunos “bolsones” en el Norte del país y en la Ciudad de Buenos Aires, donde en los últimos años se construyeron muy pocas escuelas.
Como referencia para una educación de calidad, y a tono con las recomendaciones internacionales, la gremialista sugiere un máximo de veinticinco chicos por curso, lo que supone inaugurar escuelas allí donde hay una mayor demanda de vacantes. Enfrentar estos nudos problemáticos ayudaría a combatir las altas tasas de ausentismo tan denostadas por padres y funcionarios.

PREMIOS Y CASTIGOS
Mientras tanto, un fantasma recorre los pasillos de los gremios: el fantasma de la evaluación docente. Las primeras señales salieron del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que con el pretendido objetivo de trabajar sobre la “calidad educativa” a principios del año pasado blanqueó sus intenciones de evaluar a los docentes, algo que los gremios denuncian como el primer paso de una política que termine atando la productividad al salario.
Este tipo de medidas -avaladas por el Banco Mundial y ensayadas a medias en otros países- fueron cuestionadas por la mayoría de los investigadores. Southwell da el ejemplo de Brasil, donde los docentes reciben un plus salarial por productividad, “algo que muchas veces implica una hiperproducción de trabajo, pero que no necesariamente redunda en una mayor calidad”.
“Es cierto que la evaluación docente, así como la de los alumnos, debería ocupar un lugar más protagónico. El tema es qué uso se hace de esta evaluación”, explica Cecilia Veleda, coordinadora del Programa de Educación de Cippec. Siguiendo el argumento de Veleda, los incentivos al buen desempeño deben existir, pero por otros medios que no lleven al pago por resultados como, “por ejemplo, generando alternativas a la carrera docente: que la dirección de una escuela no sea la única instancia de progreso”.
Sin embargo, los mismos especialistas reconocen que es difícil dar un debate sensato en torno a la evaluación cuando sus principales impulsores encabezan, al mismo tiempo, una embestida contra los “privilegios” docentes. “Hay que terminar con este fantasma de que todo lo que se puede hacer es ajustar o romper el Estatuto Docente, pero el mensaje de Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa ciertamente no ayudó”, dice Southwell, refiriéndose al reto público de la mandataria luego de las medidas de fuerza en el inicio de clases, ocasión en que la Presidenta aseguró que los maestros “trabajan cuatro horas y tienen tres meses de vacaciones”. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, no se quedó atrás, y directamente acusó a los docentes de vagos. “Mucha gente se cree que tiene derecho a cobrar un sueldo por no hacer nada”, sostuvo al justificar la política de descontar los días no trabajados tras uno de los tantos paros que enfrentó su gestión.

MEJORES CONDICIONES
A diez años de la mayor crisis económica que vivió el país, el sector tiene por delante numerosos desafíos. Y aunque muchos de ellos van más allá de lo monetario, uno de los objetivos vinculados al salario persiste: que los educadores puedan vivir con un solo cargo. Muchos maestros hoy circulan por cuatro o cinco escuelas, cuando lo ideal sería que trabajaran en una sola. En ese sentido, el próximo paso podría pasar por establecer horas pagas para que los maestros puedan planificar las clases, seguir las trayectorias de los estudiantes y compartir sus experiencias con otros profesionales. En el largo plazo, las tareas que hoy se hacen fuera del horario laboral deberían estar contempladas en el sueldo docente, algo que implica repensar todo el sistema.

***

Secundaria, la reforma pendiente
La opinión que circula en el ambiente educativo es que la crisis más notoria se expresa en el nivel medio, que en sus orígenes se propuso formar a los futuros dirigentes (a diferencia de una primaria que siempre se pensó “para todos”) pero que de a poco comenzó a recibir una población cada vez más heterogénea, para brindar una salida que no necesariamente conducía a la universidad sino también al mundo del trabajo.
En este marco, el Estado decidió imponer en 2006 la obligatoriedad del secundario, una medida que fue acompañada por el regreso a una orientación generalista que terminaba con la experiencia del Polimodal. Este cambio, dice Southwell, fue positivo pero insuficiente. “No alcanza con restituir la vieja escuela, porque aquélla sigue teniendo la matriz academicista en donde no entra la cultura contemporánea”, asegura. Maldonado coincide. “La secundaria necesita una renovación muy profunda que todavía no ha sucedido. Hace falta otro tipo de organización; por ejemplo, la posibilidad de que los estudiantes cursen materias cuatrimestrales u optativas”, dice la titular de Ctera, que aprovecha para lanzar la punta de un futuro debate: “Nos parece excelente que se distribuyan las netbooks, pero existe un atraso en la preparación de los docentes para ofrecer contenidos digitales”.