La teoría de la frazada corta

La teoría de la frazada corta

El gobierno porteño dispuso la “fusión” de 96 cursos para cubrir puestos docentes en la Zona Sur. Los padres denuncian el desvío de fondos hacia el sector privado.

por Federico Poore
Debate, 24-05-2012

A poco de empezar las clases, mi hijo de siete años volvió de la escuela muy angustiado. Me pidió que fuera a ver qué pasaba porque querían sacarle a su maestra para cerrar el grado”. Así arranca el relato de Laura Heres, madre de un alumno de la Escuela N° 4 de Villa General Mitre. Su historia tiene puntos de contacto con otras que se multiplicaron a lo largo de la Ciudad de Buenos Aires tras la decisión del gobierno de Mauricio Macri de cerrar los cursos de primaria y secundaria que contaran con menos de un determinado número de chicos. La medida se había tomado el 29 de febrero, un día después del inicio de clases, sin previa consulta a los afectados. Se basaba en un decreto del entonces jefe de gobierno Fernando de la Rúa, el 1990/97, que en su anexo establecía el mínimo de alumnos necesarios para continuar un curso de acuerdo a cada nivel. Como consecuencia, el ministerio que conduce Esteban Bullrich anunció la fusión de 221 grados (144 de escuelas primarias, 52 en media y 25 en educación técnica) que no llegaban a estos pisos.
La reacción de la comunidad educativa fue inmediata: se organizaron clases públicas, abrazos a las escuelas afectadas, juntas de firmas y reuniones de asociaciones cooperadoras. Acompañando estas acciones, el colectivo Familias por la Escuela Pública -que ya tenía contactos en seis distritos- empezó a coordinar sus acciones en toda la Ciudad. Además, el gremio UTE-Ctera instaló una carpa blanca frente a la jefatura de gobierno y Ademys coordinó una movilización que culminó con la toma del ministerio.
Semanas más tarde, supervisores escolares de todos los distritos -los encargados de implementar la disposición- se sumaron al reclamo de padres y gremios docentes y enviaron por vía jerárquica una carta al ministro Bullrich caracterizando la medida “no como una salida administrativa a una situación aislada sino como una respuesta política de Estado frente a un problema de la educación pública que afecta el derecho social a la educación”. El cierre, aseguraron, se basó en un ordenamiento numérico sin criterios pedagógicos. Además, el equipo de 44 supervisores denunció haberse enterado de la medida el 2 de marzo, por medio de un correo electrónico, coincidiendo con el relato de los padres sobre un alto nivel de improvisación detrás de la comunicación de la medida.

UN FINAL POCO FELIZ
Luego de más de un mes de conflicto, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Hugo Zuleta, avaló la medida mediante un oficio en el que entendió que la decisión no estaba “reñida con la normativa vigente”. Tras el fallo, el ministro 
Bullrich ratificó el cierre de cursos, pero redujo la cantidad a 96 grados. “Se logró en cierto sentido moderar la pretensión del gobierno, pero hay quienes creen que sólo se trató de una estrategia: amenazar con cerrar más y terminar cerrando menos para mostrar sensibilidad ante los reclamos”, explicó a esta revista un padre que pidió el anonimato.
Comenzando el 27 de abril, las divisiones con menos de quince o veinte alumnos fueron fusionadas con otros grados con igual o menor cantidad de chicos, siguiendo las órdenes del director general de Educación de Gestión Estatal, Maximiliano Gulmanelli. Los cierres continúan a la fecha.
El establecimiento más afectado por las medidas fue la Escuela Técnica N° 28, de Belgrano. Mabel Álvarez, madre de un alumno de sexto año, explicó por qué el curso de su hijo con nueve alumnos era “pedagógicamente adecuado” en el marco de la educación técnica. “En este sexto están los mejores promedios, el abanderado y el escolta son de esta división y los docentes reconocen que es el mejor grupo. Desde que ‘fusionaron’ la sección con otra, mi hijo ya no va con las mismas ganas al colegio”, relató. Además, Álvarez reveló otro caso que se vio en la escuela luego de la resolución: “En cuarto año no quedó otra opción que dividir un curso de doce alumnos a la mitad y fusionarlos con otros dos. Esto es terrible para los adolescentes, ya que su grupo de pertenencia es muy importante. Nunca analizaron pedagógicamente nada”.
Los padres destacan que si bien en varias escuelas se cerraron divisiones, otras con menos de quince alumnos no corrieron la misma suerte. Y no entienden con qué criterio algunos cursos cerraron y otros no. De acuerdo con fuentes sindicales, existen más de mil grados en la Ciudad con menos de quince alumnos, por lo que se teme que la “fusión” se reanude en 2013.

EDUCACIÓN PÚBLICA EN RETROCESO
El análisis del conflicto no puede obviar que el número de secciones en escuelas primarias estatales es prácticamente el mismo que en 1990, pero con una matrícula que desde entonces se redujo significativamente. De manera que, a primera vista, “no sería cuestionable, desde una perspectiva general, el mentado cierre de cursos”, explica Carlos Holubica, asesor de gabinete de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
El argumento de la Ciudad es que en los establecimientos afectados existen cursos con pocos alumnos y que en muchos colegios de la Zona Sur ocurre exactamente lo contrario. “La idea es que los docentes que dejen un curso trabajen en la Zona Sur, en donde nos faltan maestros”, sostuvo Esteban Bullrich. ¿Se trata entonces de un problema de docentes que sobran en un lugar y faltan en otro -acaso una variante de la teoría de la “frazada corta”- y que las aulas hoy alcanzan? Holubica se permite relativizar esta hipótesis al recordar que durante los cuatro años del primer gobierno de Mauricio Macri el promedio de ejecución del presupuesto de Infraestructura y Equipamiento en Educación fue del 61,74 por ciento. “En un contexto de carencias edilicias acuciantes en el área educativa, el gobierno porteño se dio el lujo de no utilizar 668 millones de pesos”, explica en un informe escrito junto a la ex auditora porteña Josefa Prada. Este nivel de subejecución presupuestaria tiene lugar en un contexto en el que las condiciones edilicias no son las óptimas. “Sólo en un colegio, y en forma provisoria, los estudiantes tendrán clase en una sala de música y en una biblioteca”, admitió Bullrich en declaraciones radiales, y agregó: “Estamos construyendo dos escuelas para chicos que viven desde el Este de Lugano hasta Parque Patricios”. Al sugerir que aún no existen aulas suficientes para desdoblar los cursos superpoblados, el discurso se contradice con la explicación de que las deficiencias educativas en el Sur se deben únicamente a la falta de maestros.
El Reglamento Escolar vigente establece que el número de alumnos por aula deberá fijarse de manera tal que, por cada niño, haya al menos 1,35 metros cuadrados de superficie y de cuatro a cinco metros cúbicos de capacidad. “Las escuelas que no alcancen tal situación están en condiciones de hacinamiento”, destaca un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que agrega que la decisión de albergar en una sola aula a la matrícula de dos cursos puede impactar fuertemente sobre los niveles de hacinamiento de cada una de las secciones fusionadas.
Para Nancy Montes, investigadora del Área Educación de Flacso, la Ciudad no presenta un aumento general de las generaciones más jóvenes, aunque la Zona Sur “todavía tiene amplios territorios a los que no llegó el piso mínimo de la educación necesaria”. La especialista recuerda que desde hace tiempo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad viene señalando la falta de vacantes en muchos distritos y que, a un mes del inicio del ciclo lectivo, unos 350 alumnos de los distritos 19 y 21 (que comprenden los barrios de Villa Soldati, Pompeya, Bajo Flores, Villa Lugano y Villa Riachuelo) no empezaron las clases por falta de vacantes.
El gobierno porteño no niega el problema y asegura que sus esfuerzos están puestos en “profundizar la calidad educativa en el Sur a partir de la incorporación de un segundo docente o desdoblando cursos en aquellas clases con más de 35 alumnos”. Es decir, una política similar a la que lleva adelante la provincia de Buenos Aires. Además, el Ministerio de Educación porteño sostiene que durante este año se abrirán 228 secciones y planean inaugurar 13 edificios escolares nuevos, “la mayoría en Zona Sur”.
Pero existe un problema mayor: la disminución constante de la cantidad de alumnos de escuelas estatales en la Ciudad. En este marco, señala Holubica, la fusión de cursos “no hace otra cosa que acompañar el retroceso de la educación de gestión estatal que se acentuó durante la gestión de Mauricio Macri”. Datos de la propia Dirección de Investigación y Estadística del Ministerio de Educación porteño muestran que entre 2007 y 2010, la caída anual promedio de la matrícula estatal fue del 1,14 por ciento, la más alta de todo el período 1990-2010. Parte de este éxodo se explica por la alicaída infraestructura del sistema educativo público de la Ciudad, para lo cual el gobierno porteño destinó cifras millonarias pero insuficientes.
La Auditoría porteña subraya que desde 2007 hubo una caída en la participación del sistema público en el presupuesto educativo, que pasó del 61,91 por ciento en 2007 al 58,12 en este año. Como contraparte, los subsidios a la educación privada tuvieron un leve aumento, del 15,04 al 15,61 por ciento (con picos de cerca del veinte por ciento en 2009). La lectura que Holubica hace de estas cifras es desalentadora. “Si en cercanía de una escuela estatal de escolaridad simple sin actividades extracurriculares formativas y recreativas -tales como computación, artes plásticas, deportes- el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires subsidia a un colegio privado que ofrece esas prestaciones, se produce una competencia que podría llamarse desleal para la educación estatal”.
Los números dan cuenta de esta política: mientras que desde 2007 las partidas a la educación privada en la Ciudad aumentaron un 317 por ciento, los subsidios a la Escuela Técnica N° 28, en la que cursa el hijo de Mabel Álvarez, se redujeron a casi la mitad.