Causa común

Causa común
Con apoyos hacia el interior de los tres bloques principales, el Congreso se prepara para discutir este año la despenalización del consumo de drogas. Las chances de aprobar una reforma de la ley y el desafío de dar una batalla real contra el narcotráfico.

por Federico Poore
Debate, 16-06-2012

Cuesta creer que el “episodio del vaso” haya ocurrido hace apenas un año. Pero así fue: corría junio de 2011 cuando el presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, Claudio Izaguirre, le tiró un vaso de agua a Sebastián Basalo, director de la revista THC, durante un debate televisivo sobre la despenalización de la marihuana. La imagen se multiplicó en los medios y las redes sociales como un símbolo de las dificultades que encontraba el país para discutir el tema. Sin embargo, algo cambió en los últimos meses, porque el debate no sólo llegó al Congreso -donde se estudia en comisión tras escuchar los aportes de especialistas y de la sociedad civil- sino que además se materializó en un borrador consensuado entre miembros de los tres principales bloques legislativos.
Semanas después de una jornada de protestas, cuando unas sesenta mil personas se movilizaron en distintos puntos del país reclamando la despenalización, los diputados Ricardo Gil Lavedra (Unión Cívica Radical), Victoria Donda (Frente Amplio Progresista) y Diana Conti (Frente para la Victoria) hicieron circular un anteproyecto que comenzó a discutirse en plenario de comisiones. Así y todo, la decisión del Ejecutivo es mantener la iniciativa en compás de espera mientras aguarda un mayor consenso social.
El miércoles 13 se celebró la tercera audiencia en las comisiones de Legislación Penal y de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, la última de una serie de reuniones que había arrancado la semana anterior con la exposición del ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, y en la que distintos grupos se pronunciaron a favor o en contra de la propuesta. Si bien durante la última semana se informó que seguirán las rondas de consulta y que el despacho deberá esperar, los cálculos más optimistas estiman que antes de que termine 2012 el país podría tener una Ley de Estupefacientes actualizada, pese a la oposición de la Iglesia y de algunos legisladores.

EL DIAGNÓSTICO
La actual Ley de Drogas -en sí, una modificación al Código Penal- castiga tanto la comercialización como el consumo de estupefacientes. Además, incluye una figura intermedia: la “tenencia simple”, donde se dirimen aquellos casos en los que no queda claro si la droga incautada era para comercio o para consumo personal. Un fallo de la Corte Suprema de 2009 (ver aparte) estableció la inconstitucionalidad de la persecución de una persona por el consumo de marihuana. En rigor, le apuntó al segundo párrafo del artículo 14 de la ley actual, que hasta el momento reprime a quien “tuviere en su poder estupefacientes”, lo que abrió la puerta para dejar de criminalizar al consumidor.
Sin embargo, en la práctica, si una persona no logra demostrar fehacientemente que la tenencia es para uso personal puede recibir penas de hasta seis años sin que se tengan pruebas de que buscaba comercializar la droga. Algunos datos sirven para ilustrar cómo funciona la 23.737. Durante 2011, el 48 por ciento de los delitos ligados a la norma fue por consumo, el 17 por ciento por tenencia simple y el 34 por ciento restante por comercio de estupefacientes, según cifras del Ministerio Público Fiscal. Es decir que la mayor parte de los procesos se inicia por la acusación de consumo. Por otro lado, sólo el dos por ciento de las causas iniciadas por comercio recibieron condena.
Si se toman en consideración los últimos veinte años, los números son aún más elocuentes. De acuerdo con un informe elaborado por la Universidad de Buenos Aires, durante ese lapso el setenta por ciento de los expedientes fueron por tenencia para consumo personal. El 87 por ciento de esas causas se inicia por tener hasta cinco gramos de marihuana o cocaína incautada a varones jóvenes en la vía pública, que no portaban armas ni estaban cometiendo otro delito. Varios sectores plantean que este esquema de “lucha contra el narcotráfico” fracasó.

LOS PROYECTOS EN DANZA
En este momento circulan seis propuestas en la Cámara de Diputados y una en Senadores. El único que parte desde la Cámara alta es el de Aníbal Fernández, que no plantea la modificación de la Ley de Drogas sino, directamente, la sanción de una nueva norma. Allí se prevé que “no es punible la adquisición y tenencia de estupefacientes cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiera que está destinada al consumo personal y no se ponga en peligro la salud de terceros”. No obstante, la iniciativa no establece cuál es el límite a partir del cual la tenencia deja de ser para consumo y establece que quien “tuviere en su poder estupefacientes que excedan un consumo personal será penado con uno a tres años de prisión”.
Otro proyecto recibió hasta ahora mayor aceptación entre los bloques. Se trata del expediente 0175-D-2012, firmado por la diputada Victoria Donda, que pena la comercialización, pero deroga todos los artículos de la ley referidos a las penas al consumo o la tenencia. “El proyecto de Fernández pone como condición para no penar el consumo que no haya una trascendencia a terceros; el de Donda lo elimina, y le quita así cierta arbitrariedad a la situación de las personas que consumen en la vía pública”, explica a esta revista Graciela Touzé, presidenta de la Asociación Intercambios, una ONG que estudia problemas relacionados con las drogas.
Tanto el borrador de Fernández como el de Donda promueven la despenalización del consumo de todas las sustancias ilegales, no sólo de la marihuana. Éste es el mascarón de proa de las diferentes iniciativas, que responden al fallo de la Corte pero también al clima de época. Palabras más, palabras menos, la pregunta que se hacen sus partidarios es: ¿Durante cuánto tiempo puede mantenerse como delito algo que no es visto como tal por un grupo importante de la población?
En Intercambios trazan una distinción clave: “Las sustancias que hoy están prohibidas continúan siendo ilegales. Ésta es la diferencia entre lo que se está planteando en el proyecto de ley respecto de lo que se denomina legalización. Éste no es un proyecto de legalización”. Dos puntos adicionales aclaran el panorama. Emilio Ruchansky, editor de la revista THC, subraya que lo que se discute es no sólo la despenalización del consumo de drogas, sino su descriminalización. “De aprobarse, no vas a ir preso por fumar marihuana en la vía pública. Lo que podrá hacer la policía es sacarte la sustancia, que sigue siendo ilegal”, explica. En tanto, el radical Mario Fiad, presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones de la Cámara baja, deja en claro que descriminalizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal “no equivale a despenalizar la comisión de delitos cometidos bajo el efecto del consumo, que seguirá siendo punible”.
Tampoco serán detenidos y procesados aquéllos que cultiven plantas y tengan semillas, siempre y cuando no las vendan. Según el borrador que circula en las comisiones, sólo será reprimido quien siembre o cultive plantas “con fines de comercio”.
Otro de los cambios tiene que ver con la polémica figura de la tenencia simple, que en el proyecto de Donda se mantiene, pero con el acento puesto en la presunción de inocencia. Con la actual ley, muchas de estas causas terminan afectando a meros consumidores, ya que aquellos a los que se les inicia un proceso están obligados a demostrar en la Justicia que destinaban la droga para consumo propio (mientras tanto, siguen procesados). La iniciativa de la legisladora del FAP invierte la carga de la prueba: ahora se supondrá que toda tenencia de drogas en cantidades moderadas es para el propio consumo, y será la Justicia la que deberá probar que la cantidad incautada tenía como fin la comercialización. Si no hay pruebas suficientes, la persona no irá a los Tribunales. Donda entiende que esta cláusula mejora el borrador de Aníbal Fernández, donde “era el consumidor quien debía probar de forma fehaciente que la tenencia era para consumo personal, con lo cual se iniciaba de todas formas un proceso penal”.
También presentaron proyectos propios las diputadas Adriana Puiggrós, Adela Segarra y María del Carmen Bianchi, aunque los legisladores buscarán consensuar el texto para unificarlo en un solo dictamen.

DEDICARSE AL NARCOTRÁFICO
El argumento que viene sosteniendo el kirchnerismo, y que hoy comparte el resto de los bloques mayoritarios, es que descriminalizar el consumo permitirá concentrar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Para Fernández, la actual legislación “formó parte del fracaso de la política criminal en materia de persecución, represión y sanción de los delitos vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes, al direccionar la operatividad a los eslabones más débiles”, lo que redundó en un sistema judicial colapsado por causas vinculadas al consumo.
Uno de los casos más recordados es el de Emanuel Vázquez, quien terminó asesinado por un vecino a principios de 2008. Su madre, Isabel Vázquez, se convirtió en una de las referentes de la Red de Madres Contra el Paco y hoy apoya la iniciativa. “Nosotros estamos de acuerdo con la despenalización, porque lo que vemos es que los que pagan el pato son siempre los perejiles, mientras que los que venden y fabrican están libres”, argumenta ante la consulta de esta revista. En sintonía con lo expresado en las reuniones de comisión, Vázquez parte de su experiencia personal para reclamar un cambio de rumbo. “Mi hijo murió con una causa porque le encontraron medio porro. Estos pibes no deben estar más penalizados, sino que deben recibir una ayuda desde el Estado”, sostiene.
En consonancia con este reclamo, el proyecto reconoce diferentes grados de responsabilidad de aquellos involucrados en el tráfico. El objetivo es que aquél que lava dinero, corrompe funcionarios y dirige una red criminal no sea tratado de la misma manera que el último eslabón de la cadena. Para este último caso, el proyecto de Donda plantea el principio de proporcionalidad de las penas: se mantiene como delito, pero con castigos menores, incluso al grado de convertirlos en delitos excarcelables. El objetivo es que los pequeños vendedores -en muchos casos, adictos a los que les pagan con la propia dosis- obtengan la pena mínima o una condena en suspenso. La diputada anticipó que el resto de los delitos de narcotráfico mantendrá los mismos castigos que hasta ahora.

EL POROTEO
Como era de esperarse, la oposición más frontal a esta iniciativa la encabeza la Iglesia católica. Días atrás, el cardenal Jorge Bergoglio exhortó a los jóvenes a no dejarse engañar por quienes “les digan: ‘llevala en el bolsillo, total ahora se puede, lo que no se puede es venderla’”, una lectura ciertamente errónea de los alcances del proyecto. “No les crean a los mercaderes de la muerte, si quieren drogas que tomen ellos”, atacó Bergoglio, en una marcha juvenil que anticipó el Corpus Christi. Algunos sacerdotes villeros, como el padre Charly Olivero o José Di Paola (más conocido como el cura Pepe), mostraron una postura ambigua: no se oponen, pero dicen que “no es el momento” para despenalizar.
En Diputados también hubo algunas resistencias. “Es muy precario el proyecto de despenalización. No dice nada de los menores, ni de la forma de combatir el narcotráfico, ni del problema del paco”, escribió en Twitter la diputada de Unión por Todos Patricia Bullrich. En diálogo con esta revista, el diputado Omar De Marchi, del interbloque del peronismo disidente, aseguró que la descriminalización no contribuye a resolver el problema. “En el fondo lo que se está haciendo es generar un gran negocio para la cadena intermedia”, sostuvo. Además del Peronismo Federal, se espera el voto en contra de casi una decena de diputados del PRO (aunque algunos esperan un voto favorable de Laura Alonso y la abstención de Paula Bertol).
De todas maneras, el apoyo a la despenalización parece ser mayoritario en la Cámara baja. Se sabe que el FAP unificó su postura a favor y que algunos legisladores del kirchnerismo y de la UCR anticiparon un voto positivo. Como trascendió en los últimos días, el gobierno nacional busca manejar los tiempos del debate hasta que exista un mayor consenso entre la opinión pública. Así lo expresó la diputada Diana Conti tras la tercera jornada de debates: “Vamos a buscar mayor comprensión social de la temática, hay que militar el proyecto”, sostuvo. Cabe destacar, además, que esta semana el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, había viajado a las Naciones Unidas junto a la presidenta Cristina Kirchner.
Por eso, la orden que habría bajado desde Balcarce 50 sería la de no acelerar el trámite innecesariamente, teniendo en cuenta las menores chances con las que contaría el proyecto si es que llega demasiado pronto al Senado. Aquellos que a principios de la semana calculaban la modificación para agosto moderaron sus vaticinios. “Veo una media sanción en agosto y una aprobación en el Senado, sin apuro, antes de fin año”, arriesgó a esta revista un comunicador de fuerte llegada a la Casa Rosada.
Desde el kirchnerismo subrayan que una iniciativa más consensuada contará sin dudas con el visto bueno del gobierno nacional. En una entrevista reciente con Debate, Ignacio O’Donnell, subsecretario de Planificación, Prevención y Asistencia de la Sedronar, dijo que se iba a respaldar “la despenalización para una cantidad mínima para consumo propio, con la idea de sacar del fuero penal y criminal el hecho del consumo personal”.

EL DESAFÍO MÁS GRANDE
La Ley de Drogas fue sancionada en 1989. Sus resultados están a la vista. Hace tres años, la Corte advirtió que luego de un tiempo ciertas normas consideradas legítimas en su origen pueden “haberse tornado indefendibles desde el punto de vista constitucional con el transcurso del tiempo”. Quienes intentan cambiar la ley parten de la misma premisa, aunque el espíritu de la reforma dependerá del tipo enfoque que se le termine dando a la legislación.
En ese sentido, algunas de las fuentes consultadas esperan que las iniciativas sean mejoradas en el recinto. Adrián Grünberg, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, cree que debería eliminarse la figura de tenencia simple. En el proyecto de Donda, esta figura aparece “cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta”, situación que prevé penas de hasta tres años de prisión. “Esto puede dar lugar a arbitrariedades. La policía va a decir ‘no es para consumo personal’, y es posible que llegue así a los tribunales”, dice el magistrado, que en esta zona gris no observa grandes diferencias entre los proyectos de Donda y Fernández “a los ojos del intérprete judicial”.
Grünberg resume su experiencia como juez al indicar que “el 95 por ciento de las causas enmarcadas en la Ley de Estupefacientes es contra pequeños vendedores. Vienen por comercio o por tenencia simple, aunque en muchos casos van a un juicio abreviado donde negocian un cambio de condena. No tenemos casos de peces gordos”. El magistrado aprueba que se saque a los consumidores de la esfera de los tribunales penales, pero opina que una eventual despenalización no alcanzará por sí sola para combatir al narcotráfico. Para ello, hará falta una política de Estado que aliente verdaderas investigaciones policiales que vayan más allá de “reventar” quioscos en villas de emergencia.

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El consumo en números
El informe más acabado sobre las cifras de consumo de sustancias psicoactivas en la Argentina lo llevó adelante el Observatorio Argentino de Drogas, dependiente de la Sedronar. La investigación se realizó en 2010 en todas las localidades del país de 80 mil habitantes o más y comprendió a personas de entre 12 y 65 años. Algunas de las principales conclusiones fueron las siguientes:
Prevalencia de vida: El 70 por ciento de las personas probó alguna vez alcohol; el 47,3 por ciento, tabaco; el 8,1 por ciento, marihuana; el 3,1 por ciento, tranquilizantes sin prescripción médica; el 2,6 por ciento, cocaína. Otras drogas como el paco, la pasta base, los solventes y el hashish fueron consumidas por menos del uno por ciento de la población.
Prevalencia de año: El 56,3 por ciento tomó alcohol al menos una vez durante el último año, cifra que baja al 29,3 por ciento en el caso del tabaco y al 3,2 por ciento en marihuana. Apenas el 1,3 por ciento de la población tomó tranquilizantes sin receta en los últimos doce meses, mientras que el consumo de cocaína en el mismo período se manifestó en el 0,8 por ciento de las personas.
Prevalencia de mes: Éstas son las cifras que revisten mayor interés para quienes diseñan políticas públicas ya que hablan de consumos que tuvieron lugar en los últimos treinta días; es decir, “conductas actuales”. Según este informe, el 44,5 por ciento de la población tomó alcohol en algún momento del último mes, mientras que el consumo de tabaco fue del 27,4 por ciento. Entre las drogas ilegales, el consumo reciente de marihuana fue del 2,4 por ciento; el de tranquilizantes sin prescripción, del 0,7 por ciento; y el de cocaína, del 0,5 por ciento. El éxtasis, la pasta base, el paco y los solventes alcanzaron durante el último mes a menos del 0,2 por ciento de la población
Otros números: La marihuana es “la droga ilícita de mayor consumo en el país”, pero su consumo se caracteriza por ser más ocasional (54,7 por ciento de los casos relevados) que frecuente. El uso de cocaína durante el último año fue mucho mayor en los varones (1,5 por ciento) que en las mujeres (0,2 por ciento). El consumo frecuente de esta droga se encuentra “sobre todo entre la población de 25 a 34 años”.

Breve historia del debate
La intención del Gobierno de modificar la legislación en la materia comenzó a principios de 2008, cuando el Ministerio de Justicia -que por aquellos años lideraba Aníbal Fernández- explicó la posición del Estado argentino en una Sesión Extraordinaria sobre Consumo de Drogas y Narcotráfico de Naciones Unidas. Desde Viena, Fernández pidió terminar con un sistema que criminaliza al consumidor sin brindarle siquiera el derecho a la salud y criticó convenciones anteriores de la ONU que, sostuvo, confundían consumidores con traficantes. El entonces ministro ordenó elaborar una encuesta nacional sobre el consumo de sustancias ilegales y convocó al Comité Científico para elaborar un proyecto alternativo.
Un año más tarde llegó el resonante fallo de la Corte, que ayudó a que el Congreso avanzara de manera más firme con la reforma. Para resolver el caso “Arriola”, una investigación en torno a una red de comercialización de estupefacientes en Rosario, el máximo tribunal benefició a cinco jóvenes que habían comprado pequeñas cantidades de marihuana (contrariamente a lo que se cree, Arriola no es el “consumidor perdonado” sino uno de los dealers finalmente condenados). La Corte argumentó que, tras diecinueve años de la ley, la actividad criminal “lejos de haber disminuido se ha acrecentado notablemente, y ello a costa de una interpretación restrictiva de los derechos individuales”. A tono con el artículo 19 de la Constitución, alertó sobre el peligro de revictimización que implica penalizar a consumidores que son ellos mismos víctimas y declaró inconstitucional cualquier condena por “la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”, aclarando que la decisión no implicaba de modo alguno “legalizar la droga”. Finalmente, exhortaba “a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas (…), enfocadas sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores”.

Las leyes en el mundo
En Portugal funciona desde 2001 un modelo de despenalización regulada; es decir que el consumo de drogas se descriminalizó, pero se mantiene una penalización en la esfera administrativa. Por ejemplo, un joven interceptado por la policía con una sustancia para uso personal debe presentarse en un órgano a cargo del Ministerio de Salud para identificar sus necesidades. “Si es adicto se intenta ver qué tratamiento podría facilitarle la vida, si es usuario ocasional se analiza si existen otros factores que pudieron llevarlo a un consumo problemático”, explicó João Castel-Branco Goulão, coordinador del Centro Portugués de Drogas y Alcohol, en un debate reciente que se organizó en Buenos Aires. Por medio de esa política -sostuvo el experto- Portugal logró disminuir enormemente el consumo de drogas inyectables, así como la violencia asociada al consumo de sustancias. Más aún: el país ostenta hoy la menor tasa de consumo de cannabis en personas mayores de 15 años de toda la Unión Europea. De todas formas, Castel-Branco Goulão señaló que para la despenalización del consumo personal de drogas “es determinante que el sistema de salud esté listo para recibir el flujo de gente que puede necesitar atención”.
En Holanda, contrariamente a lo que se cree, la droga no está “legalizada”. Lo que sí funciona es una red de locales con licencia, los famosos coffee shops, donde los usuarios pueden consumir hasta 5 gramos de marihuana. Para combatir el “turismo narco”, en el sur del país ya se prohíbe el ingreso de extranjeros a los locales, una medida que podrá extenderse al resto del país -incluido Amsterdam- en 2013. En México, una ley impulsada por el presidente Felipe Calderón despenalizó en 2009 la tenencia de hasta dos gramos de marihuana, 50 miligramos de heroína y 500 miligramos de cocaína. Aquellos sorprendidos con cantidades mayores son automáticamente considerados pequeños traficantes.
Un informe elaborado por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que integran, entre otros, Fernando Henrique Cardoso y Mario Vargas Llosa, se expresó a favor de la despenalización del consumo citando los casos del resto del mundo. “En la mayoría de los países europeos (con excepción de Suecia y Grecia), Canadá y Australia, la posesión de cantidades pequeñas de marihuana no lleva a la criminalización de los usuarios. Tanto en la práctica legal como en la represión al comercio, se observa una distinción entre drogas débiles y fuertes. En la mayoría de los países, los traficantes, en particular de drogas pesadas, pueden ser tratados con penas severas”, asegura el comunicado.