Impulso libre

LOS NÚMEROS DEL OPEN SOURCE EN LOS ORGANISMOS DEL ESTADO
Impulso libre
La visita del número dos de Microsoft a Olivos reavivó el debate sobre el uso de open software en la administración pública nacional.

por Federico Poore
Information Technology, julio 2012

Una foto disparó el debate. El jefe operativo de Microsoft, Kevin Turner, había estado en la residencia de Olivos junto a la presidenta Cristina Kirchner y la ministra de Industria, Débora Giorgi. Si bien no hubo acuerdos concretos, se anunció un programa para atraer talentos y emprendedores a la “industria argentina del software”, lo que dio a entender que la relación estratégica entre el gobierno nacional y el gigante informático gozaba de buena salud.
Sorprendidos por el encuentro, los integrantes de la agrupación Software Libre con CFK enviaron a la ministra Giorgi una carta en donde explicaron los beneficios políticos y económicos del modelo abierto en contraposición al esquema propietario impulsado por algunas grandes empresas. La funcionaria les concedió una audiencia en la que reafirmó que “el desarrollo de software libre es una política de Estado, ya que se trata de un sector que atraviesa la cadena productiva a lo largo y a lo ancho del país” y dejó abierta la posibilidad de que algún legislador presente una ley que reglamente su uso a nivel estatal.
“La visita de Turner fue una señal. Son debates que están dando al interior del gobierno”, explica Bernardo González, secretario de la Cámara Argentina de Empresas de Software Libre (Cadesol). “Históricamente, siempre fue más fácil comprar una licencia y ponerla que hacer un desarrollo propio. Sin embargo, hubo un vuelco en los últimos años: hoy a quienes dentro del Estado entienden que el software libre es una forma de encarar desafíos económicos como la fuga de divisas o la necesidad de sustituir importaciones”, apunta, en relación a algunas de las cuestiones calientes de los últimos meses en el marco de una crisis internacional.
Jorge Rodríguez, gerente de Iniciativas Tecnológicas para el Sector Público de Microsoft, no cree que la opción sea entre uno u otro modelo. “Creemos en la libertad de la mejor solución posible”, sostiene Rodríguez, y agrega: “La tendencia es ir hacia ambientes tecnológicos heterogéneos. Al final del día, la palabra clave es interoperabilidad”.

FILOSOFÍA O PRACTICIDAD
“El gobierno sabe que lo políticamente correcto es el software libre, pero no existe en la práctica una ley que lo avale”, opina Beatriz Busaniche, integrante de Fundación Vía Libre, una organización que trabaja desde el año 2000 en la defensa y promoción del free software. “Como no hay un plan de adopción, el tipo de programas que usa el Estado queda librado a lo que decide el encargado de sistemas de cada administración”, sostiene, y cita el ejemplo del Ministerio de Defensa que conduce Nilda Garré, que trabaja con modelos libres no debido a una orden de la funcionaria sino por iniciativa de su equipo de sistemas. “Sin una política clara, gana la inercia”, ilustra Busaniche, refiriéndose a las altos índices de programas propietarios que hoy prevalecen en el Estado.
Para Bernardo González, hay que evitar las discusiones “talibanes” y hacer elecciones más prácticas. “Hoy el 89 por ciento de las supercomputadoras en el mundo usa Linux, y hay gente que sigue pensando que el software libre es una cuestión de fe”, sostiene. Su caballito de batalla es una frase del informe que el matemático argentino Manuel Sadosky leyó en el MIT en 1979: “La tecnología, para ser ‘propia’, no necesita ser autóctonamente original, sino que requiere ser bien comprada, difundida de manera correcta, manejada con eficacia y adaptada en términos científicos a las necesidades que se ha pretendido satisfacer con su compra”, repite entre sus conocidos. Esta idea de modificar y adaptar, sostiene el titular de Cadesol, juega a favor de los esquemas free.
Mientras tanto, empresas como Microsoft mantienen un trato fluido con oficinas de sector público de todo el país, aunque no siempre de manera directa sino más bien por medio de socios de negocios. Entre las estrellas de esta asociación con el Estado están la consumerización IT y el modelo de cloud computing.
Lo cierto es que al interior del gobierno se debaten fuerzas que impulsan en uno u otro sentido. La actual gestión de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI) revela por lo bajo sus deseos de modificar el status quo en relación a esta temática. “Hay sitios del gobierno que hoy te obligan a tener un determinado navegador o que ponen a disposición información pública con formatos cerrados, como aquellos solo compatibles con Word y Excel”, sostiene uno de sus coordinadores, que pide reserva de identidad.
El funcionario recuerda que Argentina forma parte de un organismo supranacional cuyo mayor socio, Brasil, viene desarrollando software libre en el Estado desde 2005. Aunque se apura a aclarar que “tampoco se pueden ser fundamentalistas en extremo, hay que seguir casos de éxito”. Por eso, antes que “neutralidad tecnológica” prefiere hablar de “neutralidad comercial”, un modelo según el cual el Estado debe abstenerse de recomendar el uso de determinados formatos (cerrados).

CUESTIÓN DE NÚMEROS
Si bien no existen cifras oficiales sobre la tasa de penetración del software libre al interior del Estado, un informe financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Córdoba (UNC) al que tuvo acceso Information Technology habla de un predominio de free software en el ámbito de los nuevos servicios y una hegemonía del software comercial sobre los servicios “clásicos” como ERP y antivirus. “Un caso especial son las bases de datos, donde más del 50 por ciento declara usar software libre y comercial simultáneamente”, detalla la investigación de la UNC, para la cual se contactó a los encargados de informática de más de doscientos organismos.
El informe, titulado “Políticas de software libre en el Estado argentino”, será presentado en agosto en las Jornadas Argentinas de Informática. Sus autores, que avalan una mayor sistematicidad en el uso de este modelo, dicen que el 42 por ciento de las dependencias de la Administración Pública Nacional (APN) tiene planes de migración de software de escritorio a open source, cifra que se eleva al 48 por ciento para el software de servidores.
¿El dato más relevante? El 61 por ciento de los encuestados cree que en su organismo existen aplicaciones que podrían ser compartidas con otras dependencias de la APN. Entre ellas, software de gestión documental, Mesa de Entradas, una versión del Boletín Oficial Electrónico y hasta un sistema de control de accesos del personal con control biométrico.
Los impulsores de free software consultados destacaron que el reciente nombramiento de Mariano Greco en la Dirección de Informática del ONTI implica una fuerte señal hacia la implementación de esquemas abiertos tras algunas idas y vueltas. También creen que es representa suerte de un relanzamiento del lugar que la Argentina ocupa dentro de Software Público Internacional, un proyecto alentado por el gobierno brasileño que se propone construir un portal para que distintos países coloquen soluciones informáticas al alcance del resto de la comunidad. La idea de contar con un repositorio de herramientas regional donde se desarrolle software de manera colaborativa deslumbra a varias de las segundas líneas del gobierno, aunque el silencio oficial (al menos on the record) hace pensar que la decisión final aún no fue tomada.


Rosario: un plan piloto
En diciembre de 2004, la municipalidad de Rosario sancionó una ordenanza estableciendo un programa integral de migración al software libre. Hasta ese momento se empleaban formatos cerrados que generaban “una dependencia tecnológica interminable hacia el proveedor de turno”, según las disposiciones del texto redactado por el entonces concejal Pablo Javkin. Por ello, y a partir de la obligación del Estado “de controlar la seguridad, confiabilidad e interoperabilidad de la información que recibe, procesa y remite”, el Concejo Deliberante reglamentó la ordenanza, cuya implementación se vio facilitada ya que desde 1996 existían en el municipio servidores centrales corriendo GNU/Linux y porque a principios de la década pasada se habían dado los primeros desarrollos con software libre en secciones del sitio www.rosario.gob.ar. Tras la aprobación de la norma, se instaló OpenOffice y Mozilla en puestos de trabajo administrativos y dos mil empleados municipales se capacitaron en Munix, el proyecto de innovación tecnológica encarado por la municipalidad. El último hito llegó en 2010, cuando se liberó el código del Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT) “para que otros municipios, comunas, provincias y organismos estatales puedan beneficiarse haciendo uso del mismo”. Hoy Rosario cuenta con cien servidores corriendo Linux, virtualizados con XEN.

Otros proyectos de ley
En los últimos años, cinco proyectos legislativos vinculados al software libre perdieron estado parlamentario. El más recordado fue una iniciativa presentada por el ex diputado Eduardo Macaluse, donde se proponía una política de licenciamiento de software para el Estado nacional. Allí se establecía que los tres podes del Estado “solo utilizarán en sus sistemas y equipamientos informáticos programas cuyas condiciones de uso no restrinjan la libertad del usuario” para usar la aplicación en su forma original o modificada, estudiar su funcionamiento, adaptarlo a sus necesidades, y distribuir copias del mismo. Sus fundamentos coincidían con la experiencia de Rosario, donde se argumentó que al migrar hacia software libre “la industria local se verá ampliamente beneficiada, dado que las licencias libres le otorgan al gobierno municipal el derecho a contratar profesionales locales para generar, modificar y adaptar sus sistemas”.