Entrevista a Martín Sabbatella

"Un testaferro violaría el espíritu de la ley"
El presidente de la Afsca analiza cómo será el nuevo mapa de medios tras la adecuación de los grandes grupos.

por Federico Poore
Debate, noviembre 2012

Un enjambre. Así es, por estos días, el sexto piso de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Prenseros que van y vienen, teléfonos que suenan varias veces y una lista interminable de personas que esperan para hablar con Martín Sabbatella, que en sus primeras semanas al frente del organismo mantuvo decenas de reuniones con dueños de canales, radios y cooperativas, representantes de cámaras empresarias, invitados internacionales y, por supuesto, la prensa.
“Todas las voces, todas”, dice Sabbatella entre risas, mientras recibe a Debate en su despacho durante un breve momento de calma. El presidente de la Afsca admite que en el corto plazo se está encargando de seguir de cerca la desinversión de los grupos excedidos y que “a mediano y largo plazo” se irán dando las demás misiones que establece la norma.

¿Qué debería pasar en diciembre?
El 7 de diciembre es la fecha tope que estableció la Corte para que todos los grupos presenten su plan de adecuación. Para la Corte, las cautelares deben tener un límite porque si no, terminan resolviendo la cuestión de fondo a favor de quien las presenta. Además, fue muy clara cuando dijo que no había ningún riesgo en torno al derecho a la información.

Pero, ¿qué implica, concretamente?
Que antes del 7 de diciembre todos los grupos económicos que superen los topes que la ley plantea -35 por ciento del mercado, 10 licencias de aire o 24 sistemas de cable- tienen que presentar un plan en Afsca.

¿En cuánto se excede Clarín de lo que indica la ley?
Según nuestras estimaciones, sujetas a revisión, Clarín tiene 266 licencias. Es el que más excede la Ley y el único que ha expresado la voluntad de no cumplirla. Pero unos veinte grupos están por encima del tope.

En las últimas semanas, mantuvo encuentros con distintos dueños de medios. ¿Qué se habló en esas reuniones?
A todos se les planteó lo mismo: que tenían hasta diciembre para presentar su plan. Algunos ya lo hicieron, otros lo están por hacer. Uno ya inició el proceso de transferencia. Todos contestaron los requerimientos y expresaron su voluntad de hacerlo. Y no quiere decir que tengamos de otra. Pero lo que queda claro es que la ley es pareja para todos.

Algunos comunicadores dicen que las licencias que Clarín debe vender van a terminar en manos de grupos afines al Gobierno.
Es un relato falso del grupo que no quiere cumplir con la ley. No se trata de si los grupos oficialistas esto o si los grupos opositores aquello. En Afsca no les preguntamos por la posición política: lo que miramos es si tienen más licencias de lo que la ley permite. Lo que pasa es que a ese grupo le cuesta buscar apoyos diciendo la verdad: que lo que quiere es sostener una situación de privilegio.

¿Cómo se puede llevar adelante esta venta de licencias? ¿Cuál es el límite entre el desmembrarse en sociedades y la aparición, lisa y llana, de testaferros?
Un testaferro viola el espíritu de la ley. Si un grupo es más grande de lo que la ley prevé, puede dividirse y transferir sus licencias, pero estas desvinculaciones tienen que ser serias. Dos socios pueden separarse y cada uno quedarse con una parte, pero no pueden funcionar como grupo. Deben tener su propio estudio, su propio móvil, sus propios técnicos... La separación deberá ser real y habrá que ver el origen del dinero, entre otras cuestiones. La ley no busca que algo deje de existir sino que aquello que existe no esté concentrado en un solo titular. Para que estemos todos hace falta que haya pequeños, medianos, grandes, pero no un gigante come-todo.

Los grupos en infracción dicen que la aplicación de la ley provocará despidos.
La ley no sólo tiene un profundo compromiso con la defensa de las fuentes de trabajo, sino que además potencia y amplía las opciones laborales.

¿De qué manera?
Habrá nuevas emisoras. Si antes un gigante tenía un solo móvil para todo, ahora se va a dividir en cuatro, cinco o seis, y cada uno deberá tener su propia estructura. La aplicación real de la ley defiende y multiplica las fuentes de trabajo.

El gerente de Comunicaciones del Grupo Clarín, Martín Etchevers, dijo que la empresa no va a presentar un plan de adecuación antes del 7 de diciembre.
¿Por qué alguien cree que tiene el privilegio de no cumplir con la ley? Determinados sectores corporativos de la Argentina siempre se creyeron por encima de la ley y la democracia. No están acostumbrados a competir en el mercado de la comunicación con reglas parejas para todos.

¿Qué hará el Gobierno si Clarín no presenta un plan?
Actuar de oficio. ¿Qué implica esto? Hacer cumplir la ley garantizando el servicio y los trabajos. Si sos titular de quince licencias de aire y podés tener diez, presentás tu plan antes de diciembre aclarando “me voy a desprender de estas cinco licencias”, Afsca lo aprueba y tenés un plazo de ejecución para hacerlo. Si no, Afsca seleccionará las cinco licencias que considera que tenés de más y las pondrá en concurso. El ciudadano va a tener el mismo universo para elegir. Sólo cambian los titulares.

Según la resolución 297/2010, Afsca otorgaba treinta días a los licenciatarios para presentar sus condiciones de adecuación. ¿Ese plazo está vencido?
Están todos los plazos vencidos. La ley tiene tres años y esos plazos se fueron venciendo.

El argumento de Clarín es que, al estar protegidos por una cautelar, el año de adecuación recién comienza a correr el 7 de diciembre.
No es así.

La ley persigue dos objetivos. Por un lado, un efecto antimonopólico; por el otro, la aparición de nuevas voces. En julio se suspendió la licitación para nuevos canales de televisión por defectos en la elaboración del plan técnico. ¿Qué va a pasar con eso?
Ese concurso tuvo algunas fallas técnicas. Habrá que aprender de lo que se hizo y corregirlo, pero la idea es avanzar, tanto con los concursos comerciales como con aquéllos para los sectores sin fines de lucro.

¿Hay una nueva fecha?
No la hemos establecido aún. En Afsca tenemos un plan de cortísimo plazo que tiene que ver con lo que ha establecido la Corte y otro a mediano y largo plazo relacionado con todas las misiones que la ley nos da en relación a contenidos, nuevas emisoras y el cumplimiento del 33 por ciento para los sin fines de lucro. Las cosas no empiezan cuando uno llega ni terminan cuando uno se va...

La norma marca una serie de obligaciones -cuotas de producción, por ejemplo- que les cuesta cumplir a los licenciatarios del interior. ¿Qué pasa con la sustentabilidad de estos medios?
El Incaa y el Ministerio de Planificación han tomado medidas de fomento. Se acordaron créditos con el Banco Nación para acompañar los primeros pasos de las emisoras y ayudarlas a cumplir con estas cuotas. Habrá que pensar mejores herramientas, pero las que se han puesto fueron importantes.

¿Cómo se imagina el mapa de medios argentinos de acá a tres años?
Tiene que reflejar lo plural y multicolor de la comunicación, emerger lo diverso. Hablo de nuevos emprendimientos privados y una articulación entre herramientas privadas, públicas y sin fines de lucro. Se habla de “desinversión”, pero la adecuación va a generar más inversión, porque la división de ese gigante va a permitir el crecimiento del resto.

El día después de mañana

Ley de Medios Audiovisuales
El día después de mañana
Los secretos detrás de la pelea por la plena aplicación de la Ley de Medios. Por qué el litigio promete extenderse más allá de diciembre.

por Federico Poore
Debate, noviembre 2012

Pese a los anuncios de uno y otro lado, la batalla abierta entre el gobierno nacional y el Grupo Clarín en torno a la aplicación de la Ley de Medios seguirá más allá de la fecha clave del 7D. Sin embargo, la estrategia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) –que los demás grupos presenten un plan antes de diciembre– buscará dejar solo a Clarín en el incumplimiento de la norma, y las chances del multimedios de conseguir una victoria total en la máxima instancia son cada vez menores.
Así lo confirman a Debate legisladores, constitucionalistas, funcionarios y especialistas en la materia cuando se les pide que piensen qué va a pasar no sólo en diciembre –cuando, de no mediar una prórroga, vencerá la cautelar que mantiene al Grupo Clarín a salvo del efecto desconcentrador de la 26.522– sino en los próximos años con respecto a la aplicación real de la norma aprobada en octubre de 2009.
Y si bien las dificultades que encuentra la ley para transformar el mapa de medios del país pueden dar la impresión de que “nada cambió” desde que fuera sancionada por amplias mayorías por el Congreso, dos claves recientes alumbran el largo y sinuoso camino hacia su plena aplicación.
“Por el fallo que la Corte emitió en mayo último, sería incoherente que se termine declarando inconstitucional lo que se inscribe dentro de los marcos constitucionales”, estima Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona. Discusiones aparte sobre el estilo florentino del máximo tribunal, la Corte estableció, sin medias tintas, que el 7 de diciembre la ley será aplicable al grupo “con todos sus efectos”. Conocida la resolución, el grupo que comanda Héctor Magnetto continuó denunciando que la Ley de Medios restringía “la pluralidad y la libertad de expresión”. En su edición del 2 de junio, esta revista explicó por qué era difícil –si no imposible– que las ventas comenzaran antes de fin de año, dado que el Grupo no había mostrado voluntad negociadora alguna y que parecía decidido a agotar la batalla judicial. Pero en estos últimos cinco meses hubo novedades en ambos bandos que acotan el abanico de posibilidades futuras.

Estrategias y cautelares
Hasta hace algunos meses, el discurso oficial justificaba las prórrogas a los demás grupos excedidos atentos a la cautelar de la que gozaba el Grupo Clarín. “Si no, obligaba a desinvertir a todos menos al grupo más grande”, explicó por entonces a esta revista el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López.
Pero ahora la estrategia es otra.
“Hubo un cambio trascendente con la plena integración de los dispositivos de control y aplicación de la ley (la Comisión Bicameral, el directorio de Afsca y el de RTA). Éste es un cambio significativo respecto de los primeros tres años de aplicación de la ley”, resume Martín Becerra.
A partir de la asunción de Martín Sabbatella, y cumplimentando una resolución de julio último, la Afsca comenzó a exigir al resto de los multimedios que presenten sus planes de adecuación antes del 7 de diciembre. Uno de los hitos en ese sentido fue la conferencia de prensa del 14 de noviembre en la Manzana de las Luces, donde el titular del organismo presentó el cuadro de situación de cada uno de los grupos excedidos, destacando las reuniones que mantuvo con varios de ellos y la voluntad de cumplir la ley que expresaron todos los conglomerados “salvo Clarín”. El objetivo es claro: que Clarín quede como el único conglomerado al margen de la ley. En otras palabras, dejarlo en offside.
El Grupo anunció que no hará nada por cumplir con la adecuación antes del 7D. En octubre, sin hacer demasiado ruido, solicitó una ampliación de su cautelar, con el argumento de que aún no se resolvió la cuestión de fondo, es decir, el reclamo por la supuesta inconstitucionalidad de los artículos 41 y 161 de la Ley de Medios. Antes de renunciar, el juez Raúl Tettamanti rechazó el pedido y al cierre de esta edición, el Grupo Clarín esperaba una respuesta por parte de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones.
Algunos entienden que la cautelar debe extenderse “todo lo que dure un proceso judicial”, tal como afirma a esta revista el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Otros disienten. “Es difícil que la Cámara haga lugar al planteo después del fallo de mayo sobre esa misma cautelar”, confía una de las personas que asesora al Estado en la batalla judicial. El expediente está en condiciones de pasar a sentencia, pero se demora por el número de jueces temporales que va teniendo la causa.
En la entrevista que acompaña esta edición, Sabbatella sostiene que en tal caso el 7 de diciembre habrán vencido “todos los plazos” para adecuarse y que si el multimedio no quiere que la Afsca actúe de oficio deberá presentar un plan antes de esa fecha. El gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín, Martín Etchevers, argumenta que a la empresa no le corresponde presentar plan alguno “porque la aplicación del artículo 161 está suspendida por la Justicia”.
Esta especie de punto muerto beneficia a Clarín, porque demora la aplicación efectiva de ley. Por eso, el oficialismo aprobó el 14 de noviembre el proyecto para reglamentar el mecanismo del per saltum, un trámite que había comenzado a acelerar cuando la Cámara –con el sospechado juez Francisco de las Carreras a la cabeza– estuvo a punto de concederle a la empresa la ampliación de la cautelar.

Hacer cumplir la ley
¿Qué hará el Gobierno mientras espera el fallo del máximo tribunal? Los detalles no están definidos, pero la respuesta corta es: una adecuación de oficio, prevista por la ley.
El argumento oficial para llevar esto adelante se apoya en el decreto reglamentario de la Ley de Medios, publicado en agosto de 2010. Allí, se establecen tres criterios para que los grupos excedentes puedan adaptarse a la nueva normativa: adecuación voluntaria, constatación de oficio y adecuación por transferencia de licencias.
El trámite de adecuación voluntaria se inicia mediante una declaración jurada, a través de la cual los licenciatarios proponen “la regularización de su situación”, según detalla el organismo en la resolución 297/2010. Esto es lo que –luego de dos prórrogas– el Gobierno comenzó a exigirles a los diferentes dueños de medios (entre ellos, representantes de los grupos Uno, Indalo, Prisa, Telecentro, Ick y Canal 9) durante las reuniones que mantuvieron con Sabbatella en la sede del organismo.
Si las empresas incumplen o no cumplen por completo con “la efectiva adecuación a las disposiciones del artículo 161”, la Afsca podrá llevar adelante una constatación de oficio. Antes deberá dictar un acto administrativo en el que se declara este incumplimiento, acción que deberá ser publicada en el Boletín Oficial. “Si sos titular de quince licencias de aire y podés tener diez, presentás tu plan antes de diciembre aclarando ‘me voy a desprender de estas cinco licencias’, Afsca lo aprueba y tenés un plazo de ejecución para hacerlo. Si no, Afsca seleccionará las cinco licencias que considera que tenés de más y las pondrá en concurso”, puntualiza Sabbatella.
Gustavo Bulla, docente de Políticas de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y ex funcionario de la Afsca, agrega que “no sólo se concursarán las señales ‘sobrantes’, sino también aquellos casos de incompatibilidad, como el caso de quienes tengan una empresa de cable y un canal de aire en una misma localidad”.
En la conferencia del 14 de noviembre, Sabbatella detalló que el criterio de licitación será el de concursar las licencias de menor valor para “causar el menor perjuicio económico” posible. Es un argumento atendible, aunque otros entienden que la idea de que el Estado seleccione a dedo las licencias excedentes es un error y que lo que se debería hacer es concursar todas las señales –manteniendo el servicio y garantizando las fuentes de trabajo, como sostiene Sabbatella– hasta ajustar al máximo de licencias permitido por la norma. “El criterio de selección debe ser transparente. Dado que la ley privilegia la televisión abierta, en caso de incompatibilidad o no cumplimiento, le licitaría sus empresas de cable en todos los lugares donde tiene señales abiertas”, detalla, en estricto off the record, una de las personas que participó en la redacción de la norma.
Un dato más. Entre la adecuación voluntaria y la de oficio existe un segundo paso, previsto por el propio decreto 297 y mencionado por Sabbatella en conferencia de prensa. “El Estado pone un tasador oficial, se evalúan todos los bienes concursables de la empresa, y se los somete a una oferta pública de adquisición (OPA). Una vez recibidas las ofertas, el grupo debe decidir si las acepta; si no, la opción se cae”, explica un integrante de la Procuración General. Por supuesto, nadie imagina un escenario en el cual el Grupo acepte –más cuando mantiene su pleito en la Justicia para no vender–, pero es un paso más previsto en la normativa que le otorgaría mayor transparencia a todo el proceso.

Más allá de diciembre
Cualquier medida que tome el Gobierno en torno a las licencias del multimedio puede detonar este nuevo escenario. “Sea la decisión que fuere, es probable que Clarín las impugne administrativa y judicialmente”, anticipa Gustavo Arballo, profesor de Derecho Público de la Universidad Nacional de La Pampa. La otra cosa que puede hacer la empresa, explica Arballo, “es sostener que existe cierta conexión entre esa medida y su causa en trámite para recurrir al mismo juzgado en el que obtuvieron la cautelar”. En otras palabras, el grupo podría pedir otra medida cautelar, más específica, contra el acto de rescisión de licencias.
“Supongamos que mágicamente hubiera un fallo, incluso de la Corte, que confirmara la constitucionalidad de la ley y que ordene al grupo a desinvertir. Esto no agota el repertorio de acciones que pueden intentar Clarín o cualquiera de los grupos afectados, sino que habrá una disputa mucho más fina sobre qué licencias le corresponden o no al grupo y finalmente sobre cómo se ejecuta esa desinversión”, sostiene el autor del blog Saber leyes no es saber derecho.
Sin embargo, en el Gobierno se muestran confiados en una victoria judicial a mediano plazo, algo que ilustran por la negativa. Así de taxativa es una de las espadas legales del kirchnerismo, que asegura que “no hay chances de que la Corte diga ‘esta ley es inconstitucional’”. Claro que para que eso ocurra, la causa por el fondo de la cuestión debería llegar lo antes posible al cuarto piso de Tribunales. La misma fuente confiesa que “la única manera de que esto funcione es que lo resuelva la Corte”. En otras palabras, nadie va a comprar una licencia judicializada.
En el Gobierno reclaman por la renuencia del máximo tribunal, pero saben que la sentencia final dependerá del clima político. “El fallo del 22 de mayo es cómo lee la Corte el resultado de las elecciones del 54 por ciento. Hoy Clarín está tratando de cambiar el humor de ciertos ejes de poder, entre ellos la Corte”, analizan cerca del ex titular de Afsca, Gabriel Mariotto.
Por eso, la apuesta de Clarín es una apuesta de tiempos, no tanto a las legislativas del próximo año –en las que el kirchnerismo renueva las bancas obtenidas en su magra performance de 2009– sino a 2015. ¿El kirchnerismo sobrevivirá al Grupo Clarín o el Grupo Clarín sobrevivirá al kirchnerismo?
“Todo el mundo imagina soluciones judiciales del tipo todo o nada, pero no hay que descartar la posibilidad de que aparezcan soluciones intermedias, que posiblemente sean leídas como una derrota para el Gobierno o para Clarín”, dice Arballo. Por ejemplo, un fallo de la Corte que establezca que es legal la cláusula de desinversión en la medida en que se le dé un mayor plazo al licenciatario para vender. O que diga que no existen motivos para limitar el número de licencias de cable siempre y cuando se den determinadas condiciones. Becerra completa este panorama al asegurar que se pasará de una batalla grande al “foquismo administrativo y judicial”, es decir, una “guerra de guerrillas”.
La nota que acompaña este informe revela que el Grupo Clarín incluyó en su balance semestral, por primera vez, un informe de peritos contables y económicos con “un cálculo de las eventuales pérdidas contables y de valor de compañía que sufriría la sociedad si se viera obligada a realizar desinversiones en el plazo perentorio de un año”. La clave es que, incluso obteniendo victorias parciales, al conglomerado le será imposible ganar nuevas licencias. La imagen del grupo es la de un gigante herido, que cede –eso sí– a un ritmo mucho más lento de lo que espera el kirchnerismo.

Sólo el software nos hará libres

INFORME ESPECIAL
Sólo el software nos hará libres
Para algunos referentes del Gobierno, los formatos abiertos llegaron para quedarse. Por qué cuesta implementarlos en la administración pública y cómo podría ser una transición posible hacia estos formatos.

por Federico Poore
Debate, octubre 2012

A principios de setiembre de 2010, Aníbal Fernández pronunció un discurso que sacudió a la comunidad informática local. “El software libre es política de Estado”, sentenció el entonces jefe de Gabinete, durante un encuentro en la Biblioteca Nacional que compartió junto al programador John “Maddog” Hall, uno de los cerebros de Linux. En aquella ocasión, Fernández reveló que el Estado había comenzado a diseñar políticas públicas de sistemas abiertos para que la administración dejara de pagar “productos enlatados ni pagarle ni un mango a ningún vivo”, en referencia al software propietario.
Casi dos años después, el Ejecutivo envió una señal en sentido opuesto: el jefe operativo de Microsoft, Kevin Turner, fue recibido por la presidenta Cristina F. de Kirchner en la residencia de Olivos, donde anunció un programa para atraer talentos “a la industria argentina del software”. La actividad no pasó inadvertida para la corriente dentro del kirchnerismo que apoya el software libre, que rápidamente le escribió una carta abierta a la mandataria en la que se recordó que este modelo informático “va exactamente en la misma dirección que esas políticas tan valientemente implementadas primero por el compañero Néstor Kirchner y luego por usted” y que su implementación permitiría obtener “la soberanía tecnológica necesaria para encarar este período de desarrollo nacional”.
El Gobierno, rápido de reflejos, reiteró su apoyo al código libre, esta vez por medio de la ministra de Industria, Débora Giorgi, quien días más tarde recibió a los integrantes de la agrupación Software Libre con CFK, autores de la carta. Durante la reunión, la funcionaria dejó abierta la posibilidad de que alguno de sus miembros presentara una ley que reglamentase su uso en el Estado, tal como hicieron otros países de América Latina.

Libertad, libertad, libertad
¿De qué hablamos cuando hablamos de software libre?
Ante todo, de la libertad que tienen los usuarios sobre el servicio que adquirieron. Esto lo diferencia del software propietario, que maneja un código cerrado, sólo conocido por el fabricante.
Con el objetivo de evitar malentendidos, los cultores de este modelo subrayan que la traducción del concepto de free software es “software libre” y no “software gratis”, como podría parecer según una de las acepciones del vocablo en inglés. Para ser considerado libre, un programa o aplicación debe cumplir con cuatro requisitos o “libertades”:

-Libertad de usar el programa con cualquier propósito.
-Libertad de estudiar cómo funciona el programa
y de modificarlo.
-Libertad de distribuir copias del programa.
-Libertad de mejorar el programa y hacer
públicas las mejoras de los demás.

“Son sistemas mucho más estables, donde se preservan mejor los datos”, dice Jorge Cabezas, coordinador del Proyecto Software Público Internacional en la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión. “Cualquier programador local puede tomar ese código, modificarlo, traducirlo. No dependemos de una corporación que todos los años nos pide que paguemos las actualizaciones de sus productos”, opina.
Vladimir di Fiore, jefe de proyecto del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Libres (Cenital), cree que la principal ventaja de los esquemas libres tiene que ver con la independencia tecnológica. “Si sos implementador de un software privativo, estás atadísimo a esa empresa, dependés de que te vendan los manuales y de que continúen actualizando el soft. En libre podés invertir mucho más porque tenés acceso todo el tiempo a toda la data de esa empresa”, explica di Fiore.
Son ejemplos de software libre el sistema operativo GNU/Linux o programas como LibreOffice, la versión de código abierto del popular suite de oficina. A diferencia de lo que ocurría una década atrás, cuando su principal ventaja eran los temas de costos y de seguridad, hoy aparecen nuevos argumentos a su favor, vinculados a las economías de escala y a la posibilidad de producir nuevas modificaciones o adaptaciones que generen mayor valor agregado.
“La venta de licencias por un año es un modelo que se está agotando, quieren vendernos barras de hielo cuando ya se inventó la heladera”, ilustra Javier Castrillo, secretario general de Software Libre con CFK. “Hoy existe una enorme demanda para soluciones de software libre. Su modelo de negocios es el propio desarrollo y, por supuesto, su implementación”, sostiene.
Por último, alentar este esquema tiene otra particular ventaja, teniendo en cuenta los desafíos económicos en el marco de una fuerte crisis internacional: permite disminuir la transferencia de utilidades al exterior en concepto de pago de licencias.

Anarquía en la administración pública
Hacia 2004, sólo dos puestos de frontera dependientes del Ministerio del Interior utilizaban Linux. El grueso de la administración pública nacional continuaba usando sistemas cerrados, por medio de acuerdos para el uso de licencias con empresas como Oracle o Microsoft.
En los últimos años se avanzó tibiamente hacia el uso de esquemas libres (es libre, por ejemplo, el software que usó el Ministerio del Interior para producir el pasaporte y el nuevo DNI), pero este desarrollo dependió del impulso que le diera el jefe de tecnologías de cada ministerio. “Hoy cada secretaría tiene su propio modelo”, dice Bernardo González, secretario de la Cámara Argentina de Empresas de Software Libre (Cadesol). Según explica, no se trata únicamente de falta de plata o de ganas y existe “todo un tema legal vinculado al manejo de datos”. Por ejemplo, la ley 11.723 de Propiedad Intelectual es un escollo normativo.
Frente a este dilema, la dinámica que encontró el Estado para empezar a usar códigos abiertos sin contradecirse con las leyes vigentes fue la firma de convenios “parte a parte” para compartir piezas de software. Pero son parches parciales, que no resuelven las cuestiones de fondo.
“Creo que estamos bastante atrasados”, opina Leandro Monk, referente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (Facttic). “Para que el Estado adopte software libre hacen falta fuertes decisiones políticas, una modificación integral de las normas vigentes y, sobre todo, cambiar la idea de producto por la de servicio”, agrega.
Monk integra la cooperativa Gcoop, que desde febrero de 2007 se especializa en CRM (Customer Relationship Management, la gestión de las relaciones con clientes) y “de a poquito” se anima con el software de gestión, todo bajo desarrollos libres. El integrante de Facttic cree que un apoyo explícito al software libre, comenzando por su uso hacia el interior del Estado podría beneficiar su trabajo y toda la cadena de la llamada “economía solidaria”.
Si bien no existen cifras oficiales sobre la tasa de penetración de estos esquemas en la administración pública, un informe publicado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Córdoba (UNC) destaca que prácticamente todos los repositorios documentales y manejadores de contenidos web del Estado corren bajo software libre. Una dinámica opuesta se observa en los antivirus y en las áreas de planeamiento de recursos, donde predominan las licencias propietarias.
De acuerdo con la investigación, para la cual se consultó a los encargados de informática de más de doscientos organismos públicos, el 42 por ciento de las dependencias de la APN planea migrar su software de escritorio a open source, una cifra que trepa al 48 por ciento para el software de servidores. Otro dato interesante es que el 61 por ciento de los encuestados cree que en su dependencia existen aplicaciones libres que podrían ser compartidas con otros ministerios. Entre ellos hay software de Mesa de Entradas, un sistema de control de accesos con control biométrico y hasta una versión del Boletín Oficial Electrónico. Está claro que queda mucho por hacer.

Posibles soluciones
La secretaría encargada de gestionar estos cambios es la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), dependiente de Jefatura de Gabinete. Su titular desde hace algunos meses, Pedro Janices, es un reconocido impulsor del software libre.
“Hoy existen sitios del Gobierno que obligan a usar un determinado navegador, como Internet Explorer, de Microsoft, o que ponen a disposición del público información con formatos cerrados, sólo compatibles con programas como Word y Excel”, explica uno de los funcionarios que trabaja a su lado en Jefatura de Gabinete. En este marco, agrega, lo primero que podría hacer el Estado es modificar los estándares que maneja la Administración Pública Nacional (APN).
“La clave es trabajar en cuestiones de interoperabilidad y cambiar las normas que ONTI define para la compra de software”, sostiene González. Aunque advierte que hay un paso previo. “Es difícil dejar una tecnología que venís usando hace años. Si pensás que de un día para el otro no vas a usar más Oracle, cerrás las oficinas del Gobierno. Mucha gente en La Plata estaba dando cursos con software de Microsoft. Cuando les preguntamos, nos dicen: ‘ante la falta de recursos, usamos algo que nos donaron’”, cuenta el titular de Cadesol.
Por eso, en paralelo, las organizaciones que alientan el desarrollo de esquemas free trabajaron en un borrador para regular el tipo de software a usar en la APN. “Como la ministra nos pidió acciones concretas, elaboramos un proyecto de ley que redactamos junto a cinco equipos de abogados. En esta primera etapa, vamos por el uso de estándares libres”, revela otro de los miembros de Software Libre con CFK.
Jorge Cabezas insiste en que no es posible, ni recomendable, copiar modelos de otros países, por más exitosos que sean, y que las decisiones en torno al uso o no de determinados formatos o esquemas las tendrá que tomar cada país de acuerdo a sus particularidades. Sin embargo, destaca el ejemplo de Brasil, pionero en el uso de tecnologías libres en el Estado.
“En Brasil existen leyes muy estrictas que obligan a consultar la base de datos de software público antes de efectuar una compra. Lo que hay ahí es un registro de prestadores avalado por el Gobierno”, explica Cabezas, que como coordinador de Software Público Internacional trabaja junto a otros países latinoamericanos en el armado de un repositorio de acceso público con herramientas y soluciones libres.

Dos desarrollos con sabor local
Una de las últimas acciones que el Gobierno tomó a favor del esquema libre fue el desarrollo de un sistema operativo especial para las netbooks del Plan Conectar Igualdad. El sistema, llamado Huayra (palabra guaraní que significa “viento”), es una distribución local de GNU/Linux elaborada con estándares de seguridad y desarrollo propios y que, según calcula el Ejecutivo, estará en todas las máquinas del programa que se entreguen a partir de marzo de 2013.
Javier Castrillo, quien además de integrar una de las agrupaciones que impulsa el tema dirige el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Libres (Cenital), brinda a esta revista algunos detalles de la interfaz que se verá en los secundarios de todo el país a partir del próximo ciclo lectivo. “Tiene un escritorio adaptado para las escuelas de modalidad especial, un sintonizador de televisión digital, e incorpora herramientas de robótica y programación”, explica.
Por lo pronto, las netbooks de Conectar Igualdad que se están entregando desde agosto arrancan por definición en Linux (antes lo hacían en Windows). Esta movida, sostiene Castrillo, implica desprenderse “de las corporaciones que hoy regalan sus programas, pero que en realidad están formando futuros consumidores de ese software”.
El titular de Cenital anticipa que Huayra será de descarga libre, y que cualquiera podrá bajarlo y usarlo en sus máquinas. La idea es que la plataforma sirva, además, para cualquier dependencia de la APN.
El otro proyecto local tiene que ver con el middleware que se usa en los decodificadores para ampliar las funciones de ciertos dispositivos. Se trata de un software interactivo para la televisión digital llamado Ginga.ar, desarrollado por investigadores del Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada (Lifia) de la Universidad Nacional  de La Plata.
Este sistema ya está disponible para descarga y es válido para los 1,2 millones de decodificadores distribuidos por el Gobierno. Además, las netbooks de Conectar Igualdad ensambladas a partir de 2013 también tendrán Ginga incorporado. “Estas máquinas podrán hacer un uso mucho más intensivo de lo que llegue por la señal de TV”, explica a esta revista Gabriel Baum, investigador de Lifia que trabajó junto a la Universidad Católica de Río de Janeiro en la adaptación local.
Esta capa de software permite, al menos de manera potencial, una mayor interactividad entre el aparato y el televidente. “Por ejemplo, una modalidad nunca publicitada del Fútbol Para Todos permite obtener información de cómo van los demás partidos de la fecha apretando un botón del control remoto”, revela Baum, quien admite que esta faceta interactiva está aún en estado embrionario.
En el futuro, muchos modelos podrían montarse sobre esta plataforma. El investigador ensaya ideas: “Si fuera una empresa, me asociaría con productoras, canales de televisión o empresas de entretenimiento para generar videojuegos o tener un mercado de servicios accesibles desde el televisor”.

Un cambio de paradigma
Baum cree que migrar la estructura informática del Estado puede llevar varios años, pero que este proceso podría acelerarse si recibe un impulso más sistemático desde ciertos sectores, por ejemplo, las universidades. “Hay ahí una mirada más bien laxa, con el viejo debate en torno a la ‘ciencia pura’. Deberían desarrollar tecnologías libres”, reclama.
Con respecto a las responsabilidades desde el área de gobierno, Bernardo González sostiene que aquellos que toman decisiones informáticas “están empezando a buscar que estos desarrollos sean propios, y si los tienen que comprar, que sean abiertos”, lo cual supone un buen primer paso. Faltará que se discuta el famoso anteproyecto de ley para ver si finalmente la Argentina se logra poner a tono con la mejor legislación informática de la región.

Los límites del control

PRIVACIDAD EN INTERNET
Los límites del control
Un informe propone hacer estudios de impacto para que los proyectos de regular contenidos en la web no terminen afectando derechos individuales.

por Federico Poore
Information Technology, octubre 2012

Las regulaciones en la web terminan donde empiezan los derechos de uno. Algo así sostiene Eduardo Bertoni, director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, que desde 2009 viene investigando diferentes propuestas para controlar los contenidos de la red y de qué manera pueden afectar las libertades ciudadanas.
En este marco, Bertoni cree que las iniciativas presentadas hasta ahora en nuestro país “dejan entrever un posible desconocimiento de parte de los legisladores de la manera como funciona Internet” y del impacto que puede tener una norma en los derechos de las personas, puntualmente, la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.
“Nuestra preocupación fue que en determinados proyectos, que pueden tener una inspiración absolutamente loable, se introducían mecanismos de ejecución un poco livianos”, opina el especialista, que entre 2002 y 2005 fue relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Uno de ellos, presentado por el diputado mendocino Enrique Thomas, busca detectar prácticas de cyberbullying por medio de la creación de un Observatorio de Redes Sociales, Correos electrónicos y Mensajes de Texto. Hoy circula en tres comisiones y, de aprobarse, comenzará a actuar con la intención de “preservar el ámbito de Internet de cualquier tipo de manifestación de violencia” en el marco del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi).
El informe de la Iniciativa por la Libertad de Expresión en Internet (iLEI) entiende que el verbo “detectar” en el texto del anteproyecto es, a primera vista, menos grave que si hablara de “bloquear” o “remover” contenidos. Sin embargo, el texto no deja de preguntarse qué implicancias tiene esta idea de “monitorear contenidos” en términos de libertades ciudadanas.
En el entorno del diputado Thomas desmienten que el proyecto avasalle algún tipo de derecho. “No lo vemos como un proyecto restrictivo porque no apunta a sanciones. Se trata de un observatorio que intenta hacer visibles determinados problemas. Es una herramienta más”, asegura uno de sus asesores.
Otra iniciativa lleva la firma de la senadora Liliana Fellner. Allí, directamente se obliga a los proveedores de Internet y a los comercios que ofrecen conexión a la web que filtren contenidos no aptos para menores de edad. Anticipando posibles conflictos, en los propios fundamentos se aclara que “no se trata ni de regular ni de restringir contenidos indiscriminadamente”, dado que “avanzar en esa dirección constituiría diferentes lesiones a derechos elementales”.
Bertoni rebate esta defensa. “No existe demasiada conciencia de lo que puede significar ‘detectar’ contenidos. Por lo que significa la propia infraestructura de la red, sugerir algo así abre la puerta a un monitoreo de todos los contenidos”.

Una humilde propuesta
Frente a esta tendencia, el CELE elaboró una serie de recomendaciones. La principal sugiere que cada vez que se vaya a presentar una propuesta vinculada a la regulación de contenidos en Internet se hagan estudios de impacto en derechos humanos  (ETIDH) “para que uno pueda saber cuál es la base técnica sobre la cual se plantea cada medida”.
El objetivo es que los ETIDH funcionen como una herramienta de “autocontrol” para los organismos regulatorios y sean el paso previo a la presentación formal de proyectos que, más allá de sus intenciones, puedan terminar siendo peligrosos para nuestras libertades. De esta manera, antes de realizar alguna propuesta deberá existir un ETIDH realizado por expertos o por organismos especializados.
¿Es posible hacer estudios de impacto en derechos humanos? “No es algo tan novedoso. De hecho, a nivel internacional ya existen estudios de impacto en privacidad”, dice Bertoni, citando el caso de los privacy impact assesment (PIA) que se exigen en distintas oficinas gubernamentales en el Reino Unido.
Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, también piensa que este mecanismo es una manera “viable” de cumplir con esta meta, planteada de manera inmejorable por la especialista en libertad de expresión Dawn Nunziato: “Si hay expresiones reguladas en cuanto al contenido, es preciso que estén identificadas, que los afectados sean notificados y que la estrategia de filtrado permita que los usuarios y proveedores de servicios puedan apelar tales decisiones”.


Los proyectos

S-0728/12
Autora: Liliana Fellner (PJ – Frente para la Victoria)
Fecha de ingreso: marzo de 2012
Objetivo: proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos considerados propios para su edad.
Medidas: los proveedores de Internet deberán brindar e instalar software específico con sistemas de filtro y bloqueo de contenidos no aptos para menores. Los establecimientos comerciales que brinden servicios de internet deberán instalar y activar software para bloquear este tipo de contenidos.
Organismo de aplicación: Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf)

1892-D-2012
Autor: Enrique Thomas (Frente Peronista – Peronismo Federal)
Fecha de ingreso: abril de 2012
Objetivo: combatir la discriminación y el cyberbullying
Medidas: las empresas de telefonía celular y las administradoras de redes sociales deberán publicar en sus páginas de inicio los datos de contacto del Observatorio de Redes Sociales, de Correos electrónicos y Mensajes de Texto para detectar y denunciar el acoso virtual.
Organismo de aplicación: Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi)


El caso británico
Tiempo atrás, algunas oficinas del gobierno del Reino Unido comenzaron a pedir evaluaciones de impacto en privacidad (PIA, por sus siglas en inglés) para ciertos proyectos. Como su nombre lo indica, el Privacy Impact Assesment es una herramienta que mide los riesgos para la privacidad de las personas en la recolección y el uso de determinada información; en el caso puntual de Internet, los PIA pueden servir para cotejar un anteproyecto de ley determinado con las leyes ya existentes en materia de derechos humanos, comunicaciones y protección de datos.