Chequeo a Diego Santilli

Santilli: “El juego no lo maneja la Ciudad, nosotros no somos parte [del acuerdo firmado por Ibarra]”

por Federico Poore
Chequeado, 25-02-2015

El senador por el PRO aseguró que el juego no es competencia del Gobierno porteño. Sin embargo, la Ciudad es parte del acuerdo firmado con el Gobierno nacional en 2003, que fue sucesivamente renovado por la actual gestión.

Durante el programa “Intratables” emitido el 1° de febrero, el senador por el PRO, Diego Santilli, sugirió que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tenía control alguno de los juegos de azar en territorio porteño. “¡Si el juego no lo maneja la Ciudad! ¡El juego no lo maneja la ciudad! Hay un convenio que viene de la época del jefe de gobierno [Aníbal] Ibarra, que sigue vigente, y es lo que está vigente… nosotros no somos parte [de ese acuerdo]”, dijo durante un intercambio con los panelistas del programa.

Sin embargo, la afirmación es falsa. La administración de juegos de azar es una facultad que la Ciudad reservó para sí en su Constitución. Además, existe (y funciona) un Instituto de Apuestas de la Ciudad creado por iniciativa de la Legislatura porteña. Si bien en 2003 un convenio firmado entre Lotería Nacional y el entonces jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, negoció el destino de lo producido por el juego, con el objetivo de ponerle fin a una guerra entre jurisdicciones que data de los primeros intentos de Ciudad de instalarse como ciudad autónoma, el macrismo nunca denunció ese acuerdo y hasta aprobó uno propio en diciembre de 2013.

El artículo 50 de la Constitución de la Ciudad aprobada en 1996 especifica que “la Ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión salvo en lo que se refiera a agencias de distribución y expendio. Su producido es destinado a la asistencia y al desarrollo social”. De hecho, el Gobierno local maneja su propio Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad, creado por la Legislatura en 2002 y que hoy dirige Néstor García Lira. Las atribuciones y funciones del organismo pueden consultarse en su sitio web.

Es cierto, como señala Santilli, que Ibarra firmó un convenio con Lotería Nacional para comenzar a recibir al menos una parte de lo que Nación recauda por el juego en territorio porteño. No menos cierto es que aquel acuerdo se hubiera caído si el macrismo lo hubiera denunciado, algo que no sucedió y podría haber pasado.

“Es muy simple. El convenio se renueva automáticamente cada cuatro años. Si una de las partes no quiere continuarlo, debe notificarlo fehacientemente a la otra con 120 días de antelación. A raíz de esto se desprende que el Gobierno de la Ciudad no ha tenido vocación de rescindirlo en más de una oportunidad desde que comenzó el actual mandato”, explicó a Chequeado Juan José Marc, director del sitio especializado El Diario del Juego.

Durante los dos mandatos del macrismo en la Ciudad se sucedieron hechos concretos en relación al juego que desmienten la frase de Santilli. En 2008, y como recuerda el propio Macri, el PRO impulsó la Ley 2.997 con el objetivo de comenzar a cobrar Ingresos Brutos al juego en territorio porteño. Los empresarios del juego fueron entonces a la Justicia, para litigar el cambio de condiciones en su actividad. La disputa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2011 falló a favor de la Ciudad.

Cinco años más tarde, tras una propuesta del entonces líder de la bancada de legisladores PRO Cristian Ritondo, la Legislatura porteña aprobó una adenda al convenio vigente con los operadores de juego.

Macri argumentó entonces que a pesar del fallo de la Corte Suprema, una serie de cautelares le impedían el cobro efectivo del impuesto, por lo que era más conveniente arreglar un acuerdo por un monto menor, 3% de lo producido, pero que pudiera efectivamente recaudarse (ver acá y acá).

“Lo que hicieron Cristóbal López y [Federico de] Achával es decir: yo te pago voluntariamente un 3 por ciento de lo producido si me perdonás los ingresos brutos de todo lo producido hacia atrás, mientras que la Ciudad tampoco me cobra Ingresos Brutos hacia adelante mientras se mantengan las cautelares” que frenan el cobro, explica Andrés Gil Domínguez, que denunció el convenio en una causa que tramita la jueza Elena Liberatori.

En respuesta, Liberatori -titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 4- congeló la cláusula 3.2, apartado en el que el Gobierno porteño renunciaba a cobrar Ingresos Brutos al Casino Flotante y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo. Sin embargo, la Sala I revocó la cautelar y hoy el convenio promovido por el Gobierno de la Ciudad está plenamente vigente, por lo que renunció a la potestad de cobrar los ingresos brutos.

En conversación con Chequeado, Santilli explicó que se había querido referir a las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo y no a todo el juego en la Ciudad. “Yo no quiero juego en la Ciudad, pero esa es mi posición personal. Yo estoy en contra del juego”, afirmó.

“No tuve tiempo de explicarlo en el programa -dijo el senador PRO-. A lo que me quise referir, que no estaba bien explicado, es que la Ciudad tiene un convenio que no nos está permitiendo cobrarle ingresos brutos. Es un tema complejo. La Ciudad tiene una pseudo-coparticipación, que entra como compensación [a que el juego en la Ciudad es manejado por Lotería Nacional]. Y lo que planteamos con [el entonces presidente del bloque de la Coalición Cívica en la Legislatura Enrique] Olivera para subsanar [esta situación] era cobrar ingresos brutos”.

Judge kicks Media Law to next gov’t

por Federico Poore
Buenos Aires Herald, 05-02-2015

Media group’s star journalist get key injunction buying time for conglomerate, this time for good

It’s over. President Cristina Fernández de Kirchner will not be able to split up the Clarín Group before she steps down from office.

Judge Pablo Cayssials yesterday issued an injunction freezing the forced divestment of the country’s largest media conglomerate, as ordered in October by the AFSCA media watchdog, following a claim by a number of the group’s journalists.

The judge even resorted to biological imagery to stress that the legal feud between the government and the country’s largest media conglomerate is only getting started, saying the case was still in the “larval stage.”

The AFSCA, led by Martín Sabbatella, “began the forced divestment process... without a previous notice that would have allowed the affected group to comment on it,” the judge said. That means resolution 1121/14 “may affect the freedom of expression” of the journalists who filed the lawsuit requesting the injunction.

This is the second preliminary injunction granted to the media group led by CEO Héctor Magnetto: a similar one was issued in November by Civil and Commercial Judge Horacio Alfonso. Both measures make clear that AFSCA will not be able to move forward with the appraisal of Clarín’s licences and the call for tenders for its excess licences.

“Anyone following the case would have been able to see, from the very day Sabbatella told reporters he was moving forward with the forced divestment of Clarín, that this would lead to a long legal battle,” media expert Martín Becerra told the Herald.

The ruling

The first thing Judge Cayssials did was to accept Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Lanata, Magdalena Ruiz Guiñazú and other popular Clarín Group journalists as plaintiffs. It was a controversial move, because they were calling to suspend the media watchdog’s resolution on the grounds that the media outlets they work for could change hands. But as AFSCA had argued in its response to the original demand, the law does not grant the right “to choose a specific employer.”

“What’s interesting about this is that these journalists base their case on defending the legitimacy of the Media Law, saying the government is violating its spirit... when we all believed that they — Magdalena (Ruiz Guiñazú) for example — were actually against the very letter of the law,” Becerra said.

The judge also pointed out yesterday that the media watchdog appeared to change its mind half-way through Clarín’s voluntary divestment process — which in turn had begun after the Supreme Court deemed the Media Law constitutional in October 2013.

Even though at first AFSCA “acknowledged it was trying to favour the implementation of the voluntary (divestment) plans... it began the forced divestment process” of Clarín’s excess licences on October 8, 2014 without proper notice, the ruling explained.

His preliminary injunction, the magistrate concluded, seeks to avoid the “irreversible harm” that would result from selling Clarín’s licences, whether one counts the 237 that AFSCA claims the conglomerate holds or the 158 the group recognizes as its own. The move — a logical part of the forced divestment process as set by the law passed in 2009 — includes taking the case to the National Appraisal Tribunal (in order to put a value on the affected assets) and a call for tenders for the excess licences.

What’s Next?

Hours after the ruling was known, the media watchdog issued a news release in which Sabbatella spoke about the historical perspective, seemingly acknowledging the case would be long.

“History will remember (the judges who provided the injunctions) as employees of political and media powers who used twisted legal arguments to guarantee impunity and privilege to media monopolies,” the AFSCA chief said.

The national government may now call to join two cases together as it challenges the preliminary injunction — but the last stop of this train is the Supreme Court.

In other words, yesterday’s decision was the last nail in the coffin for those who wished to witness a quick implementation of the anti-trust mandates of the Broadcast Media Law.

The president’s anti-trust dreams — shared by many non-Kirchnerite activists — have come to an end, this time for good. At least for her administration.