Los detectives electorales

En un viejo edificio del siglo XIX, a metros de Casa Rosada, un grupo de auditores investiga los números de recaudación y gasto de los partidos políticos. La lucha contra el desinterés y la falta de apoyo en el país de la subdeclaración de ingresos.

por Federico Poore
Playboy Argentina, diciembre de 2016

“Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave”. Sergio Tomás Massa canta mientras se baja de un avión en el Aeropuerto de Santiago del Estero junto a un grupo de colaboradores. Corre octubre de 2015 y faltan apenas unos días para las elecciones generales. Massa -si bien ahora no lo parece porque canta Abel Pintos a viva voz- es un político en campaña: sabe que esta parte de su gira por el norte del país es muy importante, tanto que un resultado exitoso podría llevarlo al balotaje por la presidencia. El avión que lo trajo es muy real, incluso se conoce el modelo: Learjet 60. Mide 18 metros de largo y en algún momento del trayecto, mientras atravesaba las nubes del norte argentino, alcanzó su velocidad crucero de 778 km/h.Sin embargo, para la justicia electoral, esta visita nunca tuvo lugar. El motivo es muy sencillo: el entonces candidato del Frente Renovador jamás incluyó este vuelo entre los gastos de campaña que su partido presentó ante la Cámara Nacional Electoral.

El avión fantasma de Massa está lejos de ser la excepción a la regla. La subdeclaración de ingresos y de gastos durante la campaña electoral se convirtió en una práctica tan alevosa que no hay partido grande en Argentina que pueda afirmar estar libre de pecado. Los números son elocuentes: la alianza Cambiemos, de Mauricio Macri, declaró haber gastado 150 millones de pesos; el Frente para la Victoria de Daniel Scioli, 110 y el Frente Renovador de Massa, 57. Todo indica que se quedaron más que cortos: los especialistas en la materia dicen que el costo real de una campaña presidencial en Argentina ronda los 1.000 millones de pesos. Lo reportado, entonces, es apenas la punta del iceberg.

Como si esto fuera poco, y como a toda declaración impositiva de cualquier hijo de vecino, a los gastos subdeclarados, le corresponden ingresos subdeclarados. La campaña “en blanco”, la que los partidos dicen que gastaron durante la campaña 2015, se justifica, en parte, con los aportes que el Estado hace a los partidos políticos y, en parte, con donaciones particulares. El problema es que el blanco tampoco cierra: funcionarios que figuran en un listado sin saberlo, directivos de empresas contratistas, gente sin la capacidad económica para hacer los aportes que declaran. Prestanombres, qué tanto.

Pero estas maniobras, por más vox populi que sean en el ambiente político, necesitan ser probadas en la justicia. Ése es el trabajo de hormiga de los auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral.

Las personas encargadas de auditar las elecciones trabajan en un edificio de aspecto señorial ubicado sobre la avenida Leandro N. Alem, a dos cuadras de Casa Rosada. “Es un lugar grande, nos las arreglamos bastante bien”, dice uno de los secretarios.

Al Cuerpo de Auditores se llega subiendo por una escalera de mármol o tomando un ascensor antiguo hasta el tercer piso. Girando a la derecha se encuentra la puerta del despacho. No bien se abre, el papel lo invade todo: olor a papel, ruido de papeles que se rozan, las interminables pilas de fotocopias, folios, carpetas, membretes. Excepto por los monitores de las computadoras, nada parece indicar que corre el año 2016.

En este ecosistema se desarrolla el trabajo de hormiga de los auditores, uno de los cuales consiste en analizar los 3.727 informes financieros que los partidos políticos han presentado el año pasado. A esta tarea ciclópea están dedicados apenas siete auditores y un coordinador. En Alem 232, el reclamo es siempre el mismo:

—Siete tipos para controlar los balances de 650 partidos políticos, incluyendo las primarias, las generales y todas las categorías de cargos. Por más que usemos tecnología, así no hay cuerpo de auditores que aguante.

¿Y cómo se controlan los gastos de una elección? Antes que nada, a partir de lo efectivamente presentado. ¿Esta cena de recaudación de Scioli en Costa Salguero no salió sospechosamente barata? ¿Quién es esta persona que puso un millón y medio de pesos para la campaña de Macri? Hay que dudar de todo, o de casi todo. Leer entrelíneas, buscar movimientos sospechosos, hacer llamados.

—Buenos días, me comunico de la Cámara Nacional Electoral. Quería saber si me podría escanear la factura del vuelo privado que Sergio Massa contrató el 10 de octubre.

Los auditores saben que toda elección supone ingentes gastos en publicidad y logística: desde cartelería hasta pauta en medios; desde traslados y alojamientos hasta actos masivos en estadios de todo el país. Sin olvidarse, por supuesto, del día donde todo tiene que salir bien, cuando los partidos no pueden darse el lujo de regalar ni un voto. Lo repite cualquier referente “territorial”: sin transporte y vianda para los miles de fiscales no hay jornada cívica posible. Ellos son el aceite del motor, la música de la fiesta de la democracia.

Por eso, la fase dos de la auditoría es aún más difícil: detectar qué les faltó declarar a los partidos. Pequeños grandes detalles, como diez carteles gigantes en la Ruta 2, entre los kilómetros 37 y 116, con la cara de Daniel Scioli, o el cierre de campaña de Macri en el Centro Asturiano de Vicente López, de lo que nada figura en los registros.

A veces, los auditores contadores —cuyas edades van de los 30 a los 57 años— se ponen a tono con el zeitgeist tecnológico y cuelan en sus informes la respuesta que recibieron de gigantes tecnológicos como Google y Facebook. Así descubren, por ejemplo, “una diferencia de casi 900 mil pesos” entre los gastos que reportó el Frente Renovador en el programa Adwords y lo que Google informa que Massa le pagó a la compañía para promocionar su candidatura. Todo suma a la hora de juntar pruebas.

ALGO ESTÁ PASANDO ACÁ
La estrepitosa derrota del kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2009, aquella de las candidaturas testimoniales y los nombres Kirchner, Scioli y Massa encabezando la misma boleta, fue precedida por la reforma electoral más importante en la Argentina desde la Constituyente del 94. La Ley Electoral 26.571 traía consigo la creación de las PASO y algo quizás más inadvertido: la modificación de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, que desde entonces prohibió tajantemente las “contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas”. Aquel principio de prolijidad republicana pareció haber sido olvidado por el futuro presidente Macri, quien recibió para su última campaña tres millones de pesos de gerentes y empleados de empresas contratistas del Gobierno de la Ciudad y administraciones provinciales. Más que un mero conflicto de interés. Como publicó el sitio Chequeado, se trata de al menos 33 gerentes de agencias de publicidad, 20 de empresas de seguridad privada, siete de una constructora y cuatro de una empresa de higiene urbana. Todas contratistas de la gestión porteña o, en su defecto, del gobierno de Córdoba.

Para colmo, estas donaciones -casi el 10 % del total de aportes individuales declarados por la fórmula Macri-Michetti- fueron hechas a título individual, pero en efectivo y en un mismo día. La maniobra era evidente: esconder un aporte empresarial.

Así dicho, ese dato no está en ningún lado. Hubo que construirlo. La materia prima no podía ser más básica: un archivo pdf con una interminable lista de nombres y números de CUIT. Lo que hacen los auditores -y los buenos periodistas, que también pueden si quieren-  es cruzar esos datos. ¿Cómo? Ingresando cada uno de esos nombres y números de DNI (que se deducen del CUIT) en las bases de datos de la AFIP y la ANSES, para ver qué información “salta” sobre cada uno de los generosos donantes. Son miles. Solo en las primarias, el PRO presentó 849 nombres y el FPV, 1.616. Revisar cada uno de ellos es un trabajo de data entry perfectamente compatible con el síndrome de túnel carpiano.

Algunas irregularidades son evidentes a simple vista —por caso, José Manuel de la Sota declaró cinco millones de pesos de un único donante, identificado como “NN”— mientras que otros no ameritan mayores observaciones. En el medio, los grises: el joven de 26 años que aparece donando $ 95.000 para la campaña del PRO; los 204 nombres que desaparecieron del primer listado presentado por la fórmula Scioli-Zannini solo para ser reemplazados por otros 213.

La pregunta, entonces, sobre si se trata de delitos, se envuelve en la voz rasposa de Bob Dylan que oprime como una pesadilla el cerebro de los auditores:

—Porque algo está pasando acá pero no sabes qué es, ¿verdad, Mr. Jones?

LO MENOS TRUCHO POSIBLE
Después de leer cuatro carpetas y trece biblioratos con documentación respaldatoria, el contador León Derhovsepian entrega su informe de 29 páginas sobre el estado financiero de la campaña del FPV.

A Derhovsepian—un viejo lobo que ya le había encontrado irregularidades a la campaña que llevó a Hermes Binner a la gobernación de Santa Fe— no se le escapan los aportantes fantasma de Scioli. Más aún: en su reporte, revela que tres funcionarios de la agencia de recaudación ARBA se presentaron ante la Cámara para decir: yo nunca puse esa plata que dicen que puse (en lenguaje legal, claro). El auditor se interesa particularmente por el efectivo que circuló durante el fundraising sciolista en Parque Norte y la cena de gala kirchnerista en Costa Salguero. Una de las cosas que observa es que, si las crónicas periodísticas no mintieron, el dinero blanqueado en aquella cena fue notoriamente inferior al efectivamente recaudado. En otras palabras: subdeclaración de ingresos a la vista.

A Carmen de Las Heras, en cambio, le toca bailar con Cambiemos. Arquea las cejas cuando advierte que Orlando “Orly” Terranova, creador del portal MDZ online y gran beneficiario de la pauta publicitaria porteña, aparece poniendo plata junto a su hermana María. Para colmo, también advierte la presencia de una tercera Terranova en el listado: Marcela, integrante del directorio de Publicidad Sarmiento, empresa que ganó la licitación del mobiliario urbano porteño y que hoy opera el negocio de carteles en vía pública y paradas de Metrobús.

Su informe incluye otras delicias del prestanombrismo, como monotributistas categoría B (gente que declara ingresos anuales de $ 48 mil) poniendo 20, 30, 40 y hasta 50 mil en efectivo para la campaña amarilla. Estas irregularidades, sumadas al hecho de que el PRO no informó ningún tipo de pago a fiscales durante las agitadas jornadas electorales, es demasiado para Carmen de Las Heras. “No puedo aconsejar la aprobación del informe final”, escribe, “hasta tanto no sean subsanadas las observaciones formuladas”.

De nada sirve el descargo periodístico del apoderado del PRO, José Torello, que al ser confrontado con las irregularidades del informe financiero de su partido, protestó los requisitos de la ley y dijo en su defensa:

—Nosotros tratamos de ser lo menos trucho posible.

Pero, ¿qué pasa si Torello tiene razón? ¿Qué pasa si la letra de ley está pidiendo algo tan imposible que empuja a todos los partidos a dibujar su contabilidad?

Desde hace un tiempo, legisladores oficialistas y opositores discuten cambios a la ley electoral. En el macrismo proponen que las empresas puedan volver a aportar. No son los únicos. “Estoy de acuerdo en que se permita a las personas jurídicas poner plata para las campañas”, sostiene el ex director nacional electoral Alejandro Tullio. “Hay que sincerar los ingresos de campaña, manteniendo la prohibición del anonimato y bancarizando todo”.

Claro que también existe el riesgo de que este sinceramiento derive en una mayor desigualdad y, en ese sentido, el recuerdo de la campaña multimillonaria de Francisco de Narváez es aún muy reciente. Según la regulación post-Alica Alicate, el Estado hace un aporte en dinero a los partidos y regula la publicidad televisiva, algo valorado por politólogos y expertos. Avanzar en la dirección opuesta, recortando los topes de aportes y volviendo a permitir la donación empresaria en época de campaña, podría expandir el ya famoso “gobierno de los CEOs” al financiamiento político. Partidos como el Frente de Izquierda denuncian que la  movida es un paso hacia la “plutocracia” y reclaman una campaña “cien por ciento estatal”, sin aportes privados.

Ente un extremo y otro, entre lo existente y lo deseable, se encuentran las soluciones más sensatas, una caja de herramientas para quienes busquen reescribir las reglas de juego de la competencia democrática.

MEJOR NO HACER CIERTAS COSAS
Los auditores tienen dos grandes enemigos. Uno es la falta de recursos. El otro, el desinterés. En 2002, los jueces Rodolfo Munne, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera le pidieron a la Corte Suprema “la provisión de los medios necesarios” para poder tener “un plantel de al menos 15 contadores públicos nacionales”. No hubo respuesta. Seis años más tarde, el tono de la Cámara Nacional Electoral ya rozaba la desesperación. “Esta Cámara ha agotado ya todas las vías —formales y oficiosas— para expresarle a las autoridades competentes la necesidad de fortalecer la composición del Cuerpo de Auditores Contadores”, escribieron. Al día de la fecha el número de personas encargadas de controlar las cifras de las elecciones sigue sin superar la decena. (Existe un proyecto, impulsado por el oficialismo, para ampliar el Cuerpo como parte del paquete de reforma electoral; pero incluso si pasa, faltaría que la Corte Suprema lo apruebe).

Muchos informes, también, quedan en la nada. El mecanismo establecido por la ley argentina es claro: los auditores tienen siete meses para analizar los números de los partidos políticos y enviar su informe. A partir de ahí, la decisión de avanzar o no con la investigación pasa al área de Control Patrimonial de la Secretaría Electoral de la Capital Federal, es decir, a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.

Servini suele tomarse su tiempo. Para muestra, un botón: la jueza aún no decidió si aprobar o rechazar las cuentas de la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos tras las elecciones del 28 de octubre de 2007. Esto a pesar de que el listado que lleva la firma del recaudador Héctor Capaccioli incluye nombres como Gabriel Brito y Néstor Lorenzo y dinero que, más de uno sospecha, proviene de la mafia de los medicamentos y la famosa ruta de la efedrina. Para la jueza, no es posible tomar una decisión hasta tanto no se resuelvan las causas penales en la que se investiga el origen de esos fondos. En la Cámara discuten esta lectura. A punto de ingresar en 2017, dicen, las “cuestiones electorales” de una campaña tan vieja ya deberían estar resueltas.

Pero, ¿cómo se “resuelve” un caso? ¿Cómo se castiga a los responsables de haber omitido o fraguado información sobre ingresos y gastos en una elección? La mayor parte de las veces, la justicia electoral sanciona al partido infractor privándolo de ingresos estatales para la próxima campaña. Pueden ser tres o cuatro millones de pesos. Son muy pocos los casos en los que el castigo recae sobre el candidato que financiado. Al neuquino Jorge Sobisch, por ejemplo, le prohibieron volver a presentarse a una elección, pero la medida fue anulada más adelante. Y la opción de ir tras los responsables económicos tampoco parece ser la solución: en la última campaña, las encargadas de responder ante la Justicia por las irregularidades en los informes del PRO fueron dos jubiladas de 68 y 82 años que ni siquiera estaban enteradas de su rol partidario.

Pero las auditorías se hacen igual y ahí están, disponibles para todo aquel que quiera conocer cómo se financia la política en Argentina. A pesar de su bajo perfil, los auditores encaran día a día un trabajo más que necesario en los tiempos que corren. Les toca controlar, nada menos, que a los candidatos no los esté financiando el juego, la prostitución o el narcotráfico. Son los protagonistas improbables de una película donde los malos casi siempre ganan.