Lava Jato en Argentina: las constructoras sospechadas ganaron contratos con sobreprecios de US$ 300 millones

Son cuatro empresas brasileñas que obtuvieron una decena de obras casi siempre con el apoyo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. El monto total de lo que ganaron fue US$ 9600 millones. Equivale a más del 40% de la red vial de la Argentina.

por Federico Poore y Matías Di Santi
Chequeado, 11-10-2017


Llegaron, prometieron, ganaron. Casi siempre cobraron. No siempre cumplieron. Durante los últimos 12 años, las empresas brasileras involucradas en la Operación Lava Jato -la enorme investigación de corrupción que se lleva adelante en Brasil y que persigue el pago de coimas y sobornos para ganar licitaciones en obra pública en distintos países del mundo, incluyendo la Argentina-, obtuvieron obras en el país por al menos US$ 9.600 millones, el equivalente a más de 17 mil kilómetros de ruta repavimentados, es decir, el 43% de la red vial total de la Argentina.

Impulsadas en muchos casos por el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), las constructoras de origen brasilero se alzaron con algunos de los contratos locales de obra pública más importantes de los últimos tiempos en medio de sospechas de cartelización, sobreprecios y coimas.

Entre 2005 y 2017, estas empresas ganaron 11 obras en la Argentina, siete de las cuales ofrecieron financiamiento del BNDES. En ellas hubo un sobreprecio promedio de US$ 322 millones, de acuerdo con el relevamiento y el cálculo realizado por Chequeado para esta investigación. Además, varias de ellas (cinco) no han sido terminadas.

“Esto es algo que atraviesa a toda la última década de la política argentina: una gran obra pública, por un gran monto, con un gran plazo, que luego de firmarse da inicio a las famosas adendas. Es decir que lo que valía 10 termina valiendo 30 y la foto final nunca es la del inicio”, dimensionó ante este medio el fiscal federal Federico Delgado.

“Lo que se observa, por ejemplo, en las obras de Odebrecht es un sistema para conseguir contratos” utilizando al BNDES como financista, explicó Delgado, y agregó: “El soterramiento del Sarmiento es el caso paradigmático: que voy, que vengo, y al final la obra la termina financiando el gobierno nacional”.

Resulta difícil combatir estas prácticas con la legislación vigente. Natalia Volosin, abogada especializada en temas de corrupción y máster en Derecho de la Universidad de Yale, de los Estados Unidos, recordó que la Argentina tiene uno de los regímenes de compras y contrataciones “más antiguos de América Latina y el Caribe”. La Ley de Obra Pública, por ejemplo, data del año 1947.

“Las posibilidades que da el régimen de compras para inflar los costos son enormes. Así, una empresa que en un momento apareció como la mejor oferente puede dejar de serlo sin que reciba sanción alguna”, destacó la especialista en corrupción, quien agregó que tampoco existen consecuencias claras para aquellas empresas que se demoran o no cumplen con los trabajos.

Para esta investigación, Chequeado analizó las obras a cargo de las constructoras Andrade Gutierrez SA, Camargo Correa SA, Norberto Odebrecht SA, OAS Limitada y Queiroz Galvao SA, incluyendo las firmas subsidiarias y las uniones transitorias de empresas (UTE) que conformaron junto con otras compañías. Todas estas empresas brasileras poseen directivos involucrados en la Operación Lava Jato.

Si bien no todas estas obras están sospechadas por jueces y fiscales, varias comparten un patrón común. Primero, una constructora brasilera se asocia con una o más empresas argentinas y se presenta a la licitación ofreciendo el precio más bajo y financiamiento del BNDES. Luego, la obra sufre “redeterminaciones de precios” y se firman adendas que van aumentando su valor. En algunos casos, mientras los trabajos se demoran, el banco brasilero se retira y el Estado argentino se ve obligado a buscar fuentes alternativas de financiación. Sea como fuere, la obra casi nunca se termina en tiempo y forma y sale más caro de lo previsto inicialmente.

“Lo que se ve es un modus operandi, que no es propio únicamente de las obras de Brasil sino el modo en el que funcionan las contrataciones de obra pública en la Argentina”, explicó Volosin. Y agregó: “El sistema no está pensado para la eficiencia ni para la transparencia de los procesos. Lo que hacen los funcionarios generalmente es aprovechar los agujeros en cada una de las etapas, desde la determinación de la necesidad de la obra hasta la ejecución de los trabajos”.

Odebrecht fue la gran beneficiaria entre las empresas brasileras: obtuvo contratos que le proporcionaron al menos US$ 7.075 mil millones, un 74% del total. Le siguieron la constructora OAS Limitada, con más de US$ 1.806 millones. Detrás quedan Queiroz Galvao SA (US$ 557 millones) y Camargo Correa SA (US$ 167 millones). En total, estas empresas ganaron 11 obras. El sobreprecio promedio de las obras analizadas fue de US$ 322 millones.


El “beneficio desmedido” de Odebrecht

“Los elementos de prueba reunidos permiten tener por acreditado que, en el marco de los concursos privados llevados a cabo por las empresas (…) Transportadora de Gas del Norte -TGN- y Transportadora de Gas del Sur -TGS-, se instrumentó una maniobra mediante la cual los funcionarios públicos intervinientes perjudicaron los fondos del fideicomiso creado para la realización de las obras allí comprometidas, beneficiando ilegítimamente a las firmas Skanska SA, Techint SA, Contreras Hermanos SA, BTU SA y Odebrecht SA”. La conclusión del entonces juez federal Norberto Oyarbide quedaría perdida entre las mil hojas de su fallo de 2010 si no fuera porque siete años después, según reveló el diario La Nación, el ex ejecutivo de Odebrecht, Márcio Faria da Silva, confesó ante la Justicia de Brasil que la compañía pagó US$ 25 millones en sobornos para obtener la ampliación de esa obra.

Era la primera vez que la Justicia argentina ponía la mira en la constructora líder de América Latina, según el ranking de ventas anuales elaborado por la consultora especializada Structuralia. El fiscal federal Carlos Stornelli investigaba el “caso Skanska” por el Gasoducto del Norte y se topó con una adjudicación millonaria sin licitación pública y con sobrecostos inexplicables: el Gasoducto del Sur. Las obras -sobre todo, extensión de cañerías y construcción de plantas compresoras- se encontraban bajo la órbita del entonces secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, y del interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Fulvio Madaro, ambos funcionarios de extrema confianza del ministro de Planificación Federal durante los tres gobiernos kirchneristas, Julio De Vido.

La sociedad mixta TGS había estimado inicialmente el monto de la extensión de la red en US$ 76,3 millones con el impuesto IVA incluido, pero todas las ofertas que le llegaron fueron superiores y en diciembre de 2004 Jorge García, apoderado de TGS, informó al secretario Cameron que la licitación quedaría desierta. La misma fue abierta semanas después, pero las cotizaciones de las empresas que ofertaron (Odebrecht y el consorcio Camargo Correa-IECSA, compañía que hasta 2017 perteneció al primo del presidente de la Nación, Angelo Calcaterra, y que este año adquirió el empresario Marcelo Mindlin) continuaban por encima de lo previsto. Aún así, TGS contactó a Odebrecht para solicitarle una mejora de sus precios, pedido que no le hizo a su competidor, según señala el fallo citado.

Finalmente, en 2005 la compañía brasilera firmó un contrato por US$ 117,5 millones con IVA incluido, un valor US$ 41,1 millones mayor al presupuesto inicial. García dijo haber hecho “todas las evaluaciones, gestiones y negociaciones a su alcance para lograr una mejora sustancial de la oferta” y consideró “haber logrado el mejor precio posible”.

Odebrecht se comprometió a tramitar un préstamo del BNDES, que finalmente obtuvo en febrero de 2005. Parte del financiamiento provendría, además, del fideicomiso del Banco Nación (Nación Fideicomisos SA -NAFISA-). Pero el trabajo finalmente quedó a cargo de Techint, del empresario Paolo Rocca; la sueca Skanska; y Contreras Hermanos, del empresario Juan Touceda, compañías que fueron subcontratadas por Odebrecht.

Según argumentó la empresa brasileña en ese momento, los millones de dólares de sobrecostos se explicaban por complicaciones en la construcción, retenciones por el impuesto a las Ganancias e impuestos para conseguir el financiamiento del banco brasilero. Sin embargo, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sostiene que en el acta de apertura del concurso privado no se incluyeron los detalles de las ofertas presentadas ni un informe técnico “que justifique la elección de (…) Odebrecht SA”. Además, señalaron: “Si bien el ente regulador [Enargas] recomendó la aprobación de la contratación por el plazo de la construcción del gasoducto, no consta la existencia de un informe circunstanciado que avale la razonabilidad del incremento del costo de la obra”. El resultado: el Enargas “permitió la asunción de una obligación abusiva (…) que conllevó a la obtención de un beneficio desmedido por parte de las empresas contratadas”.

Según la empresa TGS, la extensión de los gasoductos fue finalizada en 2008, y un documento publicado por el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la Universidad de Buenos Aires (UBA) señala que la obra permitió aumentar la capacidad de transporte de la red operada por TGS en 2,9 millones de metros cúbicos de gas por día. Casi una década después de su finalización, US$ 117,5 millones es el último valor oficial que se conoce del Gasoducto del Sur. A pesar del paso del tiempo, estos montos quedaron bajo la lupa del fiscal Stornelli, quien luego de una investigación preliminar realizó una denuncia penal que recayó en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado.

Las tareas de Odebrecht en torno al sistema de gas argentino no terminaron ahí. Mientras emprendía las obras de extensión, la empresa participó y quedó a cargo de las tareas de ampliación de los gasoductos Norte y Centro Oeste (a cargo de TGN) y Sur y Neuba II (TGS). Esa es la obra por la que se habrían pagado US$ 25 millones en sobornos, según reveló La Nación. En la práctica, se trataba de la colocación de loops o cañerías paralelas a lo largo de 15 provincias para llevar el gas desde el norte y sur del país hasta la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

En 2005, a pedido de De Vido, TGN y TGS lanzaron concursos abiertos para elegir a los constructores. Ya desde el cálculo inicial hubo problemas. Según el dictamen del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa por supuestos sobreprecios que tramita en el juzgado de Rafecas, TGS señaló que “los costos correspondientes al montaje de cañerías fueron determinados en función de los valores ofertados por el contratista de la expansión del Gasoducto San Martín del año 2005 [N. de la R: Odebrecht] que fueron superiores a los acordados con dicho proveedor”. Es decir, los valores ya venían inflados y se volverían a inflar.

Resultaron ganadoras las empresas Albanesi SA (privada) y Cammesa SA (compuesta por el Estado nacional y cuatro asociaciones del sector privado), en el norte y sur, respectivamente. Las compañías, sin embargo, prefirieron dejar las tareas en manos de otra empresa y volvieron a llamar a concursos abiertos. La ganadora de ambos fue Odebrecht, que aplicó el mismo modus operandi que con la obra de extensión: consiguió el respaldo financiero del BNDES y subcontrató a un grupo de firmas locales para la construcción: Techint, Contreras Hermanos SA, Esuco SA (del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, Carlos Wagner) y BTU SA (del empresario Carlos Mundín), en este último caso con una pequeña participación. El monto final del contrato, según el peritaje de la Corte, fue por US$ 2.266 millones con IVA incluido.

Sin embargo, según el mismo documento y la denuncia de Stornelli, el monto inicial establecido en los concursos para la obra denominada “Ampliación gasoductos TGN y TGS 2006-2008” había sido menor (US$ 1.677 millones con IVA), es decir, una diferencia de US$ 588,4 millones sobre el valor final. “No se observa una debida justificación técnica y económica que respalde la razonabilidad o probabilidad de dicha variación o desvío presupuestario”, destacó el fiscal en su investigación preliminar.

Chequeado contactó a todas las empresas argentinas involucradas en este contrato. Desde Contreras Hermanos, empresa que fue subcontratada por Odebrecht en la obra de extensión y en la de ampliación de gasoductos, argumentaron ante este medio que el “precio inicial y precio final son el mismo, salvo ajustes por inflación”. Sin embargo, y para evitar el impacto inflacionario en los precios, este medio calculó el aumento de las obras antes señalado en dólares y no en pesos.

Aunque el nombre de la obra indica el año 2008 como fecha de finalización, más de una década después de la firma del contrato la ampliación de los cuatro gasoductos aún no se completó. No sólo eso: en 2012, la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que con la documentación aportada por NAFISA (Nación Fideicomisos SA, la administradora de los recursos para obra) “no pudo validarse el avance físico de la obra informado por Enargas, como así tampoco pudo verificarse las demoras generadas sobre las habilitaciones de obra”.

A fines de 2016, casi un año después de que Mauricio Macri llegara a la Presidencia, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación pidió a la Justicia federal que investigue el informe de la AGN e instruyó, a través de Cammesa, a Nación Fideicomisos SA “para que proceda en forma inmediata a tomar todas las medidas necesarias para rescindir el contrato” con Odebrecht. La Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de la ex diputada del PRO Laura Alonso, solicitó, además, ser parte querellante en la causa para investigar las irregularidades detectadas. Consultada por Chequeado para esta nota, desde Odebrecht se limitaron a decir que la compañía “es prestadora de servicios” y “que las informaciones que ustedes necesitan deben ser facilitadas por nuestros clientes [N. de R.: empresas subcontratadas]”.

El 6 de octubre de 2017, De Vido fue citado a indagatoria por esta causa. La decisión del juez federal Daniel Rafecas también alcanzó a Cameron; al ex subsecretario de Energía Eléctrica, Bautista Marcheschi; y al ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar. “Existió una tendencia beneficiante por parte de funcionarios públicos de la órbita del ex Ministerio de Planificación en miras a que fuera la constructora Odebrecht la que asumiera la ejecución de las obras de los gasoductos”, destacó el magistrado en el llamado a indagatoria.


El extraño caso de las licitaciones mellizas

Una planta potabilizadora, 40 kilómetros de acueductos, la toma de agua en el río Paraná de las Palmas y un túnel de casi 15 kilómetros de extensión: el Sistema de Potabilización del Área Norte, ubicado en el Municipio de Tigre, en la Provincia de Buenos Aires, es una de las obras de infraestructura más ambiciosas de las últimas décadas. También, una de las más sospechadas.

En marzo de 2008, la empresa estatal AySA realizó un llamado a licitación para la construcción y puesta en marcha de la planta y sus obras anexas, para lo cual estimó un presupuesto de US$ 595,4 millones, IVA incluido. Hubo dos ofertas: la primera, de un consorcio integrado por Construcciones y Comercio Camargo Correa SA y Esuco SA; la segunda, de una UTE compuesta por Odebrecht, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA.
El Sistema de Potabilización del Área Norte: una planta potabilizadora, 40 kilómetros de acueductos, la toma de agua en el río y un túnel de casi 15 kilómetros. Crédito: Odebrecht.

Antes de avanzar con la adjudicación, AySA pidió a la UTE integrada por Odebrecht que mejorara su oferta. La empresa respondió que esto era imposible, pero a cambio ofreció un incremento en el financiamiento del BNDES. Luego, como explica este informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), AySA ajustó el presupuesto a US$ 869,8 millones sin que mediara modificación alguna en el pliego de condiciones. Finalmente, la obra fue adjudicada al consorcio integrado por Odebrecht por US$ 880,4 millones, un valor incluso superior al presupuesto ajustado.

Según informaron a Chequeado desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), un órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción que depende de la Procuración General de la Nación y que está a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, desde el llamado a licitación para la megaobra en Paraná de las Palmas hasta el plazo límite para presentar las ofertas habían pasado apenas tres semanas.

Poco después comenzaron las obras, que en teoría debían estar terminadas para enero de 2012. Sin embargo, informa la AGN, “la ausencia de una adecuada planificación” generó demoras en la ejecución de los trabajos. “Un pequeño atraso en las obras es siempre justificable”, dijeron los auditores, pero en este caso “los atrasos, a criterio de esta auditoría, excedieron largamente lo justificable”. Estas demoras, naturalmente, terminaron afectando el valor final de la obra.

¿Cómo se plasmaron estos aumentos? Mediante adendas y actas acuerdo. Por ejemplo, la adenda Nº 9 de noviembre de 2013 agregó la construcción de un acueducto en Escobar por US$ 140,2 millones, mientras que la Nº 11 le sumó al “combo” obras de pavimentación por US$ 22,7 millones. Para entonces, la obra ya había superado la barrera de los mil millones de dólares y sus costos sumaban US$ 1.043,9 millones. La cifra posiblemente sea mayor ya que falta agregar otros adicionales detectados por la auditoría del Centro Argentino de Ingenieros, cuyos montos se desconocen.

Pero hay más. Mientras la UTE liderada por Odebrecht se adjudicaba la construcción de esa planta, otro consorcio integrado por la brasileña Camargo Correa y la empresa argentina Esuco SA se quedaba con un contrato para la construcción de una planta cloacal en Berazategui, ubicada también en la Provincia de Buenos Aires en paralelo al Río de la Plata y la Autopista Buenos Aires-La Plata. Según publicó el diario La Nación, el encargado de organizar el reparto de estas obras era el dueño de la constructora Esuco, Carlos Wagner, nexo entre los funcionarios de Planificación Federal, a cargo de De Vido, y los ejecutivos de Odebrecht para el pago de sobornos.

Como si se tratara de un juego de espejos, esta obra también sufrió aumentos llamativos en sus costos. El monto inicial de la planta se calculó en US$104,5 millones, aunque pronto comenzaron los incrementos. Dos empresas presentaron ofertas para la planta de Berazategui: Electroingeniería (grupo liderado por los empresarios Gerardo Ferreyra y Osvaldo Costa, cercano al anterior gobierno y que también incursionó en el mercado de los medios de comunicación) y la UTE integrada por Camargo Correa y Esuco. AySA aceptó la propuesta de esta última, incluyendo una “mejora de oferta” que en realidad era una propuesta de financiación por medio del BNDES. El contrato de adjudicación fue por US$ 145,9 millones, IVA incluido.

Sin embargo, y repitiendo el esquema de Paraná de Las Palmas, se firmaron al menos dos adendas con “redeterminaciones de precios” que llevaron su costo a US$ 167,3 millones. “Sorprende que rubros de alto costo unitario tengan incrementos muy elevados”, sostuvieron los auditores del CAI, quienes agregaron: “Llama la atención que en algunos ítems se duplique, triplique y más las cantidades que se calcularon para la oferta”.

“En Berazategui, el contrato sufrió un fuerte impacto debido a correcciones inflacionarias que ya estaban previstas (en el contrato), ampliadas por adendas que extendieron el plazo del contrato, sin ninguna irregularidad”, fue la explicación de Camargo Correa.

El caso de las licitaciones mellizas terminó en la Justicia y el 1° de septiembre de 2017, el juez federal Sebastián Casanello ordenó la declaración indagatoria del ex presidente de AySA, Carlos Ben; su mano derecha, Raúl Biancuzzo; y representantes de Odebrecht, Camargo Correa, Benito Roggio, Esuco, Supercemento y José Cartellone Construcciones, entre otros. Casanello consideró que las licitaciones que terminaron en ambas adjudicaciones fueron direccionadas de antemano para que el consorcio liderado por Odebrecht ganara la obra de Paraná de Las Palmas y el otro liderado por Camargo Correa obtuviera la obra de la planta de líquidos cloacales en Berazategui.

Según el informe que el fiscal federal Sergio Rodríguez hizo llegar al juez de la causa, Odebrecht conocía el lugar, la fecha y los detalles técnicos del financiamiento para la construcción de la planta en Paraná de las Palmas casi medio año antes de que AySA hiciera público el llamado a licitación. Intercambios entre el BNDES y el consorcio liderado por Camargo Correa revelan que esta empresa también supo mucho antes sobre la construcción de la planta de Berazategui. “Esto evidencia acuerdos preexistentes y desnuda el montaje de la licitación pública como una mera puesta en escena”, sentenció el juez Casanello al firmar el llamado a indagatoria.

A fines de septiembre, el diario La Nación reveló que Odebrecht está próxima a vender su parte en la obra a Roggio, Cartellone y Supercemento, sus socios locales. Así y todo, falta acordar una solución para un planteo de la empresa brasilera, que reclamara una millonaria compensación por supuestos incumplimientos de AySA vinculados con el pago en tiempo y forma por las obras realizadas.


“Trabaja bien y cobra barato”

En esta trama no sólo está involucrado el anterior gobierno nacional. Entre 2008 y 2009, el Gobierno de Córdoba llamó a una licitación internacional para la construcción de los gasoductos troncales de la provincia, estableciendo que los oferentes debían proveer el financiamiento de al menos el 75% del precio de la obra. La ganadora fue una UTE conformada por la brasilera Andrade Gutierrez SA, y las argentinas IECSA SA y Britos SA, que ofreció hacer el trabajo por US$ 220 millones y propuso el financiamiento del BNDES.

Los contratos se firmaron en 2009, durante el primer mandato de Juan Schiaretti (PJ), y pronto comenzaron los trámites ante el Ministerio de Economía de la Nación “para tornar operativo” el crédito del banco brasilero. La obra estuvo varios años paralizada hasta que en marzo de 2015, durante la gestión de Juan Manuel de la Sota, la provincia anuló los contratos dado que las empresas oferentes no contaban con el financiamiento. Así y todo, el Gobierno provincial terminó pagándoles $ 35,3 millones en concepto de “tareas preliminares” de la obra que nunca se hizo.

Mientras tanto, el presidente de Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, fue condenado por la Justicia brasilera y llegó a un acuerdo para reducir su pena a cambio de suministrar información, lo que en Brasil se conoce como “delación premiada”.

Entre 2015 y 2016, ya con Schiaretti nuevamente al frente del gobierno provincial, la provincia relanzó la licitación, ahora con 500 kilómetros más de obra. Odebrecht resultó adjudicataria de seis de los diez tramos de gasoductos troncales, a pesar de que para entonces la empresa brasileña ya era investigada tras haber confesado el pago de sobornos. En julio de 2016 estos seis tramos se adjudicaron por US$ 147 millones, monto que seis meses más tarde se actualizó a US$ 179 millones. Fuentes de la Gobernación de Córdoba confirmaron a Chequeado que todos los trabajos se iniciaron este año, con avances que van del 14,9% (Punilla II) al 87,3% (Sistema Regional Ruta 2).

¿Por qué la provincia eligió a Odebrecht a pesar de ya estaba siendo investigada por corrupción en el Lava Jato? Porque “trabaja bien, rápido y cobra barato”, argumentó Schiaretti en mayo de este año durante un encuentro con periodistas. En agosto le volvieron a preguntar: ¿Cómo puede ser que Odebrecht haya coimeado en todos lados y en Córdoba no? “Porque no lo dejamos. Es muy simple”, dijo. Algunos de los miembros del gabinete cordobés no ayudan a disipar las sospechas: Fabián López, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos provincial, será indagado en diciembre por su rol como número dos de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación durante el kirchnerismo en el caso de las licitaciones mellizas y los sobreprecios por las obras de AySA. Su jefe era José López, el hombre que la madrugada del 14 de junio de 2016 fue filmado mientras tiraba bolsos con plata en un monasterio y ahora está detenido y procesado por el delito de enriquecimiento ilícito.


El soterramiento infinito

El 13 de septiembre de 2017, las oficinas de Odebrecht en la Argentina fueron allanadas en la causa que investiga supuestas coimas de la empresa brasilera para que se le asignaran las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. La orden librada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi fue, hasta ahora, el último capítulo de la saga que comenzó hace más de una década, durante la Presidencia de Néstor Kirchner, con un llamado a licitación de la Secretaría de Transporte de la Nación a cargo de Ricardo Jaime.

La UTE conformada por Odebrecht, IECSA SA, COMSA SA y Ghella SA fue una de las dos que presentó ofertas (la otra fue un consorcio compuesto por Isolux-Esuco) y la que finalmente se adjudicó la obra por US$ 889 millones. Un decreto, primero, y diferentes adendas, después, fueron elevando los costos del primer tramo, que hacia principios de 2011 ya rondaba los US$ 1.483 millones.

Esta cifra no sería la última: en noviembre de 2013 el consorcio liderado por Odebrecht informó -como señaló el diario Perfil- que el directorio del BNDES había aprobado un crédito de US$ 1.508 millones por el 50% del monto contractual aproximado, es decir que para entonces el costo de la obra ya ascendía a US$ 3.016 millones. La cifra podría aumentar aún más si se considera que el presidente Macri decidió en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 797/2016 proyectar desembolsos en los próximos tres años por un total de $45 mil millones para completar la obra.

El 28 de junio de 2017, Odebrecht presentó ante el Ministerio de Transporte de la Nación una “modificación accionaria” que le permitió salir del proyecto. La propuesta consistió en venderle su parte del consorcio a la italiana Ghella, que ya cuenta con una participación en la obra. La propuesta fue aceptada y la salida de Odebrecht del Sarmiento es un hecho, confirmaron a Chequeado desde el Ministerio que conduce Guillermo Dietrich.

Ese mismo día, el Ministerio de Transporte creó una comisión para revisar las irregularidades en el soterramiento, por lejos la obra con mayor sobreprecio de las que integran esta investigación. La empresa que avanza con la obra ahora se llama Consorcio G&S (Ghella y SACDE, siendo Sacde la continuadora de IECSA), ya que COMSA SA también salió del proyecto este año, confirmaron a Chequeado voceros de la compañía. A la fecha, la máquina tuneladora lleva excavados y ensamblados 1.579 metros de túnel, apenas el 17% de la primera etapa.


OAS, “la Odebrecht del Norte”

Pocos grupos empresarios brasileños tuvieron un ascenso tan vertiginoso y controvertido como el que experimentó OAS, grupo que hoy conforman 12 empresas. Creado más de tres décadas después de la aparición de Odebrecht, el conglomerado bahiano se ubicó en 2015 en la segunda posición del ranking de constructoras latinoamericanas con mayor volumen de ventas anuales. En la Argentina, una de sus primeras incursiones se daría en 2009, pero lo más curioso sucedió en 2015.

Mientras en Brasil la Operación Lava Jato sumaba denuncias de corrupción contra ejecutivos de OAS, en la Argentina Cristina Fernández de Kirchner -que atravesaba el último año de su segundo mandato- decidió otorgarle un préstamo por US$ 964 millones para el proyecto hidroeléctrico Los Blancos, en Mendoza. Esta obra había sido preadjudicada en 2012 a la UTE conformada por Cartellone Construcciones Civiles (propiedad de la familia mendocina Cartellone) y la sucursal argentina de OAS por un monto de US$ 1.426 millones con IVA incluido.

OAS se había comprometido a obtener más de la mitad del costo de la obra con financiamiento del BNDES como parte de su oferta, pero el crédito nunca se concretó. De allí el anuncio de Fernández de Kirchner de junio de 2015 de que el Estado nacional terminaría cubriendo hasta el 65% del total. Esto modificaba el criterio señalado en la resolución por la cual se preadjudicó la obra y en documento de manifestación de interés, donde se acordaba que la inversión necesaria sería obtenida mayormente por la empresa.

“La oferta se ajustaba a lo largo de las fechas por el Decreto N° 1295/02 que verifica la posibilidad de ajustar el precio de una obra mediante la redeterminación de precios en los contratos de obra pública, por lo que al momento del cambio de gestión se hicieron las posibles previsiones de montos necesarios para atender la obra”, recordó a Chequeado Rolando Baldasso, ex ministro de Infraestructura durante la gestión de Francisco Pérez, sobre un monto final que hoy se desconoce.

Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería de Mendoza de la gestión actual de Alfredo Cornejo (UCR), señaló a este medio que “dentro de las condiciones de la licitación estaba la provisión de parte del financiamiento por parte del BNDES”.“Al OAS entrar en problemas financieros -explicó el funcionario-, el financiamiento no se concretó por lo que la adjudicación definitiva no se realizó y, por ende, los trabajos aún no se han iniciado”.

Respecto del estado actual de la obra, Guiñazú subrayó: “Hoy el proceso se encuentra en stand by a la espera de una definición respecto al perfeccionamiento del financiamiento del consorcio adjudicado”.

Como se dijo, una de las primeras incursiones de OAS fue en 2009. Ese año, el Gobierno de Chaco llamó a licitación para construir el “Segundo Acueducto para el Interior” que, según el anuncio, beneficiaría a 26 localidades y al 50% de la población provincial. El presupuesto oficial de la obra era de US$ 300 millones con los impuestos incluidos, según datos oficiales del Ministerio de Infraestructura provincial. Cuatro meses después, el gobernador y ex jefe de gabinete de la Nación de Fernández de Kirchner, Jorge Capitanich, realizó la apertura de sobres y las cuatro oferentes fueron Techint SA y tres UTE, entre ellas la que estaba conformada por OAS Limitada, Supercemento SA y Rovella Carranza SA.

En febrero de 2011, el Gobierno provincial concedió la obra a la UTE conformada por la brasilera OAS, a pesar de que su oferta había sido más elevada que las demás, según señaló el diputado provincial Livio Gutiérrez (UCR) en una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a la que Chequeado tuvo acceso.

La obra, explicó el gobierno provincial, se realizaría con recursos nacionales, fondos de la provincia de Chaco (a través del Fondo Federal Solidario) y financiamiento internacional proveniente del BNDES obtenido por OAS. En julio de 2011, Capitanich se reunió con representantes de la UTE “para definir detalles sobre la ejecución”. Los trabajos comenzaron en agosto de aquel año, con un plazo de construcción de 36 meses.

La explosión del Lava Jato cambió todo. “En marzo de 2015, cuando se conoció el caso, la empresa OAS proveedora de caños paralizó la entrega y el BNDES suspendió los desembolsos del endeudamiento que había tomado la provincia por unos US$160 millones, (…) y sólo desembolsó US$116 millones”, señaló a este medio el diputado Gutiérrez, quien agregó que, a pesar de que se hicieron redeterminaciones y la fecha de finalización era 2014, el acueducto no se terminó. Un video institucional de la empresa provincial Sameep publicado en octubre de ese año aseguraba que la obra se encontraba ejecutada en un 67 por ciento.

El gobierno anunció que el acueducto iba a estar terminado en septiembre de 2014, pero a la fecha aún no fue finalizado.

El préstamo otorgado por el BNDES expiró en septiembre de 2015, por lo que Capitanich viajó a Río de Janeiro y acordó una prórroga del contrato. Sin embargo, en enero de 2017 el banco brasileño informó que no retomaría el financiamiento. Un mes más tarde, el flamante gobernador chaqueño, Domingo Peppo (PJ), firmó un convenio con la Nación por $ 2.500 millones que reemplazan el crédito internacional con el BNDES y para finalizar el 34% restante del acueducto. En esta nueva etapa, OAS fue reemplazada en la UTE por la empresa CPC.

Si se suman todos los recursos gastados y presupuestados, el valor final del acueducto se estima en al menos US$ 380,3 millones, una diferencia de US$ 48,6 millones con respecto al monto inicial. “OAS es la Odebrecht del norte”, comparó Gutiérrez y dimensionó: “En esta obra, en pesos, se gastó más de cuatro veces de lo que estaba previsto y todos los plazos están vencidos. Pero, por sobre todas las cosas, el acueducto no fue finalizado”, concluyó.



Esta investigación contó con la colaboración de Ariel Riera, miembro del equipo de Redacción de Chequeado. Se trata de un trabajo en conjunto entre Armando Info de Venezuela y Chequeado de la Argentina, que también fue publicado por el diario Folha de San Pablo y Agencia Lupa en Brasil.

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