La crisis económica detiene el éxodo porteño durante la segunda ola

La ausencia de crédito, el cepo y la caída del poder adquisitivo ponen un límite al deseo de irse a vivir a las afueras como consecuencia de la pandemia. Los casos de Escobar y Pilar.

por Federico Poore
elDiarioAR, 05-06-2021

A medida que se extiende la pandemia y se consolida el trabajo a distancia se multiplican las voces que advierten sobre “el fin de las ciudades”. A más de un año de la irrupción del coronavirus, las imágenes de oficinas vacías en Buenos Aires, Nueva York, París o Bogotá dan la impresión de que la distancia al lugar de trabajo se volvió menos importante y que aumentaron las búsquedas de propiedades en zonas retiradas de los centros urbanos. Pero, ¿qué tan real es este éxodo porteño?

“El pico de demanda de consultas y operaciones concretas se dio entre julio del año pasado y marzo de este año”, explica Fernando Pozzi, socio gerente de Pozzi Inmobiliaria, que destaca el interés en áreas puntuales de Escobar y Maschwitz y en los barrios San Matías, El Cantón y Pilar del Este. “Primero, porque existía una demanda contenida debido al confinamiento de la primera ola de la pandemia. Segundo, por la fuerte devaluación del peso. Y tercero, por aquellos que en 2020 adquirieron un terreno a precios accesibles en el área suburbana y lograron acopiar materiales con un dólar alto, que hicieron un excelente negocio”, agrega.

Sin embargo, su inmobiliaria con sede en General Pacheco registró una caída de operaciones en abril. “Las consultas se traducen en ventas solo para quienes ajustaron el precio. En Provincia, de cada 100 inmuebles publicados sólo logran vender dos”, dice.

Para Diego Lo Nigro, gerente de TGR Group que opera en la zona sur del Gran Buenos Aires, las zonas más demandadas son Ezeiza, Canning y San Vicente. “Las tres forman un corredor que está en franco desarrollo y que tiene precios más interesantes que otras áreas más consolidadas”, asegura. Pero también habla de un freno en las últimas semanas. “Lo que sucede es que a mediados del año pasado el costo de la construcción había quedado atrasado en dólares, por lo que vos podías vender una propiedad en Capital, mudarte a provincia y quedarte con un saldo”, dice Lo Nigro. “Hoy no sucede tanto eso, ya que por el aumento de la demanda subieron tanto el precio de los lotes como el de la mano de obra.”

En abril se firmaron 6.967 escrituras en provincia de Buenos Aires, lo que no solo representa una caída del 6,3% con respecto a marzo sino también una cifra por debajo del promedio de los últimos quince años.

A tiro de la ciudad
Si hay algo seguro es que el Covid-19 le dio un empujón a aquellos que estaban considerando a futuro vivir en un lugar más tranquilo y con mejor calidad de vida, y de allí el aumento de las consultas para irse a vivir a las afueras.

“Una tendencia muy clara producto de la pandemia es que departamentos sin balcón o internos se volvieron imposibles de vender”, dice Soledad Balayan, analista del mercado inmobiliario que sigue mes a mes la evolución de las operaciones de compraventa de uno y otro lado de la General Paz. Para Balayan, en los últimos meses hubo una mayor proporción de operaciones en el Gran Buenos Aires en detrimento de la oferta porteña. “Una hipótesis posible es que en momentos de crisis económica los precios de Capital ceden menos y que por eso se realizan menos operaciones que en Provincia”.

Las estrategias para atraer a los porteños parecen atractivas. Pozzi dice que en el centro de Tigre se ofrecen casas con tres ambientes, jardín chico y cochera desde 1.400 dólares el metro cuadrado. Lo Nigro, en tanto, asegura que en Canning se consiguen lotes por US$ 20.000 a los que se les pueden sumar otros US$ 70.000 para construir una casa de hasta 100 metros cuadrados. “Es decir que por menos de 100.000 dólares uno puede tener una casa propia, nueva, hecha a tu gusto y con ciertas comodidades que la vuelven apto pandemia. Creo que hoy seduce eso.”

¿Qué tan lejos llegan las mudanzas en pandemia? El límite parece imponerlo el cambiante derrotero del trabajo remoto. Habiendo dejado atrás el confinamiento estricto, buena parte de los sectores profesionales o de altos ingresos ingresaron en una “nueva normalidad” de esquemas mixtos donde se combina presencialidad con trabajo a distancia.

En ese sentido, la experiencia internacional puede dar algunas pistas. Un estudio del New York Times en base a 30 millones de pedidos de cambios de dirección al servicio postal de los Estados Unidos durante 2020 mostró un impacto muy limitado en los patrones migratorios. Lejos de haberse ido en masa hacia las zonas rurales, las personas que se mudaron lo hicieron a ciertas áreas de los suburbios o a otras ciudades más baratas pero con cierto movimiento. Para los autores, los mercados laborales en grandes urbes como Nueva York y San Francisco “podrían ampliarse para incluir ciudades más periféricas o comunidades satélite desde las que no tendría sentido un viaje diario, pero sí un viaje semanal.”

En otras palabras: el deseo por irse lejos no llega tan lejos, y Buenos Aires no es la excepción. “Acá hay dos cuestiones que funcionan como límites: no estar a más de una hora y cuarto en auto del centro, y segundo, igual de importante, tener una autopista cerca”, dice Pozzi.

De la casa de fin de semana a la casa a secas
“En Escobar hubo un incremento muy fuerte de venta de lotes, incluso por parte de emprendimientos que antes de la pandemia habían quedado más rezagados y que habían bajado los precios en un intento por vender”, revela Alberto Ramil, secretario general de la municipalidad.

Su distrito al noroeste de Buenos Aires no sumó tantos vecinos nuevos, pero sí porteños que tenían sus casas de fin de semana en barrios como El Cazador, Los Naranjos o Alta Vista y que se empezaron a quedar. “Hubo casos de quienes vinieron con su familia y ya se instalaron, aunque también están los que vinieron en 2020 en el marco de las restricciones y después se volvieron a Capital”, dice Ramil. Para el funcionario, este barrio a 50 kilómetros del Obelisco quedaba lejos para los oficinistas que tenían que tomar la Panamericana todos los días, pero ahora que están yendo una o dos veces por semana, la ecuación cambia.

En Pilar se observa un fenómeno similar, con la particularidad de que no se produce sobre nuevos desarrollos sino sobre infraestructura ya construida, sobre todo en countries y barrios cerrados. “Se empezó a dar una migración grande apenas abrió la cuarentena más dura. Ya casi no hay oferta de alquiler semipermanente para el segmento ABC1”, dijo el secretario de Infraestructura del municipio, Guido Bordachar.

“Hablamos de muchos porteños que aprovecharon las casas de fin de semana durante el ASPO y el DISPO y que cuando vieron que 2021 iba a ser igual al año pasado, mantuvieron el esquema”, agregó una fuente cercana al municipio que conduce Federico Achával. Menos frecuente es el caso de las mudanzas hechas y derechas. “Eso ya sería el caso del que quiere vender el departamentito en Colegiales y cambiarlo por una casa más grande con jardín”, ilustra la fuente.

Para el resto de los mortales entra a jugar el otro obstáculo local, acaso el más importante: el límite que imponen las condiciones macroeconómicas. Con el crédito hipotecario paralizado por el colapso del sistema UVA y el poder de compra en relación al salario en mínimos históricos (una persona que gana un sueldo promedio en Argentina necesita casi 20 años para comprar un departamento de 30 m²), los sueños verdes siguen sin materializarse.

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Efecto home office en CABA por la pandemia: persiste la desigualdad según nivel de ingresos y asoman nuevos "pequeños centros"

por Federico Poore
elDiarioAR, 10-05-2021

Antes de la pandemia, trabajar desde casa era un fenómeno poco extendido en Buenos Aires. Pero la súbita irrupción del Covid-19 obligó a implementar un experimento masivo de trabajo remoto, y de a poco comienzan a advertirse algunas de sus consecuencias.

Hacia noviembre del año pasado, más del 77% de las personas ocupadas de mayor nivel educativo de la ciudad estaban trabajando a distancia, en comparación con apenas 10% antes del inicio de la pandemia. Fue en noviembre precisamente cuando en el área metropolitana el gobierno decretó un pasaje al distanciamiento social tras largos meses de aislamiento obligatorio (ASPO).

Para entonces, las oficinas se habían vaciado. En áreas como Retiro, Puerto Madero, San Nicolás y Monserrat, más del 80% de los puestos de trabajo habían pasado a una modalidad remota, desatando una crisis en el microcentro que preocupa al oficialismo y a la oposición por igual.

En Constitución y San Cristóbal el pasaje al teletrabajo fue menos marcado, pero en áreas como Puerto Madero el 93% de los empleos calificados de la zona se estaban haciendo de manera remota.

 La contracara de este proceso fueron todos aquellos hogares cuyos integrantes adoptaron home office y que ahora pasan toda o casi toda la semana cerca de su vivienda, en particular en los barrios de Palermo, Caballito, Flores, Recoleta, Núñez, Colegiales y Villa Crespo.

Los datos forman parte de los resultados de una encuesta presentada como tesis de maestría en Economía Urbana en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), en la que más de 2.500 porteños ocupados con estudios secundarios o superiores compartieron detalles sobre sus prácticas laborales antes y durante la crisis del Covid-19.

Los límites del teletrabajo
La primera lección a extraer sobre cualquier estudio sobre trabajo remoto es que no todos pueden teletrabajar. Por motivos fácilmente comprensibles, apenas el 33% de los porteños cuyos trabajos implican “operación de maquinaria” estaban teletrabajando hacia noviembre de 2020, cifra que ascendía a más del 83% entre aquellas personas que operaban a diario “equipos y/o sistemas informatizados” (computadoras).

De la misma manera, en el estudio se observó una fuerte correlación entre el nivel educativo y el pasaje al home office. Así, las personas ocupadas con estudios secundarios tuvieron 31% menos de chances de teletrabajar que aquellos con estudios de posgrado o superiores. No por obvio es menos cierto: el teletrabajo es, sobre todo, un fenómeno de profesionales asalariados o freelancers. Esos hallazgos son compatibles con un informe reciente del Indec para el Gran Buenos Aires en el que “se observó la mayor implementación del trabajo remoto entre los jefes de hogar con terciario o universitario completo”.

Cabe destacar que el estudio solo abarca los hábitos laborales de personas que viven y trabajan en la Ciudad y no incluye a los cientos de miles de bonaerenses que acuden a sus empleos en territorio porteño todos los días y que conforman buena parte del grupo de trabajadores esenciales.

De manera interesante, no se encontró una correlación significativa entre la estructura del grupo familiar de convivencia y la adopción de prácticas de teletrabajo durante la pandemia. Dicho de otra manera, no se vieron grandes diferencias entre personas con hijos o sin hijos, en pareja o solteras, a la hora de pasar a modos remotos. Los grandes predictores de home office continuaron siendo el nivel educativo y el tipo de tecnología utilizada en el trabajo.

De crisis, oportunidades y desigualdades
Una de las hipótesis del estudio es que un menor volumen de desplazamientos al área central de negocios entre semana por parte de aquellos que se quedan trabajando desde sus viviendas podría alentar el surgimiento de nuevos subcentros. ¿Los motivos? Es razonable suponer que los trabajadores a tiempo completo que dejan de ir de lunes a viernes al microcentro pueden comenzar a realizar al menos una parte de los consumos que antes realizaban al interior del área central (restaurantes, cafeterías, deliveries, artículos de oficina, eventualmente tintorerías o gimnasios) en las cercanías de su hogar. Esto, a su vez, podría alentar comportamientos estratégicos por parte de negocios que buscan seguir la tendencias de concentración del consumo.

Justo antes de que el Covid atacara nuestra vieja normalidad, había dos áreas donde el fenómeno del trabajo remoto ya era incipiente. Por un lado, ciertas zonas de Palermo, Almagro, Villa Crespo, Recoleta y Balvanera en el centro geográfico de la ciudad; por el otro, un sector de Belgrano y Colegiales. Tras la irrupción de la pandemia, se sumaron varias otras, en especial una porción de Villa Urquiza, buena parte del barrio de Caballito y los alrededores de Parque Centenario, un área de Flores y partes de Núñez. Este último se agrupa con el resto de los barrios de la Comuna 13 para formar una suerte de “polo de home office” en la zona norte de la ciudad.

El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad, presentado en 2008 y en proceso de actualización, advertía la excesiva concentración de actividades en torno al micro y macrocentro. La mirada optimista, de esas que escasean por estos tiempos, es que los gobiernos y las empresas puedan aprovechar la pandemia para resolver este problema de larga data. Hay una pesimista, también: ¿qué pasará con la desigualdad norte-sur tras esta desconcentración, si las personas que más pueden teletrabajar resultan ser aquellas de mayor nivel educativo (un proxy para nivel de ingreso) y el “renacimiento” de los barrios y comercios de cercanía se limita a los sectores más acomodados de la ciudad? 


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Informe sobre el impacto de la Ley de Alquileres

- El valor de los alquileres en la Ciudad se incrementó casi 64% durante 2020, muy por encima de la inflación registrada en el mismo período.
- Resulta imposible calcular qué hubiese ocurrido de no existir la Ley de Alquileres, pero los especialistas aseguran que la nueva regulación generó una retracción de la oferta y un anticipo de mayores costos por parte de los propietarios que siguen en el mercado. La inflación, las sucesivas devaluaciones de los últimos años y la incertidumbre económica también afectan el precio de los alquileres.
- A diferencia de otros países, la Argentina no cuenta con una política pública de subsidios al alquiler ni de promoción para la inversión privada en vivienda social.

por Federico Poore

Chequeado, 20-04-2021


El 31 de marzo último, venció el decreto del Gobierno nacional que congelaba los precios de los contratos de alquiler en todo el territorio nacional. De esta manera, los inquilinos que habían optado por sostener el valor de sus alquileres a marzo de 2020 deberán pagar las diferencias acumuladas en entre 3 y 12 cuotas mensuales. Este nuevo escenario se da mientras se conocen cifras negativas en el mercado de alquileres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un incremento de hasta 63,7% en los últimos 12 meses, muy por encima del 36,1% de inflación que hubo en el mismo período, según estadísticas del Gobierno porteño.

Algunos legisladores y especialistas (ver acá, acá y acá) aseguran que los aumentos se explican por la sanción, en junio de 2020, de una Ley de Alquileres que impuso mayores regulaciones y restricciones para arrendar un inmueble, además de un plazo mínimo de 3 años en los contratos y una fórmula que actualiza los valores según un índice que pondera la inflación (IPC) y el salario promedio del empleo registrado en el sector privado (RIPTE). ¿Qué hay de cierto en este argumento?

Debate sobre impactos en los precios

“Es algo pronto para decir que todo el aumento en precios se debe a la ley. Veníamos de una devaluación y en el medio ocurrió una pandemia, que generó un cambio de precios relativos de vivienda”, explicó a Chequeado Cynthia Goytía, directora del Centro de Investigación en Política Urbana y Vivienda de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

“La falta de crédito hipotecario hace que más hogares deban solucionar su necesidad de vivienda en el mercado de alquiler, a pesar de que se suman al mercado las unidades que antes se ofrecían al turismo en plataformas de alquiler. También algunas condiciones de incertidumbre y el congelamiento de alquileres pueden afectar al alza los precios cuando se negocian los nuevos contratos”, continuó.

Sin embargo, Goytía aclaró: “Dicho esto, la Ley de Alquileres introdujo mayores aumentos de costos, como la comisión que ahora debe afrontar el propietario, y todo eso indudablemente tuvo un impacto en aquellos precios que antes se convalidaban negociando entre privados”.

Para Goytía, hasta el momento de la sanción de la norma los contratos se realizaban en el mercado por valores que difícilmente sobrepasaban a la inflación (ver gráfico en este artículo). “La ley formaliza una indexación que es, en muchos casos, mayor a lo que se negociaba”, afirmó.

Julián Folgar, economista y profesor de Finanzas Públicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), concluyó que desde 2010 los precios de los alquileres aumentaron por debajo de lo que hubiese ocurrido de haberse aplicado la nueva fórmula que estableció la Ley de Alquileres, la cual combina la evolución de la inflación y la de los salarios promedio.

Con respecto al fuerte incremento en los alquileres observado en los últimos meses, Folgar aseguró que “no está estrictamente vinculado con la nueva fórmula (eso se va a ver con el tiempo), sino con el previsible salto del precio inicial como cobertura de los (nuevos) mayores costos/regulaciones, y fruto de la menor oferta”.

Nicolás Segal y Ariel Lieutier, economistas del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) -que depende de la Fundación Germán Abdala (de ATE Capital)-, sostuvieron que los aumentos “son el resultado tanto de causas de corto plazo (inflación, atraso de alquileres luego de su congelamiento por la pandemia) como de largo plazo (dinámica de valuaciones inmobiliarias desacoplada del nivel de salarios)”. En cuanto al impacto de la nueva legislación, los autores reconocen que, tras la sanción de la Ley de Alquileres “si la o el propietario del inmueble se considera afectado por la actualización del índice, puede retirar su propiedad del mercado al vencimiento del contrato y luego realizar una oferta a mayor precio”.

Sin embargo, Segal y Lieutier advirtieron que las cifras compiladas por la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad -que estimaron aumentos de 53,8% durante 2020 para departamentos de 2 ambientes usados y de 63,7% para departamentos de 3 ambientes- se basan en las variaciones de precios de 5.300 propiedades publicadas en el portal Argenprop sobre un total de 450 mil hogares que residen en viviendas alquiladas (ver datos), por lo que “no necesariamente representan lo que ocurre en el mercado inmobiliario”.

En resumen, si bien no todos los incrementos en los precios son imputables a la nueva Ley de Alquileres, los especialistas aseguran que la norma ya comenzó a tener un efecto en los precios mediante una doble vía: como cobertura de mayores costos y como consecuencia de una disminución en la oferta.

“Como propietario estás comprometiendo un inmueble en una situación de incertidumbre durante un plazo muy largo”, explica Goytía.

 

Una alternativa no explorada

En el capítulo argentino del documento “Busco casa en arriendo”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los especialistas Eduardo Reese, Florencia Almansi, Julieta del Valle y Andrés Juan aseguran que la política de alquiler social no está plenamente desarrollada en la Argentina y recomiendan una serie de medidas de promoción pública que amplíen las opciones de acceso a la vivienda digna en el país, incluyendo políticas de gestión del suelo y aliento a la construcción de vivienda para alquiler.

En Chile, el gobierno de Sebastián Piñera lanzó en 2013 un plan de subsidios al alquiler conocido como “Chao Suegra”. Destinado a personas de entre 18 y 30 años, el programa buscaba reducir el hacinamiento haciendo que los jóvenes inquilinos paguen únicamente una diferencia entre el abono mensual que les otorga el Estado y el valor total de su renta.

En Uruguay, uno de los cambios más recientes en materia de políticas fue la promoción de la inversión privada en vivienda social y el establecimiento de beneficios adicionales para quienes destinen dichas viviendas al alquiler, incluyendo la exención del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). Entre los grupos objetivo prioritarios del programa se encuentran los jóvenes trabajadores, los estudiantes y los repatriados.

“Hoy en día, 1 de cada 5 personas [en América Latina] alquilan y muchas veces la vivienda de alquiler es de mejor calidad que la que pudieras comprar”, explicó Mildred Rivera, especialista en comunicación del Sector de Conocimiento, Innovación y Comunicación del BID, y agregó: “La promoción de la vivienda de alquiler es una opción viable que debe beneficiar tanto al arrendador como al arrendatario”.


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Pico de casos en CABA: comercios cerrados, zooms, disputas por el espacio verde y más ventilación en el transporte

Se prevén cambios en el empleo y el transporte en la ciudad de Buenos Aires. La menor actividad comercial en el área central, desigualdad en el regreso al home office y conflictos ante la escasez de espacios verdes serán algunos de los desafíos.

por Federico Poore
elDiarioAR, 28-03-2021

 

Las pandemias suelen convertirse en catalizadoras de cambios urbanísticos, acelerando tendencias preexistentes y generando cambios de largo aliento que se imprimen sobre la historia de las ciudades. Pero mientras Argentina se prepara para la segunda ola de Covid-19, las preguntas sobre el impacto inmediato del nuevo escenario sobre Buenos Aires se vuelven más urgentes.

“El cambio más notorio está teniendo lugar en el microcentro”, explica a elDiarioAR Fernando Bercovich, sociólogo y especialista en temas urbanos. “Allí funcionan las principales dependencias públicas y una parte importante del sector servicios, que el año pasado se adaptó rápidamente a esquemas de teletrabajo.”

Las postales de bares que cierran y locales comerciales con las persianas bajas podrían volverse más comunes si los niveles de actividad en el área central se apagan una vez más. Según estadísticas del Gobierno de la Ciudad, uno de cada tres ocupados trabajaron desde su domicilio durante el cuarto trimestre de 2020, momento en el que el área metropolitana ya estaba pasando del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a un esquema de distanciamiento social (DISPO). Para desgracia del sector comercial del microcentro, el trabajo remoto parece ser cada vez más atractivo tanto para empleados como para empleadores. “En los últimos meses, muchas de las empresas que alquilaban oficinas en el microcentro dejaron de hacerlo, y la cuenta les cerró tanto económica como organizacionalmente. Este fenómeno, que apareció durante el ASPO, va camino a convertirse en algo más permanente”, dice Bercovich.

Claro que la posibilidad de hacer teletrabajo no es extensible a todos los rubros. Sectores como los financieros, de seguros, de información y comunicación y profesionales están mejor preparados para una “mudanza acelerada” al mundo virtual, mientras que los rubros manufactureros, de almacenamiento y de la construcción cuentan con mayores dificultades para pasar al mundo virtual. De hecho, de acuerdo con un informe de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), el 40% del total de empleos del país tiene un potencial nulo para pasarse al teletrabajo. Es decir que el nuevo escenario trae rupturas y continuidades.

Desplazamientos y conflictos
En términos de movilidad, el Secretario de Transporte y Obras Públicas de CABA, Juan José Méndez, confirmó este mes que el transporte público “seguirá siendo sólo para esenciales”, aunque se prevén mayores controles en colectivos por parte de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) para evitar que haya más de 10 personas paradas viajando y para comprobar que se cumpla la obligación de mantener las ventanillas abiertas. El desafío ahora que comienzan los fríos es que las personas salgan de sus hogares debidamente abrigadas y resistan el impulso por impedir la circulación de aire en el transporte público.

Aquellos que busquen evitar el transporte público y no quieran (o puedan) dejar una porción importante de sus ingresos en taxis continuarán engrosando el pasaje hacia modos activos de movilidad, caminando más o aprovechando la última intervención importante en la trama urbana de la ciudad: las bicisendas de las avenidas Córdoba y Corrientes. Si bien inicialmente se las anunció como parte de una experiencia piloto, fuentes de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad confirmaron a elDiarioAR que esas ciclovías de mano única “llegaron para quedarse”. Aunque de continuar el boom de la bici, los viajeros podrían encontrarse con embotellamientos de bicicletas, en especial en tramos de Palermo, Parque Saavedra y sectores de la avenida Libertador (en especial en los cruces con Olleros y Sarmiento), ya que a pesar de la multiplicación de viajes no hay fecha de inicio de obra para nuevas bicisendas.

Un último tema que viene ganando espacio en la agenda pública, y que podría ser clave de cara a la segunda ola, es la falta de espacios verdes públicos para el disfrute de aquellos más afectados por un regreso al encierro. Buenos Aires no solo cuenta con pocos metros cuadrados de áreas verdes por habitante sino que además existen varios barrios en la ciudad donde las plazas y parques brillan por su ausencia. “El creciente consenso en la materia es que deberías tener un espacio verde usable a 10 minutos de caminata de tu casa o menos. Ese sería el número mágico a partir del cual la gente los incorpora en su vida cotidiana”, dice Antonio Vázquez Brust, consultor en análisis de datos para proyectos urbanos. En su Atlas de Espacios Verdes hecho para la Fundación Bunge y Born, Vázquez Brust muestra cómo importantes segmentos de la población de Almagro, Boedo y Villa Crespo (entre otros barrios) están demasiado lejos del espacio verde público más cercano.

En este contexto, Bercovich cree que en los próximos meses podrían aumentar las disputas por el uso de ese espacio, como ya se observa en algunas de las plazas más concurridas de la ciudad, donde personal trainers, instructores de zumba y hasta profesores de taekwondo compiten por las escasas porciones de espacios públicos al aire libre y terminan por expulsar a quienes hacen un uso no comercial de los parques. “Sería raro no ver escenarios de conflictos”, concluye.

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El temor al transporte público duplica el uso de bicicletas, pero las obras de ciclovías están paradas

En la Ciudad este año se realizaron medio millón de viajes, casi el doble que dos años atrás. Pero se frenó el presupuesto para los 95 kilómetros de nuevas bicisendas que se habían prometido

por Federico Poore
elDiarioAR, 13-02-2021

 

Resulta difícil hablar de legados en medio de una pandemia mortal, pero es posible que los porteños recuerden los primeros meses de 2021 como el verano en el que todos nos subimos a una bici. Según cálculos del gobierno de la Ciudad, este año se realizarán medio millón de viajes en bicicleta, casi el doble que dos años atrás. Mientras persisten los temores a viajar en transporte público, no son pocos los trabajadores y empleados que encontraron en los rodados una alternativa al colectivo o al subte. En los barrios, las bicicleterías no dan abasto con los pedidos.

La construcción de nuevas ciclovías –marca de la gestión macrista, que diez años atrás era una medida de avanzada en la región– hoy está frenada.

En el marco de la disputa por la coparticipación de recursos, la Ciudad anunció que suspendería la construcción de 95 kilómetros de ciclovías previstas para este año. Hace seis meses que la red de Buenos Aires está clavada en 267 kilómetros, la mitad que la ciudad de Bogotá.

“Necesitamos rediscutir el plan de movilidad sustentable de la ciudad. Algunas acciones van en la dirección correcta, pero otras contradicen esta idea”, explica a elDiarioAR Martín Lemma, investigador del Conicet y doctor en estudios urbanos por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). “Una de las primeras cosas que recortaron del plan de obras públicas fueron las bicisendas, cuando todos sabemos que su peso en el presupuesto es ínfimo”, sostiene. Fuentes consultadas para esta nota hablan de un costo aproximado de 2 millones de pesos el kilómetro de ciclovía (unos 21.000 dólares al tipo de cambio oficial).

Para Lemma, las ciclovías de sentido único en las avenidas Córdoba y Corrientes implementadas en septiembre (las últimas inauguradas hasta el momento) fueron una decisión acertada por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. “Son bicisendas que van y vienen desde y hacia el centro, tienen un ancho mayor y permiten un flujo más rápido. Pero, ¿es suficiente? No, porque cuando salís del ‘área de influencia’ de estos circuitos te das cuenta que te quedaste corto,” explica el integrante del espacio activista Ciudad Posta. “Son muchas las personas que ya decidieron no ir por ciertos lugares con bicisendas porque están explotados de gente, entre ciclistas ‘clásicos’ y repartidores de Rappi. Estas personas están empezando a usar calles alternativas.”

El programa de construcción de ciclovías comenzó en 2009 durante la gestión de Mauricio Macri, pero hay barrios donde aún no llegaron y otros –como Devoto, Villa del Parque, Mataderos o Barracas– donde su presencia es apenas testimonial. Inicialmente resistidas por automovilistas y hasta por la oposición (el candidato kirchnerista Daniel Filmus generó revuelo en la campaña 2011 al prometer que iba a sacar “muchas de las bicisendas” si ganaba), hoy las principales críticas públicas vienen por el lento avance de las obras.

En septiembre, el legislador del Frente de Todos Manuel Socías presentó una iniciativa para construir una red de bicisendas en las avenidas San Juan y Directorio. “El trazado en estas avenidas resulta fundamental dado que presenta características de troncalidad al tejido urbano de la ciudad y de intermodalidad con las líneas de colectivo y de subte”, explicaba en sus fundamentos. El proyecto nunca fue tratado.

Consultado por elDiarioAR, el secretario de Transporte de la Ciudad, Juan José Méndez, dijo que “si bien se redujo el presupuesto que estaba destinado a distintas obras públicas proyectadas, en el caso de la extensión de la red de ciclovías es probable que durante 2021 se avance con la incorporación de algunos kilómetros de infraestructura”. Sin embargo, agregó que “todavía están en análisis las trazas y no hay fecha de inicio de obra.”


EcoBici y créditos que van y vienen

Pero no todo puede medirse en kilómetros de ciclovías: otros programas también contribuyen a que cada vez más porteños se pasen a la bicicleta. En 2012 el gobierno lanzó un plan de 50 cuotas sin interés para la compra de nuevos rodados pagando con tarjetas del Banco Ciudad. Siete años después, ya durante la gestión de Rodríguez Larreta, el gobierno anunció que hasta ese momento había financiado la compra de 55.000 rodados. A primera vista la cifra parecía positiva. Pero dividida por el tiempo que el plan estuvo en funcionamiento, el resultado fue que se vendieron apenas 611 bicicletas por mes. Al poco tiempo, ese apoyo se redujo a un programa de 12 y 24 cuotas fijas, donde al precio a financiar se le sumó un 10 o 20 por ciento de recargo según el comercio. Este mes el Banco Ciudad relanzó el programa, ofreciendo hasta 36 cuotas sin interés.

En paralelo, el gobierno desarrolló y mantuvo un sistema de alquiler conocido como EcoBici, que en el último tiempo se encontró con algunos cuellos de botella. Si bien el plan prometía 400 estaciones y 4.000 bicicletas, el año pasado y en el marco de la pandemia se redujo a 200 estaciones y un máximo de 1.555 bicis disponibles según los propios datos oficiales, mientras en redes se multiplicaban los reclamos por la imposibilidad de usar el servicio. Inicialmente ofrecidas de manera gratuita –una rareza entre las grandes ciudades–, en octubre se anunció que el programa pronto comenzará a ser pago para todos los usuarios los fines de semana y para turistas durante los días hábiles. Méndez dice que en los próximos meses el sistema irá reincorporando postas hasta llegar a las 400 estaciones originales.

“El sistema EcoBici mejoró porque mejoró el sistema de inscripción”, dice Lemma. “Antes cualquier persona podía registrarse solo con DNI, incluso si se encontraba uno tirado en la calle, y retirar una bici. Ahora se mejoró el registro y se instaló GPS con rastreo en tiempo real en las unidades, y como resultado bajó el robo de bicicletas públicas”.

Los robos son, de hecho, el otro gran tema de preocupación entre los ciclistas. El año pasado la Ciudad reportó un detenido cada 16 horas por este tipo de hechos, cifra que sin dudas es una subestimación dado que muchos de estos delitos no son denunciados. Frente a este fenómeno, no hubo durante estos años planes para la construcción de guarderías públicas para bicicletas, tal como viene denunciando desde 2016 la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

“Muchos de los sistemas integrados de las ciudades que admiramos ofrecen estaciones de bicis enormes y seguras. Si no se avanza con eso, el tema de la integración con el transporte público hoy aparece casi como imposible”, opina el especialista en desarrollo sustentable Pablo Güiraldes.

El gobierno porteño asegura que esto está por cambiar. “Uno de los puntos que contempla la ley aprobada a fines de 2020 es la creación de una red de estacionamiento y guardado para los ciclistas que se mueven en su bicicleta particular”, revela Méndez en referencia a una ley aprobada en noviembre que busca “radicalizar el cambio cultural” que supone el uso de la bicicleta como medio de transporte. El funcionario asegura que “se está avanzando” en conversaciones con empresas del sector privado interesadas en invertir en soluciones de este tipo. La ley también prevé la creación de un Fondo para el Desarrollo de Micromovilidad, aunque el secretario de Transporte no supo decir con qué presupuesto contará ese fondo. “Aún se está transitando la primera etapa de implementación”, se excusó.
 

Cambios de mentalidad

Güiraldes fue coordinador hasta 2019 del proyecto local de “supermanzanas”, una idea tomada de la agencia de Ecología Urbana de Barcelona que contemplaba cerrar al tráfico conjuntos de cuatro por cuatro manzanas, donde las calles interiores pasan a ser prioridad para el peatón. Durante casi dos años su oficina produjo varios estudios con el objetivo de implementarlas en Primera Junta, Constitución, Tribunales y Once, pero el gobierno nunca avanzó con el proyecto. “Había otras prioridades y otras urgencias. Y el lobby de los autos es fuertísimo”, explicó más tarde en una columna en el diario La Nación.

En el oeste de la ciudad, otro proyecto también quedó inconcluso. En octubre de 2018, y en el marco de la Conferencia Internacional Walk 21 celebrada en Bogotá, el gobierno porteño anunció que el barrio de Villa Real se convertiría en la primera de las “áreas 30”, es decir, zonas en las que la velocidad máxima en calles sea de 30 kilómetros por hora. Este plan piloto, que incluía la construcción de bicisendas y la instalación de chicanas reductoras, tenía por objetivo reducir el alto nivel de siniestros viales del área. Sin embargo, el plan encontró fuertes resistencias entre los vecinos y al poco tiempo fue abandonado.

Según Güiraldes, los planes de peatonalización, moderación del tráfico y reducción de velocidad tuvieron más éxito en los barrios comerciales que en los residenciales. “La gente quiere llegar hasta la puerta de la casa en auto. No le gusta que se le metan más de lo necesario”, se lamenta. 

 

Un desafío de escala metropolitana

El transporte en las grandes urbes es un desafío metropolitano y el consenso entre los especialistas es que el gran problema de Buenos Aires es la falta de coordinación entre la ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación.

Además de las bicisendas, hoy el AMBA concentra 390 líneas de colectivos, 79 kilómetros de Metrobus, 62 kilómetros de subterráneo (todos en la Ciudad) y más de 800 kilómetros de vías ferroviarias. El Gobierno de la Ciudad hoy controla dos modos (EcoBici y subte), pero no opera el tren ni puede decidir los recorridos de los colectivos, medio que concentra el 80 por ciento del total de viajes y que hoy está en manos del gobierno nacional.

Las fuentes consultadas aseguran que lo primero que debería hacerse es un estudio para un plan de movilidad integral coordinado por la Agencia de Transporte Metropolitana. La última encuesta de movilidad domiciliaria (ENMODO) públicamente disponible data de 2009.

Para el arquitecto y urbanista Pablo Güiraldes, no es mucho lo que están haciendo los intendentes del Gran Buenos Aires. “Los mismos partidos que tienen el mejor sistema del tren (Retiro-Tigre) y el Tren de la Costa no están avanzando en ese sentido. No sería imposible desarrollar una red de bicisendas que vaya lo más paralelo posible a las vías o una guardería de bicis al lado de la estación de tren”, ilustra. “La coordinación intermodal es la que más cuesta. Pero hay zonas donde podrías hacer un efecto demostración.”  

 

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Pese a las promesas de Larreta y Kicillof, el juego online avanza en Ciudad y Provincia

En la Capital Federal, el jefe de Gobierno negoció con sus aliadas Carrió y Ocaña a partir de marzo. El gobernador bonaerense retomó un concurso organizado por su predecesora: ganaron Angelici, Cristóbal López, Mautone y Boldt.

por Federico Poore
elDiarioAR, 30-01-2021


Un negocio recorre la Argentina en pandemia: las apuestas en línea. Las fuerzas de la historia, que incluyen el prolongado cierre de bingos y casinos, las necesidades de las arcas públicas y la naturalización del entretenimiento en el hogar, se unieron para hacerlo avanzar.

En Ciudad de Buenos Aires, el vicejefe Diego Santilli había dicho que estaba “en contra del juego”, pero su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, autorizó la modalidad online, hasta entonces prohibida, que podría comenzar a funcionar en marzo. En Provincia, el Gobierno de Axel Kicillof mandó a decir a los trabajadores de los casinos que no se avanzaría con un proyecto armado por María Eugenia Vidal, pero al filo del cierre del año firmó una resolución que finalmente le adjudicaba licencias a 7 operadores, incluyendo empresas vinculadas a Daniel Angelici, Cristóbal López y Daniel Mautone, y la tradicional Boldt. Quedó afuera la española Codere, principal operadora de bingos bonaerenses que vive una grave crisis financiera que va más allá de la pandemia.

“Las necesidades financieras de la Ciudad y la Provincia aceleraron la puesta en funcionamiento del online, en medio de una despreocupación general por el tema de la ludopatía”, dijo a elDiarioAR Walter Martello, defensor del pueblo adjunto de la provincia.

El proyecto de Vidal, un concurso para que siete empresas comiencen a operar en este negocio no regulado, había quedado en stand by tras su derrota en las elecciones de 2019. “La provincia no es Las Vegas y no queremos que cada casa se convierta en un casino”, dijo la entonces senadora provincial Teresa García (hoy ministra de Gobierno). Al asumir, Kicillof tomó distancia del proceso y hasta modificó la carta orgánica del Instituto de Loterías para recortarle poder a su titular, el contador Omar Galdurralde.

Mientras tanto, y con las salas cerradas por la pandemia, algunos representantes gremiales recibieron, aliviados, señales de que el juego online no iba a ser prioridad. Pero el 31 de diciembre apareció en el Boletín Oficial provincial una resolución que listaba a las 7 adjudicatarias, avanzando efectivamente con el proceso. “Lo tomamos muy mal. Nos venían diciendo que no era de agenda inmediata”, explicó a elDiarioAR Pablo Gelves, trabajador del Casino Central de Mar del Plata y miembro de la agrupación Agustín Tosco. “Se ve que entre la presión que ejercieron los empresarios y la necesidad de liquidez terminaron cediendo”, agregó.

Silencio

Cerca de Kicillof prometieron averiguar la versión oficial del cambio de postura, pero finalmente optaron por el silencio. “No vamos a realizar declaraciones al respecto”, se excusó una vocera. La movida fue una victoria del sector de Galdurralde, un hombre de Martín Insaurralde y cercano al binguero Daniel Mautone, pero también se leyó como un triunfo en Juntos por el Cambio, que desde 2019 venía impulsado el negocio por medio de Fernando Rovello, número dos de Lotería durante la gestión Vidal y hombre de Angelici. Casualidad o no, la resolución del Instituto llegó al mismo tiempo que los votos macristas para la aprobación del presupuesto provincial.

Angelici y Mautone, socios bingueros en las salas de Ramallo y Pergamino, tienen sangre joven en el online: Sebastián Mautone, uno de los hijos de Daniel, socio 151.737 de Boca y excandidato a vocal por la lista de Christian Gribaudo que perdió las últimas elecciones en el club. Entre las empresas adjudicatarias también aparecen Boldt, dueña del Casino Trilenium de Tigre; Argenbingo S.A. de Nazareno Lacquaniti, titular del Bingo Luján y aliado al gigante internacional Bet365; la empresa Pasteko S. A., de Gastón Stefani, titular de dos bingos en Berazategui; y Hotel Casino Tandil S.A., que a pesar de su nombre legal administra una serie de salas en la provincia de Catamarca. Estas dos últimas aparecen vinculadas al empresario futbolístico Gustavo Ranucci, ex vicepresidente de la Cámara de Bingos bonaerense y hombre cercano al conductor televisivo Marcelo Tinelli.

Para ingresar, cada una de las empresas deberá poner 65 millones de pesos de canon a dividirse en los próximos dos años y pagar, una vez habilitado el negocio, un 8 por ciento de ingresos brutos más otro canon variable del 2 por ciento de la ganancia neta.

Para las arcas provinciales, es dinero fresco en época de crisis. Para los empresarios del rubro, la noticia más importante del gaming de Latinoamérica en lo que va del mes.

Idas y vueltas en la Ciudad

El gobierno de Larreta también actuó en base a una escala de valores, al menos, flexible. Su proyecto original de apuestas en línea dejaba fuera del negocio a los titulares de las salas de juego físicas en la Ciudad: el Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante de Puerto Madero, ambas con estrechos vínculos con Cristóbal López. El año pasado, con la crisis sanitaria y las salas cerradas, se activó una negociación política para permitir que estos operadores también puedan ingresar a la licitación.

Ante la presión de sus aliados “transparentistas” (la Coalición Cívica de Elisa Carrió y el bloque Confianza Pública de Graciela Ocaña), el oficialismo en la Legislatura encontró una solución elegante al entuerto y votó una modificación que levantaba la exclusión de estas dos empresas de juego presencial al tiempo que incluía una cláusula de “ficha limpia” que impediría la participación en el negocio de personas condenadas por delitos graves o contra la administración pública: un claro intento por despegarse de López en caso de que siguiera teniendo una participación en el negocio del juego.

El socio del Grupo Indalo asegura que ya no opera el negocio y quedó en manos de su socio Ricardo Benedicto. ¿Resultado? Los bloques de Carrió y Ocaña votaron a favor del cambio de criterio del larretismo, la izquierda votó en contra y el Frente de Todos se abstuvo.

Sebastián Vivot, gerente de Modernización de la Lotería de la Ciudad (Lotba), dijo que el proceso para habilitar a 12 operadores está “avanzado” y que las primeras plataformas empezarán a funcionar antes del final del primer trimestre. “Hay doce empresas que ya han pagado la tasa administrativa que les permite participar y aspirar a un permiso a una agencia de juego en línea”, explicó. En lugar de un canon, la recaudación porteña se estructura en torno a un porcentaje de lo apostado más un 6 por ciento de Ingresos Brutos. Fuentes de Lotba aseguraron a elDiarioAR que este año esperan recaudar entre $600 y $800 millones.

Dudas a futuro

El defensor adjunto Martello, autor del libro No va más, dice que la habilitación del negocio en ambos distritos deja muchos aspectos sin discutir, como las limitaciones a la publicidad y el futuro de las apuestas deportivas “en un país donde el juego está delegado a las provincias, pero el fútbol es regulado por una entidad federal como la AFA.”

En la provincia de Buenos Aires, donde viven más de 16 millones de personas, funcionan apenas 10  centros de atención y asistencia al juego compulsivo, la mayor parte de ellos en el conurbano. “Es decir que si una persona tiene problemas de juego patológico en General Villegas, para poder recibir ayuda profesional gratuita y personalizada deberá viajar más de 280 kilómetros hasta el centro más cercano, que en este caso está en Pergamino”, graficó.

La otra preocupación es el destino de las salas físicas. No son pocos los trabajadores de bingos y casinos que temen por sus puestos de trabajo ahora que al miedo por la pandemia y las aperturas con aforo reducido se le sumará la opción de apostar desde la comodidad del hogar. Los flamantes operadores en línea lo niegan. “Son públicos distintos. Las apuestas online apuntan a un público joven que hoy casi no va a las salas”, explicó el director de una de las empresas adjudicatarias con 25 años en el rubro. Otro operador festejó en el anonimato. “El online no es un mal negocio”.

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Treinta y dos hectáreas con vista al río, eje de la controversia entre Gobierno y vecinos en Costa Salguero

Mientras el metro cuadrado se cotiza, en promedio, a US$ 2500 en la ciudad, expertos denuncian la intención de convertir a la Costanera en "un paisaje de ostentación y privilegio" que cuadruplicaría ese valor.

 

por Federico Poore

elDiarioAR, 19-12-2020 



Un proyecto urbano que incluye la venta de tierras públicas a metros del Río de la Plata es el eje de una encendida disputa que enfrenta al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, aprobada en la Legislatura en primera lectura con votos del oficialismo y sus aliados. Ahora se discute en audiencias públicas en las que la mayoría de los participantes reclama que toda el área se convierta en un espacio público de acceso libre. ¿Qué es exactamente la “rezonificación” de Costa Salguero y por qué genera tanta controversia?

“Lo primero que hay que destacar es que este proyecto propone usos privados en tierras públicas. Permite y alienta la construcción de una hilera de edificios a lo largo de 800 metros de la avenida Costanera”, explica en diálogo con elDiarioAR Bárbara Rossen, coordinadora de Derechos Urbanos de la Defensoría del Pueblo porteña.

Concretamente, el oficialismo propone una reclasificación de usos de 32 hectáreas de terrenos públicos linderos al río que forman parte de los predios de Punta Carrasco y Costa Salguero. Hoy funcionan allí clubes, boliches, estacionamientos y un centro de convenciones gracias a una serie de cuestionadas concesiones a operadores privados que llegarán a su fin en 2021. Por primera vez en tres décadas, estos terrenos vuelven al dominio público. La pregunta es qué hacer con ellos.

La propuesta del gobierno de Rodríguez Larreta consiste en vender parte de esas tierras y permitir en un sector de Costa Salguero la construcción de hoteles, viviendas y comercios en edificios de hasta nueve pisos. Los tres cuartos restantes quedarían como un parque. “Pero para que las personas lo usen es necesario que el espacio esté preparado, que tenga infraestructura y que haya movimiento”, argumentó Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, durante la primera jornada de audiencias que tuvo más de siete mil inscriptos. Según el funcionario, habrá un 74% destinado al parque que se va a complementar con otro 26% de usos “que favorecen la concurrencia y la permanencia, como locales gastronómicos y culturales”, los cuales se espere que lleven “más seguridad” a la zona.

El arquitecto Miguel McCormack, socio y director del estudio McCormack Asociados, coincide con el concepto. “Un parque necesita tener sus bordes activos para ser útil. Los bordes se activan con la mezcla de usos que aseguran los edificios, es decir, la inversión privada, y estos usos se deben complementar y distribuir a lo largo del día y del año”, dice, y ejemplifica: “Viviendas, trabajo, comercio, gastronomía, recreación, cultura, servicio, todas estas actividades ocupan distintas franjas de tiempo y, mezcladas correctamente, favorecen la vida social en los espacios abiertos por afuera de los edificios, que es lo que acá resulta relevante. Un parque separado de la ciudad me resulta un esfuerzo estéril.”

Varios de los arquitectos, urbanistas y paisajistas que participan de las audiencias se oponen a este razonamiento. “El problema del gobierno es asociar vitalidad con consumo, pensar automáticamente que la forma de ‘revitalizar’ el área es meter un Starbucks o edificios de oficinas”, sostiene Maria Jose Leveratto, integrante del Colectivo de Arquitectas que se opone al proyecto. “Un parque público bien mantenido no debería tener problemas de seguridad. Se pueden pensar un montón de otros usos públicos para el parque, desde actividades sociales, culturales y hasta escolares.”

 Según el proyecto oficial, los usos permitidos en Costa Salguero incluyen -además de los residenciales- una amplia gama de servicios y comercios, que van desde hoteles cinco estrellas, armerías, pinturerías, casas de remates hasta locales de venta de motos, autos, aviones y embarcaciones. Todo planteado en una serie de edificios compactos, que del lado más cercano a Aeroparque tendrán unos seis pisos de altura y con una capacidad constructiva en progresivo aumento hasta que del extremo opuesto se permiten construcciones de hasta 29 metros, es decir, planta baja más ocho pisos. Mientras tanto, en Punta Carrasco se habilita la construcción de un helipuerto. La oposición denuncia que se trata de un “barrio náutico.”

“Este proyecto viene traccionado por una manera de gestionar del gobierno porteño, un masterplan invisible que va colonizando sectores de la ciudad por medio de cambios de normativas y ventas a desarrolladores”, explica Mauricio Corbalan, urbanista y miembro fundador del grupo de investigación m7red. “En muchos casos la ciudad se encuentra con que tiene que desarrollar sectores, pero no tiene la potencia política para hacerlo. El esquema arranca con que el privado tiene una idea, propone modificar la normativa para hacerlo y el gobierno vende la idea. A lo mucho, si ciertas capas de la población presionan mucho, se hace un concurso de arquitectos. Pero las demandas de los que usan la ciudad no son atendidas.”

Desde la Defensoría, Rossen enmarca esta propuesta como parte de una política sistemática de venta de terrenos públicos a desarrolladores privados. Según cifras del legislador Juan Manuel Valdés (Frente de Todos), en sus ocho años como jefe de gobierno Mauricio Macri remató 205 hectáreas de tierras públicas, a las que se le sumaron otras 267 hectáreas en apenas cuatro años de gestión de Rodríguez Larreta.

“El paisaje que se piensa construir en Costa Salguero es un paisaje de ostentación y privilegio, hablamos de viviendas valuadas entre 9 mil y 12 mil dólares el metro cuadrado”, dice Rossen. Según un informe reciente del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, el metro cuadrado promedio en la ciudad ronda los 2.500 dólares. “Los bienes y los espacios públicos son la oportunidad que tienen los Estados para dar un poco de justicia urbana, y acá se está desperdiciando esta oportunidad”, concluye.

 

Tres momentos, la misma estrategia

La rezonificación de Costa Salguero es la tercera parte de una saga que comenzó en 2018 con la aprobación del llamado “Distrito Joven”, un plan del gobierno porteño que habilitaba la instalación de locales gastronómicos, bares y boliches en tierras ganadas al río con el objetivo de revitalizar la franja costera. El plan dividía el área entre el Parque de la Memoria y Costa Salguero en cinco sectores y el gobierno aseguraba que para la explotación de estos locales buscaría un modelo de concesiones a operadores privados.

Esto cambió radicalmente en diciembre de 2019, cuando el oficialismo porteño aprobó, en soledad y en una de las últimas sesiones del año, un proyecto de ley para la venta (ya no concesión) de los terrenos del sector 5, donde hoy funcionan las concesiones de Costa Salguero. Con la firma del propio Horacio Rodríguez Larreta, y con la intención de “llevar adelante una política de austeridad respecto al patrimonio inmobiliario de la Ciudad”, el proyecto habilitaba el desarrollo urbanístico en hasta el 35% del sector, aclarando que las edificaciones no podrían superar los cuatro pisos de altura debido a cercanía al aeroparque Jorge Newbery. La votación ocurrió en medio de reclamos generalizados de la oposición. "Esta sesión parece un pijama party de venta de tierras”, dijo el legislador Gabriel Solano. Pero eso no sería todo.

Tras la autorización para la desafectación del dominio público, y en plena pandemia, las autoridades locales firmaron un convenio con la Sociedad Central de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y lanzaron un “concurso de ideas” para ese sector de la Ciudad. Luego de discutir el proyecto ganador con el estudio Franck-Menichetti, el larretismo llevó al recinto la famosa propuesta de “rezonificación” en la que aparecían edificios de hasta 29 metros de altura, más del doble de lo propuesto el año anterior.

Tampoco queda clara la solidez legal de la movida. A finales de octubre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad dictó una cautelar que suspende la venta de los terrenos (lo aprobado hace un año atrás) hasta tanto se resuelva si las tierras pertenecen efectivamente al dominio público del Estado. En ese caso, explicaron los jueces, es posible que no se hayan cumplido con los requisitos constitucionales para la sanción de la ley, dado que fue aprobada en una sesión sin el procedimiento de doble lectura con audiencia pública. Los magistrados recordaron que el predio “forma parte del dominio del Estado y constituye parte de la Ribera del Río de la Plata, ha sido objeto de particular tutela tanto en el orden constitucional, como en el de las normas que mayor importancia tienen en la planificación urbanística y que constituyen el eje de las políticas de desarrollo de la Ciudad, como son el Plan Urbano Ambiental y el Código Urbanístico.” 


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City officials defend Costa Salguero project, yet experts are divided

Several architects and urban planning experts oppose attempt to sell off coastal land despite history of public use; Local authorities defend the move to ‘revitalise’ area.

por Federico Poore
Buenos Aires Times, 19-12-2020




Punta Carrasco and Costa Salguero are 32 hectares of coastal grounds that run along the northeastern part of Buenos Aires City. During most of the 20th century the area was open to the public and the sight of thousands of citizens basking in the sun and bathing in the waters of the River Plate was not uncommon. But the growing contamination of the surroundings and the leasing of land to private entities began acting as urban barriers to a City that was already turning its back to the world’s widest river.

During the administration of former president Carlos Menem (1989-1999) the public-owned Costa Salguero was parcelled up and leased to private entities who placed discos, nightclubs, golf courses, offices, and a huge convention centre with parking for 2,000 cars, consolidating an urban scar that divides Buenos Aires from the coast. With the lease coming to an end in 2021, the City government led by Mayor Horacio Rodríguez Larreta announced a new development project for the area, drawing strong criticism from urban specialists, neighbours’ associations and environmental groups.

In April this year, at the height of the coronavirus pandemic, the government launched an architectural competition to choose the best concept for the area. The rules stated that at least 65 percent of Costa Salguero was to be left for public use, meaning that the City had to change the area’s zoning from 100-percent public park to up to 35 percent buildable area.

This re-zoning proposal was discussed at the City Legislature on October 8, where it was won preliminary approval on a vote of 37-23. The joint opposition voted against, while the ruling Vamos Juntos party and its allies of Martín Lousteau’s UCR-Evolución and the Socialist party of Roy Cortina supported the bill.

According to the Rodríguez Larreta administration, the project intends to “restore the city’s relationship with the river” and take back almost 14 hectares of green spaces that are now occupied by private leaseholds, with the remaining public lands being sold to private developers. The ruling coalition said proceedings from the sale would be devoted to the fight against the Covid-19 pandemic.

“We don’t need to thank the ruling coalition for coming up with a bill that would leave 65 percent of green spaces. We need to demand they do not sell public lands or auction off the coast,” replied Marta Martínez from the opposition bloc Autodeterminación y Libertad.

‘Active’ park or commercialisation of public spaces?

One of the City government’s main arguments is that creating a huge park would not make the best use of the coastal grounds that are about to become available.

“Exclusive use zoning is unsustainable,” argues the City’s Transport Secretary Juan José Méndez. “Isolated parks that only provide the environmental function of parklands but lack other social uses are mostly used on Saturdays and Sundays but otherwise remain empty… We only feel safe at them at very specific times on weekends.”

Offering a wide range of mixed-used services will help the park to be occupied virtually around the clock, the official added.

“Success stories are those who take into account environmental quality but also some kind of guarantee of public safety, and Costa Salguero offers a huge opportunity to design a space which combines profitability on both a social and economic level,” said architect Alberto Gorbatt, the director of the ARQA platform. He argued the projected commercial and services areas are similar to Barcelona’s Olympic Villa, the Port of Sydney and the People’s Park in Copenhagen.

Other experts beg to differ.

“It has been argued that the public sphere is unsafe and that in order to have an active and safe city the sine qua non condition is to sell off public lands to locate residences, hotels and retail,” protested architect Mariana Giusti, a master in Urban Studies from the Universities of Seville and Lisbon. “This only fuels social segregation and urban fragmentation.”

María Gabriela Mataloni, a biologist from the University of Buenos Aires, said parks don’t need to be active 24 hours in order to perform important functions.

“A park wholly devoted to public and free use can provide educational and recreational experiences and will fulfill the key function of adaptation and mitigation to climate change,” said Mataolini, adding that such green spaces can contribute to the capture of carbon dioxide from the atmosphere, protect people and infrastructure from increasingly severe storms and play a role as a reserve for biodiversity.

“The City government considers nature and green areas a vacuum to be filled with business,” slammed environmental lawyer Enrique Viale. “They are turning citizens into customers, privatising leisure and recreation. They’re telling us there’s no enjoyment without consumption.”

A ghetto of wealth?

Another point of contention is the height of buildings and the social profile of those who will purchase the apartments. While the original bill approved in 2018 said structures in Costa Salguero could be as tall as 12 metres high, the re-zoning plan voted in October allows for buildings of up to 29 metres — some nine or ten stories.

Some urban planners pointed out that the renders presented by Franck-Menichetti, the winning architectural firm, showed more amicable heights that did not correspond with what the bill allows developers to build.

“Just to be clear: the proposed buildings will be located between Costanera Avenue and the River Plate, like a wall that would close off the possibility of a direct and sincere relationship with the coast,” said architect Rosa Aboy, the director of the Research Centre for the History of Dwellings at the University of Buenos Aires.

“I must remind you that we're not voting for render visualisations but what the letter of the law says,” said architect Silvana Parentella of the R2b1 firm. She also warned that the bill allows for the construction of buildings in the neighbouring grounds of Punta Carrasco.

Gabriel Lanfranchi, the coordinator of the City’s Urban Environmental Plan (PUA), was generally supportive of the project but warned against elitist approaches, saying the government should enact some kind of instrument that would facilitate access to housing in order to avoid a new Puerto Madero “where apartments are only available for the elite that can afford them.” Local authorities, Lanfranchi argued, should intervene in this new area to guarantee social mix regardless of what the market delivers.

“I don’t see this debate taking place,” he said.

Victoria Roldán Mendez, the chair of the Urban Development Committee at the City Legislature, declined to comment until the hearings have concluded. “We're halfway through this process and neighbours are still commenting on the project on the bill or making contributions to the debate,” a spokeswoman for Roldán Mendez told the Times.

Legal and political challenges

To complicate things further, an appeals court already suspended the sale approved in 2019 (a prerequisite to move forward with the re-zoning), arguing the move could be at odds “with the constitutional proceedings established for the sale of public domain lands.”

The ruling, made known in October, recalled that the Costa Salguero coastal grounds enjoyed “special protection” from the Urban Environmental Plan, made into law in 2008, which calls “for the provision of public use to the public-owned land by the riverbank.”

A month later, the ANAC national civil aviation agency sent an official note to the Rodríguez Larreta administration claiming the Distrito Joven project was “a threat to aviation safety,” due to its proximity to Aeroparque airport.

“Local authorities should be warned about the risk posed to third parties by the building of housing complexes… in areas near the runway headers,” said ANAC.

The City’s Urban Development Minister Álvaro García Resta dismissed the statement as a “technical debate” that will be revised by the experts in charge of the development, suggesting “some obvious political subtext” that comes amid heated exchanges between the national administration of President Alberto Fernández and the Mayor Rodríguez Larreta’s government.

“I’m fairly surprised that the high-ranking government officials who defended the privatisation did not argue in favour of the constitutional nature of the project, taking into account that the issue has been brought up by many and that a recent ruling suspended the sale of these terrains,” said human rights activist Eduardo Jozami.

Urban planning consultant Andrés Borthagaray, who headed the City’s Strategic Planning Council from 2006 to 2014, regretted that the official plan for the area is likely to create a definitive barrier between the City and the river.

“It’s true that the City is in debt, with compromised finances and pressing social priorities, but moving forward with a re-zoning process in order to sell an irreplaceable asset is inadmissible,” Borthagaray said. “There are several other options to allocate investments with the same expected revenues that can be done within the law.”

Public hearings will continue until January 27, but all eyes are now on the second round of voting that will decide the fate of the government-sponsored project. If lawmakers vote the same way they did on October 8, then the government would have enough votes to pass the proposal.

But everything could change if the mayor’s allies UCR-Evolución (nine lawmakers) and the Socialist party (two lawmakers) change their vote in the face of the increasingly mobilised and vocal opposition to the project. Will they? A widely shared viral video from 2018 shows Lousteau criticising Rodríguez Larreta’s policy of selling public assets for cash, months before he joined the ruling party’s coalition.

“Anything Larreta wants, he just buys it. And anything he can sell, in terms of real estate, he just sells it,” Lousteau told TV host Alejandro Fantino. Opponents of rezoning are using the video to prove that his bloc should be opposing the sell off of public assets — and must therefore reconsider their positions.

The former mayoral candidate, now a senator for the Vamos Juntos ruling coalition, is taking a more benevolent view of the project.

“I saw the project, it seems way better of what’s there today,” Lousteau said in a radio interview this month. “It will be up to the lawmakers, and to what happens in the audiences, to settle the matter.”

In the meantime, the public hearings will go on and his name is likely to be a trending topic again.

Passionate porteños flock to public hearings to oppose Costa Salguero plan

More than 7,000 citizens sign up to air views on controversial sale and re-zoning of City-owned land in Costa Salguero.

por Federico Poore

Buenos Aires Times, 19-12-2020 

 


A proposal that would allow the sale and re-zoning of city-owned land on the River Plate is facing severe criticism from residents in Buenos Aires, who have flocked to the public hearings to register their opposition to the bill.

A staggering number of people signed up to have their voices heard by the lawmakers who gave preliminary approval to a initiative by the administration of Mayor Horacio Rodríguez Larreta which allows for the building of blocks of nine-storey apartments by the Rafael Castillo avenue, along with a park just metres away from the world’s widest river.
 

With 7,053 citizens signed up, the hearing scheduled for November 27 — initially regarded as a mere matter of procedure — has turned into a festival of public consultations, with a whopping 29 meetings on the agenda. The sessions will run until the end of January.
 

“The officials responsible for the protection of the environment must ensure that this area can be enjoyed by present and future generations, but this is at loggerheads with the construction of 29-metre-tall buildings,” said architect Ljubita Klein, adding that the proposed construction of a heliport on the nearby coastal grounds of Punta Carrasco would end up displacing native flora and fauna.
 

“Do local lawmakers consider that the creation of a closed neighbourhood of tall buildings does not constitute a barrier to the river?” she asked.
 

Angry defences, measured responses

Public hearings began on the morning of November 27, as City officials shared their own powerpoint slides defending the bill that was given preliminary approval by the City Legislature a month before.

“Our goal is to turn a space which is currently privately operated into a big public park by the river,” said Urban Development Minister Álvaro García Resta. “But in order for people to use it, this space needs to be prepared, it needs to have some kind of infrastructure that invites people to stay.”

García Resta insisted that 74 percent of the area of what is now Costa Salguero will become a public park, while the remaining 26 percent will be left for restaurants, cultural centres, hotels and apartments.

“If many people can get to a park to spend a day outdoors, then that park is a good public space. If many people feel safe in a park because there is movement, lights, then that is a good public space. If many people besides enjoying the green grass enjoy other uses such as cuisine and culture that invites them to stay, that park is a good public space,” the official argued. “Housing and commercial premises give the park a context, they make it a real meeting point.”

Valeria Franck, the head of the Franck-Menichetti architecture firm that won the competition to design the Costa Salguero project, said she felt obliged to defend the initiative after it gained “social media fuzz,” making it clear that the “small built portion” consisted of buildings less than nine stories high.

Other architects were more direct in their defence of the bill.

“Many of the organisations that are calling for action today are doing so based on statements that do not correspond to reality. There was plenty of time to express an opinion, and it was not done. What reason is there to stop progress?” said Carlos Sallaberry, vice-president of the Central Society of Architects. He defied his colleagues opposing the urban development plan (“who now are making pamphlets”) by inviting them for coffee on the coastal grounds once the project is passed.

“When I hear people saying that all have a say regarding the City, what I hear is a big lie,” exclaimed Luis Grossman, from the Estudio Luis & Julio Grossman firm. “We can’t all decide on the City because we’d be living in chaos and anarchy.”

Fabio Quetglas, head of the Master in Cities programme from the University of Buenos Aires, offered a less elegant justification.

“We shouldn't fall to green overspecialisation,” he said. “There's enough green areas in this area of town”

Quetglas, a national lawmaker for the Radical (UCR) party that is allied to Rodríguez Larreta at the City level, said the project may offer porteños “a small window to the river that may widen with time” and that the city neighbours “should see how this works” before complaining.

The debate had gone for a good five-and-a-half hours when Matías Prol, a 21-year-old student, pointed out the lack of young voices of a project that, after all, was part of the so-called ‘Distrito Joven.’

“This is the first intervention by a young person in this hearing,” he said ironically.

Change of plans

The City’s Constitution establishes that any change to the planning code requires a” double reading,” which means that after the first vote the government must hold a public hearing where experts and people with legitimate interests can voice their opinion on the proposed law.

After this non-binding process, the Legislature may proceed with the second and definitive reading before lawmakers.

The original plan laid out by the Rodríguez Larreta administration was to hold the public hearing in November and then pass the bill before the end of the year. But the record number of citizens signing up has shaken the schedule. As days went by, architects, landscape planning experts, biologists, university professors, lawyers, members of NGOs, documentary filmmakers, cyclists, human rights activists, teachers, retirees, and students voiced their concerns.

During her five-minute public testimony, a civil engineer by the name of María Eva Koutsovitis reminded the audience that the capital is one of the metropolises with less public green space per capita in the world and that the City will face increasing floods and heatwaves because of climate change in the future.

“If we learned something from this pandemic is that the city's green spaces are too few. One only needs to walk the streets to get to that conclusion,” said in turn Martín Lemma, an architect specialised in urbanism. “The world has changed after the coronavirus and the Costa Salguero project has not. The renders and visualisations I saw show some interesting possibilities, but they belong to another world, a world that had not experienced what we saw in the last few months.”

Many compared the proposed development to the exclusive Puerto Madero waterfront.

“We already have one Puerto Madero, a neighbourhood where parks are packed with people and restaurants are half-empty,” said Guilad Gonen, a young man from Villa Crespo. “A place where in order to sit down for a mate or to play football with your kids you need to break through a luxurious neighbourhood.”

Gonen lamented that local authorities put an architectural competition out to tender for private practices, instead of bringing up the development resulting from a multidisciplinary approach.

“I mean, what would they propose after all? Erect buildings, of course! They’re architects. That’s what they do. What strikes me as crazy is the fact that this is the only option we have, the only perspective being presented to us,” he added.

At least during the public hearings, those in favour outnumbered those against by around 99 to 1. Anyone switching to the Legislature’s YouTube channel to follow the debates could spend hours before hearing someone actually supporting the project.

The majority of those opposing the development called for the creation of a “huge public park” on that same grounds, considering that the concession of the private firms operating in the area comes to an end in 2021.

Many, in a nod to the recent departure of an Argentine icon, said the park should be called “Diego Armando Maradona.”


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Buenos Aires adapts tentatively to post-pandemic urban living

New public space, pop-up bike lanes and pedestrian-only zones form part of the City's government's plans for the immediate future. But while other global cities are taking bold action during the pandemic, critics say changes in the capital are too few and far between. 

por Federico Poore
Buenos Aires Times, 05-09-2020
 

In the face of the Covid-19 pandemic, cities across the world are adapting their designs to cope with the uncertain future that lies ahead.

With lockdowns greatly reducing the use of roads, local authorities from Berlin to Bogotá have taken advantage by closing streets to cars and opening them to bicycles, while unveiling ambitious plans for the redesign of the urban fabric. As examples of successful urban models from Europe, the United States and even Latin America keep on pouring in, however, a key question emerges: what has Buenos Aires been up to?

“Public space and mobility have been adapted for the progressive return of inhabitants to places of safe encounters,” the City government’s Transport and Public Works Minister Juan José Méndez told the Times. “Public space is being redesigned to ensure egalitarian and safe access to the different activities that take place in Buenos Aires.”

Late last month, the Buenos Aires City government started the construction of “pop-up” bike lanes in the capital’s two major avenues, Córdoba and Corrientes. Mayor Horacio Rodríguez Larreta’s administration says bike use has increased a whopping 114 percent since March as porteños gave up on public transport and cycled to work instead. The trend is clear: authorities expect 500,000 cycling trips to be made in the city next year, compared to about 300,000 in 2019.

“We need to prepare the City for that,” admits Cabinet chief Felipe Miguel.

The move is part of a pilot project that, if made permanent, will add 17 kilometres to the current network of 227 kilometres of bike lanes.

Five months into the lockdown, however, the plan has been criticised as unambitious.

“The very idea of reclaiming public space for people and alternative modes of transportation is a very good one, and the bike lanes plan — although it took some time — is a positive step,” said transport specialist Rafael Skiadaressis. “But other cities have moved faster in implementing more kilometres of pop-up cycleways, even those with extensive bike lanes such as Berlin or Paris.”

This year, the French capital has rolled out 650 kilometres of cycleways — including several pop-up “corona cycleways”— and began offering 50 euros per person for bike repairs, while its German counterpart added new lanes to its preexisting 800 kilometres in line with Berlin’s Mobility Law, which calls to create a bicycle city before 2030 and give more space to car-free transport.

These efforts are far from a privilege of rich urban centres. In March, as the Covid-19 was starting to spread throughout the world, Bogotá added 117 kilometres of cycleways as an alternative to crowded transit, extending its offer to 550 kilometres. The Colombian capital already has 13 bicycle garages located by Bus Rapid Transit (BRT) stations and plans to build 13,000 new bike parking spots by 2027.

Lack of a ‘continued effort’

But the problem does not lie in the extension of the network per se, but rather its connectivity and overall quality. Several users have complained about design problems (dead-ends and bottlenecks), as well as drain covers, potholes and other obstacles that make riding dangerous, which are far from being solved.

Other issues have emerged too. In May, the Asociación de Ciclistas Urbanos (ACU) called for the creation of parking garages for bicycles in public buildings and demanded private credits for the purchase of bicycles. Right now, the public-run Banco Ciudad is offering 12- and 24-installment plans to purchase a unit with a 20 percent surcharge — a downgrade after the more ambitious 50-installment programme that helped sell more than 50,000 new bikes until it came to an end earlier this year.

“The Banco Ciudad programme will continue,” said Méndez, the Transport minister. “We’re working with the grassroots organisations and institutions that conform the Amigos de la Movilidad Sustentable [“Friends of Sustainable Mobility”] programme to help bring more cyclists to the city.”

Every year, the Copenhagenize consultancy firm publishes a list of the world’s most bicycle-friendly cities. In 2015, Buenos Aires ranked in 14th place, ahead of Berlin or Vienna, but it has since been dropped from the top 20. Copenhagenize’s CEO Mikael Colville-Andersen has suggested there is a lack of a “continued effort” on the part of the City government.

More than just bikes

Before the pop-up bike lanes plan, the Rodríguez Larreta administration had already moved on to convert a dozen streets of inner city neighbourhoods into pedestrian commercial zones, including several areas of the historic district in San Telmo as well as the Mercado Juramento and the Chinese neighbourhood in Belgrano. In other parts of Buenos Aires, paint and markings were used to widen sidewalks and indicate social distancing measures.

It’s a start, but local opposition leaders say it’s not enough.

“The lockdown began on March 19, we’re now in September and the measures are coming in dribs and drabs,” Juan Manuel Valdés, a City lawmaker for the Frente de Todos coalition, told the Times. “The City has no comprehensive plan.”

As restaurants and bars take over sidewalks to provide pandemic-safe dining, people with disabilities are also facing new barriers, said Valdés, who chairs the Disability Committee at the City legislature. “How are blind people or people in wheelchairs supposed to move around in these squeezed sidewalks?” he asked.

This week, his demands have been partially addressed: the City government announced a number of interventions aimed at occupying street space in a number of gastronomic and commercial hubs such as San Telmo, Caballito and Villa Devoto. Starting today, the City will open up 38 pedestrian areas, most of them in the wealthy Palermo and Recoleta neighbourhoods, that will help some 1,400 retailers to occupy street space and allow for safer open-air exchanges.

“This new public space should allow social distancing measures to be observed. It must be sustainable, replicable and collaborative,” said Clara Muzzio, the City’s minister of Public Space and Urban Hygiene. “We’re moving towards the scale of the neighbourhood and abandoning the monocentric model.”

Whether these streets will remain as pedestrian and cycle access only will depend on the overall functioning of the areas and its acceptance among citizens, the local government said.

The big picture

In the pre-pandemic world, some 700,000 vehicles entered the City’s boundaries every day, adding to an existing stock of 900,000 particular cars, 10,000 taxis and 37,000 buses. And this was the time when millions in Buenos Aires and its metropolitan area took buses, trains and subways to get to work. Now that it’s been months since public transport has been limited to essential workers, the real risk is that a “return to normality” could reinstate or even worsen already high levels of noise and air pollution, especially if the pandemic drives everyone into their cars.

With this brave new world in mind, mobility and centralities in Buenos Aires should be reinvented. This means that parts of the City’s sustainability agenda should be pushed more aggressively, but it also calls on planners to accept that some of the things that were being done no longer ring true. A lot can be done considering half trips in the city are generally less than five kilometres in length.

“All around the world some very interesting debates are taking place regarding the future of cities. I know that the macroeconomic context leads us to be less ambitious, but we should be able to do more than what’s being done right now and to change some major trends of this administration,” said Valdés.

The opposition lawmaker said the government should revise its long-time plan of selling-off of public spaces, for example, arguing the City has been letting go some precious public lands that could instead be used to build more green public spaces and public equipment.

Two weeks ago, the Rodríguez Larreta administration announced the auction of 1,800 square metres of public lands in the grounds of Tiro Federal shooting range in the northern neighbourhood of Núñez, near River Plate’s Monumental stadium. A major part would be used by private developers to build offices and luxury high-rises — although the future of “agglomeration” economies and co-working spaces in the post-pandemic world is unclear, to say the least.

The City branded the development as part of a larger, state-of-the-art “Innovation Park,” a campus for scientific and technological research. But universities and public agencies were left with less than 20 percent of the space, said Mariano Recalde, a former lawmaker and mayoral candidate who gave up his seat to Valdés last year to be sworn in as senator.

Meanwhile, in a World Economic Forum ranking of global cities with the highest percentage of green space, Buenos Aires is ranked 33 out of 37, behind Guangzhou, Warsaw and Cape Town. Neighbourhoods Almagro and Boedo have only 0.2 m2 of publicly accessible green space per inhabitant.

Good intentions abound, but the steps toward a walkable and liveable city have for some been too timid.

“This is a historic moment when cities can change course,” Janette Sadik-Khan, former transport commissioner for New York city, wrote in a recent report by the National Association of City Transportation Officials. “Empty lanes… form the outline of the future cities we need to build.”

 

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