La crisis económica detiene el éxodo porteño durante la segunda ola

La ausencia de crédito, el cepo y la caída del poder adquisitivo ponen un límite al deseo de irse a vivir a las afueras como consecuencia de la pandemia. Los casos de Escobar y Pilar.

por Federico Poore
elDiarioAR, 05-06-2021

A medida que se extiende la pandemia y se consolida el trabajo a distancia se multiplican las voces que advierten sobre “el fin de las ciudades”. A más de un año de la irrupción del coronavirus, las imágenes de oficinas vacías en Buenos Aires, Nueva York, París o Bogotá dan la impresión de que la distancia al lugar de trabajo se volvió menos importante y que aumentaron las búsquedas de propiedades en zonas retiradas de los centros urbanos. Pero, ¿qué tan real es este éxodo porteño?

“El pico de demanda de consultas y operaciones concretas se dio entre julio del año pasado y marzo de este año”, explica Fernando Pozzi, socio gerente de Pozzi Inmobiliaria, que destaca el interés en áreas puntuales de Escobar y Maschwitz y en los barrios San Matías, El Cantón y Pilar del Este. “Primero, porque existía una demanda contenida debido al confinamiento de la primera ola de la pandemia. Segundo, por la fuerte devaluación del peso. Y tercero, por aquellos que en 2020 adquirieron un terreno a precios accesibles en el área suburbana y lograron acopiar materiales con un dólar alto, que hicieron un excelente negocio”, agrega.

Sin embargo, su inmobiliaria con sede en General Pacheco registró una caída de operaciones en abril. “Las consultas se traducen en ventas solo para quienes ajustaron el precio. En Provincia, de cada 100 inmuebles publicados sólo logran vender dos”, dice.

Para Diego Lo Nigro, gerente de TGR Group que opera en la zona sur del Gran Buenos Aires, las zonas más demandadas son Ezeiza, Canning y San Vicente. “Las tres forman un corredor que está en franco desarrollo y que tiene precios más interesantes que otras áreas más consolidadas”, asegura. Pero también habla de un freno en las últimas semanas. “Lo que sucede es que a mediados del año pasado el costo de la construcción había quedado atrasado en dólares, por lo que vos podías vender una propiedad en Capital, mudarte a provincia y quedarte con un saldo”, dice Lo Nigro. “Hoy no sucede tanto eso, ya que por el aumento de la demanda subieron tanto el precio de los lotes como el de la mano de obra.”

En abril se firmaron 6.967 escrituras en provincia de Buenos Aires, lo que no solo representa una caída del 6,3% con respecto a marzo sino también una cifra por debajo del promedio de los últimos quince años.

A tiro de la ciudad
Si hay algo seguro es que el Covid-19 le dio un empujón a aquellos que estaban considerando a futuro vivir en un lugar más tranquilo y con mejor calidad de vida, y de allí el aumento de las consultas para irse a vivir a las afueras.

“Una tendencia muy clara producto de la pandemia es que departamentos sin balcón o internos se volvieron imposibles de vender”, dice Soledad Balayan, analista del mercado inmobiliario que sigue mes a mes la evolución de las operaciones de compraventa de uno y otro lado de la General Paz. Para Balayan, en los últimos meses hubo una mayor proporción de operaciones en el Gran Buenos Aires en detrimento de la oferta porteña. “Una hipótesis posible es que en momentos de crisis económica los precios de Capital ceden menos y que por eso se realizan menos operaciones que en Provincia”.

Las estrategias para atraer a los porteños parecen atractivas. Pozzi dice que en el centro de Tigre se ofrecen casas con tres ambientes, jardín chico y cochera desde 1.400 dólares el metro cuadrado. Lo Nigro, en tanto, asegura que en Canning se consiguen lotes por US$ 20.000 a los que se les pueden sumar otros US$ 70.000 para construir una casa de hasta 100 metros cuadrados. “Es decir que por menos de 100.000 dólares uno puede tener una casa propia, nueva, hecha a tu gusto y con ciertas comodidades que la vuelven apto pandemia. Creo que hoy seduce eso.”

¿Qué tan lejos llegan las mudanzas en pandemia? El límite parece imponerlo el cambiante derrotero del trabajo remoto. Habiendo dejado atrás el confinamiento estricto, buena parte de los sectores profesionales o de altos ingresos ingresaron en una “nueva normalidad” de esquemas mixtos donde se combina presencialidad con trabajo a distancia.

En ese sentido, la experiencia internacional puede dar algunas pistas. Un estudio del New York Times en base a 30 millones de pedidos de cambios de dirección al servicio postal de los Estados Unidos durante 2020 mostró un impacto muy limitado en los patrones migratorios. Lejos de haberse ido en masa hacia las zonas rurales, las personas que se mudaron lo hicieron a ciertas áreas de los suburbios o a otras ciudades más baratas pero con cierto movimiento. Para los autores, los mercados laborales en grandes urbes como Nueva York y San Francisco “podrían ampliarse para incluir ciudades más periféricas o comunidades satélite desde las que no tendría sentido un viaje diario, pero sí un viaje semanal.”

En otras palabras: el deseo por irse lejos no llega tan lejos, y Buenos Aires no es la excepción. “Acá hay dos cuestiones que funcionan como límites: no estar a más de una hora y cuarto en auto del centro, y segundo, igual de importante, tener una autopista cerca”, dice Pozzi.

De la casa de fin de semana a la casa a secas
“En Escobar hubo un incremento muy fuerte de venta de lotes, incluso por parte de emprendimientos que antes de la pandemia habían quedado más rezagados y que habían bajado los precios en un intento por vender”, revela Alberto Ramil, secretario general de la municipalidad.

Su distrito al noroeste de Buenos Aires no sumó tantos vecinos nuevos, pero sí porteños que tenían sus casas de fin de semana en barrios como El Cazador, Los Naranjos o Alta Vista y que se empezaron a quedar. “Hubo casos de quienes vinieron con su familia y ya se instalaron, aunque también están los que vinieron en 2020 en el marco de las restricciones y después se volvieron a Capital”, dice Ramil. Para el funcionario, este barrio a 50 kilómetros del Obelisco quedaba lejos para los oficinistas que tenían que tomar la Panamericana todos los días, pero ahora que están yendo una o dos veces por semana, la ecuación cambia.

En Pilar se observa un fenómeno similar, con la particularidad de que no se produce sobre nuevos desarrollos sino sobre infraestructura ya construida, sobre todo en countries y barrios cerrados. “Se empezó a dar una migración grande apenas abrió la cuarentena más dura. Ya casi no hay oferta de alquiler semipermanente para el segmento ABC1”, dijo el secretario de Infraestructura del municipio, Guido Bordachar.

“Hablamos de muchos porteños que aprovecharon las casas de fin de semana durante el ASPO y el DISPO y que cuando vieron que 2021 iba a ser igual al año pasado, mantuvieron el esquema”, agregó una fuente cercana al municipio que conduce Federico Achával. Menos frecuente es el caso de las mudanzas hechas y derechas. “Eso ya sería el caso del que quiere vender el departamentito en Colegiales y cambiarlo por una casa más grande con jardín”, ilustra la fuente.

Para el resto de los mortales entra a jugar el otro obstáculo local, acaso el más importante: el límite que imponen las condiciones macroeconómicas. Con el crédito hipotecario paralizado por el colapso del sistema UVA y el poder de compra en relación al salario en mínimos históricos (una persona que gana un sueldo promedio en Argentina necesita casi 20 años para comprar un departamento de 30 m²), los sueños verdes siguen sin materializarse.

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Efecto home office en CABA por la pandemia: persiste la desigualdad según nivel de ingresos y asoman nuevos "pequeños centros"

por Federico Poore
elDiarioAR, 10-05-2021

Antes de la pandemia, trabajar desde casa era un fenómeno poco extendido en Buenos Aires. Pero la súbita irrupción del Covid-19 obligó a implementar un experimento masivo de trabajo remoto, y de a poco comienzan a advertirse algunas de sus consecuencias.

Hacia noviembre del año pasado, más del 77% de las personas ocupadas de mayor nivel educativo de la ciudad estaban trabajando a distancia, en comparación con apenas 10% antes del inicio de la pandemia. Fue en noviembre precisamente cuando en el área metropolitana el gobierno decretó un pasaje al distanciamiento social tras largos meses de aislamiento obligatorio (ASPO).

Para entonces, las oficinas se habían vaciado. En áreas como Retiro, Puerto Madero, San Nicolás y Monserrat, más del 80% de los puestos de trabajo habían pasado a una modalidad remota, desatando una crisis en el microcentro que preocupa al oficialismo y a la oposición por igual.

En Constitución y San Cristóbal el pasaje al teletrabajo fue menos marcado, pero en áreas como Puerto Madero el 93% de los empleos calificados de la zona se estaban haciendo de manera remota.

 La contracara de este proceso fueron todos aquellos hogares cuyos integrantes adoptaron home office y que ahora pasan toda o casi toda la semana cerca de su vivienda, en particular en los barrios de Palermo, Caballito, Flores, Recoleta, Núñez, Colegiales y Villa Crespo.

Los datos forman parte de los resultados de una encuesta presentada como tesis de maestría en Economía Urbana en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), en la que más de 2.500 porteños ocupados con estudios secundarios o superiores compartieron detalles sobre sus prácticas laborales antes y durante la crisis del Covid-19.

Los límites del teletrabajo
La primera lección a extraer sobre cualquier estudio sobre trabajo remoto es que no todos pueden teletrabajar. Por motivos fácilmente comprensibles, apenas el 33% de los porteños cuyos trabajos implican “operación de maquinaria” estaban teletrabajando hacia noviembre de 2020, cifra que ascendía a más del 83% entre aquellas personas que operaban a diario “equipos y/o sistemas informatizados” (computadoras).

De la misma manera, en el estudio se observó una fuerte correlación entre el nivel educativo y el pasaje al home office. Así, las personas ocupadas con estudios secundarios tuvieron 31% menos de chances de teletrabajar que aquellos con estudios de posgrado o superiores. No por obvio es menos cierto: el teletrabajo es, sobre todo, un fenómeno de profesionales asalariados o freelancers. Esos hallazgos son compatibles con un informe reciente del Indec para el Gran Buenos Aires en el que “se observó la mayor implementación del trabajo remoto entre los jefes de hogar con terciario o universitario completo”.

Cabe destacar que el estudio solo abarca los hábitos laborales de personas que viven y trabajan en la Ciudad y no incluye a los cientos de miles de bonaerenses que acuden a sus empleos en territorio porteño todos los días y que conforman buena parte del grupo de trabajadores esenciales.

De manera interesante, no se encontró una correlación significativa entre la estructura del grupo familiar de convivencia y la adopción de prácticas de teletrabajo durante la pandemia. Dicho de otra manera, no se vieron grandes diferencias entre personas con hijos o sin hijos, en pareja o solteras, a la hora de pasar a modos remotos. Los grandes predictores de home office continuaron siendo el nivel educativo y el tipo de tecnología utilizada en el trabajo.

De crisis, oportunidades y desigualdades
Una de las hipótesis del estudio es que un menor volumen de desplazamientos al área central de negocios entre semana por parte de aquellos que se quedan trabajando desde sus viviendas podría alentar el surgimiento de nuevos subcentros. ¿Los motivos? Es razonable suponer que los trabajadores a tiempo completo que dejan de ir de lunes a viernes al microcentro pueden comenzar a realizar al menos una parte de los consumos que antes realizaban al interior del área central (restaurantes, cafeterías, deliveries, artículos de oficina, eventualmente tintorerías o gimnasios) en las cercanías de su hogar. Esto, a su vez, podría alentar comportamientos estratégicos por parte de negocios que buscan seguir la tendencias de concentración del consumo.

Justo antes de que el Covid atacara nuestra vieja normalidad, había dos áreas donde el fenómeno del trabajo remoto ya era incipiente. Por un lado, ciertas zonas de Palermo, Almagro, Villa Crespo, Recoleta y Balvanera en el centro geográfico de la ciudad; por el otro, un sector de Belgrano y Colegiales. Tras la irrupción de la pandemia, se sumaron varias otras, en especial una porción de Villa Urquiza, buena parte del barrio de Caballito y los alrededores de Parque Centenario, un área de Flores y partes de Núñez. Este último se agrupa con el resto de los barrios de la Comuna 13 para formar una suerte de “polo de home office” en la zona norte de la ciudad.

El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad, presentado en 2008 y en proceso de actualización, advertía la excesiva concentración de actividades en torno al micro y macrocentro. La mirada optimista, de esas que escasean por estos tiempos, es que los gobiernos y las empresas puedan aprovechar la pandemia para resolver este problema de larga data. Hay una pesimista, también: ¿qué pasará con la desigualdad norte-sur tras esta desconcentración, si las personas que más pueden teletrabajar resultan ser aquellas de mayor nivel educativo (un proxy para nivel de ingreso) y el “renacimiento” de los barrios y comercios de cercanía se limita a los sectores más acomodados de la ciudad? 


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Informe sobre el impacto de la Ley de Alquileres

- El valor de los alquileres en la Ciudad se incrementó casi 64% durante 2020, muy por encima de la inflación registrada en el mismo período.
- Resulta imposible calcular qué hubiese ocurrido de no existir la Ley de Alquileres, pero los especialistas aseguran que la nueva regulación generó una retracción de la oferta y un anticipo de mayores costos por parte de los propietarios que siguen en el mercado. La inflación, las sucesivas devaluaciones de los últimos años y la incertidumbre económica también afectan el precio de los alquileres.
- A diferencia de otros países, la Argentina no cuenta con una política pública de subsidios al alquiler ni de promoción para la inversión privada en vivienda social.

por Federico Poore

Chequeado, 20-04-2021


El 31 de marzo último, venció el decreto del Gobierno nacional que congelaba los precios de los contratos de alquiler en todo el territorio nacional. De esta manera, los inquilinos que habían optado por sostener el valor de sus alquileres a marzo de 2020 deberán pagar las diferencias acumuladas en entre 3 y 12 cuotas mensuales. Este nuevo escenario se da mientras se conocen cifras negativas en el mercado de alquileres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un incremento de hasta 63,7% en los últimos 12 meses, muy por encima del 36,1% de inflación que hubo en el mismo período, según estadísticas del Gobierno porteño.

Algunos legisladores y especialistas (ver acá, acá y acá) aseguran que los aumentos se explican por la sanción, en junio de 2020, de una Ley de Alquileres que impuso mayores regulaciones y restricciones para arrendar un inmueble, además de un plazo mínimo de 3 años en los contratos y una fórmula que actualiza los valores según un índice que pondera la inflación (IPC) y el salario promedio del empleo registrado en el sector privado (RIPTE). ¿Qué hay de cierto en este argumento?

Debate sobre impactos en los precios

“Es algo pronto para decir que todo el aumento en precios se debe a la ley. Veníamos de una devaluación y en el medio ocurrió una pandemia, que generó un cambio de precios relativos de vivienda”, explicó a Chequeado Cynthia Goytía, directora del Centro de Investigación en Política Urbana y Vivienda de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

“La falta de crédito hipotecario hace que más hogares deban solucionar su necesidad de vivienda en el mercado de alquiler, a pesar de que se suman al mercado las unidades que antes se ofrecían al turismo en plataformas de alquiler. También algunas condiciones de incertidumbre y el congelamiento de alquileres pueden afectar al alza los precios cuando se negocian los nuevos contratos”, continuó.

Sin embargo, Goytía aclaró: “Dicho esto, la Ley de Alquileres introdujo mayores aumentos de costos, como la comisión que ahora debe afrontar el propietario, y todo eso indudablemente tuvo un impacto en aquellos precios que antes se convalidaban negociando entre privados”.

Para Goytía, hasta el momento de la sanción de la norma los contratos se realizaban en el mercado por valores que difícilmente sobrepasaban a la inflación (ver gráfico en este artículo). “La ley formaliza una indexación que es, en muchos casos, mayor a lo que se negociaba”, afirmó.

Julián Folgar, economista y profesor de Finanzas Públicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), concluyó que desde 2010 los precios de los alquileres aumentaron por debajo de lo que hubiese ocurrido de haberse aplicado la nueva fórmula que estableció la Ley de Alquileres, la cual combina la evolución de la inflación y la de los salarios promedio.

Con respecto al fuerte incremento en los alquileres observado en los últimos meses, Folgar aseguró que “no está estrictamente vinculado con la nueva fórmula (eso se va a ver con el tiempo), sino con el previsible salto del precio inicial como cobertura de los (nuevos) mayores costos/regulaciones, y fruto de la menor oferta”.

Nicolás Segal y Ariel Lieutier, economistas del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) -que depende de la Fundación Germán Abdala (de ATE Capital)-, sostuvieron que los aumentos “son el resultado tanto de causas de corto plazo (inflación, atraso de alquileres luego de su congelamiento por la pandemia) como de largo plazo (dinámica de valuaciones inmobiliarias desacoplada del nivel de salarios)”. En cuanto al impacto de la nueva legislación, los autores reconocen que, tras la sanción de la Ley de Alquileres “si la o el propietario del inmueble se considera afectado por la actualización del índice, puede retirar su propiedad del mercado al vencimiento del contrato y luego realizar una oferta a mayor precio”.

Sin embargo, Segal y Lieutier advirtieron que las cifras compiladas por la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad -que estimaron aumentos de 53,8% durante 2020 para departamentos de 2 ambientes usados y de 63,7% para departamentos de 3 ambientes- se basan en las variaciones de precios de 5.300 propiedades publicadas en el portal Argenprop sobre un total de 450 mil hogares que residen en viviendas alquiladas (ver datos), por lo que “no necesariamente representan lo que ocurre en el mercado inmobiliario”.

En resumen, si bien no todos los incrementos en los precios son imputables a la nueva Ley de Alquileres, los especialistas aseguran que la norma ya comenzó a tener un efecto en los precios mediante una doble vía: como cobertura de mayores costos y como consecuencia de una disminución en la oferta.

“Como propietario estás comprometiendo un inmueble en una situación de incertidumbre durante un plazo muy largo”, explica Goytía.

 

Una alternativa no explorada

En el capítulo argentino del documento “Busco casa en arriendo”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los especialistas Eduardo Reese, Florencia Almansi, Julieta del Valle y Andrés Juan aseguran que la política de alquiler social no está plenamente desarrollada en la Argentina y recomiendan una serie de medidas de promoción pública que amplíen las opciones de acceso a la vivienda digna en el país, incluyendo políticas de gestión del suelo y aliento a la construcción de vivienda para alquiler.

En Chile, el gobierno de Sebastián Piñera lanzó en 2013 un plan de subsidios al alquiler conocido como “Chao Suegra”. Destinado a personas de entre 18 y 30 años, el programa buscaba reducir el hacinamiento haciendo que los jóvenes inquilinos paguen únicamente una diferencia entre el abono mensual que les otorga el Estado y el valor total de su renta.

En Uruguay, uno de los cambios más recientes en materia de políticas fue la promoción de la inversión privada en vivienda social y el establecimiento de beneficios adicionales para quienes destinen dichas viviendas al alquiler, incluyendo la exención del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). Entre los grupos objetivo prioritarios del programa se encuentran los jóvenes trabajadores, los estudiantes y los repatriados.

“Hoy en día, 1 de cada 5 personas [en América Latina] alquilan y muchas veces la vivienda de alquiler es de mejor calidad que la que pudieras comprar”, explicó Mildred Rivera, especialista en comunicación del Sector de Conocimiento, Innovación y Comunicación del BID, y agregó: “La promoción de la vivienda de alquiler es una opción viable que debe beneficiar tanto al arrendador como al arrendatario”.


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Pico de casos en CABA: comercios cerrados, zooms, disputas por el espacio verde y más ventilación en el transporte

Se prevén cambios en el empleo y el transporte en la ciudad de Buenos Aires. La menor actividad comercial en el área central, desigualdad en el regreso al home office y conflictos ante la escasez de espacios verdes serán algunos de los desafíos.

por Federico Poore
elDiarioAR, 28-03-2021

 

Las pandemias suelen convertirse en catalizadoras de cambios urbanísticos, acelerando tendencias preexistentes y generando cambios de largo aliento que se imprimen sobre la historia de las ciudades. Pero mientras Argentina se prepara para la segunda ola de Covid-19, las preguntas sobre el impacto inmediato del nuevo escenario sobre Buenos Aires se vuelven más urgentes.

“El cambio más notorio está teniendo lugar en el microcentro”, explica a elDiarioAR Fernando Bercovich, sociólogo y especialista en temas urbanos. “Allí funcionan las principales dependencias públicas y una parte importante del sector servicios, que el año pasado se adaptó rápidamente a esquemas de teletrabajo.”

Las postales de bares que cierran y locales comerciales con las persianas bajas podrían volverse más comunes si los niveles de actividad en el área central se apagan una vez más. Según estadísticas del Gobierno de la Ciudad, uno de cada tres ocupados trabajaron desde su domicilio durante el cuarto trimestre de 2020, momento en el que el área metropolitana ya estaba pasando del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a un esquema de distanciamiento social (DISPO). Para desgracia del sector comercial del microcentro, el trabajo remoto parece ser cada vez más atractivo tanto para empleados como para empleadores. “En los últimos meses, muchas de las empresas que alquilaban oficinas en el microcentro dejaron de hacerlo, y la cuenta les cerró tanto económica como organizacionalmente. Este fenómeno, que apareció durante el ASPO, va camino a convertirse en algo más permanente”, dice Bercovich.

Claro que la posibilidad de hacer teletrabajo no es extensible a todos los rubros. Sectores como los financieros, de seguros, de información y comunicación y profesionales están mejor preparados para una “mudanza acelerada” al mundo virtual, mientras que los rubros manufactureros, de almacenamiento y de la construcción cuentan con mayores dificultades para pasar al mundo virtual. De hecho, de acuerdo con un informe de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), el 40% del total de empleos del país tiene un potencial nulo para pasarse al teletrabajo. Es decir que el nuevo escenario trae rupturas y continuidades.

Desplazamientos y conflictos
En términos de movilidad, el Secretario de Transporte y Obras Públicas de CABA, Juan José Méndez, confirmó este mes que el transporte público “seguirá siendo sólo para esenciales”, aunque se prevén mayores controles en colectivos por parte de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) para evitar que haya más de 10 personas paradas viajando y para comprobar que se cumpla la obligación de mantener las ventanillas abiertas. El desafío ahora que comienzan los fríos es que las personas salgan de sus hogares debidamente abrigadas y resistan el impulso por impedir la circulación de aire en el transporte público.

Aquellos que busquen evitar el transporte público y no quieran (o puedan) dejar una porción importante de sus ingresos en taxis continuarán engrosando el pasaje hacia modos activos de movilidad, caminando más o aprovechando la última intervención importante en la trama urbana de la ciudad: las bicisendas de las avenidas Córdoba y Corrientes. Si bien inicialmente se las anunció como parte de una experiencia piloto, fuentes de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad confirmaron a elDiarioAR que esas ciclovías de mano única “llegaron para quedarse”. Aunque de continuar el boom de la bici, los viajeros podrían encontrarse con embotellamientos de bicicletas, en especial en tramos de Palermo, Parque Saavedra y sectores de la avenida Libertador (en especial en los cruces con Olleros y Sarmiento), ya que a pesar de la multiplicación de viajes no hay fecha de inicio de obra para nuevas bicisendas.

Un último tema que viene ganando espacio en la agenda pública, y que podría ser clave de cara a la segunda ola, es la falta de espacios verdes públicos para el disfrute de aquellos más afectados por un regreso al encierro. Buenos Aires no solo cuenta con pocos metros cuadrados de áreas verdes por habitante sino que además existen varios barrios en la ciudad donde las plazas y parques brillan por su ausencia. “El creciente consenso en la materia es que deberías tener un espacio verde usable a 10 minutos de caminata de tu casa o menos. Ese sería el número mágico a partir del cual la gente los incorpora en su vida cotidiana”, dice Antonio Vázquez Brust, consultor en análisis de datos para proyectos urbanos. En su Atlas de Espacios Verdes hecho para la Fundación Bunge y Born, Vázquez Brust muestra cómo importantes segmentos de la población de Almagro, Boedo y Villa Crespo (entre otros barrios) están demasiado lejos del espacio verde público más cercano.

En este contexto, Bercovich cree que en los próximos meses podrían aumentar las disputas por el uso de ese espacio, como ya se observa en algunas de las plazas más concurridas de la ciudad, donde personal trainers, instructores de zumba y hasta profesores de taekwondo compiten por las escasas porciones de espacios públicos al aire libre y terminan por expulsar a quienes hacen un uso no comercial de los parques. “Sería raro no ver escenarios de conflictos”, concluye.

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El temor al transporte público duplica el uso de bicicletas, pero las obras de ciclovías están paradas

En la Ciudad este año se realizaron medio millón de viajes, casi el doble que dos años atrás. Pero se frenó el presupuesto para los 95 kilómetros de nuevas bicisendas que se habían prometido

por Federico Poore
elDiarioAR, 13-02-2021

 

Resulta difícil hablar de legados en medio de una pandemia mortal, pero es posible que los porteños recuerden los primeros meses de 2021 como el verano en el que todos nos subimos a una bici. Según cálculos del gobierno de la Ciudad, este año se realizarán medio millón de viajes en bicicleta, casi el doble que dos años atrás. Mientras persisten los temores a viajar en transporte público, no son pocos los trabajadores y empleados que encontraron en los rodados una alternativa al colectivo o al subte. En los barrios, las bicicleterías no dan abasto con los pedidos.

La construcción de nuevas ciclovías –marca de la gestión macrista, que diez años atrás era una medida de avanzada en la región– hoy está frenada.

En el marco de la disputa por la coparticipación de recursos, la Ciudad anunció que suspendería la construcción de 95 kilómetros de ciclovías previstas para este año. Hace seis meses que la red de Buenos Aires está clavada en 267 kilómetros, la mitad que la ciudad de Bogotá.

“Necesitamos rediscutir el plan de movilidad sustentable de la ciudad. Algunas acciones van en la dirección correcta, pero otras contradicen esta idea”, explica a elDiarioAR Martín Lemma, investigador del Conicet y doctor en estudios urbanos por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). “Una de las primeras cosas que recortaron del plan de obras públicas fueron las bicisendas, cuando todos sabemos que su peso en el presupuesto es ínfimo”, sostiene. Fuentes consultadas para esta nota hablan de un costo aproximado de 2 millones de pesos el kilómetro de ciclovía (unos 21.000 dólares al tipo de cambio oficial).

Para Lemma, las ciclovías de sentido único en las avenidas Córdoba y Corrientes implementadas en septiembre (las últimas inauguradas hasta el momento) fueron una decisión acertada por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. “Son bicisendas que van y vienen desde y hacia el centro, tienen un ancho mayor y permiten un flujo más rápido. Pero, ¿es suficiente? No, porque cuando salís del ‘área de influencia’ de estos circuitos te das cuenta que te quedaste corto,” explica el integrante del espacio activista Ciudad Posta. “Son muchas las personas que ya decidieron no ir por ciertos lugares con bicisendas porque están explotados de gente, entre ciclistas ‘clásicos’ y repartidores de Rappi. Estas personas están empezando a usar calles alternativas.”

El programa de construcción de ciclovías comenzó en 2009 durante la gestión de Mauricio Macri, pero hay barrios donde aún no llegaron y otros –como Devoto, Villa del Parque, Mataderos o Barracas– donde su presencia es apenas testimonial. Inicialmente resistidas por automovilistas y hasta por la oposición (el candidato kirchnerista Daniel Filmus generó revuelo en la campaña 2011 al prometer que iba a sacar “muchas de las bicisendas” si ganaba), hoy las principales críticas públicas vienen por el lento avance de las obras.

En septiembre, el legislador del Frente de Todos Manuel Socías presentó una iniciativa para construir una red de bicisendas en las avenidas San Juan y Directorio. “El trazado en estas avenidas resulta fundamental dado que presenta características de troncalidad al tejido urbano de la ciudad y de intermodalidad con las líneas de colectivo y de subte”, explicaba en sus fundamentos. El proyecto nunca fue tratado.

Consultado por elDiarioAR, el secretario de Transporte de la Ciudad, Juan José Méndez, dijo que “si bien se redujo el presupuesto que estaba destinado a distintas obras públicas proyectadas, en el caso de la extensión de la red de ciclovías es probable que durante 2021 se avance con la incorporación de algunos kilómetros de infraestructura”. Sin embargo, agregó que “todavía están en análisis las trazas y no hay fecha de inicio de obra.”


EcoBici y créditos que van y vienen

Pero no todo puede medirse en kilómetros de ciclovías: otros programas también contribuyen a que cada vez más porteños se pasen a la bicicleta. En 2012 el gobierno lanzó un plan de 50 cuotas sin interés para la compra de nuevos rodados pagando con tarjetas del Banco Ciudad. Siete años después, ya durante la gestión de Rodríguez Larreta, el gobierno anunció que hasta ese momento había financiado la compra de 55.000 rodados. A primera vista la cifra parecía positiva. Pero dividida por el tiempo que el plan estuvo en funcionamiento, el resultado fue que se vendieron apenas 611 bicicletas por mes. Al poco tiempo, ese apoyo se redujo a un programa de 12 y 24 cuotas fijas, donde al precio a financiar se le sumó un 10 o 20 por ciento de recargo según el comercio. Este mes el Banco Ciudad relanzó el programa, ofreciendo hasta 36 cuotas sin interés.

En paralelo, el gobierno desarrolló y mantuvo un sistema de alquiler conocido como EcoBici, que en el último tiempo se encontró con algunos cuellos de botella. Si bien el plan prometía 400 estaciones y 4.000 bicicletas, el año pasado y en el marco de la pandemia se redujo a 200 estaciones y un máximo de 1.555 bicis disponibles según los propios datos oficiales, mientras en redes se multiplicaban los reclamos por la imposibilidad de usar el servicio. Inicialmente ofrecidas de manera gratuita –una rareza entre las grandes ciudades–, en octubre se anunció que el programa pronto comenzará a ser pago para todos los usuarios los fines de semana y para turistas durante los días hábiles. Méndez dice que en los próximos meses el sistema irá reincorporando postas hasta llegar a las 400 estaciones originales.

“El sistema EcoBici mejoró porque mejoró el sistema de inscripción”, dice Lemma. “Antes cualquier persona podía registrarse solo con DNI, incluso si se encontraba uno tirado en la calle, y retirar una bici. Ahora se mejoró el registro y se instaló GPS con rastreo en tiempo real en las unidades, y como resultado bajó el robo de bicicletas públicas”.

Los robos son, de hecho, el otro gran tema de preocupación entre los ciclistas. El año pasado la Ciudad reportó un detenido cada 16 horas por este tipo de hechos, cifra que sin dudas es una subestimación dado que muchos de estos delitos no son denunciados. Frente a este fenómeno, no hubo durante estos años planes para la construcción de guarderías públicas para bicicletas, tal como viene denunciando desde 2016 la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

“Muchos de los sistemas integrados de las ciudades que admiramos ofrecen estaciones de bicis enormes y seguras. Si no se avanza con eso, el tema de la integración con el transporte público hoy aparece casi como imposible”, opina el especialista en desarrollo sustentable Pablo Güiraldes.

El gobierno porteño asegura que esto está por cambiar. “Uno de los puntos que contempla la ley aprobada a fines de 2020 es la creación de una red de estacionamiento y guardado para los ciclistas que se mueven en su bicicleta particular”, revela Méndez en referencia a una ley aprobada en noviembre que busca “radicalizar el cambio cultural” que supone el uso de la bicicleta como medio de transporte. El funcionario asegura que “se está avanzando” en conversaciones con empresas del sector privado interesadas en invertir en soluciones de este tipo. La ley también prevé la creación de un Fondo para el Desarrollo de Micromovilidad, aunque el secretario de Transporte no supo decir con qué presupuesto contará ese fondo. “Aún se está transitando la primera etapa de implementación”, se excusó.
 

Cambios de mentalidad

Güiraldes fue coordinador hasta 2019 del proyecto local de “supermanzanas”, una idea tomada de la agencia de Ecología Urbana de Barcelona que contemplaba cerrar al tráfico conjuntos de cuatro por cuatro manzanas, donde las calles interiores pasan a ser prioridad para el peatón. Durante casi dos años su oficina produjo varios estudios con el objetivo de implementarlas en Primera Junta, Constitución, Tribunales y Once, pero el gobierno nunca avanzó con el proyecto. “Había otras prioridades y otras urgencias. Y el lobby de los autos es fuertísimo”, explicó más tarde en una columna en el diario La Nación.

En el oeste de la ciudad, otro proyecto también quedó inconcluso. En octubre de 2018, y en el marco de la Conferencia Internacional Walk 21 celebrada en Bogotá, el gobierno porteño anunció que el barrio de Villa Real se convertiría en la primera de las “áreas 30”, es decir, zonas en las que la velocidad máxima en calles sea de 30 kilómetros por hora. Este plan piloto, que incluía la construcción de bicisendas y la instalación de chicanas reductoras, tenía por objetivo reducir el alto nivel de siniestros viales del área. Sin embargo, el plan encontró fuertes resistencias entre los vecinos y al poco tiempo fue abandonado.

Según Güiraldes, los planes de peatonalización, moderación del tráfico y reducción de velocidad tuvieron más éxito en los barrios comerciales que en los residenciales. “La gente quiere llegar hasta la puerta de la casa en auto. No le gusta que se le metan más de lo necesario”, se lamenta. 

 

Un desafío de escala metropolitana

El transporte en las grandes urbes es un desafío metropolitano y el consenso entre los especialistas es que el gran problema de Buenos Aires es la falta de coordinación entre la ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación.

Además de las bicisendas, hoy el AMBA concentra 390 líneas de colectivos, 79 kilómetros de Metrobus, 62 kilómetros de subterráneo (todos en la Ciudad) y más de 800 kilómetros de vías ferroviarias. El Gobierno de la Ciudad hoy controla dos modos (EcoBici y subte), pero no opera el tren ni puede decidir los recorridos de los colectivos, medio que concentra el 80 por ciento del total de viajes y que hoy está en manos del gobierno nacional.

Las fuentes consultadas aseguran que lo primero que debería hacerse es un estudio para un plan de movilidad integral coordinado por la Agencia de Transporte Metropolitana. La última encuesta de movilidad domiciliaria (ENMODO) públicamente disponible data de 2009.

Para el arquitecto y urbanista Pablo Güiraldes, no es mucho lo que están haciendo los intendentes del Gran Buenos Aires. “Los mismos partidos que tienen el mejor sistema del tren (Retiro-Tigre) y el Tren de la Costa no están avanzando en ese sentido. No sería imposible desarrollar una red de bicisendas que vaya lo más paralelo posible a las vías o una guardería de bicis al lado de la estación de tren”, ilustra. “La coordinación intermodal es la que más cuesta. Pero hay zonas donde podrías hacer un efecto demostración.”  

 

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Pese a las promesas de Larreta y Kicillof, el juego online avanza en Ciudad y Provincia

En la Capital Federal, el jefe de Gobierno negoció con sus aliadas Carrió y Ocaña a partir de marzo. El gobernador bonaerense retomó un concurso organizado por su predecesora: ganaron Angelici, Cristóbal López, Mautone y Boldt.

por Federico Poore
elDiarioAR, 30-01-2021


Un negocio recorre la Argentina en pandemia: las apuestas en línea. Las fuerzas de la historia, que incluyen el prolongado cierre de bingos y casinos, las necesidades de las arcas públicas y la naturalización del entretenimiento en el hogar, se unieron para hacerlo avanzar.

En Ciudad de Buenos Aires, el vicejefe Diego Santilli había dicho que estaba “en contra del juego”, pero su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, autorizó la modalidad online, hasta entonces prohibida, que podría comenzar a funcionar en marzo. En Provincia, el Gobierno de Axel Kicillof mandó a decir a los trabajadores de los casinos que no se avanzaría con un proyecto armado por María Eugenia Vidal, pero al filo del cierre del año firmó una resolución que finalmente le adjudicaba licencias a 7 operadores, incluyendo empresas vinculadas a Daniel Angelici, Cristóbal López y Daniel Mautone, y la tradicional Boldt. Quedó afuera la española Codere, principal operadora de bingos bonaerenses que vive una grave crisis financiera que va más allá de la pandemia.

“Las necesidades financieras de la Ciudad y la Provincia aceleraron la puesta en funcionamiento del online, en medio de una despreocupación general por el tema de la ludopatía”, dijo a elDiarioAR Walter Martello, defensor del pueblo adjunto de la provincia.

El proyecto de Vidal, un concurso para que siete empresas comiencen a operar en este negocio no regulado, había quedado en stand by tras su derrota en las elecciones de 2019. “La provincia no es Las Vegas y no queremos que cada casa se convierta en un casino”, dijo la entonces senadora provincial Teresa García (hoy ministra de Gobierno). Al asumir, Kicillof tomó distancia del proceso y hasta modificó la carta orgánica del Instituto de Loterías para recortarle poder a su titular, el contador Omar Galdurralde.

Mientras tanto, y con las salas cerradas por la pandemia, algunos representantes gremiales recibieron, aliviados, señales de que el juego online no iba a ser prioridad. Pero el 31 de diciembre apareció en el Boletín Oficial provincial una resolución que listaba a las 7 adjudicatarias, avanzando efectivamente con el proceso. “Lo tomamos muy mal. Nos venían diciendo que no era de agenda inmediata”, explicó a elDiarioAR Pablo Gelves, trabajador del Casino Central de Mar del Plata y miembro de la agrupación Agustín Tosco. “Se ve que entre la presión que ejercieron los empresarios y la necesidad de liquidez terminaron cediendo”, agregó.

Silencio

Cerca de Kicillof prometieron averiguar la versión oficial del cambio de postura, pero finalmente optaron por el silencio. “No vamos a realizar declaraciones al respecto”, se excusó una vocera. La movida fue una victoria del sector de Galdurralde, un hombre de Martín Insaurralde y cercano al binguero Daniel Mautone, pero también se leyó como un triunfo en Juntos por el Cambio, que desde 2019 venía impulsado el negocio por medio de Fernando Rovello, número dos de Lotería durante la gestión Vidal y hombre de Angelici. Casualidad o no, la resolución del Instituto llegó al mismo tiempo que los votos macristas para la aprobación del presupuesto provincial.

Angelici y Mautone, socios bingueros en las salas de Ramallo y Pergamino, tienen sangre joven en el online: Sebastián Mautone, uno de los hijos de Daniel, socio 151.737 de Boca y excandidato a vocal por la lista de Christian Gribaudo que perdió las últimas elecciones en el club. Entre las empresas adjudicatarias también aparecen Boldt, dueña del Casino Trilenium de Tigre; Argenbingo S.A. de Nazareno Lacquaniti, titular del Bingo Luján y aliado al gigante internacional Bet365; la empresa Pasteko S. A., de Gastón Stefani, titular de dos bingos en Berazategui; y Hotel Casino Tandil S.A., que a pesar de su nombre legal administra una serie de salas en la provincia de Catamarca. Estas dos últimas aparecen vinculadas al empresario futbolístico Gustavo Ranucci, ex vicepresidente de la Cámara de Bingos bonaerense y hombre cercano al conductor televisivo Marcelo Tinelli.

Para ingresar, cada una de las empresas deberá poner 65 millones de pesos de canon a dividirse en los próximos dos años y pagar, una vez habilitado el negocio, un 8 por ciento de ingresos brutos más otro canon variable del 2 por ciento de la ganancia neta.

Para las arcas provinciales, es dinero fresco en época de crisis. Para los empresarios del rubro, la noticia más importante del gaming de Latinoamérica en lo que va del mes.

Idas y vueltas en la Ciudad

El gobierno de Larreta también actuó en base a una escala de valores, al menos, flexible. Su proyecto original de apuestas en línea dejaba fuera del negocio a los titulares de las salas de juego físicas en la Ciudad: el Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante de Puerto Madero, ambas con estrechos vínculos con Cristóbal López. El año pasado, con la crisis sanitaria y las salas cerradas, se activó una negociación política para permitir que estos operadores también puedan ingresar a la licitación.

Ante la presión de sus aliados “transparentistas” (la Coalición Cívica de Elisa Carrió y el bloque Confianza Pública de Graciela Ocaña), el oficialismo en la Legislatura encontró una solución elegante al entuerto y votó una modificación que levantaba la exclusión de estas dos empresas de juego presencial al tiempo que incluía una cláusula de “ficha limpia” que impediría la participación en el negocio de personas condenadas por delitos graves o contra la administración pública: un claro intento por despegarse de López en caso de que siguiera teniendo una participación en el negocio del juego.

El socio del Grupo Indalo asegura que ya no opera el negocio y quedó en manos de su socio Ricardo Benedicto. ¿Resultado? Los bloques de Carrió y Ocaña votaron a favor del cambio de criterio del larretismo, la izquierda votó en contra y el Frente de Todos se abstuvo.

Sebastián Vivot, gerente de Modernización de la Lotería de la Ciudad (Lotba), dijo que el proceso para habilitar a 12 operadores está “avanzado” y que las primeras plataformas empezarán a funcionar antes del final del primer trimestre. “Hay doce empresas que ya han pagado la tasa administrativa que les permite participar y aspirar a un permiso a una agencia de juego en línea”, explicó. En lugar de un canon, la recaudación porteña se estructura en torno a un porcentaje de lo apostado más un 6 por ciento de Ingresos Brutos. Fuentes de Lotba aseguraron a elDiarioAR que este año esperan recaudar entre $600 y $800 millones.

Dudas a futuro

El defensor adjunto Martello, autor del libro No va más, dice que la habilitación del negocio en ambos distritos deja muchos aspectos sin discutir, como las limitaciones a la publicidad y el futuro de las apuestas deportivas “en un país donde el juego está delegado a las provincias, pero el fútbol es regulado por una entidad federal como la AFA.”

En la provincia de Buenos Aires, donde viven más de 16 millones de personas, funcionan apenas 10  centros de atención y asistencia al juego compulsivo, la mayor parte de ellos en el conurbano. “Es decir que si una persona tiene problemas de juego patológico en General Villegas, para poder recibir ayuda profesional gratuita y personalizada deberá viajar más de 280 kilómetros hasta el centro más cercano, que en este caso está en Pergamino”, graficó.

La otra preocupación es el destino de las salas físicas. No son pocos los trabajadores de bingos y casinos que temen por sus puestos de trabajo ahora que al miedo por la pandemia y las aperturas con aforo reducido se le sumará la opción de apostar desde la comodidad del hogar. Los flamantes operadores en línea lo niegan. “Son públicos distintos. Las apuestas online apuntan a un público joven que hoy casi no va a las salas”, explicó el director de una de las empresas adjudicatarias con 25 años en el rubro. Otro operador festejó en el anonimato. “El online no es un mal negocio”.

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